OpiniónViernes, 26 de agosto de 2022
Como Pedro en su casa, por Christian Hopkins
Christian Hopkins
Abogado y analista político

Esta semana, el fiscal José Domingo Pérez presentó una acusación contra Susana Villarán por presuntamente haber recibido aportes ilícitos de Odebrecht. Pidió 29 años de prisión como pena.

Sorprende que el codinome vinculado a Villarán, que dio pie a la acusación, recién fue descifrado y corroborado por Jorge Barata a inicios de agosto del presente año. En marzo de 2020 el fiscal Vela anunció entre bombos y platillos que Odebrecht entregó a la fiscalía el acceso completo a los servidores Drowsys y My Web Day, los cuales presuntamente contendrían la información que serviría para corroborar las declaraciones de Jorge Barata y otros ex directivos de Odebrecht. Barata demoró dos años y medio en dar esta sencilla información sobre Villarán.

Desde la homologación del Acuerdo de Colaboración Eficaz entre Odebrecht y el Ministerio Público, el balance es negativo para el Estado Peruano, pues el avance en los procesos penales hace contraste con la reactivación de las actividades de Odebrecht en el país. No importa cuantas veces Gorriti y el fiscal Vela insistan en que el acuerdo es un hito en la lucha contra la corrupción, el hecho es que, hasta la fecha, no se ha condenado a ningún imputado por los casos comprendidos dentro del acuerdo. Peor aún, nos hemos acostumbrado a escuchar a los fiscales justificando cada cierto tiempo por qué los procesos se van retrasando cada vez más.

¿Qué condiciones exigió Odebrecht para colaborar?

Odebrecht y sus funcionarios quedan blindados de futuras imputaciones penales en el país y la fiscalía queda impedida de usar y/o compartir las pruebas aportadas en el marco de la colaboración con autoridades nacionales o extranjeras.

El acuerdo estipuló también la devolución de 524 millones al Estado Peruano y la habilitación de Odebrecht para concursar por licitaciones públicas.

¿Y que recibe el Estado Peruano a cambio?

Delaciones, declaraciones de Jorge Barata y otros ex directivos de Odebrecht, codinomes y el acceso a los sistemas informáticos donde se registraban los sobornos; y el pago en 15 cuotas de 610 millones de soles de reparación civil (aunque según algunos cálculos el monto del daño alcanza, por lo menos, los 1200 millones de soles).

¿Reconstrucción sin cambios?

En 2021, Odebrecht, sin pena ni culpa, intentó contratar nuevamente con el Estado a través de la Autoridad Nacional para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Debido a los antecedentes delictivos del grupo empresarial, la ARCC decidió impedir que Odebrecht participe en sus procesos. Ante esto, Odebrecht impulsó un proceso judicial. Así, la constructora brasileña logró que, en junio de 2022, la Corte Suprema de Justicia le comunique a la ARCC que, debido al acuerdo de colaboración eficaz, las empresas de dicho grupo económico no se encuentran impedidas de contratar con el Estado.

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¿Valía la pena beneficiar tanto a Odebrecht en perjuicio del Estado Peruano por la posibilidad de condenar a una docena de políticos y operadores políticos? ¿Quiénes negociaron el acuerdo fueron ingenuos, novatos o tuvieron intereses oscuros?

El acuerdo y la colaboración de Barata ha facilitado la detención preventiva y el desprestigio de gran parte de la clase política peruana. ¿Llegarán a concretarse estas delaciones en condenas? ¿Será realmente eficaz la colaboración por la cual entregamos recursos, dignidad y amnistía a Odebrecht?

La respuesta la dirá el tiempo, pero tal como se han desarrollado los hechos no hay razones para ser optimista. De hecho, en este caso, la delantera la lleva Odebrecht.

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