Para nadie es un secreto que la inversión pública, bien enfocada, tiene un efecto positivo en el desarrollo económico. Tampoco es materia reservada que la brecha de infraestructura en el Perú es enorme.

Las intervenciones estatales en forma de proyectos de inversión no solo se traducen en cemento o infraestructura, también implican acciones sociales, fortalecimientos de capacidades y mejoramiento de la calidad de los servicios públicos, y todas estas acciones son imprescindibles para el desarrollo de nuestro país.

Hoy en medio de ese escenario de precariedad y necesidad se ha publicado la Ley 31500, la misma que indica que toda ejecución de proyectos de inversión, en todo el estado, que supere los diez millones de soles, será objeto de control concurrente por parte de la Contraloría General de la República – CGR.

Tal control concurrente se expresará a través informes que tendrán carácter vinculante y se ejecutará mediante profesionales especializados, según indica la norma.

Además, dice, que se emitirá un informe anual donde expondrá sobre los recursos recaudados y el ahorro generado por la aplicación de la norma.

Empecemos por el final, “recursos recaudados”, ¿serán penalidades impuestas a contratistas? ¿cartas fianzas ejecutadas? ¿El ahorro, que implicará? Quizás pagos dejados de hacer a partir de un sesudo informe vinculante.

Observamos una afectación a la seguridad jurídica de los contratos por la intervención de un tercero, la CGR, autorizado por Ley.

Por otro lado, la CGR claramente no ha medido sus capacidades, los proyectos de inversión que ejecuta el Estado son absolutamente variados, algunos implican especialidades muy particulares (forestales, agrarios, economía ambiental, desarrollo de niños, cuidado de ancianos, género o prevención de desastres, solo por señalar algunos pocos). No se sabe de dónde provendrán los profesionales especializados que ejecutarán el control concurrente los cuales, en muchos casos, son escasos para los propios proyectos.

La Ley 31500 ha construido un enorme freno a la inversión pública, la norma hace mención que es aplicable en todo el proceso de ejecución, es decir, desde la formulación de los términos de referencia o los expedientes técnicos, los cuales, para poder salir a la luz, deberán contar con el amén sacrosanto del censor concurrente.

Como se imaginarán todo hecho posterior, como la adjudicación de buena pro, la suscripción del contrato, pagos y demás acciones voltearán a mirar al concurrente en cuestión, situación que tendrá dos efectos: una demora espeluznante, en el mejor de los casos, o una grieta enorme para la corrupción donde cada paso deberá ser impulsado convenientemente para que pueda ser ejecutado.

Estamos seguros que más de un congresista distraído fue convencido con la frase inmaculada: “lucha contra la corrupción”, sin darse cuenta que esta lucha no implica implantar en la administración pública una horda inquisitoria fanática porque ésta solo trae perjuicios. Imaginamos que, en el debate, cualquier parlamentario que osara pensar más allá y entender que el proyecto que les fue sometido a consideración representa un freno enorme a la inversión pública era inmediatamente tildado de corrupto. Claramente o no leyeron o no entendieron lo que aprobaron.

No sabemos cómo el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF pudo obviar la observación a la autógrafa, sabiendo la afectación inmediata que ocurrirá sobre la inversión pública y como pudo aceptar que la CGR se sobreponga a todo sistema administrativo, siendo tal ministerio rector de la mayoría de ellos, convirtiéndose en el mega censor de la inversión pública.

En medio del desastre extraemos dos cosas positivas de la norma: a menor inversión pública menos proyectos en ejecución y, por ello, menos espacio para la solicitud de dinámicos sobornos y, lo segundo, la norma dice claramente que el control concurrente genera responsabilidad en todos los intervinientes si se genera perjuicio en la obra o servicio, ello quiere decir que los miembros de la CGR que participen del control también serán responsables de las consecuencias de sus informes.

Esperemos que este despropósito tenga corta duración y que el Congreso de la República convoque al MEF y a la CGR para prevenir las consecuencias de esta Ley.