El presidente Pedro Castillo estaría armando a su futura fuerza de choque. Esto se evidencia cuando atiende de forma selectiva la urgencia en la inseguridad ciudadana. Mientras en Lima respalda la versión del comandante PNP Raúl Alfaro de que este mal es un perjuicio sin mayor impacto y que incluso es una vitrina inflada por las parrillas periodísticas, en provincias la situación va a la inversa. Este último 11 de noviembre entregó 45 motocicletas, 15 camionetas pick up 4x4 y 3 lanchas rápidas a los ronderos de la región San Martín. Su conveniente visión descentralizada también alcanzó a las rondas de Trujillo, donde entregará 30 camionetas. Como parte de esta sintonía también permitió la influencia de una central de rondas en las políticas públicas, que se vería beneficiada incluso con un proyecto que les daría amnistías generales a sus integrantes. Y tampoco se puede obviar las incontables veces que fueron invitadas tácitamente a darle un golpe al Congreso. Esta secuencia sería la antesala de una posible asonada, ahora que el jefe de Estado está con el agua hasta el cuello por las investigaciones fiscales.
En cada crisis en su gobierno, el profesor chotano ha tenido varios descargos, entre estos dos denominadores comunes: Uno es la iracunda declaración de su supuesta inocencia y la otra es la convocatoria a los grupos —entre ellos las rondas campesinas: llamados “las fuerzas democráticas”— que deben respaldar su investidura porque fue fruto de la “elección popular”, narrativa que también calcan los intermitentes miembros de su gabinete ministerial. En sus dos mensajes a la Nación les pidió, por ejemplo, que estén atentos para ponerse en “defensa del estado de derecho”, llamado de guerra que colinda con el del premier Aníbal Torres cuando el pasado 11 de agosto les aseguró que si traían a su gente a Lima "harían arrodillar a los golpistas”.
El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, mencionó anteriormente que el gobierno venía designando funciones que no les correspondían a las rondas, que hasta fueron homologadas con las Fuerzas Armadas. En esa línea, el constitucionalista Aníbal Quiroga había apuntado que el régimen estaba empoderando "fuerzas rencorosas y fórmulas antiguas de justicia por mano propia".
Si bien es cierto el presidente prometió que en su gobierno iba a cohesionar a las rondas campesinas con la Policía, en realidad la ayuda estaría viniendo por otros frentes. Uno es el de capacitarlos y equiparlos constantemente. Y el otro es de permitirles tener injerencia en las políticas públicas. Esto pasó cuando se reconoció a la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P) —que tiene más de 1,000 bases de rondas campesinas a escala nacional— como una organización representativa de pueblos indígenas ante el Estado Peruano. Como para conciliar las sospechas, el Viceministerio de Interculturalidad les prometió poner en bandeja cuatro proyectos ley.
Estos son el número 552-201, el cual reforma la titulación de la propiedad de pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos; el 546-2021, que consiste en impulsar la coordinación intercultural de sistema jurídicos de pueblos originarios y afroperuanos con entidades del Estado, y el 552-2021 que crea el registro de pueblos dentro del sistema nacional de registros públicos. El último, que es el más polémico, es el proyecto número 588-2021, que busca garantizar la amnistía general para "los integrantes de comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas y rondas urbanas".
Este último ya es una iniciativa legislativa pendiente. Fue presentada el pasado miércoles 16 de febrero por el congresista Guillermo Bermejo. En síntesis, se darían este tipo de absoluciones para los casos de denuncia, investigación preliminar, investigación preparatoria, etapa intermedia, etapa juzgamiento, apelación, casación, hasta la etapa de ejecución de la sentencia consentida o ejecutoriada.
Parte del historial de las rondas campesinas alberga una fase loable cuando se enfrentaron contra las hordas terroristas. Sin embargo, con el tiempo esto cambió. Ahora pueden no solo realizar ejercicios deliberantes como el de castigar a una mujer por considerarla una “bruja” sino que también pueden politizarse al punto de anclarse a un gobierno con graves indicios de corrupción. Que el régimen los esté equipando no es simple casualidad.