Asociado del CIPP

Arturo Delgado Vizcarra

Noticias de varios medios de comunicación expresan con preocupación, a partir de las declaraciones de técnicos especializados, que estamos en un período de recesión económica debido a que el PBI ha caído en dos trimestres seguidos.

Por su parte, Julio Velarde y Alex Contreras, del BCR y MEF respectivamente, declaran que no lo estamos, basados en el continuo crecimiento de la demanda y el empleo formal. Aunque, con sinceridad, el titular del BCR menciona que nuestras cifras son mediocres.

Como ciudadano, es positivo que podamos tener alertas en tiempo real sobre nuestras cifras económicas. Este debate debe mantenerse ya que nos permite exigir, en el momento oportuno, las medidas para resolver este problema.

Las causas de la falta de crecimiento en los últimos tres trimestres han sido, en primer lugar, el gobierno de Castillo, un grupo de oportunistas y corruptos socialistas que gobernó y retrasó las inversiones relevantes, lo que afectó el ingreso de nuevas empresas al país y disminuyó el empleo, junto con una larga lista de acciones destructivas para el país.

Esta misma caterva fue incapaz de adquirir urea para nuestros campos y de liderar la ejecución de las obras para la prevención del Niño Costero.

Luego, la violencia a principios de año, violencia defendida por más de un economista afín al socialismo nacional, quienes la calificaron como una legítima protesta. Sin embargo, hoy ponen caras de consternación académica frente al retroceso de la economía peruana.

Es objetivo que la construcción ha decrecido un 8.97%; es cierto que la manufactura también ha decrecido un 6.09%, así como otras actividades de la economía nacional.

Es objetivo también que el gasto público avanza lentamente, según cifras de la consulta amigable en la web. Hoy, 19 de agosto, se encuentra en un 56.6% para el Gobierno Nacional, 53.8% en los Gobiernos Regionales y 40.8% para los Gobiernos Locales.

No existe una cifra oficial para el nivel de gasto mensual ideal, pero con aritmética simple deberíamos estar en un 8.3% mensual, lo que implicaría un 62.5% para estas fechas.

La construcción ha sido, desde hace años, una de las actividades que mejor refleja la salud de la economía nacional. La gran cantidad de proveedores asociados y la mano de obra que debe contratarse para la ejecución de los proyectos inyectan fondos en la economía.

Por otro lado, la demanda de los proyectos de construcción está dictada por el crecimiento de la minería y de la inversión, ya sea pública o privada, en infraestructura.

Visto el problema, se requieren soluciones. Frente al atraso del gasto público, la cifra de gobiernos locales parece irreversible. Se debe priorizar la inversión en infraestructura y, para ello, variar estructuralmente los sistemas de ejecución de la inversión y sus controles.

El temor debe dejar de ser la norma en la ejecución del presupuesto estatal. Cubrir las acciones del funcionario público con procedimientos más rigurosos para evitar persecuciones posteriores está demorando la ejecución de los fondos públicos.

Setiembre es un mes crítico para la inversión pública, ya que los procesos deben lanzarse en ese periodo para que, si todo va bien, se puedan realizar los primeros pagos en diciembre.

En el caso de la minería, los temas son más complicados, ya que involucran la paz social. En el ámbito político, la aceptación de la minería como impulsora de la economía nacional debe ser completa y acompañada de una represión absoluta a la minería ilegal, que es la que destruye el ambiente, trafica con personas y permite el narcotráfico y la tala ilegal de nuestra Amazonía (en el caso del oro ilegal).

La paz social tiene mecanismos que ayudan a lograrla, como la tecnología para minimizar la afectación al ambiente y la infraestructura en la zona de influencia para que los beneficios de la inversión se perciban desde el primer día, además de mejoras en los servicios públicos como la seguridad ciudadana. Estas acciones podrían estar incluidas en los costos de la gran inversión minera.

Es vital aceptar que habrá impactos en el entorno por la explotación minera y que será difícil que sean bien recibidos si no se cuentan con beneficios tangibles desde el primer día. El canon minero está demostrado que está en manos de quienes no lo aprovechan. Deben dictarse medidas excepcionales de manera urgente para fortalecer las capacidades de inversión en los gobiernos locales, mediante el acompañamiento de equipos técnicos especializados.

El fortalecimiento de la agricultura a través de los gobiernos locales es otra acción que hace falta. Los programas del MIDAGRI se han quedado cortos y han sido contaminados por el gobierno de Castillo, presentando superposiciones en enfoque y funciones, situación que es anterior a la administración de Castillo, por cierto.

Hay varias lecciones que podemos aprovechar para evitar la recesión, reducir la inflación, aumentar el empleo formal y generar desarrollo. La elección de Castillo nos costará algunos años de esfuerzo, pero creo que será una nueva lección que aprenderá nuestra sociedad.

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¿Recesión o no recesión?, por Arturo Delgado Vizcarra

¿Es este Congreso peor que el anterior? ¿Será el siguiente peor que el actual?

Ciertamente está fuera de duda el carácter imprescindible del Congreso de la República como parte de la estructura democrática del país. También es claro que requiere muchas y variadas reformas, tanto políticas como organizacionales, para que pueda convertirse en un poder donde la población pueda sentirse representada.

El Congreso es una derivación directa de la votación que, en su oportunidad, hizo la población. Esta es una responsabilidad que no se puede evadir; todos tenemos incidencia, con nuestros votos o abstenciones, en los 130 personajes que hoy ocupan el local de Plaza Bolívar.

Pero, sin dejar de enfrentar la responsabilidad, las votaciones se efectúan sobre la oferta que realizan los partidos/organizaciones o conjuntos políticos.

Por otro lado, la actuación de los congresistas en funciones debería tener alguna vinculación con la organización política que hizo posible su elección.

Acción Popular fue fundado como partido político en julio de 1956. En sus documentos primigenios expresa:

"Acción Popular es un Partido Democrático, Nacionalista y Revolucionario que tiene por objeto en la política peruana servir a los intereses del país. La Ideología de Acción Popular es el Perú como Doctrina, cuyos principios se inspiran en las tradiciones y la historia del Perú.

El Perú como Doctrina es un humanismo situacional y universal.

Sus principios y valores básicos son: La Ley de hermandad, honestidad, laboriosidad, veracidad, lealtad, trabajo pleno, abastecimiento pleno, libertad plena, cooperación popular, equilibrio hombre-tierra-agua, equilibrio hombre-energía, equilibrio hombre-información, planificación, mestizaje de la economía, justicia distributiva, culto al trabajo, estado de servicio y función social de la propiedad. El Partido tiene como meta la consecución de una sociedad justa, concebida según los principios del Perú como Doctrina."

Cualquier persona, incluso con una mediana cultura política nacional, podría desconocer las palabras antes trascritas. Cualquiera de nosotros podría estar en desacuerdo con ellas, pero el congresista, desde el momento en que decide postular por el partido Acción Popular, no tiene derecho a ello. Debe conocer los textos fundamentales, las intenciones políticas, la historia y los hechos principales que han ocurrido en 67 años de presencia política.

Si hoy se le pregunta a los congresistas elegidos por Acción Popular si conocen los estatutos, el ideario, el plan de gobierno y la historia del logo que representan, intuyo que la mayoría nos brindará respuestas poco decorosas.

Estoy seguro de que este fenómeno también es aplicable a todas las organizaciones que hoy llenan las curules en el Congreso de la República.

Desde que un candidato, aquel personaje que desea postular a través de cualquier partido u organización, se convierte en político profesional, tiene la obligación de conocer con detalle aquello que sustenta su profesión, ambición y quizás vocación. Entonces, como sucede en toda profesión, deberá estudiar, y como ocurre en toda carrera, deberá ser examinado periódicamente para determinar si el conocimiento ha sido adquirido adecuadamente.

Este primer paso es responsabilidad absoluta de los partidos (grupos u organizaciones) políticos. No se necesita ninguna reforma, referéndum o votaciones complejas para que esto empiece a operar. Es cuestión de que los líderes, fundadores o dirigentes empiecen a trabajar en ello.

El segundo paso es un poco más complejo: una vez que alguien es elegido como congresista, debe ser parte de algún mecanismo de coordinación y revisión periódica de sus acciones para determinar si concuerdan con las ideas, la historia y los planes que, en conjunto con la votación obtenida, lo llevaron al poder.

Este paso va más allá de la coordinación interna y el debate con el dirigente o líder, cuestiones que también son imprescindibles. En términos ideales, se deben hacer revisiones periódicas de las propuestas, las declaraciones y las actuaciones para determinar su coherencia con los fundamentos del partido político.

Tampoco se requieren grandes debates y sesudas discusiones históricas para que este segundo paso se implemente.

En ambos casos, el primer y el segundo paso, se necesita un tercer elemento: el partido político debe contar con un equipo técnico capaz de informar objetivamente e independientemente sobre los conocimientos y la coherencia de las actuaciones de los congresistas (también de los alcaldes, regidores, gobernadores regionales, etc.). Tampoco hacen falta reformas políticas para implementar estas ideas.

Debe recordarse que los partidos políticos institucionalizados y adecuadamente organizados, con mecanismos sólidos que perduren más allá de cada elección, evitarán las sorpresas y las dudas que la política nacional nos brinda cotidianamente.

¿Qué hacemos con este Congreso?, por Arturo Delgado Vizcarra

Una de las pocas cosas positivas que nos trajo el ciclón Yaku es que amainó los afanes vandálicos de los grupos que quieren destruir nuestro país.

Pero, ¿ese cese es real? ¿los problemas se habrán solucionado? Claramente no. Brindamos a continuación diez razones que así lo indican:

Primero, porque hay que reconocer que cuando el clima o la naturaleza salvan al país de un caos mayor, se trata de un hecho fortuito, nadie lo causó. Es un arma tradicional en política encontrar a un enemigo común y responsabilizarlo de todas nuestras desgracias ocultando malas gestiones propias y peores resultados, hace 3 años fue el COVID, este verano se llamó Yaku.

La sagacidad política crea enemigos comunes, la capacidad escasa los recibe de lo fortuito.

Segundo, porque la organización estatal ha demostrado una enorme debilidad frente a un enemigo con sólidas capacidades logísticas. Se afirmó que la autoridad política no había autorizado el uso de armas letales en la represión, cierto o falso, lo que se vio en cada uno de los videos de bloqueos de carreteras, capturas de aeropuertos o destrozos a la propiedad pública es que el número de pobladores era largamente superior al de las fuerzas de la ley. No debió ser así, las causas de nuestras debilidades en orden y defensa merecen largos debates y su solución debe darse pronto porque tenemos al país en riesgo.

No hemos apreciado, en estos últimos días, capturas o denuncias a los dirigentes de las acciones vandálicas.

Tercero, duele afirmar que los hechos nos demuestran que la inteligencia de los vándalos supera a la estatal y oficial. Varias tomas “sorpresivas” de puntos críticos o emblemáticos de la capital o acciones coordinadas en varios puntos del país nos dan cuenta que se encuentran bien articulados y coordinados.

Cuarto, porque en el campo ideológico siguen fuertes y activos, basta ver las campañas constantes contra la PNP a través de ONG que afirman ser defensoras de derechos humanos. El pedido de nueva constitución sigue activo, quizás el de nuevas elecciones generales ha rebajado algunos puntos porque la preocupación estuvo en la inundación o el huayco.

La empresa se ha movilizado en la atención de la emergencia, ha desplegado varias organizaciones y ayudas importantes, sin embargo, no lo ha sido cuando se trata de ocupación población en quebradas, cuando deja de exigir planificación urbana, cuando, sabiendo que la densificación es vital en nuestras ciudades sigue invirtiendo en nuevas tierras. Ha sido limitada en sus acciones de responsabilidad social y mejoramiento en sus zonas de influencia, afirmación que se demuestra con los ataques a centros mineros, si la población estuviera convencida de las bondades de la inversión minera no hubiera permitido tales ataques.

Quinto, porque la pobreza, el desempleo y la informalidad que son base para convencer a las personas para participar en protestas siguen siendo variables inamovibles. Datos del INEI nos muestran, por ejemplo, que el menor crecimiento de empleo en los últimos años ha ocurrido en la sierra sur del Perú.

Sexto, porque la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal y otros delitos que financian la actividad política de las protestas siguen vigentes y sólidos.

Sétimo, porque la alianza internacional por el socialismo no se ha roto. El tema de la economía boliviana puede ser un golpe ideológico, pero también puede configurar una oportunidad para profundizar la acción de la política boliviana en el sur del Perú.

Octavo, porque los gobernadores regionales y los alcaldes provinciales, salvo contadas excepciones, han demostrado nula voluntad de colaborar con el orden y desarrollo nacional.

Noveno, porque el Congreso de la República sigue con los mismos afanes de configurarse en impopulares e ilegítimos con decisiones extrañas.

Y, décimo, porque es muy complicado para el Poder Ejecutivo implementar políticas públicas en medio del caos, cuestión que limita la efectividad. Un elemento central de cualquier gobierno estable es la legitimidad y esta se consigue logrando que la población confíe; el pueblo confiará cuando los resultados sean tangibles.

El tema de la economía boliviana puede ser un golpe ideológico, pero también puede configurar una oportunidad para profundizar la acción de la política boliviana en el sur del Perú.

Seguirá lloviendo…, por Arturo Delgado Vizcarra

Esta semana se ha aprobado, en primera votación, el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 3941 que fue propuesto al Congreso de la República para según se indica: 

impulsar la inversión pública, reactivar la economía y modernizar la gestión del Estado

El proyecto original incluía 42 facultades legislativas que en el sustitutorio se redujeron a 33.

: El pedido de 33 facultades legislativas implica que el Poder Ejecutivo, en un corto plazo cargará al marco normativo nacional con, por lo menos, 33 leyes nuevas.

Este tema, de fundamental importancia para el país, ha pasado desatendido en medio de marchas, carreteras cerradas, vandalismo, terrorismo y otros hechos que han copado la agenda política, pero, 33 leyes nuevas es un número importante, bastante grande y, podrían cambiar, para bien o mal, múltiples aspectos de nuestra vida o nuestra actividad económica.

No es la primera vez que un caso así sucede, cada cierto tiempo, por distintas razones el Poder Ejecutivo entiende que no puede esperar a las velocidades de la discusión congresal y su carga política y se lanza con el pedido y, en tanto, los pedidos del Poder Ejecutivo deben tener prioridad en la discusión del Congreso de la República, empieza una presión para que todo sea aprobado rápidamente, bajo el argumento que son LA solución a una serie de problemas causados por -¡

 paquetes legislativos anteriores. Lean el listado de temas solicitados y la gran parte de ellos son reforma a sesudos Decretos Legislativos anteriores.

Es verdad que en los últimos años el Congreso de la República se ha ganado todos los premios de la impopularidad, que su nivel técnico corre entre los niveles paupérrimo y básico, pero ello no quita que constitucionalmente este poder del Estado, con todas sus taras, es el llamado a legislar y, sobre esa premisa, la delegación de facultades debería ser la excepción a la regla y no un pedido recurrente.

Pero, como las posverdades reinan en el Perú, aquel Congreso o congresista que se le ocurra pensar, trabajar y hacer uso de sus facultades constitucionales será inmediatamente tachado de obstruccionista, de trabar el desarrollo y otras tantas cosas que se les ha dicho por el solo hecho de ejercer la autoridad que les fue conferida.

En este caso en particular, me reservo graves dudas de los postulados que se dictarán en los futuros Decretos Legislativos, 

, porque los señores que los elaborarán tienen, en su gran mayoría, gran calidad académica, profunda experiencia regulatoria, pero casi nula en gestión pública; de la real, en la que no alcanza el presupuesto para comprar medicinas en el centro de salud, en el que Hacienda niega el presupuesto porque no se ha llenado correctamente el 

 o porque el proyecto no calza en los parámetros del invierte.pe.

A vista de todos estos problemas y con la finalidad que el MEF satisfaga sus ímpetus regulatorios, me permito exponer algunas sugerencias:

a) El Congreso debería pedir a la PCM la evaluación de los resultados de los últimos tres o cinco (ustedes elijan) pedidos de facultades legislativas. ¿Mejoró el mercado? ¿Las poblaciones tienen más acceso a los servicios públicos? ¿La Contraloría General de la República – CGR reporta menos autoridades con procesos por corrupción? Entre cientos de preguntas que toca responder porque son parte de los postulados de los Decretos Legislativos dictados anteriormente.

b) Mejorar el relacionamiento, en el nivel técnico, entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Paquetes de 30, 40 o 20 facultades es una evidencia enorme que el dialogo técnico entre ambos poderes no ocurre. En este punto, en el caso de los temas relativos a la administración pública, no olvidar dos bancos de información importantes sobre la ocurrencia cotidiana en la gestión pública: el Poder Judicial y la CGR.

c) Hacer transparentes los temas sujetos a delegación, desagregar, para que la población interesada se entere de primera mano por dónde va la novedad regulatoria. Esta acción es parte imprescindible de la rendición de cuentas.

Los palomillas de balcón y sus víctimas, por Arturo Delgado Vizcarra

¿Se acuerdan de las casas del ALBA durante la gestión del Presidente Ollanta Humala? ¿Se acuerdan de los médicos cubanos que llegaron en ese mismo gobierno?

¿De dónde salieron tantos personeros para Perú Libre desde la primera vuelta presidencial?

¿Qué tanto cuidado se tuvo respecto a los candidatos a gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales?

¿Hace cuánto que no realizan acciones contundentes contra la minería ilegal, la tala ilegal y el narcotráfico en el Perú?

¿Hace cuánto que no se aprueban e implementan políticas públicas de fortalecimiento de la inteligencia de la PNP y de nuestras FFAA?

¿Qué políticas públicas de ordenamiento, fortalecimiento y equipamiento se han realizado en los últimos 20 años para las FFAA y la PNP? Al contrario, ¿Cuánta intervención política o de la corrupción ha ocurrido en la carrera de sus miembros?

¿Cuántos planes de desarrollo, sin que se complete su implementación, se han aprobado para el VRAEM?

¿Cuánta acción del empresariado formal hubo para el fortalecimiento de la democracia, las políticas públicas en educación y la economía de mercado hubo en los últimos años?

Recordemos, para finalizar la lista, los golpes económicos ocasionados por el COVID 19 y los gobiernos de Vizcarra y Castillo.

El crecimiento de las necesidades de la población y de las desigualdades ha sido, lamentablemente, exorbitante en los últimos años.

Las respuestas a estas y otras varias preguntas explican lo que sucede hoy en nuestro país, son múltiples aristas que, apoyados por un conjunto de socialistas ansiosos por el poder sea cual sea el vehículo, derivan en el caos de hoy.

La magnitud del problema no es del sur del Perú, no es de la PNP o del Congreso de la República (aunque este último es un gran colaborador) este problema exige la participación de todos, sí de todos, desde aquel que exporta productos hidrobiológicos desde Tumbes o Piura, el fabricante de prendas de vestir, el panadero de barrio, el abogado corporativo o el médico gastroenterólogo, todos.

Olvidemos el romanticismo, hoy toca ser prácticos y eficaces, nuestra administración pública se ha deteriorado gravemente desde el segundo gobierno de Alan García (sí, desde ese gobierno) con el Decreto de Urgencia que estableció topes populistas para las remuneraciones de funcionarios públicos y recibió las estocadas finales con los ataques a SERVIR y la corrupción generalizada en el gobierno de Castillo; no se puede esperar que el estado actúe mucho más allá de lo que está tratando de hacer.

Se necesitan acciones de pacificación y educación en todo el Perú, en las zonas donde hay paz para consolidarla y en nuestra zona sur para ir re construyendo peruanidad, recordemos tenemos algo más de 30 años de adoctrinamiento constante y cuanto más tiempo pase y se siga en calidad de observador pasivo el conflicto será cada vez peor y las trincheras cada vez más profundas.

Conviene apoyar la reconstrucción de la inteligencia en la PNP y las FFAA, porque se debe ser selectivo en la represión, hay peruanos que acuden a la protesta con el convencimiento que tanto su reclamo como su forma de protestar es justa y correcta, hay otros que azuzan que promueven, financian o extorsionan, ellos deben ser rápidamente excluidos de la sociedad mediante la aplicación estricta de la Ley.

Si dejamos que otros hagan lo que nos toca a nosotros seremos gobernados tales otros, ya pasó una vez y puede volver a suceder.

Los problemas estructurales exigen soluciones estructurales, por Arturo Delgado Vizcarra

 reza el dicho. Un buen análisis de lo ocurrido con relación a la votación de rechazo al proyecto constitucional en Chile nos daría un importante tomo de lecciones en materia de política, sin embargo, nuestros congresistas, ministros, presidente y hasta algunos analistas están empantanados entre carpetas fiscales, el despliegue de corrupción, luchas por el poder, sea para ampliarlo o mantenerlo, así que no esperamos mucho de ellos.

Sin embargo, me permito insistir y dejar algunas notas inspiradas en lo ocurrido en Chile durante la reciente elección de aceptación o rechazo por una nueva constitución:

. Miren la votación para optar por una nueva Constitución en Chile, en el año 2020 la decisión fue de 80% a favor y 20% en contra, una decisión aplastante.

El resultado de hace unos días, en cambio, fue de 62% en contra y 38% a favor, solo dos años después. Algunos dirán que los chilenos en realidad le dijeron que no a la constitución lograda en la reciente convención y que la voluntad constituyente se mantiene, pero el hecho, lo objetivo, es que los votantes prefirieron el 

Traslademos ello al Perú. Se dice que el Pedro Castillo fue elegido democráticamente, por una mayoría electoral, y que por esa razón todo intento de desafuero, aun cuando sea por cauces y razones legales, es antidemocrático o golpista. Chile nos demuestra con las urnas que ello es falso, que esa legitimidad democrática original, tan aludida, se puede perder, en el caso de Castillo, y su dinámica compañía, en menos de un año.

. Se dice que el documento propuesto a los chilenos era uno de avanzado progresismo con derechos y reconocimientos muy profundos y, para algunos, muy adelantados.

Sin embargo, a pesar de las pretendidas bondades de la propuesta constitucional, el proceso de la convención constituyente estuvo plagado de cuestionamientos a varios de los personajes que la conformaron.

Adicionalmente, parte de la población que se creyó adjudicada con novísimos derechos hizo alarde de tales reconocimientos frente a una mayoría que previó un futuro complicado.

Así, a pocos, uno a uno, se fue mellando la voluntad pro nueva constitución al punto de voltearse la escena.

Conviene que el Congreso de la República advierta lo sucedido, así como podemos observar la legitimidad perdida por las múltiples acusaciones a los miembros del (des) gobierno; el Congreso debe tener presente que el desatino de uno influye en las condiciones generales del Poder Legislativo. Bajo esa óptica no es extraño el 

. La teoría de políticas públicas nos enseña que, normalmente, en las políticas públicas diseñadas y luego implementadas hay algún grupo que obtiene beneficios con ella y otro que pierde, evidentemente, toca al técnico y al político tratar que los efectos sean, en lo posible, neutros o compensados.

La propuesta de Constitución para Chile recogía un gran conjunto de reclamos provenientes de un, también, gran grupo de minorías que, a decir de varios políticos chilenos, no habían sido atendidas en la historia chilena.

¿Qué sucedió cuando todos esos reclamos, reivindicaciones y reconocimientos fueron incluidos o sumados en un solo documento? Pues que la mayoría sintió que perdería, que su país perdería el importante desarrollo logrado en los últimos años y, así, optaron por el rechazo.

Véase lo que sucede en el Perú, varios en el Congreso de la República y en otros foros, dicen que las elecciones generales deben ocurrir después que hayan cambiado las, dudosas, autoridades electorales, se haya reformado la legislación electoral, se hayan fortalecido los partidos políticos, etcétera, etcétera.

Lo cierto es que mientras llenamos los casilleros de las consideraciones previas y nuestros congresistas buscan el mundo ideal donde todos sus desasosiegos por el poder que se escapa se ven tranquilizados, los peruanos vemos disminuidos nuestros ingresos, un Estado descompuesto y muchos forcejeos, caras fruncidas, pero ninguna decisión tajante.

Es difícil, pero se puede aprender de la experiencia chilena. Hoy, 11 de setiembre, los ciudadanos peruanos hemos sufrido más de un año complicado en la política y retrocesos en el desarrollo, no merecemos un día más en esa situación.

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Lecciones desde el Sur, por Arturo Delgado Vizcarra

Para nadie es un secreto que la inversión pública, bien enfocada, tiene un efecto positivo en el desarrollo económico. Tampoco es materia reservada que la brecha de infraestructura en el Perú es enorme.

Las intervenciones estatales en forma de proyectos de inversión no solo se traducen en cemento o infraestructura, también implican acciones sociales, fortalecimientos de capacidades y mejoramiento de la calidad de los servicios públicos, y todas estas acciones son imprescindibles para el desarrollo de nuestro país.

Hoy en medio de ese escenario de precariedad y necesidad se ha publicado la Ley 31500, la misma que indica que toda ejecución de proyectos de inversión, en todo el estado, que supere los diez millones de soles, será objeto de control concurrente por parte de la Contraloría General de la República – CGR.

Tal control concurrente se expresará a través informes que tendrán carácter vinculante y se ejecutará mediante profesionales especializados, según indica la norma.

Además, dice, que se emitirá un informe anual donde expondrá sobre los recursos recaudados y el ahorro generado por la aplicación de la norma.

, ¿serán penalidades impuestas a contratistas? ¿cartas fianzas ejecutadas? ¿El ahorro, que implicará? Quizás pagos dejados de hacer a partir de un sesudo informe vinculante.

Observamos una afectación a la seguridad jurídica de los contratos por la intervención de un tercero, la CGR, autorizado por Ley.

Por otro lado, la CGR claramente no ha medido sus capacidades, los proyectos de inversión que ejecuta el Estado son absolutamente variados, algunos implican especialidades muy particulares (forestales, agrarios, economía ambiental, desarrollo de niños, cuidado de ancianos, género o prevención de desastres, solo por señalar algunos pocos). No se sabe de dónde provendrán los profesionales especializados que ejecutarán el control concurrente los cuales, en muchos casos, son escasos para los propios proyectos.

La Ley 31500 ha construido un enorme freno a la inversión pública, la norma hace mención que es aplicable en todo el proceso de ejecución, es decir, desde la formulación de los términos de referencia o los expedientes técnicos, los cuales, para poder salir a la luz, deberán contar con el amén sacrosanto del censor concurrente.

Como se imaginarán todo hecho posterior, como la adjudicación de buena pro, la suscripción del contrato, pagos y demás acciones voltearán a mirar al concurrente en cuestión, situación que tendrá dos efectos: una demora espeluznante, en el mejor de los casos, o una grieta enorme para la corrupción donde cada paso deberá ser impulsado convenientemente para que pueda ser ejecutado.

Estamos seguros que más de un congresista distraído fue convencido con la frase inmaculada: “

”, sin darse cuenta que esta lucha no implica implantar en la administración pública una horda inquisitoria fanática porque ésta solo trae perjuicios. Imaginamos que, en el debate, cualquier parlamentario que osara pensar más allá y entender que el proyecto que les fue sometido a consideración representa un freno enorme a la inversión pública era inmediatamente tildado de corrupto. Claramente o no leyeron o no entendieron lo que aprobaron.

No sabemos cómo el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF pudo obviar la observación a la autógrafa, sabiendo la afectación inmediata que ocurrirá sobre la inversión pública y como pudo aceptar que la CGR se sobreponga a todo sistema administrativo, siendo tal ministerio rector de la mayoría de ellos, convirtiéndose en el mega censor de la inversión pública.

En medio del desastre extraemos dos cosas positivas de la norma: a menor inversión pública menos proyectos en ejecución y, por ello, menos espacio para la solicitud de dinámicos sobornos y, lo segundo, la norma dice claramente que el control concurrente genera responsabilidad en todos los intervinientes si se genera perjuicio en la obra o servicio, ello quiere decir que los miembros de la CGR que participen del control también serán responsables de las consecuencias de sus informes.

Esperemos que este despropósito tenga corta duración y que el Congreso de la República convoque al MEF y a la CGR para prevenir las consecuencias de esta Ley.

Ley 31500: Detener todo para que el Perú no clasifique, por Arturo Delgado

Hace pocos días el Ministerio de Economía y Finanzas ha puesto a disposición del público, para recabar opiniones, el Proyecto de la Ley General de la Cadena de Abastecimiento Público.

Esta norma, indican reemplazaría a la actual Ley de Contrataciones del Estado, ampliando su espectro ya que no se limita a regular la contratación pública, sino que busca regular el íntegro de la cadena de abastecimiento, iniciando ésta desde la programación multianual de bienes, servicios y obras, la gestión de las adquisiciones y la administración de lo adquirido.

Desde la Ley 26850, dictada a fines de los años noventa hasta el día de hoy, cada gobierno ha reformado las normas de la contratación pretendiendo con ello acabar o por lo menos disminuir varios males, la corrupción, el dispendio en el gasto estatal, la dispersión de esfuerzos entre otros.

El Estado en algunos productos es el mayor comprador en el país, capaz de alterar toda medición de demanda, tal es el caso por ejemplo de varios tipos de medicinas.

Tengamos en cuenta, evidentemente la corrupción, que la encontraremos, lamentablemente a todo nivel, desde el servicio de monto pequeño hasta la gran obra pública.

Por otro lado, es un consumidor diverso y disperso, compra desde cebollas hasta transportes porta tropas, pasando por vacunas o servicios funerarios, compra el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Salud, con presupuestos enormes, como cada una de las municipalidades provinciales y distritales.

El Estado por otro lado tiene, en si mismo intereses contrapuestos en los procesos de contratación pública, así le interesa comprar rápido y barato para atender las necesidades de la población, busca el resultado para incrementar legitimidad y confianza de la población. Caso típico de ello la regulación especial emitida para lograr en muy breve tiempo la infraestructura de los Juegos Panamericanos que para algunos resultó en una gestión exitosa tanto que busca replicarse en otras obras públicas.

Además, busca tener controles que eviten la corrupción, los contratos con sobreprecios con sobre o infra dimensión o modificaciones contractuales inútiles. Tales controles exigen procedimientos, plazos, documentaciones y acreditaciones.

Todo ello confluye y hace muy complicado tener una norma que prevea cada hecho o cada problema, se hace más complicado aun cuando comprobamos que las capacidades técnicas en las entidades del Estado son bastante distintas y algunas muy débiles.

Todo cambio para mejor es saludable, pero pensemos en todos, en las municipalidades que tienen como proceso cotidiano contratar las obras mediante administración directa usando una norma dictada en 1988, si, en el siglo pasado.

Pensemos también en los proveedores quienes tienen hoy, una enorme disparidad frente al Estado en su relación contractual y por ello le venden mas caro el Estado. Quienes están desprotegidos ante la dilación en los pagos de las entidades públicas o peor aún ante la negativa infundada.

Analicemos la situación de los funcionarios públicos que pueden verse perjudicados cuando por error, se entiende de buena fe, omitieron un plazo o un documento.

Observemos que cada paso que ocurre en el Estado, cada trámite o documento adicional, genera costos, que son asumidos por todos nosotros mediante impuestos, razón por la cual tenemos el mayor de los derechos a exigir un Estado célere, aunque transparente.

Es nuestra idea que, antes que crear nuevos procedimientos y categorías corresponde enlazar las rutas de los sistemas administrativos para convertirlos en un flujo desde el planeamiento de los ingresos hasta la atención de las demandas ciudadanas, desde el presupuesto, la inversión, las contrataciones, la distribución de los bienes y servicios.

Corresponde, por otro lado, facilitar el trabajo de las municipalidades que tienen capacidades técnicas en formación.

Consideramos, por último, que esta reforma debe ser sometida a pruebas ácidas tanto en entidades con grandes procesos complejos como ESSALUD, SEDAPAL o el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como en municipalidades con presupuestos muy reducidos, salgamos del gabinete y de la oficina para probar la complejidad de nuestra realidad diversa. Seguramente ese ejercicio nos hará variar en nuestras ideas de reformas.

¿Es realmente necesario?

Mientras escribimos estas líneas a la vez estamos escuchando el debate sobre la admisión a debate de la vacancia presidencial. Veremos qué sucede en las próximas horas o días con el destino del Perú.

Creemos que la sucesión de hechos por los cuales hemos llegado a este nivel de conflicto entre los poderes del Estado, merece un profundo análisis bajo diversas perspectivas y especialidades. Percibimos que existen aristas que hoy se están soslayando y que posteriormente podrían generar nuevas circunstancias de tensión y nuevos retrocesos sociales y económicos.

Los psicólogos, consejeros y, actualmente, los coaches nos advierten de las relaciones tóxicas, nos recomiendan salir del círculo vicioso generado entre la necesidad, el rechazo, el odio y la falta de entendimiento. Las personas podemos hacer ello, pero ¿qué pasa con las instituciones del Estado? Unidas por la Constitución Política y por un diseño que, aunque añejo, no tiene reemplazo alguno.

Los tres poderes del Estado en el Perú no pueden desprenderse uno del otro y han construido un gran escenario tóxico donde los mayores perdedores somos precisamente aquellos a los que debe servir: nosotros, los ciudadanos, las personas.

Nos atrevemos a plantear algunas pocas ideas, que mas allá de sesudas construcciones constitucionales, son aportes prácticos al manejo de un Estado que hoy es prácticamente ingobernable.

Primero, reconozcamos, todos, que cada poder del Estado está constituido por personas, persona es el Presidente de la República, el Presidente del Congreso y el Presidente del Poder Judicial; parece mentira pero este hecho obvio se olvida fácil; se exige a las personas que son titulares de tales poderes, también a los ministros de Estado, congresistas o jueces, un nivel de renuncia a su naturaleza. Las personas tienen intereses diáfanos u oscuros, subalternos o expresos, todos tenemos intereses.

Las personas profesionales en política suelen manejarse en el nivel de lo “políticamente correcto”, tratando permanente de sostener o fortalecer su legitimidad, para ello buscan la aceptación de la población que lo apoyó para acceder al poder o que sostiene a quienes lo designaron (tal fenómeno no existe en el Poder Judicial, pero ello merece muchas notas aparte).

En consecuencia, es usual que no se exhiban, de primera intención, los intereses del gobernante mas aún si el ideal legal es que el Estado, sus funcionarios y servidores, deben atender en primerísimo lugar al concepto gaseoso y complicado denominado interés público.

Segundo, el ejercicio del poder en democracia, exige, demanda, discusiones, conversaciones y acuerdos constantes, mas aún si las personas nos reconocemos como seres sociales y por lo tanto dialogantes, no debería sorprendernos bajo ningún aspecto que los congresistas conversen para construir una decisión de consenso, que los integrantes del Poder Ejecutivo conversen con congresistas, o con alcaldes o gobernadores regionales, ese diálogo es positivo, siempre que se use para construir decisiones que se encuentren orientadas a atender, nuevamente, el interés público.

Tercero, los grupos humanos necesitamos de liderazgos y éste, la mayoría de veces, es variable es decir pasa de persona en persona según el tema o la situación concreta y, siempre, debe distinguirse el líder formal del líder real, es altamente improbable que el título y el fondo correspondan a la misma persona. Los liderazgos también se agotan y, por supuesto, también yerran.

Si podemos reconocer los intereses, el flujo de las ideas y conversaciones y los líderes en cada situación política acrecentaremos el entendimiento de lo que sucede y, a lo mejor, podremos, colaborar en la solución de la inmensa cantidad de problemas que tiene el país, y aprovecharemos la enorme variedad de oportunidades que nos brinda el Perú.

Relaciones  tóxicas.  ¿Cómo  hacemos?

El Congreso de la República que hoy rige los destinos legislativos del país y es la principal fuente de fiscalización política de la actividad de la administración pública claramente adolece de una desconexión de la realidad y de las necesidades del país.

Cierto es que su accidentada llegada al poder y su mas accidentado ingreso a funciones, al inicio de la cuarentena, deben haber confundido fuertemente a todos los congresistas que pensaron o planificaron que en ese interregno entre elecciones podían trascender políticamente y asentarse en el escenario nacional, ello porque desde el primer día adolecieron por defecto de un elemento esencial de la política: la comunicación masiva.

Los congresistas que juramentaron en la quincena de marzo eran, y son, pocas veces invitados a comentar o explicar los hechos de la política nacional porque ella está capturada por la pandemia y porque la acción sobre ésta, y en el caso nacional la enorme inacción y confusión, corresponden al Poder Ejecutivo.

En un escenario donde las luces estaban totalmente enfocadas en el coronavirus, el Poder Ejecutivo y el sufrimiento cotidiano de nuestra población, las complicaciones políticas están demás.

El Poder Legislativo Estado buscó como llamar la atención y ciertamente lo ha logrado a través de una palabra de vieja estirpe y de aún mas vieja aplicación: populismo.

Las normas o intentos normativos sobre pensiones, privadas y públicas, sobre acaparamiento, sobre control de precios, peajes, colegios y un largo y lamentable etcétera contienen, desde nuestro punto de vista ese centro, esa visión corta que tiene la presión masiva de una población que está sufriendo familiares fallecidos y que ve perder centros de labores, ve alejarse ingresos y siente como nuestro país siempre retador, se convierte en árido y agreste.

Hacer un pedido de orden y a la sensatez parece una tarea infructuosa, sin embargo creemos lo contrario, tenemos un enemigo en común y muy pocos recursos para combatir los estragos sanitarios, sociales, emocionales y económicos para lograrlo.

Reconozcamos que quienes deben tomar la iniciativa del trabajo conjunto están desacreditados, sea por la inacción, por sus resultados o por mostrarse confusos, sin embargo, consideramos que toca apoyarse en la formalidad y en lo dispuesto en la norma legal, las actividades de prestación de servicios públicos corresponden al Poder Ejecutivo y corresponde a éste tomar la iniciativa.

Se ha hablado del Pacto Perú, se ha hablado de retomar o reforzar el Acuerdo Nacional, nombres mas o menos lo importante es la propuesta, la regla para cualquier reunión, consideramos, dado el estado de grave emergencia del país debe ser la propuesta tangible, la solución inmediata a la enorme cantidad de problemas que nos enfrentamos hoy.

La comunicación debe ir bastante mas allá de algunas alocuciones de mediodía y de múltiples llamadas de atención en medios, cada líder político hoy es importante para cuidar la salud de las personas, para convocar al orden social ypara impulsar a la reactivación económica, entre muchísimas otras tareas, nadie sobra, la comunicación debería ser unívoca desde todos los frentes. Quizás, por lo menos, se podría consensuar dos o tres mensajes centrales para iniciar un frente común.

Quizás podríamos empezar, por ejemplo, con la discusión oportuna sobre todas las flexibilidades necesarias para que se pueda adquirir, distribuir y colocar vacunas a la población en tiempo record, para lo cual, evidentemente se requieren y aplicarán formulas administrativas excepcionales.

Los tiempos de discusión se han agotado, toca actuar, eficaz y eficientemente.