Hace casi un año que Pedro Castillo asumió la Presidencia de la República y es el primer mandatario en ejercicio de sus funciones que viene siendo investigado por la Fiscalía de la Nación por ser el cabecilla de una organización criminal instalada en Palacio de Gobierno.
Las pruebas de la corrupción que ahoga a este Gobierno son muchas y variadas y todo apunta al jefe de estado, pese a negar su responsabilidad insistentemente. Castillo sabe que más temprano que tarde llegaremos a conocer la verdad.
Que se tenga recuerdo nunca antes un gobernante había vivido una crisis permanente desde que inició su gestión. No solo fueron los nombramientos como ministros a personas con probados vínculos con el grupo terrorista Sendero Luminoso, el copamiento de personas incapaces para los cargos en instituciones públicas, la nula gestión y preparación para el desempeño como estadista, sino sobre todo los actos de corrupción que –según testigos--. empezaron incluso antes del 28 de julio del año pasado. Los audios en los que se reparten el Estado como botín son una muestra de ello.
Han sido dos los intentos de vacancia por incapacidad moral que no tuvieron éxito en el Parlamento, y no precisamente porque no existieran razones de sobra para defenestrar a Castillo, sino porque los brazos de la corrupción y la prebenda también tomaron algunos curules.
A pocos días de cumplir un año instalado en Palacio de Gobierno, Castillo enfrenta uno de los momentos más críticos. Al escándalo de que el ex ministro de Transportes Juan Silva haya fugado, su círculo de más cercanos colaboradores se encuentren prófugos; se suma que el tráfico de influencias e irregularidades también alcanza a su esposa Lilia Paredes y a su cuñada Yenifer Paredes (considerada una hija para los esposos Castillo – Paredes).
Además, uno de sus ex socios Zamir Villaverde ha entregado material a la Fiscalía de la Nación que probaría que Castillo Terrones habría recibido –al menos—un millón de soles como soborno para nombrar a Silva en el sector Transportes y Comunicaciones, a lo que hay que agregarle que Villaverde insiste en tener pruebas que el profesor ha llegado a la Presidencia con fraude. “El Perú se merece a un presidente elegido por el pueblo”, repite a donde va.
Por lo que venimos viviendo solo en este último año, aquí ya no se trata de contar los votos para la vacancia o para la inhabilitación de Castillo y Dina Boluarte, tampoco es una cuestión de cálculo u oportunidad política; estamos hablando de un grupo de bandidos que han tomado por asalto nuestro país.
Los peruanos no podemos seguir siendo rehenes de una banda delincuencial, el momento es ahora. No hay mañana posible.