El nombramiento de Lidia Patty Mullisaca, activista política boliviana y ex diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), como cónsul en Puno, suscita serias preocupaciones sobre las posibles implicancias de injerencia política. Conocida por su férrea persecución a opositores del masismo en Bolivia, Patty ha llevado a cabo acciones que plantean interrogantes sobre su idoneidad para un cargo diplomático. En 2020, Lidia Patty demandó a la exsenadora y expresidenta Jeanine Áñez por los delitos de "sedición, terrorismo y conspiración", lo que llevó al encarcelamiento de Áñez y dos de sus exministros. Además, denunció la supuesta implicación de autoridades judiciales y políticas en el derrocamiento de Evo Morales, lo que evidencia su tendencia a perseguir a aquellos que se oponen al régimen masista.

No se detuvo ahí. Recientemente, Patty se lanzó contra Luis Camacho, gobernante de Santa Cruz, quien fue detenido mientras protestaba contra el corrupto Evo Morales. En una acción cuestionable, la policía lo redujo y trasladó en helicóptero hasta la capital. Estos eventos plantean serias dudas sobre los métodos utilizados por la nueva cónsul en Puno y su capacidad para respetar los derechos y garantías de quienes piensan distinto.

Este nombramiento, sumado a su falta de experiencia diplomática, genera inquietud en la comunidad internacional. Según informes, Patty comenzó a trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia desde el 18 de mayo de 2023. Sin embargo, no se ha evidenciado que cuente con la formación y aptitudes técnicas necesarias para desempeñar un cargo de esta naturaleza.

Además, el salario que recibirá como cónsul, por encima de los 15.000 bolivianos mensuales (unos 7930 soles), ha llamado la atención. Mientras tanto, la Contraloría ha revelado que ella presentó su declaración jurada como funcionaria de la cartera el 24 de mayo. Estos hechos suscitan dudas sobre los procesos de selección y transparencia en los nombramientos gubernamentales.

Algunos expertos argumentan que este nombramiento responde a los intereses del gobierno de Arce de ejercer influencia política en Perú. Esta preocupación se intensifica debido a los vínculos confirmados entre organizaciones extranjeras y las manifestaciones que buscaron desestabilizar el gobierno de Dina Boluarte, tras el encarcelamiento del golpista Pedro Castillo. Parecería que el nombramiento de Patty como cónsul es un premio otorgado por su papel en el caso del "Golpe de Estado".

Es fundamental recordar que la posición de cónsul requiere una amplia preparación en la escuela diplomática, así como aptitudes técnicas sólidas. La falta de experiencia de Patty en este ámbito plantea interrogantes sobre su capacidad para representar los intereses de Bolivia en un cargo de tanta importancia.

, el exviceministro del Interior Dardo López Dolz cuestionó este extraño nombramiento, el cual buscaría, nuevamente, ser parte de las marchas desestabilizadoras del gobierno. “El separatismo siempre ha sido un arma útil para debilitar a los países. En el caso puneño viene siendo manejado desde Bolivia con fondos y operadores. (...) Además, están llegando a diario venezolanos a Tiquina, de donde Evo Morales salía en barco para cruzar el lago y entrar al Perú de manera irregular. La coincidencia no existe. Me parece una ofensa inaceptable que no se puede dejar pasar. Nunca se debió permitir que esos intentos separatistas debiliten la unidad nacional”, declaró para este diario.

Movilizaciones responderían a intereses extranjeros.)

Tal como se adelantó el día de ayer en este medio, hay varios signos que despiertan cierta preocupación por grupos de izquierda que buscan hacerse del poder a través de movimientos subversivos en lugar de hacerlo a través de las urnas.

El que calla, otorga. Ejemplo de esto es que los presidentes de izquierda electos democráticamente han guardado silencio al respecto. Es un elefante en la habitación, al menos para ellos. Pueden protestar enérgicamente a favor de sinsentidos como que el gobierno de Dina Boluarte es anticonstitucional o ilegítimo, mientras guardan silencio por estas amenazas de injerencia que atentan contra la soberanía de los países.

Lo preocupante es que no solo es Bolivia en Puno. Basta recordar que hace una semanas, dos exagentes de inteligencia que trabajaron con el ‘Gallo’ Zamora, quien se viene desempeñando como embajador en Perú, denunciaron las verdaderas intenciones intervencionistas que tendría en su rol y el papel clave que jugaría nuestro país dentro de sus planes.

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Cables desestabilizadores

El país está a punto de ser golpeado por una perturbación atmosférica que se traducirá en lluvias intensas y largas, las mismas que serán la alfombra roja para la llegada del Fenómeno del Niño. Esta situación ya estaba en las proyecciones del gobierno. Por el inusual calentamiento del mar, los primeros meses del 2023 distintas provincias sufrieron precipitaciones de gran envergadura que dejaron infraestructuras vitales y calles enteras inundadas, lo que incluso —por el letargo en el apoyo gubernamental— provocó que se convirtieran en un foco para el dengue. Por esta razón, ya con esta crisis climatológica a la vuelta de la esquina, se decidió oficializar el estado de emergencia por el plazo de 60 días. La consigna es poder dar cobertura a las zonas más propensas a ser afectadas como Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y varias más. Para esta tarea ya se vienen preparando tanto el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) como los ministerios y los gobiernos regionales respectivos.

El gobierno de Dina Boluarte materializó esta declaratoria de emergencia este jueves 8 de junio con un decreto supremo que está cifrado como Nº 072-2023-PCM. En el documento se incluyó a “varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes, que se encuentran detallados en el Anexo que forma parte del presente decreto supremo, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023-2024) y posible Fenómeno El Niño, por el plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del Muy Alto Riesgo existente".

Asimismo, precisan todas las acciones que se van a emprender para bajarle el volumen a los estragos de estas precipitaciones. Los gobiernos regionales y locales estarán en constante “coordinación técnica”, mientras que habrá un “seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). También contarán con el apoyo “del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa”.

También tomó la palabra el Senamhi. Su pronóstico es que “durante el trimestre junio-agosto 2023, las temperaturas mínimas y máximas del aire, a lo largo de la costa peruana, presentarán valores sobre lo normal”.

En este camino también entra a tallar la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), que ha tenido seis años de existencia envuelta en varias polémicas. Desde su inicio nada más tuvo una labor cuestionable cuando atendió a paso de tortuga las consecuencias de las lluvias intensas en el río Piura, que dejó 91.835 damnificados, 310.570 afectados, 17 fallecidos, 39 heridos, cuatro desaparecidos, 5.724 viviendas colapsadas, 8.469 viviendas inhabitables, 71.008 viviendas afectadas; así como 711 instituciones educativas y 195 centros de salud también afectados. Lo mismo pasa ahora con la última ola de lluvias de enero y febrero.

Todo esto se da en un contexto sanitario complicado por el brote del dengue. En la primera ola de lluvias hubo inundaciones que no pudieron ser atendidas a tiempo y esto se convirtió en una especie de zona franca para el mosquito que genera la enfermedad endémica mencionada. Ya se expuso que la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, ha sido muy pasiva frente a este problema. Y pese a esto no ha querido poner su cargo a disposición. Debe recordar que no se tratan de retos virales donde es tan válido el error como el acierto. Aquí estamos hablando de vidas humanas y tiene que enfocarse bien. De lo contrario, debe reconsiderar su presencia en el portafolio.

Un Niño peligroso

El gorrión Gorriti se queda sin padrino. Open Society, una de las ONG del infame magnate George Soros, deja el país después de más de dos décadas de actividad. En su portal web, se puede apreciar que en la región tiene oficinas operando en Haití, México, Brasil y Colombia, siendo la de Perú retirada recientemente. No es un evento que deba pasar como inadvertido, pues esta fue una de las organizaciones que financió la “Marcha de los Cuatro Suyos” impulsada por Alejandro Toledo. La información la corroboró Álvaro Vargas Llosa, en aquel entonces partidario de Toledo, afirmando que se realizó una donación de un millón de dólares a través de Yosef Maiman. El expresidente, quien actualmente está en prisión preventiva, se habría reunido con Soros en Polonia. 

Las actividades de Soros y la injerencia que ha tenido en nuestro país no son un tópico nuevo. Sin embargo, las personas que se atrevieron a abrir el debate y cuestionar la intervención de agentes extranjeros en nuestro país fueron tachadas de conspiranoicas. ¿Se puede, entonces, más de veinte años después de sus primeras actividades en el país, cuestionar por qué la mayoría de ciudadanos peruanos no cuestionaron la intromisión de Soros en nuestro país?

La noticia cae como un balde de agua fría a todas las ONG y medios periodísticos que dependían económicamente de Open Society, tales como el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys), Asociación de Servicios Educativos Rurales (SER), Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Instituto de Defensa Legal (IDL), a Proética, a la Comisión Andina de Juristas, entre otros.

Cabe destacar también que las organizaciones financiadas por Soros coincidieron en apoyar el acuerdo de colaboración eficaz con la corrupta empresa Odebrecht.

Se especula que la razón de la salida de Soros del país se debe a un proceso de reestructuración interna, decisión que se tomó en 2021. En dicho proceso, se redujeron los financiamientos y se llevaron a cabo despidos de personal, según el artículo publicado en el sitio web de Cambio16 el 16 de septiembre de 2021. Es posible que esta medida esté relacionada con la salida de Soros de Perú.

La salida de Open Society puede no sorprender tanto si tenemos en cuenta que también hace unas semanas se puso a la venta el local de IDL Reporteros ubicado en San Isidro. Este inmueble cuenta con nueve habitaciones y cinco espacios para estacionamiento, todo ello en un terreno de 496 metros cuadrados. Según el portal Buró Propiedades, se ha establecido un precio de venta de US$1'755,000 para dicha propiedad.

Este martes, en las afueras de las oficinas de IDL Reporteros, con una conducta notoriamente desesperada, Gustavo Gorriti se dirigió a un pequeño grupo de personas afines a su trabajo, entre las que destacan miembros de la CGTP, FTCCP y Frente Callao Dignidad. “Violencia y mentira caminan juntas y su objetivo es erosionar la democracia desde dentro para eventualmente conquistarla; y por eso atacan al periodismo libre y al periodismo de investigación porque, solo si logran silenciarnos, podrán lograr el imperio de la mentira”, comentó.

Resultan contradictorias estas declaraciones, si tenemos en cuenta que hace unas semanas el periodista hizo un espectáculo mediático por la aparición de una rosa blanca en la puerta de su local, la cual asumió como una amenaza de muerte. Sin embargo, su pomposo espectáculo se desbarataría cuando se descubrió que quien dejó ese presente era un ciudadano alemán afín a los ideales de la ONG.

¿Qué le espera a las ONG y medios de prensa caviares ahora que se quedaron sin financiamiento?

El gorrión Gorriti se queda sin padrino. Open Society, una de las ONG del infame magnate George Soros, deja el país después de más de dos décadas de actividad. En su portal web, se puede apreciar que en la región tiene oficinas operando en Haití, México, Brasil y Colombia, siendo la de Perú retirada recientemente. No es un evento que deba pasar como inadvertido, pues esta fue una de las organizaciones que financió la “Marcha de los Cuatro Suyos” impulsada por Alejandro Toledo. La información la corroboró Álvaro Vargas Llosa, en aquel entonces partidario de Toledo, afirmando que se realizó una donación de un millón de dólares a través de Yosef Maiman. El expresidente, quien actualmente está en prisión preventiva, se habría reunido con Soros en Polonia. Las actividades de Soros y la injerencia que ha tenido en nuestro país no son un tópico nuevo. Sin embargo, las personas que se atrevieron a abrir el debate y cuestionar la intervención de agentes extranjeros en nuestro país fueron tachadas de conspiranoicas. ¿Se puede, entonces, más de veinte años después de sus primeras actividades en el país, cuestionar por qué la mayoría de ciudadanos peruanos no cuestionaron la intromisión de Soros en nuestro país?

El zarpe de Soros

Un mensaje oportuno de las filas patriotas para estos tiempos convulsos: un reconocimiento a nuestros héroes peruanos Miguel Grau y Francisco Bolognesi. En el primer caso, respectivamente, el gobierno decidió poner las cuentas claras declarando al Caballero de los Mares como un precursor del derecho internacional. El anuncio no está encriptado, es nítido: un marino de guerra tiene tanto acceso a los Derechos Humanos como cualquier otra persona e inclusive puede ser un representante de estos. Sobre el homenaje al Héroe de Arica, se dio con la recuperación de sus charreteras en una fecha significativa, el 5 de junio. Ese mismo día, hace 143 años, el militar había articulado su inmortal frase ante los emisarios chilenos: “Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho”.

Durante su intervención en la ceremonia por el Día de la Respuesta y el Honor Nacional, realizada en la Escuela Militar de Chorrillos, el ministro de Defensa Jorge Chávez Cresta, destacó la valentía y temple de Bolognesi, quien no cedió ante la adversidad y entregó la vida por el país. “Qué mejor que recibir las charreteras un 5 de junio, institucionalizado como el Día de la Respuesta y del Honor Nacional. Esta mañana celebramos una acción que trasciende en el tiempo, una lección de valor, de fortaleza y de entrega”, declaró. Ojalá el ministro hubiese hecho respetar ese honor nacional con el izamiento de la bandera en Puno, pero ya sabemos de sus medias tintas y de sus sinuosas fidelidades.

Este evento se realiza poco más de un año después de que el gobierno de Chile, a través de su subsecretaría de Relaciones Exteriores, devuelva las charreteras del insigne coronel y los portalones de la corbeta Unión, ambos símbolos importantes de la Guerra del Pacífico.

Posteriormente, el comandante general del Ejército hizo entrega de las réplicas del sable de Bolognesi a los comandantes generales de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea, así como al jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional.

En lo que respecta a Miguel Grau, recientemente se aprobó la ley N° 31765, en la que se reconoce al Caballero de los Mares como precursor del derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados en el mar, por su accionar en la campaña naval de la guerra del Pacífico, respetando la integridad y vida humana del adversario, diferenciando al combatiente del no combatiente y evitando la pérdida innecesaria de vidas humanas.

Esta ley busca también ir contra la narrativa de los últimos años en materia de Derechos Humanos, pues se suele asociar este concepto con las muy cuestionables instituciones internacionales. Entre ellas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que está orientada ideológica y políticamente a la izquierda, tratando de inmiscuirse en asuntos de los países y deslegitimando a sus autoridades.

Asimismo, hace unas semanas, se inauguró un busto de Miguel Grau, en la sala del Congreso que lleva su nombre. “No se puede entender a Grau sin su paso por el Congreso, el respeto a la Constitución, a la ley, y su disposición por salir del Parlamento para defender la patria en uno o más combates”, comentó en ese entonces el presidente del Congreso José Williams Zapata. No es para menos el homenaje, dado que su escaño sigue ocupando un lugar en el hemiciclo, y su nombre es mencionado en cada sesión del Pleno como un símbolo de respeto y un ejemplo de valentía.

Estos homenajes a grandes héroes contrastan con la realidad actual de la política en nuestro país, donde la clase política no tiene como eje principal la defensa y honra del país.

La ignorancia no es una excusa para actuar delictivamente, como algunos “analistas políticos” trataron sutilmente de argumentar durante el gobierno corrupto de Pedro Castillo.

El propio Grau aceptó humildemente que carecía de conocimiento en usos parlamentarios. Sin embargo, durante su tiempo como diputado, presentó iniciativas para reorganizar el Ministerio de Guerra y Marina, así como también en otros temas relacionados a la defensa del país.

Resulta difícil creer que hace poco más de un siglo, había ilustres personajes que, sin importar su acomodada posición social o su avanzada edad, decidieron dejarlo todo para servir a su patria en uno de los momentos más críticos de su historia. Personajes que, sin importar el abandono del gobierno, la diferencia armamentística o la proporción de sus tropas, entregaron todo en el campo de batalla.

Que nos sirva pues, la remembranza de estos héroes, que no es imposible ni inalcanzable una realidad diferente, con referentes que prefieran la entrega antes de la avaricia, el bien común por encima de los intereses personales y la defensa de la nación por encima de la corrupción.

Tributo a nuestros héroes 

La última carta de los artífices de la violencia para llamar la atención es un gesto de profanación del que ya no se vuelve: atacar a los símbolos patrios. Desde Puno, otra vez, los dirigentes de las organizaciones que quieren tumbarse al gobierno de Dina Boluarte y liberar-reponer al golpista Pedro Castillo, entre otras urgencias sin pies ni cabeza, han amenazado con no permitir el izamiento de la bandera del Perú el próximo 7 de junio, día en el que se homenajea a este emblema nacional. En su lugar, quieren poner una bandera de color negro en referencia a los fallecidos que hubo durante la última ola de protestas. Anteriormente, en el mismo departamento, específicamente en la ciudad de Desaguadero, ya pusieron en práctica este ejercicio de corte apátrida. Una turba se había filtrado en una ceremonia de las Fuerzas Armadas (FFAA) y frenó el alzamiento de este ícono. Esta consigna sería la antesala de una secuencia de acciones sin límites para poner en jaque a un país que todavía trata de recuperarse de un régimen que fue como un hachazo sobre la ciudadanía. Todo esto a puertas de la posible Tercera Toma de Lima en julio.

Desde que Pedro Castillo fue vacado y encerrado por quebrar el orden constitucional, Puno se declaró en insurgencia. En este medio año —contabilizando desde el 7 de diciembre del 2022— han seguido coordinando nuevas tácticas para derrumbar a todas las autoridades políticas: piquetes de menor a mayor intensidad. Y en esta ruta, han desarrollado en paralelo una maniobra simbólica que recuerda a las de células terroristas como Sendero Luminoso (SL). Hablamos del ultraje a los símbolos patrios.

“El día de la bandera (este miércoles 7 de junio) vamos a izar nuestra bandera negra como duelo, en honor a los hermanos caídos y no vamos a permitir. Prácticamente nos han declarado la guerra”, dijo una pobladora para el Diario La República.

Esta amenaza también fue extendida en Radio Nacional, donde los dirigentes puneños oficializaron su medida de fuerza para enrostrar al gobierno, a las FFAA y a la Policía Nacional del Perú, estos dos últimos encargados del levantamiento del ícono.

Pero este no será su primer ensayo. El pasado domingo 16 de abril, un grupo de manifestantes aimaras en Puno obstaculizó el izamiento. Esto fue en la Plaza de Armas de Desaguadero. Irrumpieron en una ceremonia de un batallón de militares, tomaron la cuerda que sujetaba la bandera y cortaron de plano el acto patriótico.

La justificación fue surreal: el Ejército no había pedido permiso. De acuerdo con su versión, los uniformados debían coordinar con ellos. Asimismo, indicaron que la milicia había roto la costumbre de la localidad de ejecutar el levantamiento a las 10 de la mañana. Esa vez se hizo a las 8 de la mañana. Los uniformados, que una vez más fueron sitiados, tuvieron que retirarse en un portatropas con la banda de músicos que habían llevado.

Ante estos amedrentamientos, el gobierno de Dina Boluarte decidió ampliar el estado de emergencia en Puno —que inició el pasado 7 de febrero— por 60 días más. Esto permitirá alargar el trabajo de las Fuerzas Armadas, que tendrá el apoyo de la Policía Nacional, para mantener el orden interno y así proteger "instituciones públicas o privadas y/o instalaciones estratégicas vinculadas con la explotación o transporte de recursos naturales y/o vías".

Todo esto se da además en el marco que vienen puliendo los violentistas para su vigente amenaza: la Tercera Toma de Lima. En la primera edición, con la caída del golpista todavía fresca, el panorama fue caótico, a tal punto que se terminó incendiando la Casona Marcionelli, en la Plaza San Martín. La segunda vez, sin embargo, fue una muestra de su fragilidad: no tuvieron convocatoria. Además, el Centro Histórico de Lima ya había sido declarado zona intangible.

No es casualidad este tipo de operaciones. Este sector de la izquierda radical ya tuvo en la perulibrista Nieves Limachi el primer intento de darle un golpe a la bandera rojiblanca convirtiéndola en una multicolor.

Este atentado contra un símbolo patrio es un ataque directo contra la identidad nacional. El gobierno debe recordar que no se trata solo de poner barreras legales. Hay una generación, sobre todo en Puno, que está cayendo en este adoctrinamiento. Es hora de que rompan de raíz esta permanente asonada.

Símbolos patrios en peligro

El caso Sada Goray viene siendo explotado para direccionar convenientemente falsas responsabilidades. Algunos medios periodísticos están tratando de equiparar el rol del periodista Mauricio Fernandini con el del abogado Gonzalo Zegarra. Han decidido criminalizar la asesoría del segundo, respectivamente, a MarkaGroup, empresa implicada en la investigación, cuando el primero, que pasó de la negación a la confesión, fue el intermediario del delito: puso su casa en alquiler para que se oficializara el pacto subrepticio entre Goray y Salatiel Marrufo, entonces jefe de asesores del Ministerio de Vivienda, que venía liderando Geiner Alvarado. Por un millonario monto reformularon el directorio del Fondo MiVivienda y esto ante el servicial silencio de Fernandini, quien terminó convirtiendo a su inmueble en un centro de operaciones y hasta recibió un pago exorbitante por su camaradería. Llama la atención que cierto sector de la prensa busque superponer a Gonzalo Zegarra sobre Mauricio Fernandini, siendo este último uno de los partícipes confesos de esta supuesta red de corrupción. El contraste evidencia la gran distancia entre las acciones ejecutadas entre el periodista y el abogado. Aquí más sobre esta ruta.

La secuencia de Mauricio Fernandini inició con el señalamiento de Salatiel Marrufo. El exfuncionario lo implicó en este círculo de fuego que se había apoderado de un sector del Ministerio de Vivienda. El periodista lo negó. Esto supuestamente por orden de su prima Pilar Tijero (de acuerdo a una columna de Fernando Vivas). Pero al final, ya con la justicia respirándole la nuca, decidió cantar la verdad. "[Observé] que salía de mi casa Salatiel Marrufo cargando un maletín color tabaco, quien se retiró rápidamente. En ese momento presumí que Marrufo llevaba en su maletín dinero que había subido a mi departamento Sada Goray, y que ya ellos habían coordinado antes de llegar a mi domicilio", confesó.

Fernandini aseveró además que recibió 15 mil soles por la cesión de su departamento y no 10 mil soles como en un inicio había señalado. Asimismo, reveló el pago de 80 mil dólares como parte del llamado “bono de éxito”. Es decir, por haberse materializado la movida en el Fondo MiVivienda.

En contraste, tenemos a Gonzalo Zegarra Mulanovich, quien recientemente viene siendo señalado como uno de los principales responsables por algunos programas periodísticos. La carrera de Zegarra ha estado vinculada principalmente al rubro de asesorías, gestión de crisis y coaching. También ha sido director de Semana Económica más de una década. Y ahora último venía siendo columnista de El Comercio —espacio donde siempre criticó el gobierno corrupto de Pedro Castillo— y fue en su momento el conductor del programa Enfoques Cruzados en Canal N.

Conforme se desarrollaron las investigaciones en torno a una presunta organización criminal que operaba en el ministerio de Vivienda y que involucraba a Marka Group, empresa a la cual asesoraba, Zegarra optó por renunciar a la conducción del programa Enfoques Cruzados. Ya en un contexto algo alborotado, el abogado asegura que le comunicó a Gilberto Hume, director periodístico de Canal N, que a pesar de que asesoró a Marka Group, este vínculo ya había concluido. Asimismo, resaltó que nunca fue presidente del directorio y que tampoco tomó decisión alguna como parte de la empresa.

Poniendo ambas figuras en una balanza resulta difícil creer cómo se ha equiparado a Mauricio Fernandini con Gonzalo Zegarra. Fernandini ha sido parte fundamental en esta supuesta organización criminal. Inició las conversaciones con el entonces ministro de Vivienda Geiner Alvarado a través de Salatiel Marrufo. Prestó su domicilio para las reuniones, cobró grandes cantidades de dinero para facilitar estos encuentros, donde se movió dinero sucio para beneficiar a la empresa y pagar coimas a Pedro Castillo. Esto último fue gravitante, ya que sirvió para presionar al Congreso de votar a favor de la vacancia de Castillo que se discutía en la tarde del mismo día (7 de diciembre del 2022); aunque tuvo como consecuencia la presión para que el presidente diera un golpe de Estado antes de que eso pasara. Existen graves acusaciones contra un periodista en funciones y una forzosa vinculación a un ex asesor de la empresa, quien, a día de hoy, no se ha visto involucrado directamente con los movimientos corruptos. La prensa debe servir para esclarecer, para informar y no para manchar impunemente para relativizar las acusaciones de un periodista acusado de grave corrupción.

El verdadero culpable 

Los últimos meses Perú viene desarrollando distintos entrampamientos: uno de los más pronunciados es el de no poder llamar por su nombre a los violentistas ni a los terroristas. Los artífices de esta limitación —apañada por los operadores de la izquierda— son las organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que bajo el halo de la conciliación quieren disimular su parcialidad, la misma que roza una peligrosa complicidad. Por esta razón, el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, quiere patear el tablero y liberarnos de estas intromisiones. Para esto tiene que formular una denuncia ante la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esta ruta natural podría también llevarse de encuentro los informes sesgados que han venido compartiendo Human Rights Watch y Amnistía Internacional. El parlamentario aseguró que no es una antípoda de los derechos humanos, primordiales para la convivencia, sino que está en contra de que estos sean instrumentalizados para confundir a la ciudadanía poniendo a los villanos como los héroes de esta historia. Un botón: la última ola de violencia en Perú.

No es la primera vez en la historia peruana que la CIDH actúa de esta manera. Recordemos que las acusaciones por “asesinatos extrajudiciales” fueron el mismo argumento que se usó en su momento para condenar a Fujimori por los casos de La Cantuta y Barrios Altos. Una situación similar pasa el día de hoy con la actual mandataria Dina Boluarte. Al igual que en el caso de Fujimori, hoy en día estos organismos demuestran ser parcializados y tienen como fin atacar al Estado peruano.

Lo cierto es que frente a esta clara injerencia hay una reacción por parte del partido Renovación Popular. La bancada del Congreso, bajo la batuta del almirante Jorge Montoya, presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo que el Perú salga y denuncie a la Convención Americana de Derechos Humanos. La justificación es clara: no se puede permitir que sigan metiéndose en la soberanía del Perú.

“El paso de una fase a otra implica irreversibilidad. Por consiguiente, para acabar con la injerencia perniciosa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la corte (que en conjunto conforman el sistema), es necesaria la denuncia total”, menciona el texto. Posteriormente hace mayor énfasis en las nefastas consecuencias que ha generado ser parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) sobre el sistema de justicia peruano. “EI Estado peruano no requiere ser tutelado jurisdiccionalmente por un órgano extranjero, supranacional, que no está sujeto a ningún tipo de controles funcionales y de calidad, sin posibilidades impugnatorias y de contradicción. Este tratado internacional y sus órganos derivados han devenido en un moderno colonialismo jurídico, sobre los países latinoamericanos, con efectos invasivos en el sistema de justicia y que afectan el derecho a la libre determinación de los pueblos”, expresan.

El almirante Jorge Montoya, organizador principal del proyecto, afirmó que el SIDH está en crisis actualmente y que está ideologizado. “EI Sistema Interamericano de Derechos Humanos se encuentra en crisis y desgaste por sesgo ideológico (…) Su defensa de los derechos fundamentales se ha desvirtuado y como órgano supranacional, ha sido capturado ideológicamente por ideas marxistas, habiéndose politizado profundamente, lo que ha desvirtuado su esencia de jurisdicción”, recalcó.

Este proyecto aún no se ha votado ni debatido. Será una decisión clave por la defensa de la soberanía la que el Parlamento tendrá en sus manos. Ojalá la mayoría de los congresistas estén a la altura de la situación, pues las críticas internacionales no se harán esperar si es que se aprueba dicha propuesta.

Proyecto contra la injerencia

Después de negar más de una vez el crimen, el peso de la culpabilidad lo carcomió y terminó confesando. Hablamos de Mauricio Fernandini, el periodista que acaba de ponerse a raya con la justicia para contar todos los pormenores sobre la red criminal que se había enquistado en el Ministerio de Vivienda. Sus revelaciones ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) no solo son sobre su papel, sino también sobre el rol que tuvieron el entonces jefe de asesores del portafolio mencionado, Salatiel Marrufo, y también otros personajes como la misma investigada Sada Goray y hasta soltó un dato que podría llevarse de encuentro a Andrés Hurtado, conocido como Chibolín. El que fuera conductor de RPP contó incluso que le dieron un millonario bono por su participación, uno de los tantos hechos que lo pondrían al margen de la pena privativa de la libertad.

Ya bajo la figura legal de confesión sincera, Fernandini expuso toda la secuencia.

Primero habló de su encuentro con Marrufo, el que ya era investigado por ser integrante del Gabinete de la sombra. “(Lo) conocí porque Geiner Alvarado me contactó con él. Y el 3 de agosto de 2021, Marrufo me invitó al restaurante Choza Náutica, ubicado en la cuadra 6 de la avenida Aramburú (San Isidro). Me contacto con él porque la señora Pilar Tijero Martino, que es mi prima, desde el 29 de julio de 2021 me pedía con insistencia que la ayude con algún contacto en el Ministerio de Vivienda”, dijo.

Oficializado el contacto con el operador del Estado, su prima le presentó a Goray, en el club El Bosque, en Surco. Tan fluida fue esta relación que la misma empresaria lo llevó luego a Lambayeque para mostrarle el proyecto Chiclayo Bonito de Marka Group.

Fue así que llegó el segundo encuentro con Marrufo, esta vez en su mismo domicilio. “El mismo 3 de agosto de 2021 le comuniqué a Pilar Tijero que me había comido un ceviche con Salatiel Marrufo (...). Muy contenta (me señaló) que le pediría que la reunión fuera en mi casa, en Conde de la Monclova 363, San Isidro. (...) Es así que el 6 de agosto de 2021 se dio la reunión desde las 2 p.m. hasta las 10 p.m., donde mi persona estuvo de espectador. (...) Cuando se fue Marrufo, mi prima me dijo: ‘Sada (Goray) va a estar agradecidísima contigo’”.

El nexo estaba listo para dar el siguiente paso: el contacto entre Goray y Marrufo. Para esto la primera le ofreció un pago de S/ 10.000 a Fernandini para que pusiera su predio a disposición. Aceptó. Todo esto es parte de la confesión del periodista

“Entre el 20 y 30 de agosto de 2021, mi prima (Pilar Tijero) me llamó y me dijo que quería hacer una reunión en mi departamento con Salatiel Marrufo y que Sada Goray quería reunirse en mi casa, precisando de manera incómoda que cuál es la necesidad que yo participe. Indicándome que no sea malagradecido por los S/10.000 que venía recibiendo, pidiéndome que me quedara a almorzar junto con ellos. Aceptando la propuesta para que sea almuerzo en mi casa”, apuntó.

“Goray”, cuenta Fernandini, “le decía a Marrufo que habían presentado un expediente al Ministerio de Vivienda para, además de ser la constructora de las viviendas sociales, pretenden ser las financieras de las mismas viviendas. (...) Escuché que Salatiel Marrufo le dijo que revisará el tema y vería cómo ayudarla”. Luego, en otra cita, Marrufo le exigió S/4 millones a la empresaria para cambiar a los directores del Fondo Mivivienda.

“A inicios de septiembre de 2021, mi prima Pilar Tijero me dijo que debía acompañarlos a una cena en el restaurante La Cuadra de Salvador. Primero llegó Sada Goray y (luego) Pilar Tijero, para después llegar yo. Pasamos a un (salón) privado del restaurante. (...) Llegó Salatiel Marrufo momentos después, (quien dijo): ‘Tengo la solución. Tendrían que poner a directores de su confianza para que los directores voten a favor y no en contra’. Salatiel Marrufo dijo que estaba en condiciones de cambiar al directorio si es que tienen (Goray y Tijero) a profesionales calificados. En ese instante, Salatiel Marrufo les dijo: ‘Esto les va a costar cuatro millones de soles’”.

Esta es la versión del periodista sobre esta fase: “Entre el 20 y 21 de septiembre de 2021, recibí la llamada de mi prima Pilar Tijero y me dijo: ‘Marrufo ya no me contesta el teléfono”, diciéndome que: ‘Ya le dimos la plata’. Expresándole que ese era un tema entre ellos. (...) El 29 de septiembre de 2021, me (volvió) a llamar mi prima y me dijo que habían hablado con Salatiel Marrufo y que ya se publicaría la resolución de designación de los directores del Fondo Mivivienda que ella había propuesto”.

Y esto puede comprobarse con los movimientos en MiVivienda. El 30 de septiembre, se nombró a Pedro Arroyo como presidente, y a Roger Gavidi Johanson y Gonzalo Arrieta Jovic como directores. Incluso Fernandini recibió un bono de 80.000 dólares como premio.

Estos descargos le vienen dando cuerpo a toda la versión de Salatiel Marrufo sobre esta red criminal. Habló el mismo 7 de diciembre, minutos antes de que el golpista, muy nervioso, decidiera dar un golpe de Estado. Pero no le salió y ahora está encerrado, aunque sus operadores siguen en las calles. Después de esta secuencia expuesta, ¿Seguiremos pensando que tuvimos un régimen impoluto y que el profesor chotano fue vacado por racismo?

Una sofocante confesión 

El último martes 30 de mayo se llevó a cabo la Cumbre Sudamericana. Este evento congregó a los mandatarios de América del sur. Sin embargo, una ausencia que se notó fue la de Dina Boluarte. La actual presidente peruana no participó tras estar señalada por diversos organismos internacionales de haber cometido genocidio y asesinatos extrajudiciales. Curiosamente, en el evento sí estuvo presente Nicolás Maduro, en cuyo régimen se han llevado a cabo fuertes violaciones contra los Derechos Humanos según la propia CIDH. Por otra parte, fue claro el desprecio de la mayoría de los mandatarios de la región al premier Otárola, quien asistió supliendo a Boluarte. Las únicas excepciones son Guillermo Lasso, mandatario ecuatoriano y el joven presidente chileno Gabriel Boric. Ambos han demostrado que buscan fortalecer lazos con el Perú a pesar de todo el cargamontón internacional que padece hoy en día el gobierno.

Por su parte, la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente, comentó hace algunos días que Boluarte debe tomar el mando de la Alianza del Pacífico de forma pro tempore. Recordemos que el presidente mexicano AMLO no quiere darle dicho liderazgo a la líder peruana.

“Nosotros creemos que, efectivamente, la presidencia pro tempore le corresponde al Perú. Abogamos porque haya un entendimiento en nuestros países que permita que, efectivamente, eso se allane de la mejor manera posible”, señaló la funcionaria del gobierno de Boric.

Asimismo, instó a los ejecutivos de México, Colombia y Perú a reforzar el diálogo con el fin de llegar a mejores acuerdos y de ese modo ver un mejor futuro a nivel regional. “Entendemos que ahí hay un desafío importante que hacer y más nos corresponde que, por supuesto, me pronuncie desde el gobierno de Chile”, sostuvo.

Por su parte, el régimen del mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso no se quedó atrás en su respaldo al gobierno peruano. El premier Alberto Otárola logró reunirse con la delegación ecuatoriana en la cumbre sudamericana. Posteriormente, a través de un comunicado del Consejo de ministros, se señala que Lasso vendría al Perú con miras de aumentar los acuerdos binacionales. “Lasso expresó su interés de realizar una visita a Perú en el corto plazo para generar más acuerdos binacionales entre ambos países hermanos”, menciona el comunicado. Asimismo, el presidente ecuatoriano respaldó que Dina Boluarte asuma la presidencia de la Alianza del Pacífico.

Sin embargo, en el evento no faltó la crítica de un enemigo acérrimo de la presidente peruana. Su homólogo Gustavo Petro no perdió la oportunidad para volver a cuestionarla y el premier Otárola le respondió contundentemente.

"Bueno nosotros hemos sido muy claros con Colombia, después que el señor Petro se volviera a referir al Perú (…) Le pedimos que en homenaje a los miles de caídos tanto en Colombia como en Perú deje de referirse de esa manera a nuestro país y respete el derecho a la paz y la tranquilidad que hemos ganado. Toda persona que agreda los altos intereses del Perú va a tener que responder", señaló el primer ministro.

En este sentido, parece que Ecuador y Chile serían los países que por el momento vienen apoyando y buscando aumentar sus vínculos con el mandato de Boluarte. En el último evento Alberto Otárola ha logrado volver a incluir al Perú dentro de la órbita internacional, según declaró. Habrá que esperar para ver si Petro hará caso a la advertencia del premier y si prosperan las negociaciones con Quito y Santiago.

¿La triple Alianza?

El nuevo intento de derribar a las instituciones democráticas como el Ejecutivo y el Congreso provocará un duro golpe a la economía. Las pérdidas serán millonarias. Pese a este peligroso desenlace, los violentistas siguen aferrados a sus exigencias como la liberación-reposición del golpista Pedro Castillo, unas nuevas elecciones y también una asamblea constituyente. La consigna de estos personajes, la mayoría de Puno, es darle una estocada a nuestras autoridades políticas con la Tercera Toma de Lima, que ya la fecharon para julio. Para tal fin han decidido adelantarse con un “Paro Seco”, medida introductoria puesta en marcha este martes 30 de mayo para atraer a la masa más proclive a caer en sus redes. Tanto la presidenta Dina Boluarte como la Cámara de Comercio de la región mencionada ya advirtieron que perjudicarán al país económicamente, pero hacen caso omiso. Y a esto debemos agregar que también están en peligro distintos puntos estratégicos como aeropuertos y sedes judiciales, y por supuesto también las personas que se abstienen de estas manifestaciones, atacadas por los artífices de esta revuelta.

La primera mención sobre este estrago en la economía vino desde Villa El Salvador, en voz de la mandataria. “Cuando las manifestaciones, válidas y amparadas por la Constitución, son pacíficas, bienvenidas; pero la violencia, ¿qué genera la violencia? Sube el costo de vida y los pasajes, no hay productos en las calles ni transporte, no hay nada. Y por un día, el Perú y el Gobierno pierden millones de soles, al igual que los privados”, apuntó después de presentar un comedor popular en este distrito. Luego, agregó: “Es importante que nos mantengamos en un diálogo constante con tranquilidad, calma y paz, porque solo de esa manera podemos avanzar (...) “Como peruanos, tenemos que entendernos con un solo abrazo, porque debemos empujar el carro del Perú para adelante”.

Pero esta cohesión jamás se dará. Desde que el profesor chotano ejecutó su fallido golpe de Estado, y sobre todo desde que fue vacado y después llevado a prisión preventiva por la flagrancia, distintas organizaciones —los mismos que llevaron al exsindicalista al poder— usaron esto como excusa para salir a las calles a generar el caos. Y luego, cuando hubo fallecidos, solo encontraron otra coartada más para intensificar sus maniobras. El futuro inmediato no tiene aires de conciliación, volverán porque ahora se sienten blindados por los informes internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Sin olvidar las movidas largoplacistas de Guido Croxatto y Eugenio Zaffaroni, los abogados del exmandatario, y la reciente amenaza de Manuel López Obrador, presidente de México, sobre que pronto Naciones Unidas meterá su cuchara. Y todo esto podría generar una inestabilidad en nuestro sector más estable: la economía.

Y ante esto también tomó la palabra la Cámara de Comercio y Producción de Puno (CCP). En un informe aseguró que entre enero y febrero de este año hubo pérdidas económicas de 295 millones 893 mil soles, aproximadamente, lo cual representa 5 millones de soles por día. Los sectores que más sintieron esta recesión fueron la minería, el turismo, las exportaciones y la acuicultura. Y hasta los empresarios sufrieron un grave perjuicio: el 50% de los negocios formales quebraron.

Se supone que la Tercera Toma de Lima solo era una ficción. El premier Alberto Otárola había asegurado que no se iba a concretar porque la presidenta Boluarte iba a evitarlo. La promesa al final cayó en saco roto. Y aunque la Defensoría del Pueblo muy diplomáticamente exhortó a que la manifestación sea tranquila —un poco más y pide tan ingenuamente que solo sea un picnic masivo—, lo cierto es que todos volverán a mimetizar con el credo de la congresista izquierdista Sigrid Bazán: "La protesta pacífica no genera cambio". La amenaza está activa.