Abogado y analista político

Christian Hopkins

Era evidente que la reforma del transporte en Lima no tendría resultados de un día para otro. Durante mucho tiempo se creyó que centralizar las funciones municipales en una entidad única, la ATU, agilizaría el proceso. Lamentablemente, no ha sido así, ya que, hasta el momento, los cinco años de gestión de la ATU vienen siendo una lágrima. Los ejemplos abundan semana tras semana.

Recientemente, el anuncio del cese de operaciones del corredor morado, seguido de dos días de suspensión de los servicios y algunas protestas en los buses, generó gran incertidumbre para el ciudadano limeño de a pie. Afortunadamente, el miércoles el Ministerio de Transportes y Comunicaciones llegó a un acuerdo con las empresas operadoras de los corredores complementarios.

Dicho acuerdo no resolverá el forado financiero en el que se encuentran los concesionarios, quienes han estado operando a pérdida durante varios años y compitiendo con colectivos, microbuses y combis informales. Aunque el MTC se ha comprometido a fortalecer la fiscalización electrónica y regular el chatarreo de vehículos incautados, la solución financiera a los S/ 300 millones reclamados por los operadores quedará en manos del Congreso.

Considero que el acuerdo alcanzado solo será un paliativo para la agonía prolongada y decidida de la "reforma integral del transporte" en Lima Metropolitana. El modelo, tal como se plantea en la actualidad, es insostenible. ¿A qué se debe esto? ¿Problemas de diseño? ¿Ejecución deficiente? En esta breve columna, intentaré explicar esta problemática.

En primer lugar, es necesario comprender el concepto de sistema integrado de transporte. Este es un sistema urbano que integra diferentes modalidades o medios de transporte (trenes, tranvías, autobuses, etc.) en una misma área geográfica, con una integración física y operativa, así como un sistema de pago y tarifas estandarizado.

En Lima Metropolitana (y Callao), el sistema "integrado" de transporte consiste en dos líneas de tren urbano (Línea 1 de Sur a Norte y Línea 2 de Este a Oeste), el Metropolitano (un servicio de autobús troncal en vías exclusivas), tres servicios de autobuses troncales en vías segregadas y mixtas (corredores Azul, Rojo y Morado), así como los servicios de alimentación del Metropolitano. Las rutas no cubiertas son atendidas por el transporte público tradicional o informal.

Desafortunadamente, este sistema está lejos de estar integrado física y logísticamente. Aunque tanto el Metropolitano como los corredores complementarios utilizan un mismo sistema de tarjetas y carga de saldo, los ciudadanos deben adquirir una tarjeta adicional para utilizar la Línea 1 y otra diferente para la Línea 2. Además, no hay un concepto de trasbordo entre el Metropolitano y los corredores complementarios, mucho menos con las Líneas del Metro. Es sorprendente (y hasta indignante) que en algunas estaciones del Metropolitano sea imposible tomar el autobús en ambas direcciones.

Otras dificultades logísticas incluyen la imposibilidad de recargar virtual o electrónicamente el saldo de las tarjetas, la falta de certeza sobre la hora de llegada de cada autobús al paradero, y la insuficiente señalización e información sobre los cambios de horario y rutas.

Corredores complementarios VS. combis asesinas

Ahora entremos en el tema principal. Sabemos que el sistema de transporte en Lima no está integrado ni unificado, que la ATU no ha mejorado significativamente los servicios en comparación con las administraciones municipales anteriores, y que además las empresas que operan los corredores complementarios están en una situación financiera comprometida.

Sin embargo, la demanda de transporte público en Lima Metropolitana y Callao aumenta año tras año. La ciudad crece en población y en extensión geográfica, al igual que el parque automotor. Dado que la oferta de transporte público "formal" avanza lentamente (como en el caso de la Línea 2), el Estado sigue otorgando licencias de ruta a empresas “chicha”.

Estas empresas (como "Orión", "Holrex" y "El Chosicano") operan bajo un modelo de comisiones y patrocinio de rutas. Básicamente, son empresas vacías cuyo único activo es la titularidad de la ruta, la cual ceden a individuos con autobuses, quienes intentan sacar el máximo provecho posible sin cumplir ningún estándar o norma de tránsito.

Así comienza una espiral descendente en la que el Estado avanza lentamente con la reforma del transporte, apoyándose en empresas informales y colectivos para satisfacer la creciente demanda. Las empresas concesionarias de los corredores complementarios no pueden mejorar sus servicios (comprar más autobuses, reducir sus tarifas, etc.) porque siguen compitiendo con las empresas informales y los colectivos, lo que las lleva a perder capital poco a poco. Esto hace que a medio plazo sus servicios sean más limitados (o incluso se vean obligadas a cesar) y que tengan que ser reemplazados por más empresas informales y colectivos, y así 

Como reflexión final, considero que el gran problema de la reforma del transporte ha sido la falta de determinación en su implementación. Podemos debatir si el modelo de concesiones de rutas y corredores complementarios es más o menos deseable en comparación con un sistema de libre prestación con regulación efectiva o un sistema completamente público.

Sin embargo, no podemos discutir que, si optamos por el modelo de concesiones de rutas con tarifas únicas, no podemos permitir que circulen simultáneamente empresas que cobran una fracción de la tarifa y ponen en peligro la viabilidad financiera de los corredores. Sin compromiso de las autoridades y sin el imperio de la ley, esta y cualquier otra reforma están condenadas al fracaso.

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Corredores en fuga, por Christian Hopkins

De acuerdo a nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea

”. Esto fue lo que publicó Nayib Bukele en su cuenta de X el pasado domingo, después de la jornada electoral en la que, sin ninguna duda, sería reelecto para 5 años más de mandato presidencial al frente de El Salvador.

¿Alguien puede dudar de su popularidad en el país centroamericano? De ninguna manera. El éxito de su plan de control territorial contra las pandillas, reflejado en la disminución de los crímenes violentos a cifras jamás antes vistas en el pequeño país, le han valido el estatus de una celebridad y, en algunos momentos, hasta el de un santo.

No obstante, lo que para muchos salvadoreños significa no volver a soportar a las maras aterrorizando a civiles indefensos, oculta un plan muy bien elaborado para tomar, concentrar y retener el poder, explotando las debilidades del sistema republicano y capitalizando una exitosa lucha contra la violencia.

Ya en junio del año pasado, escribí sobre Nayib Bukele, el caudillo 

, y mencioné sus, en ese momento, anuncios más recientes: la reorganización política administrativa y la lucha frontal contra la corrupción.

Hoy, ambos anuncios son un hecho. El año pasado, Bukele logró reducir de 84 a 60 los escaños del Congreso, generando así un legislativo más fácil de controlar. Asimismo, intensificó la persecución judicial contra líderes de la oposición, culminando en muchos casos con su desafuero del parlamento y posterior detención.

Sin embargo, llama la atención que esta persecución haya sido hasta ahora unidireccional, en contra de opositores, y nunca en contra de oficialistas. Es más, se conoce de casos de jueces y fiscales destituidos por seguir investigaciones y procesos en contra de funcionarios del oficialismo.

En noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia falló en favor de permitir que Nayib fuera candidato para las elecciones del 2024, a pesar de que la constitución vigente prohíbe expresamente la reelección inmediata. Para los salvadoreños esto no fue un problema pues, en su inmensa mayoría y tal como se ha visto en las urnas, apoyaban que el actual presidente siguiera gobernando el país.

Para nadie es un secreto que el Ejecutivo controla y dirige el Poder Judicial en El Salvador. Más bien, una de las primeras reformas que llevó a cabo Bukele fue la judicial. Él la publicitó como una reforma necesaria, para eliminar a jueces corruptos y vinculados con las pandillas. Lo que no dijo, es que los reemplazaría con jueces amigos, que persigan a sus rivales políticos y que le convaliden sus delirios jurídicos, como ha sido el caso de esta reelección inmediata.

Así, reelegido como presidente, con el 97% de los escaños del Parlamento y con un sutil pero firme control del Poder Judicial, Bukele ha marcado el h

 del poder político y, de manera táctica, ha derogado la república de El Salvador.

¿Qué le espera a El Salvador? Hoy, el bienestar de ese pueblo depende exclusivamente de la voluntad de su dictador. Que Dios los ayude.

El hat-trick de Bukele, por Christian Hopkins 

La agresión que sufrió la presidenta Dina Boluarte, el pasado sábado en Ayacucho, podría parecer un episodio más de una serie de manifestaciones públicas de desprecio contra una mandataria altamente impopular. Ya se ha vuelto costumbre escuchar a ciudadanos de distintas partes del país arengando “¡DINA ASESINA!” o “¡DINA RENUNCIA!”, en cada oportunidad que tienen, ya sea en cámaras de televisión o en actos oficiales de la presidenta.

Pero esta última agresión tiene ingredientes que no tienen las manifestaciones a las que, tristemente, nos hemos acostumbrado. El jalón de pelos que Ruth Bárcena le dio a la primera mujer que gobierna el país tiene toda la pinta de ser un operativo político que la acción espontánea de una triste viuda.

Primero lo primero, ¿quién es Ruth Bárcena? Para responder esta pregunta, debemos remontarnos a diciembre de 2022: Pedro Castillo intentó dar un golpe de estado el 07 de diciembre y, tras su vacancia y detención, Dina Boluarte, vicepresidenta, asumió la presidencia por mandato constitucional. Esto fue sucedido por una serie de manifestaciones en el interior del país que, al poco tiempo, intensificaron su violencia al punto de requerir la intervención de las fuerzas armadas a través de la declaratoria de estados de emergencia. Los manifestantes solicitaban la liberación del expresidente y una asamblea constituyente.

En este contexto, el 16 de diciembre, un grupo de manifestantes intentó tomar el aeropuerto de Ayacucho, el mismo que estaba resguardado por la Policía Nacional y el Ejército. Inicialmente, las fuerzas del orden repelieron a los invasores con bombas lacrimógenas y, tras unas horas de enfrentamientos, utilizaron armas letales para poner fin a la invasión. El saldo final fue de 10 muertos y 60 heridos, entre ellos, David Hancco, marido de la señora Bárcena.

Volviendo al presente, tras la agresión contra la presidenta Boluarte, muchos líderes de opinión, políticos, asociaciones y medios de comunicación se solidarizaron con la señora Bárcena, indicando que un jalón de pelos era incomparable con el daño que la presidenta la había generado al “ordenar” el asesinato de su esposo.

Otros aprovecharon para reflotar el testimonio que dicha mujer dio a varios medios el año pasado en su calidad de líder de la Asociación de familiares asesinados y heridos en Ayacucho, en las que resaltaba que “su hija se quedaba sin padre” y que perdió un embarazo a causa de la pena. Si bien, esta situación personal es absolutamente dramática, no podemos perder de perspectiva que su esposo falleció intentando tomar por la fuerza un aeropuerto, quien sabe con qué fines.

Por la forma como se dio el ataque -coordinado entre la señora Bárcena y otra mujer que distrajo a la presidenta-, por la rapidez con la que un determinado grupo del espectro político reaccionó al unísono ante los hechos y por la narrativa heroica que se está divulgando sobre un episodio vergonzoso de insurrección violenta es que puedo concluir que lo visto desde el sábado en torno a la señora Bárcena es un operativo armado. Se está tratando de crear una figura como las madres de la Plaza de Mayo en el país, servil a intereses políticos y han encontrado en esta mujer viuda una candidata ideal.

Operación Bárcena: ¿Fue armado?, por Christian Hopkins 

Contar con una línea subterránea de tren urbano pasó de ser un sueño para convertirse en una necesidad para el limeño de a pie. Así, cuando en 2014 se concesionó la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima, muchos esperábamos que, en máximo una década, Lima contaría con un sistema de transporte integrado por 2 líneas de metro completamente operativas, el metropolitano y los buses alimentadores o “corredores”.

Lamentablemente, a menos de un año para que se cumpla ese plazo, solo se ha culminado la primera etapa de 5 estaciones de la mega obra. Es preciso recordar que, en el cronograma inicial, solo la primera etapa estaría concluida en 2021, y la totalidad de la obra, en 2023. Si recordamos que la obra de la Línea 1 quedó abandonada durante unas cuantas décadas hasta que Alan García la retomó en su segundo gobierno, es claro que, para el limeño, el Metro de Lima es sinónimo de demora.

En una reciente entrevista con el diario “El Comercio”, la Gerente General de la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 indicó que las demoras se debieron a la falta de entrega de terrenos con títulos saneados y a las demoras en obtener permisos administrativos. Lamentablemente, estas demoras no sólo implican que una obra de infraestructura necesaria se demore en entrar en operación, sino el perjuicio para los ciudadanos, comerciantes y trabajadores directa e indirectamente afectados por las áreas cerradas durante las obras.

Para la construcción de la primera etapa, que va de la estación Mercado Santa Anita a la estación Evitamiento, se cerró desde el 2015 una zona neurálgica de Lima este, afectando gravemente la calidad de vida y la economía de la zona. Posteriormente, desde el 2020, iniciaron los cierres en el Callao para la construcción de las estaciones finales de la ruta.

Actualmente, corresponde el cierre de la avenida Colonial en el Centro de Lima para la construcción de la Estación Central. El impacto de este cierre, de repetirse las demoras que han caracterizado esta obra, podría ser tan nocivo para la ciudad que explicarían la negativa del alcalde de Lima por permitir que se construya esta última estación.

Si bien el alcalde está tratando de sacar rédito político inmiscuyéndose en un asunto que no le corresponde, no es menos cierto que ejecutar durante tantos años una obra cerrando áreas tan céntricas de la ciudad es una canallada contra los ciudadanos.

Si las demoras realmente se deben a permisos administrativos y a un defectuoso sistema de saneamiento de propiedades, no es correcto otorgar concesiones y permisos ejecución de obra cuando no existe la certeza de que las mismas se concluirán en los plazos inicialmente programados. No tiene ningún sentido agregarle estrés innecesario al ya caótico tráfico limeño cerrando importantes arterias de una ciudad altamente poblada como lo es Lima, si dichos cierres no son estrictamente durante el tiempo de ejecución de la obra.

Lamentablemente, vende para una gestión el dejar firmado un proyecto, aunque el político de turno sea consciente que no hubo ningún avance en estudios, permisos ni saneamiento de inmuebles. Existen muchos casos similares: la expansión del aeropuerto Jorge Chávez es un caso emblemático de obra eternamente demorada, la remodelación del bypass de El Derby es otro.

¿Cómo será la ejecución de las demás líneas? ¿Será viable la construcción del anillo vial periférico o la expansión de la vía expresa hasta Lima sur? El país necesita obras, pero también eficiencia y, en materia de gestión pública, esa eficiencia requiere el compromiso de los diversos actores involucrados para sacar adelante todos los permisos en el menor tiempo posible.

No sólo hay que pensar en el éxito de la gestión sino en el impacto que tendrá la obra, en todas sus etapas, para el ciudadano de a pie. Y es que, si esto último no es tomado en cuenta, se puede gestar movimientos opositores a la construcción de las próximas mega obras que la ciudad definitivamente requiere. ¿Cómo convencer en el futuro al limeño que no volverás a demorar más de 10 años?

Línea 2: 10 años, 5 estaciones, por Christian Hopkins 

Durante la primera semana de enero, Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, apareció en distintos medios de comunicación mostrando el balance de su primer año de gestión edil. En estas entrevistas, el alcalde resaltó los logros en materia financiera y presentó sus primeros grandes proyectos de infraestructura. Asimismo, sin perjuicio de su falta de autocrítica, no le faltó razón al resaltar la existencia de una campaña mediática promovida por un marcado sector de la opinión pública.

Con el tono exagerado y dramático que lo caracteriza, el alcalde manifestó que recibió una Municipalidad quebrada y que, en tan solo un año, fue capaz de revertir esta situación a través de importantes recortes en el gasto corriente, principalmente, a través del despido de trabajadores “fantasma” y la eliminación de puestos de trabajo sin utilidad alguna.

Por otro lado, “Porky” hizo hincapié en que le fue imposible encontrar los “contratos de la corrupción” con OAS y Odebrecht y que pudo acceder a ellos gracias a sus contactos en la banca neoyorquina. Si bien, esto último suena bastante inverosímil, es digno de mencionar pues el alcalde lo dijo en más de un medio de comunicación.

Así, para enfrentar la corrupción, la propuesta de RLA es realizar las licitaciones municipales a través de UNOPS, la oficina de gestión de proyectos de la ONU. En ese sentido, López Aliaga precisó que, por ejemplo, las demoras en la adquisición de las motos prometidas en campaña se debieron a la utilización de este procedimiento, más lento, pero más transparente.

Según la rendición del burgomaestre, su excelente gestión en el recorte de gastos le permitió una histórica emisión de bonos por 1,200 millones de soles, gracias a la nueva calificación de la deuda de la MML, por encima de la calificación de la deuda nacional.

Con este financiamiento, RLA planea ejecutar proyectos de infraestructura vial, también a través del sistema de adquisiciones de UNOPS. ¿Qué proyectos? Principalmente puentes y vías libres en las principales avenidas de la ciudad.

Si bien, el alcalde ha pintado su primer año de gestión como una exitosísima gestión a nivel de cuentas y finanzas, los primeros proyectos de infraestructura anunciados dejan mucho que desear: 60 

 metálicos suenan más como una propuesta parche que como un plan metropolitano vial.

Por otro lado, su incapacidad para cumplir con algunas de sus promesas básicas de campaña, como poner fin a los peajes o comprar miles de motos para el patrullaje, ha desgastado rápidamente su capital político, a pesar de que la posibilidad de cumplir dichas promesas era muy remota. No obstante, aún tiene 3 años para cumplir con las mismas.

Finalmente, un tema que surgió durante las últimas semanas y, en opinión de quien escribe, no fue adecuadamente abordada por el alcalde, es su oposición al avance de la Línea 2 del Metro de Lima. Según él, es innecesario detener el tráfico en pleno centro de Lima para construir la Estación Central cuando, pueden irse construyendo las demás estaciones y dejarse esta para el final. No obstante, un capricho del alcalde no puede interferir en la ejecución de un megaproyecto de obra pública como es la Línea 2, que cuenta con sus propios plazos, estudios técnicos y planificación.

La rendición de cuentas del alcalde, por Christian Hopkins

El domingo 17 de diciembre, el pueblo chileno rechazó nuevamente un proyecto constitucional, con más del 55% de los votos en contra. El segundo proyecto, elaborado por un Consejo Constitucional electo en las urnas, y acompañado por una Comisión de Expertos proveniente de ambas cámaras del parlamento, no tuvo mejor éxito que el primero, que fue rechazado en setiembre de 2022 por más del 60% de la población.

Tras conocerse el resultado de este segundo plebiscito de un texto constitucional, Gabriel Boric, presidente de Chile y firme defensor de una nueva constitución, dio por terminado el caótico proceso constituyente iniciado con las incendiarias protestas de 2019, al pronunciar las siguientes palabras: “

Durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional, las urgencias son otras (…) El país se polarizó, se dividió y, al margen de este contundente resultado, el proceso constituyente no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva Constitución redactada por todos

Sin perjuicio de la ironía que significa que quien hace 5 años exigiera desde las calles el fin de la “constitución de Pinochet” hoy ponga fin al proceso constituyente durante su mandato como presidente, razón no le falta a Boric pues, efectivamente, si algo quedó demostrado a lo largo de estos 4 años es que la política chilena está polarizada como no se veía desde tiempos de Allende, y esa polarización fue fundamental en el fracaso de alcanzar un nuevo pacto social.

Desde el regreso a la democracia en 1990, Chile había sido gobernado por partidos socialdemócratas, de democracia cristiana y de centro derecha. Así, fue una anomalía para la política chilena la composición ultra radical de la Convención Constitucional que engendró aquel texto maximalista de izquierda, que incluía la creación de un estado plurinacional, la abolición del derecho de propiedad y el otorgamiento de derechos humanos a la naturaleza (¿?), entre otras cosas.

También fue una completa anomalía aquella segunda vuelta entre el, en aquel momento, incierto Boric, quien provenía de las canteras del Partido Comunista y quien llegó al balotaje arengando en favor del proceso constituyente y en contra de la “ultraderecha”; y el conservador Kast, un candidato marginal de la política chilena quien, de un momento a otro, se volvió un referente de la derecha, ya no solo en Chile sino en Latinoamérica.

Y ni hablar del estallido social del 2019. Que el país más rico y desarrollado de la región tuviera una violenta protesta social durante meses, exigiendo un radical cambio de modelo político y económico y edulcorada con incendios de locales comerciales, autobuses del transporte público, iglesias e incluso, estaciones del metro, etc; fue en su momento una noticia inesperada y dramática, que dio mucho de qué hablar.

En ese sentido, estas anomalías de polarización extrema y radicalización de la población, resumidas en un supuesto “despertar chileno”, hoy, temporalmente, llegan a su fin. La esquizofrenia colectiva y las ganas de romperlo todo fueron superadas por una economía menguante, una creciente inseguridad ciudadana, una crisis migratoria y un gobierno que no tiene rumbo.

Y si, en un futuro cercano, los chilenos deciden salir nuevamente a la calle a exigir mejores condiciones de vida a través de una nueva constitución. Cabe preguntarse, ¿lograrán la misma convocatoria y contundencia que tuvieron a finales del 2019? ¿ha salido fortalecida la mal llamada “constitución de Pinochet” de este fracasado proceso constituyente? Solo el tiempo lo dirá.

La constituyente que no fue, por Christian Hopkins

Una de las papas calientes que están hoy en agenda de la Comisión de Economía del Congreso es la reforma del sistema de pensiones de jubilación, hoy constituido por un Sistema Nacional de Pensiones (administrado por la ONP), de naturaleza redistributiva, y un Sistema Privado de Pensiones (las AFP’s), de cuentas individuales de capitalización. Sin entrar en muchos tecnicismos, les daré una visión más personal al respecto.

A tres décadas de su creación, las AFP’s se encuentran en el centro del debate de la reforma, pues muchos de sus aportantes alegan recibir pensiones muy reducidas a pesar de haber cotizado todos sus años como trabajadores en planilla. Asimismo, otros cuestionamientos están relacionados con el hecho que los fondos sean administrados por un oligopolio de empresas del sector financiero.

Estas críticas son válidas, pero muchas veces son aprovechadas por grupos radicales para proponer una locura: regresar completamente a un sistema redistributivo.

Los sistemas redistributivos son inviables porque parten del mismo principio por el cual fracasan los esquemas ponzi: siempre habrá más personas después que pagarán a los que entraron antes.

Si un “amigo” te dice que tiene una “idea de negocio” para la cual solo tienes que pagar 1000 soles y además meter a dos personas que paguen a su vez 1000 soles, ¿entrarías al “negocio”? No, ¿verdad? En definitiva, tu “amigo” es realmente un charlatán, por no decirle estafador.

Entonces, ¿por qué cuándo un estado te obliga a pagar hoy la pensión de un jubilado con la premisa de que mañana habrá jóvenes que pagarán tu pensión lo aceptamos como una buena idea?

Finalmente, los fondos del sistema de reparto siempre terminan colapsando y el estado debe entrar a rescatarlo. En muchos países, tales como España y Argentina, las partidas de sistemas de pensiones constituyen gran parte del gasto público corriente y son grandes generadores de deuda y, en el caso de Argentina, de inflación por emisión monetaria.

Por otro lado, volviendo a los sistemas privados de pensiones, personalmente no me agrada la idea de tener que ahorrar parte de mi sueldo, por mandato estatal, en una cuenta del sistema financiero. Esto, agravado por el hecho de que solo puedo elegir entre cuatro empresas, y con el pensamiento de que yo podría obtener rentas más altas invirtiendo ese dinero donde yo quiera, me hacen tener una resistencia no tanto hacia los sistemas privados de pensiones, sino hacia el hecho de que sean de naturaleza obligatoria.

Sin embargo, entiendo como son las cosas en la realidad, y que, la obligatoriedad responde a que el estado debe garantizar una vejez digna para todos sus ciudadanos. Un adulto mayor sin pensión en muchos casos es un indigente en la calle, un subempleado de edad mayor, o una boca más que alimentar para una familia pobre. Y si bien lo racional es pensar que cada persona se hará cargo de su vejez, en la realidad son pocos los que toman esas previsiones. En ese sentido, la obligatoriedad es el estado usando su 

 para prevenir un mal generalizado en el futuro, nos guste o no.

Finalmente, desde la pandemia circulan (y se aprobaron) muchos proyectos de ley para la liberación parcial de los fondos de las AFP’s. Estos proyectos estaban motivados en mitigar la necesidad de liquidez por la que pasaron las familias durante el desempleo que se vivió en aquella época. Hoy esos proyectos han regresado con fuerza.

Tanto el MEF como la Asociación de AFP advirtieron en su momento (y siguen advirtiendo) que cada retiro descapitalizó y descapitalizará gravemente los fondos, impactando no solo las cuentas sino su expectativa de rentabilidad (a menores fondos, menos capital para invertir y, por lo tanto, menos rentabilidad). Asimismo, la necesidad de liquidar activos para desembolsar los retiros generó que se vendieran algunos de los activos con mayores tasas de interés, en tanto los activos menos líquidos (como los bonos) generalmente tienen menores tasas de interés.

En ese sentido, si bien es muy tentadora la idea de retirar hoy un gran monto de dinero, hay que pensar no en mañana, sino en pasado mañana, cuando ya no podamos trabajar. Así que, a todos los que hoy piensan retirar su AFP, en caso se aprueba un nuevo retiro, les recomiendo reflexionarlo un par de veces más.

Hablemos de los sistemas de pensiones, por Christian Hopkins 

Los ataques ejecutados por Hamás contra Israel por aire, mar y tierra el último sábado ya se han cobrado al menos mil muertos y casi tres mil heridos.

La incursión sorpresa de los terroristas de Hamás, en el marco de una guerra de baja intensidad que lleva ya casi dos décadas de duración, ha estado plagada de crímenes contra ciudadanos civiles, incluyendo una masacre perpetrada en una fiesta de electrónica a unos kilómetros de la frontera y la aniquilación de pequeños pueblos o 

 aledaños, incluyendo el asesinato de familias enteras (bebés también) y violaciones de mujeres.

Asimismo, teniendo en cuenta los tiempos en los que vivimos, ha sobrado en las redes material audiovisual, alguno más explícito que otro, para retratar la crudeza y la brutalidad de estos cobardes ataques.

Durante el fin de semana empecé a toparme con todo tipo de comentarios, tweets y columnas justificando los ataques de Hamás con una serie de falacias que busco, en esta breve columna, desmentir. Muchos de ellos provenientes de personajes recalcitrantes de la izquierda progresista y la extrema izquierda, pero algunos provenientes también de especímenes de la derecha alternativa.

“El pueblo palestino tiene derecho a luchar por su libertad”

En primer lugar, “el pueblo palestino” no es Hamás. Esta es una organización política, nacional-islámica-suní, que cuenta con una ideología plasmada en una carta fundacional, una estructura jerárquica y un brazo paramilitar, este último encargado de las operaciones terroristas contra la población civil. Si bien Hamás gobierna de facto sobre la Franja de Gaza, no gobierna sobre Cisjordania, donde viven mas de 3 millones de palestinos, 1 millón más de los que viven en Gaza.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que la población palestina no es exclusivamente de musulmanes sunís, sino también tiene una gran minoría de cristianos (alrededor de un 10%). Así, incluso si Hamás fuera el gobierno oficial de toda Palestina, ¿tendría sentido decir “el pueblo palestino” es esta organización radical de musulmán-suní?

Descartada la identidad entre la organización terrorista Hamás y el pueblo palestino, vamos con el siguiente mito:

“El pueblo de Israel se lo merece por el daño que hacen contra Palestina”

Nuevamente, un mito que confunde la identidad de una organización política, en este caso, el Estado de Israel, con la de ciudadanos civiles que poco o nada tuvieron que ver con las decisiones directas y objetivas que pudieron llevar a cometer cualquier acto militar.

Sin perjuicio de todos los excesos y horrores que puedan ser responsabilidad del Estado de Israel contra el pueblo palestino durante o incluso antes de la presente guerra, absolutamente nada justifica atacar a la población civil israelí.

Las decisiones militares y políticas por regla general son tomadas por un puñado de personas, especialmente en un país que vive casi permanentemente en guerra desde que existe, como lo es Israel.

Sin ánimo de extenderme mucho, de más está decir que condeno absolutamente estos ataques y que espero que esta guerra no escale más. Lamentablemente, la solución al conflicto se ve como siempre, lejana.

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Hamás no es Palestina: Mitos y verdades, por Christian Hopkins 

El pasado domingo tuvo lugar el primer debate presidencial para las elecciones argentinas, las mismas que se llevarán a cabo el 22 de octubre del presente año.

Los candidatos que participaron fueron Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, Myriam Bregman del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, Juan Schiaretti de Hacemos por Nuestro País, Javier Milei de La Libertad Avanza y Sergio Massa de Unión por la Patria.

El debate tuvo tres ejes temáticos: economía, educación y derechos humanos. Asimismo, el formato permitía hasta cinco réplicas para cada candidato presidencial por cada intervención.

Ahora, haciendo un balance sobre el desempeño de cada candidato, considero que el mismo transcurrió sin muchas sorpresas. Massa, el candidato oficialista, fue agarrado como piñata por todos los demás candidatos pues, a pesar de que trató de presentarse como una propuesta fresca, le fue imposible desvincularse del gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, del cual él mismo es ministro de Economía actualmente.

Por otro lado, Milei presentó su plan de “revolución liberal para la Argentina” de una manera elegante y fácil de entender, sin muchos tecnicismos y sin excederse del tiempo asignado. Supo también responder contundentemente a las réplicas de los adversarios, manteniendo su posicionamiento como la primera opción para llevarse las elecciones presidenciales. Por ejemplo, en el bloque de derechos humanos tuvo una respuesta memorable al desmentir que no fueron 30 mil los desaparecidos durante la dictadura, sino poco más de 8000.

Patricia Bullrich, quien venía pisándole los talones electoralmente a Milei, decepcionó mucho pues desaprovechó este debate para convencer al elector argentino que ella es mejor opción que Milei. Enfatizó que tiene más escaños en el parlamento, más gobernadores, pero, al mismo tiempo, reafirmó su calidad de “casta” y, en una réplica demostró ignorar el concepto de LELIQS, el cual es básico para entender la economía argentina y proponer soluciones para la inflación.

Por otro lado, me sorprendió para bien Schiaretti, un viejo gobernador de la provincia de Córdoba que habló con sensatez. No buscó peleas innecesarias, más bien usó el debate como vitrina para mostrar sus buenos logros como gobernador y habló de cómo podría trasladar su experiencia hacia el gobierno nacional. Me pareció que es un candidato para un país estable, no para un país como Argentina que hoy en día se está incendiando.

Finalmente, no hay mucho que decir de Bregman. Es una persona muy ideologizada. Fue lo más bajo del debate por mucho. Se dedicó a insultar con sofismas y falacias a todos los candidatos, tal vez pensaba que así rascaría algunos votos.

Esperemos que esa forma de hacer política no le funcione pues, mientras los votantes sigan premiando a estos charlatanes, países tan grandes como Argentina seguirán gobernados por escorias como CFK o Alberto Fernández.

Un debate con pocas novedades, por Christian Hopkins 

El Perú está enfrentando una crisis de inseguridad que se está saliendo de las manos. Se ha revelado que un alto cabecilla del Tren de Aragua despecha tranquilamente desde la prisión de Challapalca. Asimismo, existen reportes que indican que otros cabecillas recientemente escapados de prisión en Venezuela podrían estar ya en territorio peruano, listos para seguir operando con impunidad.

Mientras tanto, ya hay ciudadanos que están cobrando justicia a mano propia. Así, vimos como durante el fin de semana, dos ciudadanos venezolanos fueron acribillados en el Callao y, por otro lado, hubo otros dos que fueron brutalmente golpeados por la persona a la que le robaron una moto. Estas personas están poniendo en riesgo su vida ante la ineficacia de las autoridades.

En ese contexto, tras la declaración del estado de emergencia en los distritos de San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, 33 alcaldes distritales de Lima oficializaron un pedido para que el Poder Ejecutivo declare en emergencia a Lima Metropolitana.

Si tenemos en cuenta que el estado de emergencia declarado para los distritos de Lima Norte incluye la prohibición de las fiestas o eventos sociales y espectáculos entre la medianoche y las 04:00 a.m., no sorprendería que esta medida se expanda a todo Lima Metropolitana en caso el Ejecutivo acate el pedido de los alcaldes. Por su parte, el premier Otárola ha aclarado que esta medida no se trata de un toque de queda, sin embargo, se le parece muchísimo.

¿Será esta medida eficaz para combatir la inseguridad? Creemos que no. Para empezar, la mayoría de los delitos tales como la extorsión y los robos ocurren a la luz del día. Muchos incluso se realizan por medios virtuales y electrónicos, por lo que limitar la actividad de los ciudadanos en un horario específico no parece ser la mejor idea.

Lo más probable es que esta medida sea un rezago indeseado de la pandemia, en la que se trató de arreglar todo en base a cuarentenas, toques de queda y otras restricciones a la libertad. Lamentablemente, se acabó la pandemia del SARS-CoV-2, pero nuestros políticos siguen teniendo una pandemia mental, y mientras esta se mantenga, no explorarán nuevas opciones para combatir la inseguridad pues tienen a la mano la vieja y confiable declaratoria de estado de emergencia con su respectivo toque de queda.

Finalmente, la presencia de las fuerzas armadas en la calle puede tener cierto efecto disuasivo, pero si no se acompaña de investigaciones profundas y condenas ejemplares, la criminalidad sólo irá en aumento en tanto no se está atacando el problema de fondo.