Cuando el 30 de setiembre del 2019 el entonces primer ministro Salvador del Solar irrumpió en el hemiciclo del Congreso, con el claro propósito de impedir que se eligieran a los magistrados del Tribunal Constitucional, la llamada "coalición vizcarrista" evidenció su abierta voluntad de fraude.

No olvidemos que un aciago 30 de setiembre, en horas de la tarde, el nefasto Martín Vizcarra anunciaría la disolución constitucional del primer poder del Estado. El golpe fue respaldado por los grupos parlamentarios del Frente Amplio y Nuevo Perú especialmente, designándose así a un nuevo gabinete.

Las elecciones complementarias del 26 de enero 2020 fueron un "ensayo" de lo que sería un fraude de mayores proporciones en los comicios generales del 2021. De una manera sorpresiva, el FREPAP logró la elección de 15 congresistas en un contexto en el que una vez más se cuestionaba a la llamada "partidocracia", como ocurrió en los años del "velasquismo" y en la década de los noventa.

La institucionalidad democrática debe apoyarse en partidos políticos con ideario, historia, militancia y disciplina para hacer posibles gobiernos estables con mayoría y oposición en el poder Legislativo. La reforma política promovida por el gobierno de Martín Vizcarra tuvo como propósito debilitar a los partidos políticos y promover a los llamados "vientres de alquiler", que lograron competir en las Elecciones Generales del 2021.

La vacancia de Vizcarra, el 9 de noviembre 2020, fue aprobada de forma contundente con 105 votos, impidiendo que el Tribunal Constitucional pudiera evitarla a través de cualquier "ardid legal". Sin embargo, el gobierno de Manuel Merino en pocos días sufrió la arremetida de los grandes medios de comunicación adscritos a los grupos El Comercio y La República, por un lado, y fue retado por la movilización de los partidos y ONG adscritos al vizcarrismo, beneficiarios de los contratos de "publicidad estatal" o con intereses abiertos en el gobierno de turno.

El gobierno de Martín Vizcarra será recordado como una etapa sombría de la vida nacional y las movilizaciones de noviembre del 2020 merecen ser consideradas como la más cabal demostración de cómo los medios de comunicación (con transmisiones ininterrumpidas durante varios días) lograron la renuncia del presidente Merino bajo la presión de la calle y, qué duda cabe, utilizando políticamente la muerte de dos jóvenes en las calles de Lima.

Luego, el Partido Morado planteó el retorno de Vizcarra a través de un comunicado y sin ningún sustento legal se presionó a los grupos parlamentarios, que eran integrados por congresistas sin experiencia, para que vean que la salida política era elegir a una nueva Mesa Directiva del Congreso integrada por congresistas que NO respaldaron la vacancia presidencial de Martín Vizcarra.

Fue elegido Francisco Sagasti, que en mi concepto su gobierno fue la "segunda etapa" del vizcarrismo; con la presencia de Piero Corvetto en la ONPE, con un Jurado Nacional de Elecciones incompleto, donde no fue elegido oportunamente el representante del Colegio de Abogados de Lima, lo que determinó que el magistrado Salas Arenas tuviera voto dirimente (doble) en votaciones cruciales.

Estaban dadas las condiciones para un fraude electoral. En un primer momento fueron excluidos del proceso electoral partidos políticos como el APRA (fue rechazada la inscripción de casi todas sus listas parlamentarias), el PPC (lista por Lima) y las candidaturas del Ing. Cilloniz, Fernando Olivera, Francisco Diez Canseco, entre otras. Sin embargo, sí se permitió la participación de la señora Dina Boluarte, quien era funcionaria de la Reniec.

La realización de una Auditoría Internacional, con la participación de técnicos de la OEA, debió ser solicitada por el gobierno de Sagasti, como un acto de transparencia electoral, para hacer posible que fueran auditados los centros de cómputo de la ONPE, el software y, de manera aleatoria, las actas de sufragio y los padrones electorales. Más aún el Jurado Nacional de Elecciones, en especial el señor Salas Arenas, se negó, alegando falta de tiempo, a cotejar las actas de sufragio con los padrones electorales. El Jefe de la ONPE, demostrando parcialidad, no entregó los padrones electorales, indispensables para confrontar cada acta de sufragio con su respectivo padrón electoral.

Con solo 44 mil votos de diferencia fue proclamado presidente el señor Pedro Castillo. Más allá del llamado "fraude en mesa" que se hizo evidente con resultados (en cientos de mesas) en los que la candidata Fujimori no tenía un solo voto, a ello se sumó la renuncia (al comprobar irregularidades y parcialidad) del magistrado Arce Córdova como integrante del pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

Ante la gravedad de las declaraciones del señor Zamir Villaverde, la Corte Suprema debía designar a un nuevo representante ante el JNE y debería promoverse una auditoría al interior de la ONPE. El señor Tuesta Soldevilla, que presidió la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política y que ha sido asesor del presidente Salas Arenas, debería abstenerse de opinar; más aún no debe olvidarse que el actual Jefe de la ONPE (en la gestión de Tuesta Soldevilla) hace unos años fue parte del equipo de funcionarios de confianza de la ONPE y cercano colaborador de Fernando Tuesta.

Hace un año escribí e insistí en la necesidad de que se realizara una auditoria internacional; hoy en un contexto de crisis política considero que ante un posible proceso de transición democrática es imperativo que se renueven a los integrantes de los organismos electorales y por cierto que las denuncias de fraude electoral sean investigadas en el fuero parlamentario y por el Ministerio Público. Es imposible sentar las bases de la democracia, sin organismos electorales solventes profesional y moralmente.