La política peruana atraviesa un nuevo punto de ebullición tras la prisión preventiva dictada contra el expresidente y golpista Martín Vizcarra. Lejos de significar un cierre, la medida ha reabierto viejas heridas y expuesto, una vez más, la fragilidad de nuestro sistema frente a figuras que hicieron del poder un ejercicio de cinismo y manipulación.

En este escenario, El Reporte dialogó con uno de los periodistas que más de cerca ha seguido su trayectoria: Carlos Paredes. Con la autoridad de quien ha investigado cada pliegue del “Lagarto”, Paredes desnuda las redes ocultas que sostuvieron su ascenso y advierte sobre los movimientos que, incluso desde la sombra, Vizcarra podría intentar en el futuro.

–¿De dónde sale el apodo del Lagarto? ¿Venía desde Moquegua?

Sí, cuando escribí el libro El perfil del Lagarto, viajé a Moquegua y tuve la oportunidad de hablar con un primo de Vizcarra. Este me confesó que el único que había heredado esa vena política de su padre –que, como sabemos, fue dirigente del APRA por mucho tiempo en el sur– era Martín Vizcarra. También me dijo que le decían el Lagarto no solo porque tenía cierto parecido físico, sino sobre todo porque era de sangre fría y un gran calculador.

–Y esa personalidad de reptil es algo que lo ha demostrado a lo largo de su ejecutoria pública…

Desde que empezó en el Estado. Junto a su padre, en el primer gobierno del APRA, en el proyecto Pasto Grande, fue donde se inició políticamente. Y también donde empezó la corrupción. Pero no queda ahí. En la pandemia también lo demostró, con el cinismo con que cambiaba las cifras. Y ahora lo hemos visto esta semana frente al juez Jorge Chávez Tamariz. Es casi un rasgo patológico decir que nada de lo que el fiscal Germán Juárez Atoche ha recolectado en ese voluminoso expediente judicial es cierto. Dijo que todo era mentira. ¿Se puede ser más descarado?

–Respecto a la prisión preventiva de cinco meses, ¿es poco?

Sí, pero yo creo que es un punto de inflexión. El juez Chávez Tamariz entendió bien que se trataba de un desobediente de las reglas de conducta que la justicia le había impuesto, porque está procesado por cargos gravísimos de corrupción. Es inminente una condena de al menos 15 años. Analicemos un poco el presente: Vizcarra incluso armó un expediente junto a su abogado para supuestamente acreditar arraigo laboral, y todo lo hizo falseando información. Eso lo demostró el fiscal. La empresa que lo contrata es de sus hijas y de su esposa. No firma el contrato la representante legal, que es la esposa, sino una asistenta de su abogado. Además, la empresa no tenía ingresos hasta fines de junio del año 2025. Entonces, ¿cómo es que le iba a pagar a Vizcarra consultorías si no tenía un solo centavo de ingresos? ¿Quién pone esa plata? Eso demostraba que todo era una treta para engañar nuevamente a la justicia. Por eso el juez entiende el peligro y da cinco meses, porque calcula que en ese tiempo acabará el juicio oral y se dictará la sentencia.

–Estuvo en la selva por Leticia hace no mucho.

Sí, en un acto populista, irresponsable.

–Pero, digamos, tenía un libre tránsito bastante amplio. Él pensaba que seguía en campaña prácticamente.

Sí, él sigue en campaña, aun sabiendo que no puede postular a ningún cargo público. Lo que quiere es que su partido vaya a las elecciones del próximo año. Si logra meter un número considerable de diputados y senadores, ya tendría una bancada propia internamente. Esto le serviría para poder negociar las condiciones de su prisión. Eventualmente, si tiene fuerza, podría pedir una amnistía del Congreso. Y si exageramos –porque en el Perú cualquier cosa puede pasar– hay que estar atentos: Vizcarra ya cambió de eslogan. Ya no dice “Martín Vizcarra”, dice “M. Vizcarra”. Recordemos que su hermano es Mario Vizcarra, quien ha salido estas últimas horas a dar la cara. En un caso extremo de nuestra política kafkiana, si Mario gana las elecciones, se hace presidente e indulta a su hermano.

–Es una carpeta bastante fuerte, muy contundente.

Sí, es el único caso de corrupción al más alto nivel que yo conozco, donde la coima se dio con factura. Me refiero a la avioneta, el avión chárter que pidió Vizcarra que le contratara Obrainsa para llevar una delegación boliviana de Lima a Ilo y viceversa. Existe el correo electrónico de Vizcarra no solo dando la relación de pasajeros, sino que abajo adjunta la frase clave: “a cuenta de lo pactado, a cuenta de lo conversado”. Lo conversado era la coima de 1.300.000 soles para darle la buena pro a Obrainsa, a pesar de que había ganado en buena lid el concurso con la participación de UNOPS. Aparte, hay geolocalización de los teléfonos y testimonios de seis personas. Hasta se ha probado cómo se sacó la plata en efectivo para luego entregarla en sobres. Hay un montón de evidencias disponibles. Pero claro, solamente Vizcarra, su abogado y Rosa María Palacios dicen que solo se le ha probado medio delito.

–Si bien hay un montón de pruebas fuertes en contra de Vizcarra, la justicia sí se ha demorado un poco. ¿Qué ha hecho Vizcarra o cómo ha manipulado la justicia?

Recuerda que cuando aparece como candidato a la primera vicepresidencia en la fórmula de PPK, saltaron sus 40 denuncias en Moquegua, pero todas fueron archivadas. Pero no solo eso: cuando viajé a Moquegua a reconstruir un poco el pasado político de Vizcarra, me encontré con varios expedientes, incluidos los dos temas emblemáticos que se están juzgando ahora. Ya habían sido consultados por la prensa. De hecho, hablando con varias fuentes, una me dice: “¿para qué vienen acá a pedirnos información si nunca van a publicar?”. Esta fuente me contó que en el año 2016 había venido un equipo de investigación del programa Cuarto Poder de América. La fuente les dio todo: videos, documentos. Nunca publicaron nada. Efectivamente, había ido un periodista, Eduardo García, quien encontró esa documentación. Sin embargo, lo reportó a su jefe de la unidad de investigación, Carlos Castro, y este a su vez a Clara Elvira Ospina, pero ella dijo que era un refrito, que ya estaba archivado.

–Vizcarra tenía un gran blindaje, entonces.

Por supuesto. Clara Elvira Ospina, que hasta ahora sigue blindándolo a través de La República o de Epicentro. Yo me pregunto: ¿es simplemente autocensura, descuido, o qué razones hay detrás para blindar a Martín Vizcarra?

–¿A qué cree que se debe ese silencio de la prensa tradicional con Vizcarra? ¿Qué favoritismos o encargos pudieron suscitarlo?

Creo que hay varias explicaciones. La primera es la clásica: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Recuerda que Vizcarra, después de pactar con Keiko Fujimori para traicionar a Pedro Pablo Kuczynski, toma la presidencia tras la renuncia de este. Después traiciona a Keiko Fujimori y se convierte en el enemigo encarnizado del fujimorismo. Entonces, todos los antifujimoristas se hicieron aliados de Vizcarra. Por lo tanto, lo blindaron editorialmente. Esa es una explicación. La otra tiene que ver con la publicidad estatal. La República, por ejemplo, se benefició de manera obscena durante el gobierno de Vizcarra.

–Ahora, y yéndonos a un caso que no hemos mencionado todavía, el de la vacuna, que todavía no ha tenido ningún tipo de juicio.

Ni siquiera se está investigando. Es una vergüenza. Vizcarra está con prisión preventiva por dos millones trescientos mil soles que exigió y cobró en partes a dos consorcios que hicieron obras en su gobierno regional. ¿Pero sabes cuánto dinero gastó el Estado solo en 2020 con la pandemia? Imagínate: cuando Vizcarra disuelve el Congreso de manera absolutamente inconstitucional, a fines de septiembre del 2019, se queda solo, en la práctica un dictador, gobernando sin equilibrio de poderes a punta de decretos de urgencia. Ni el Congreso, ni la Contraloría, ni la Fiscalía, y ni siquiera el periodismo se atrevieron a investigarlo. El único ha sido Alfonso Baella Matto, quien acaba de publicar un libro analizando ese periodo. Por eso digo: lo de Moquegua es una migaja, comparado con lo que hizo el Lagarto en la pandemia. Imagínate, fue tan irresponsable que no pagó en septiembre de 2020 la primera cuota a Pfizer, como sí lo hicieron nuestros países vecinos. Por ello no tuvimos vacuna. Recién llegaron en marzo o abril, pero no de Pfizer, sino de Sinopharm. ¿Sabes por qué? Porque él quería comprar 40 millones de vacunas chinas a tres veces el precio que nos ofrecía Pfizer. Iba a ser su negocio redondo a costa de la vida de miles de peruanos.

–¿Y qué me dices de la vacunación clandestina?

La vacunación a espaldas de la gente no solo fue un grueso error o una inconducta ética, sino un delito. Las vacunas eran patrimonio del Estado y él hizo uso de un bien público que, en ese momento, significaba la diferencia entre la vida y la

muerte. Se inmunizó él, su esposa, su hermano y su grupo cercano. La Fiscalía de la Nación, que es la que tiene que investigar eso, se pelea con todo el mundo, pero hace caso omiso a este tema.

–¿Por qué será? La Fiscalía lleva años muy callada con todo lo relacionado a Vizcarra.

Sí, Vizcarra tuvo manejo de la Fiscalía. Recuerda que cuando fue presidente se reunió clandestinamente en su casa con dos fiscales provinciales que investigaban Cuellos Blancos, donde él tenía grabaciones y conversaciones registradas con Antonio Camayo, uno de los integrantes de esa supuesta organización criminal. Nunca se supo qué conversó. Tampoco hubo transcripciones ni se filtraron los audios. Los audios los tenía Gustavo Gorriti.

–Se habla sobre la relación de la CIDH con Vizcarra. Se pensaba que él iba a apelar a la CIDH para que le quiten la inhabilitación por el golpe de Estado al Congreso.

Sí, sus abogados le venden esa idea. Escucho siempre con sorpresa a Rosa María Palacios, que se ha convertido en su defensora de oficio. A veces parece la Elena Iparraguirre de Vizcarra. Ella dice que le están haciendo caso, que irá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le devolverán todos sus derechos constitucionales para poder postularse. Mentira. Me da la impresión de que sus abogados lo ilusionan; de repente le cobran por esos trámites. Sin embargo, yo creo que él sabe que no pasará. Por eso mismo tiene su plan B con su hermano Mario. También le sirve como estrategia política decir que irá a la CIDH y seguir esta narrativa de que es un perseguido político, que mucha gente cree.

–Pero la gente aún parece no creer que Vizcarra es un enemigo del Perú. Muchas personas siguen apreciando la narrativa reptilesca que ha creado en estos años. ¿Qué les podría decir?

Que no se dejen engatusar por la estrategia clarísima de Vizcarra. No sé si la hace él o Maxi Aguiar, el argentino que lo asesora. Vizcarra ha encontrado una ventana de oportunidad: sabe que, en general, toda la clase política está por los suelos y que la gente está decepcionada de todos, especialmente del gobierno de Dina Boluarte y de lo que llaman el pacto de gobierno, supuestamente entre el Congreso y el Ejecutivo. Vizcarra, en ese sentido, se posiciona contra ese pacto, contra ese establishment político que hoy gobierna, y está canalizando todo ese desencanto de la gente. Pero no se dejen sorprender: Vizcarra es más nocivo que el pacto que ustedes están detestando.

La política peruana atraviesa un nuevo punto de ebullición tras la prisión preventiva dictada contra el expresidente y golpista Martín Vizcarra. Lejos de significar un cierre, la medida ha reabierto viejas heridas y expuesto, una vez más, la fragilidad de nuestro sistema frente a figuras que hicieron del poder un ejercicio de cinismo y manipulación. 
En este escenario, El Reporte dialogó con uno de los periodistas que más de cerca ha seguido su trayectoria: Carlos Paredes. Con la autoridad de quien ha investigado cada pliegue del “Lagarto”, Paredes desnuda las redes ocultas que sostuvieron su ascenso y advierte sobre los movimientos que, incluso desde la sombra, Vizcarra podría intentar en el futuro.

Carlos Paredes: “No se dejen engatusar por la estrategia clarísima de Vizcarra”

Gustavo Petro y la crisis fabricada de la isla Santa Rosa: un guion clásico del izquierdismo para desestabilizar

Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha abierto de forma deliberada un frente diplomático con el Perú al afirmar falsamente que la isla Santa Rosa, ubicada en la triple frontera amazónica, pertenece a su país. Esta acusación carece de respaldo legal, histórico o geográfico. La realidad es contundente: Santa Rosa es y ha sido territorio peruano, reconocido por tratados internacionales y por la propia cartografía oficial colombiana.

Sin embargo, Petro ha optado por la confrontación. En un acto cargado de simbolismo y cálculo político, trasladó la conmemoración de la Batalla de Boyacá a la ciudad fronteriza de Leticia y, desde allí, declaró que Colombia “no reconoce la soberanía peruana” sobre Santa Rosa. Con ello inauguró una narrativa que combina victimismo nacionalista y oportunismo ideológico, características recurrentes en las estrategias de la izquierda latinoamericana.

La maniobra política detrás de la crisis

La acusación de Petro se centra en la reciente creación del distrito peruano de Santa Rosa de Loreto, aprobada en julio de 2025 mediante la Ley N.° 32403. Según él, este acto administrativo habría violado el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, que regula la asignación de nuevas formaciones insulares. Pero la realidad es otra: la isla surgió en la década de 1970 por procesos naturales, forma parte de la isla Chinería y ha estado bajo administración peruana desde entonces.

Mapas oficiales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Colombia, elaborados en 2017, confirman que Santa Rosa se encuentra en territorio peruano. Incluso ciudadanos colombianos residentes en Leticia han reconocido públicamente que la isla siempre ha sido peruana, con bandera, autoridades y servicios del Estado peruano.

Lo que Petro presenta como una afrenta es, en verdad, una excusa política. Analistas como María Alejandra Trujillo sostienen que este conflicto actúa como “cortina de humo” para desviar la atención de la grave crisis interna en Colombia: inseguridad en aumento, desplazamientos forzados, baja aprobación presidencial y denuncias que alcanzan a su círculo de gobierno.

Escalada provocadora: del discurso a la acción militar

La ofensiva de Petro no se limitó a declaraciones. La Marina de Guerra del Perú denunció que un avión militar colombiano —modelo Super Tucano— sobrevoló Santa Rosa sin autorización, acción que fue calificada como “grave violación de soberanía”. En otro episodio, efectivos de la Policía colombiana intentaron ingresar a la isla sin permiso, siendo bloqueados por las fuerzas peruanas.

Estos incidentes, lejos de ser errores aislados, forman parte de una escalada calculada para reforzar la narrativa de confrontación. El gobierno peruano reaccionó con firmeza: la Cancillería presentó notas diplomáticas de protesta, el Congreso aprobó una moción multipartidaria de respaldo al Ejecutivo y la presidenta Dina Boluarte reiteró desde Japón que “la soberanía no está en conflicto ni es un tema pendiente de tratar”.

El patrón del izquierdismo: crear crisis para sobrevivir

Este episodio encaja perfectamente en un patrón ya conocido en la política latinoamericana de izquierda: cuando el poder interno se debilita, se recurre a un enemigo externo para cohesionar a las bases y desviar el debate. Lo hizo Evo Morales con Chile y el mar; lo hizo Rafael Correa con Colombia; lo ha hecho Nicolás Maduro con Guyana. Ahora lo hace Gustavo Petro con el Perú.

Se trata de un libreto que mezcla nacionalismo artificial con victimismo y que busca proyectar al líder como defensor de la patria, mientras en realidad se huye de rendir cuentas por la gestión interna. En el caso colombiano, este montaje se produce en un contexto de deterioro económico, inseguridad creciente y denuncias que amenazan el legado político de Petro.

El izquierdismo, en su vertiente latinoamericana, no duda en tensionar las relaciones internacionales si con ello gana tiempo político. La prioridad no es la estabilidad regional ni el respeto a los tratados, sino la utilidad de la crisis para sostener una narrativa de resistencia frente a un supuesto “enemigo” exterior.

La respuesta del Perú: firmeza diplomática y defensa histórica

El Perú ha actuado con una posición unificada. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo han dejado en claro que Santa Rosa es peruana y que no existe controversia que negociar. Las pruebas son irrefutables:

Tratado Salomón-Lozano de 1922 y Protocolo de Río de Janeiro de 1934 delimitan claramente la frontera.

Mapas oficiales colombianos confirman la soberanía peruana.

Presencia estatal permanente: autoridades locales, bandera, escuela, puesto de salud y banco peruanos en la isla.

Además, el respaldo ciudadano ha sido amplio. Figuras como Keiko Fujimori han advertido que “con el Perú no se juega” y han señalado a Petro como un “guerrillero” que pretende provocar inestabilidad. El mensaje es claro: la defensa de la soberanía es un asunto de Estado que trasciende ideologías internas.

Próximo escenario: la reunión de septiembre

La tensión podría tener un nuevo capítulo en la reunión binacional prevista para septiembre en Lima, donde Petro busca reactivar la Comisión Mixta Permanente (COMPERIF). El riesgo es que utilice este espacio para seguir amplificando su narrativa, incluso amenazando con acudir a instancias internacionales.

El Perú, por su parte, ha adelantado que no existe materia de controversia y que cualquier intento de desconocer su soberanía será rechazado. La estrategia peruana será mantener la firmeza diplomática, reforzar la presencia en la isla y exponer, con pruebas históricas y jurídicas, la invalidez de los argumentos colombianos.

Conclusión: un conflicto que revela más de lo que aparenta

La disputa por Santa Rosa no es, en esencia, un problema territorial. Es un síntoma del desgaste interno de un gobierno que recurre al manual del izquierdismo para mantenerse a flote. Petro ha fabricado un conflicto inexistente, disfrazándolo de legítima defensa, con el único fin de distraer a su país y ganar capital político.

Para el Perú, la lección es doble: en el plano internacional, no bajar la guardia ante la manipulación ideológica de la izquierda regional; y en el plano interno, mantener la unidad nacional en torno a la defensa de la soberanía. La historia y el derecho internacional respaldan al Perú. El reto es impedir que la narrativa fabricada desde Bogotá logre erosionar ese respaldo.

Petro amenaza a Perú

En política, los gestos tardíos y oportunistas suelen ser los más peligrosos. Esto se ajusta a la presidenta Dina Boluarte, quien ha vuelto a desempolvar por enésima vez la bandera de “sacar al Perú” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Aunque esta salida es una urgencia patriótica real, la sola presencia de Boluarte como promotora del tema amenaza con vaciarlo de legitimidad. No lo hace porque cree en la causa: lo hace porque necesita revertir su impopularidad. Su súbito fervor soberanista llega justo en su último año de gobierno, cuando más necesita agitar banderas para que no la bajen del caballo o para tratar de salir de Palacio sin aguantar la respiración. No nos engañemos.

Por eso, dejando en segundo plano a la mandataria, repasemos el verdadero trasfondo del asunto: el Perú no puede seguir atado a la CIDH. La urgencia de salir de este organismo ya no es solo un debate jurídico: es un asunto de supervivencia soberana. No existe democracia plena si un tribunal extranjero, con magistrados que nadie aquí eligió, puede suspender nuestras leyes, frenar decisiones de nuestro Congreso y condicionar el rumbo de nuestras políticas públicas. Permanecer en este organismo es vivir con un poder paralelo que, en la práctica, se comporta por encima de nuestra Constitución.

El problema: una corte que invade soberanías

La adhesión del Perú a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1978 implicó reconocer la jurisdicción de la CIDH, pero en calidad de instancia residual: solo debía intervenir cuando nuestro sistema de justicia fallara o se negara a brindar un recurso efectivo. Eso dice la letra del tratado y eso exige el principio de soberanía. Sin embargo, la práctica de la Corte ha torcido este mandato hasta convertirlo en un poder paralelo que interfiere en decisiones de política interna.

Ejemplo reciente: la CIDH ha ordenado suspender la aplicación de la Ley de Amnistía Humanitaria —aún pendiente de promulgación— que busca terminar procesos penales que llevan más de dos décadas contra militares, ronderos y personas de avanzada edad. Sin respetar el agotamiento de la vía interna, la Corte ha congelado una decisión tomada por un Congreso electo por el pueblo peruano. Antes de que un solo juez constitucional peruano pueda pronunciarse, la Corte ya dictó sentencia política disfrazada de medida cautelar.

Lo mismo ocurrió con la norma que regula las donaciones extranjeras a través del sistema APSI. El Perú, como cualquier Estado soberano, tiene derecho a decidir qué donaciones recibe, bajo qué condiciones y para qué fines. Sin embargo, la CIDH ha impuesto un proceso de supervisión como si pudiera legislar sobre nuestras finanzas públicas y nuestra seguridad nacional.

Derechos humanos como escudo para criminales

En el papel, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal diseñado para proteger al ciudadano frente al abuso del poder estatal. En la práctica, sin embargo, su interpretación expansiva y selectiva de los “derechos humanos” ha terminado sirviendo como escudo para delincuentes peligrosos y, en especial, para terroristas con prontuarios de sangre.

El caso peruano es ilustrativo y doloroso. El Estado peruano ha sido obligado por la CIDH a pagar más de cinco millones de dólares en indemnizaciones a miembros confesos de organizaciones terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA. Nombres como Víctor Polay Campos (fundador del MRTA), Lori Berenson (colaboradora extranjera de la misma organización) o María Loayza Tamayo figuran en la lista de beneficiarios de estos pagos, ordenados bajo el argumento de que se vulneraron sus derechos procesales o carcelarios. Es decir, un país que perdió miles de vidas por el terrorismo ha terminado financiando con recursos públicos la “reparación” económica de sus verdugos.

El doble estándar es indignante. Mientras que la CIDH ha mostrado una vergonzosa tibieza para condenar con firmeza a dictaduras como la de Venezuela —donde las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas y documentadas—, ha sido implacable contra democracias que, como el Perú, desplegaron la fuerza para defenderse de amenazas armadas internas. En este esquema, el Estado que lucha contra el terrorismo termina en el banquillo, y el terrorista, convertido en “víctima”, cobra una indemnización.

Este sesgo erosiona la justicia, desmoraliza a las fuerzas del orden y envía un mensaje perverso: que la violencia política puede ser premiada si se reviste de discurso de “resistencia” y se ampara en un litigio internacional.

La Ley de Amnistía y el deber de decidir en casa

Por otra parte, la actual Ley de Amnistía Humanitaria no es, como gritan ciertos sectores ideologizados, una “ley para la impunidad”. Es un reconocimiento a destiempo en el que el Estado ha sido incapaz de cerrar procesos penales absurdamente prolongados contra personas que ya no representan peligro alguno para la sociedad. Algunos llevan más de veinte años sin sentencia firme, muchos son octogenarios con salud quebrantada. Esto, en cualquier país serio, se llama abuso procesal.

El Congreso ha decidido que es hora de poner fin a esa aberración. La CIDH ha decidido que no. Y su palabra, en el actual esquema, pretende estar por encima de la nuestra.

Volviendo a Dina Boluarte, esta señora no siempre tuvo la postura que ahora enarbola. En 2022, cuando enfrentaba investigaciones por su papel como presidenta del Club Departamental de Apurímac, pidió ayuda a la CIDH para que interviniera a su favor. Hoy, en un giro digno de la política más cínica, la acusa de intervencionista. Este doble discurso no invalida la urgencia de la causa, pero sí la deslegitima si ella pretende erigirse como su rostro visible. El riesgo es que una batalla justa se convierta en un simple eslogan de campaña para una presidenta que huye hacia adelante.

La salida: recuperar el timón de nuestra justicia

No hay medias tintas: el Perú debe denunciar la Convención Americana y retirarse del sistema de la CIDH. Esto no significa renunciar a la defensa de los derechos humanos, sino asumirla con madurez y soberanía. Se trata de preservar un sistema de justicia que responda a nuestras leyes y a nuestra gente, no a magistrados extranjeros con agendas políticas de corte izquierdista.

El retiro debe ser una decisión de Estado, respaldada por un debate serio en el Congreso, no un gesto improvisado para salvar a una presidenta impopular. Debe incluir un plan para fortalecer nuestro sistema de justicia, reforzar garantías constitucionales y evitar abusos internos que den pretexto para críticas legítimas.

Cada vez que la CIDH decide que su voz está por encima de la de nuestros jueces y legisladores, erosiona un pedazo de nuestra independencia. La soberanía no se negocia ni se mendiga; se ejerce.

No se trata de seguir a Dina Boluarte. Se trata de defender, sin concesiones, el derecho del Perú a decidir por sí mismo. Y para eso, la salida de la CIDH no puede esperar más.

¿Soberanía o sumisión?

En medio de una crisis política sin precedentes y con las elecciones generales del 2026 en el horizonte, el Congreso de la República enfrenta una de sus decisiones más trascendentales: la conformación de su nueva Mesa Directiva. No se trata solo de una renovación de cargos, sino de definir si el Parlamento será un muro de contención ante el colapso institucional o, por el contrario, una puerta abierta para quienes buscan capturar el poder desde adentro.

En este contexto, conversamos con el congresista José Cueto Aservi, quien no solo aspira a integrar este órgano clave del Legislativo, sino que lanza una dura advertencia: el Perú arrastra más de 25 años de control caviar, una élite que, bajo el disfraz del progresismo, habría manipulado las instituciones y distorsionado el rumbo del país. Para Cueto, llegó el momento de poner freno a esa inercia corrosiva y reordenar el Estado desde sus cimientos.

¿Cuál es el rol de la nueva Mesa Directiva frente a la crisis política, considerando que es la última de esta administración?



Efectivamente, tenemos una serie de problemas en el ámbito político, que no son de ahora, sino que vienen de años atrás y se han ido agravando. A eso se suma la famosa coyuntura de puertas abiertas, sobre todo en el tema migratorio, que ha permitido el ingreso del crimen transnacional organizado. Esto ha hecho que la crisis política se incremente aún más. Tenemos un Ejecutivo que no da pie con bola, y, a pesar de los esfuerzos de la Policía, se encuentran con una pared. Esto también se debe a la crisis del sistema de justicia, particularmente en el Poder Judicial y el Ministerio Público, que no colaboran. Y todo termina, como siempre, culpando al Congreso. Lo poco bueno que hacemos no se nota, y lo malo se amplifica. Hay errores individuales y también grupales, lo que ha llevado a una imagen muy deteriorada del Congreso.

Usted se perfila para integrar la nueva Mesa Directiva. ¿Ha hablado ya con algunas bancadas para formar una lista multipartidaria?



Sí, justamente por eso es que algunas bancadas de oposición me han llamado para formar parte de una Mesa Multipartidaria, no solo de oposición al gobierno, sino con una oposición responsable. Hemos tenido en los últimos años grupos que manejaron el Congreso con pocos aciertos y muchos errores, sobre todo en la parte organizativa y administrativa. Esto ha generado una mala imagen institucional que debemos revertir.

Hay otra lista que se estaría formando con nombres como el señor Jeri, Waldemar Cerrón, hermano del prófugo Vladimir Cerrón, e Illich López, vinculado al caso “Los Niños”. ¿Cómo usted percibe esa alternativa?



Concuerdo contigo. Hay que votar por una Mesa Directiva que contribuya a estabilizar el país. Nuestra propuesta busca evitar más maltratos institucionales y reorganizar administrativamente el Congreso, sobre todo de cara a la bicameralidad. Estamos aún en conversaciones porque aquí manda la “dictadura de los votos”, como dicen, y se necesita llegar a consensos reales.

Hablemos sobre el enfrentamiento entre Delia Espinosa y Liz Patricia Benavides en el Ministerio Público. ¿Qué opinión tiene sobre esta crisis en el sistema de justicia?



Es lamentable. Es un espectáculo penoso. Nunca había visto a fiscales comportarse como niños peleando por una muñeca. Tenemos un sistema de justicia desordenado, con una JNJ mal conformada desde la época del expresidente Vizcarra. No hay autoridad. La fiscal actual no respeta ni lo que dice el Congreso ni lo que ordena el Tribunal Constitucional. Todo esto impacta negativamente en la lucha contra la criminalidad.

Se ha discutido también la ley de amnistía. Para muchos es un avance, pero también genera rechazo. ¿Cuál es su posición?


Yo la apoyo totalmente. Esta ley tiene solo dos artículos. El primero elimina los juicios interminables contra militares, policías y miembros de los Comités de Autodefensa. Muchos llevan 20 o 30 años en procesos sin sentencia. Y el segundo artículo, por humanidad, busca beneficiar a mayores de 70 años con condena, para que puedan cumplirla en mejores condiciones. Quienes se oponen son los mismos de siempre: IDL, “caviares” y otros grupos que han vivido enfrentando al Estado. Dicen que es impunidad, pero no lo es. Es justicia con plazo razonable. La justicia que demora, no es justicia.

También se ha hablado del rol de organismos internacionales como la CIDH y cómo esto interfiere con la soberanía jurídica nacional. 



No tenemos por qué hacerle caso a organismos como la CIDH. Pueden hacer recomendaciones, pero no son mandatos. Que no nos vengan con el cuento de que la comunidad internacional se va a escandalizar. Vizcarra, por ejemplo, quiere acudir a instancias internacionales para volver al poder. Nadie eligió a esos organismos supranacionales, no tienen por qué imponerse sobre nuestras instituciones.

Últimamente también se han convocado paros, como el de mineros y el próximo de transportistas. ¿Ve que estas movilizaciones tienen un trasfondo político?



Por supuesto. Son paros politizados, impulsados por grupos radicales que buscan sacar a la presidenta Dina Boluarte para generar caos e ingobernabilidad. Ya lo hicieron antes. Buscan mártires para victimizarse y justificar protestas violentas. Eso no es protesta, eso es terrorismo, y debe sancionarse.

Estamos entrando al último año del gobierno de Boluarte y del actual Congreso. ¿Urge un cambio de ciclo?



Aquí no se trata solo de los llamados “caviares”. Hay personas de distintas corrientes ideológicas, especialmente de izquierda —algunos se llaman socialistas, otros comunistas—, que han llegado al poder con discursos ideológicos, pero en el fondo han sido gobiernos profundamente mercantilistas. Es decir, han priorizado el dinero por encima de cualquier principio. No importa si vienen de la derecha o la izquierda, al final lo que buscan es enriquecerse, ganar algo, aprovecharse del sistema. Usan la ideología solo como una herramienta para acceder al poder, pero una vez ahí, su objetivo es claro: perpetuarse y beneficiarse de las ventajas del poder. Paradójicamente, muchos de los que se dicen comunistas terminan siendo los más capitalistas, por cómo manejan los recursos y los privilegios. Solo hay que mirar lo que ocurre en Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y ahora incluso en Chile y Colombia. Son países donde este modelo ha fracasado, ha llevado a la represión o al colapso institucional. Y, lamentablemente, hay una estrategia regional para que el Perú también siga ese camino. Estamos rodeados, y pareciera que se busca que el Perú, que aún es uno de los pocos países que defiende una democracia funcional, también caiga.

¿Cómo se combate la narrativa dominante de ciertos sectores?



La narrativa se combate dando la batalla cultural: en lo económico, lo social, lo educativo, lo político. Hay que fomentar el pensamiento crítico, sobre todo en los jóvenes. Hoy están absorbidos por las redes sociales, por la tecnología, pero no reflexionan. No investigan. Eso hay que cambiar.

Si usted llega a la Mesa Directiva, ¿qué acciones urgentes tomaría?



Si llegamos, lo primero es devolverle al Congreso su rol de servicio al ciudadano. Mejorar la administración interna, encaminar seriamente la bicameralidad y recuperar la imagen institucional. Los congresos en el mundo no son populares, pero acá hemos llegado al extremo. Tenemos que corregir eso.

En medio de una crisis política sin precedentes y con las elecciones generales del 2026 en el horizonte, el Congreso de la República enfrenta una de sus decisiones más trascendentales: la conformación de su nueva Mesa Directiva. No se trata solo de una renovación de cargos, sino de definir si el Parlamento será un muro de contención ante el colapso institucional o, por el contrario, una puerta abierta para quienes buscan capturar el poder desde adentro.



En este contexto, conversamos con el congresista José Cueto Aservi, quien no solo aspira a integrar este órgano clave del Legislativo, sino que lanza una dura advertencia: el Perú arrastra más de 25 años de control caviar, una élite que, bajo el disfraz del progresismo, habría manipulado las instituciones y distorsionado el rumbo del país. Para Cueto, llegó el momento de poner freno a esa inercia corrosiva y reordenar el Estado desde sus cimientos.

José Cueto: "Los que se dicen comunistas son los más capitalistas"

En la lucha contra el terrorismo que desangró al Perú durante dos décadas, miles de soldados, policías y ciudadanos organizados en comités de autodefensa pusieron el cuerpo, el alma y la vida. Lo hicieron cuando el Estado era casi una ficción, cuando Sendero Luminoso y el MRTA asesinaban a sangre fría, cuando tomar un fusil o patrullar una carretera era exponerse a una emboscada o a una bomba en la puerta de casa.

Hoy, más de 40 años después del inicio de esa guerra contra los terroristas, el Congreso ha aprobado una ley de amnistía para aquellos que fueron procesados —pero no condenados— por hechos ocurridos en ese contexto. La norma, propuesta por el congresista Jorge Montoya, fue aprobada por 60 votos a favor en segunda votación. Y, como era previsible, ha desatado una ola de críticas desde sectores de izquierda, que la presentan como una norma de impunidad. Pero una revisión honesta del contenido de la ley y del contexto histórico y judicial revela algo muy distinto: esta ley no borra crímenes, sino que busca corregir décadas de abuso judicial contra quienes defendieron al país.

Para empezar, la ley no aplica a sentenciados. Así lo aclaró categóricamente su autor, el almirante Jorge Montoya:

“La ley de amnistía no está hecha para beneficiar a ningún sentenciado por delitos con pruebas fehacientes. Se aplica únicamente a quienes fueron procesados sin pruebas sólidas, o sin sentencia durante décadas.”

Es decir: no saldrán libres violadores de derechos humanos, ni torturadores, ni responsables de desapariciones forzadas con condena firme. Lo que se busca es detener procesos judiciales abiertos desde hace 25 o incluso 30 años, que no han culminado en una sentencia —ni condenatoria ni absolutoria— y que, en la mayoría de casos, carecen de pruebas directas.

Esto no es una interpretación política: es una verdad legal. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1, establece que todo acusado tiene derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha reiterado que un proceso penal que se prolonga por décadas sin resolución constituye, en sí mismo, una violación al debido proceso y al principio de seguridad jurídica.

Además, según datos públicos recopilados por el exministro Fernando Rospigliosi, más de 1 000 efectivos podrían beneficiarse de esta ley. Muchos de ellos llevan entre 30 y 40 años enfrentando procesos abiertos por decisiones operativas tomadas durante el conflicto, y en la mayoría de casos sin pruebas fehacientes.

El congresista Fernando Rospigliosi lo ha señalado con claridad:

“El país no puede seguir permitiendo que quienes nos defendieron estén perseguidos judicialmente.”

Y tiene razón. Basta revisar algunos casos emblemáticos para comprender la magnitud del problema. El de los oficiales que participaron en la operación Chavín de Huántar, premiada internacionalmente como modelo de lucha antiterrorista, pero que en el Perú fue objeto de intentos de judicialización sin base probatoria.

O incluso el caso del mayor EP (r) Álvaro Artaza, cuyo proceso por presuntas ejecuciones en Huanta ha sido reabierto en tres oportunidades desde 1999, sin sentencia firme ni pruebas concluyentes. Cada reapertura no solo afecta al acusado, sino a su familia, su estabilidad emocional y su derecho a rehacer su vida después del servicio.

Detrás de cada uno de estos casos hay un patrón: acusaciones recicladas, pruebas indirectas, testigos pagados, informes de ONG que hacen de fiscales ideológicos, y un aparato judicial que, en lugar de cerrar capítulos, los prolonga indefinidamente como forma de castigo político.

La izquierda, por supuesto, ha reaccionado con indignación. Hablan de impunidad, de violaciones de derechos humanos, de riesgo institucional. Pero su narrativa omite sistemáticamente dos verdades esenciales. La primera: el Perú fue salvado de la destrucción por esos mismos militares y policías que hoy enfrentan estos procesos. Y la segunda: el sistema judicial ha convertido a esos defensores en víctimas de una cacería legal sin fin.

La memoria —esa palabra tan manoseada por la izquierda— exige ser completa. No solo se mata con una bala: también se asesina la reputación, se aniquila la dignidad de alguien que sirvió a su país, cuando se le somete a 30 años de sospecha sin pruebas. No hay reconciliación verdadera si no hay equilibrio histórico. No se puede convertir al defensor en criminal y al criminal en víctima perpetua.

¿Y las víctimas del Estado? Sí, las hubo. Y deben ser reconocidas. Pero no se puede usar ese dolor para justificar abusos legales. Justicia no es venganza. Y en todo caso, si se reclama justicia para unos, también se debe garantizarla para quienes arriesgaron la vida por defender a los otros.

Esta ley no busca borrar errores. Busca evitar que sigamos arrastrando como nación una herida mal cicatrizada: la persecución eterna a quienes lucharon por el país. Y lo hace sin saltarse la ley, sin desconocer tratados internacionales, sin liberar criminales.

El país ya no puede permitirse seguir premiando al victimario y castigando al defensor. La paz que hoy tenemos —imperfecta, vulnerable, pero real— fue conseguida por los que hoy son acusados sin pruebas. No fueron los caviares los que enfrentaron al terror en las alturas de Ayacucho, en las calles de Tarata o en las trincheras del VRAEM. Fueron soldados, policías, ronderos, agentes de inteligencia. Y ellos merecen, como mínimo, un cierre legal justo.

La historia no será escrita por los activistas de ONG. Será escrita por los hechos. Y los hechos dicen que esta ley no es olvido: es justicia. Es un acto de dignidad para los que murieron defendiendo el Perú y para los que aún viven con el peso de una acusación injusta sobre los hombros.

Porque, al final, una nación que castiga a sus defensores está condenada a repetir sus peores errores. Y el Perú ya ha tenido demasiado de eso.

Justicia, sí. Pero esta vez, justicia para los que nos salvaron.

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En la lucha contra el terrorismo que desangró al Perú durante dos décadas, miles de soldados, policías y ciudadanos organizados en comités de autodefensa pusieron el cuerpo, el alma y la vida. Lo hicieron cuando el Estado era casi una ficción, cuando Sendero Luminoso y el MRTA asesinaban a sangre fría, cuando tomar un fusil o patrullar una carretera era exponerse a una emboscada o a una bomba en la puerta de casa.









Justicia para los que nos salvaron

"Lamentablemente, la política peruana es una alcantarilla colapsada". Con esta contundente frase, el periodista y presidente del partido Sí Creo, Carlos Espá, resume la profunda crisis que atraviesa el país. De cara a las elecciones de 2026, dialogamos con Espá sobre la urgencia de un cambio de ciclo que libere al Estado de la corrupción y lo ponga al servicio de los ciudadanos, marcando un punto de inflexión tras 25 años de una clase política cuestionada y de creciente penetración del crimen organizado. ¿Será el 2026 el inicio de una nueva era para el Perú?

La conversación revela un sentir generalizado: la ciudadanía está exhausta de ver cómo el Estado se ha convertido en una herramienta para el beneficio personal de los políticos, en lugar de ser una plataforma de servicio a la nación. Espá subraya la indignación ante la descarada infiltración de “organizaciones criminales, organizaciones delictivas, mafias” en todos los niveles de gobierno, desde los municipios hasta el Congreso de la República. Es un llamado a la acción, a despertar de un conformismo político que ha llevado al país a votar por el “mal menor” y a exigir una verdadera renovación que priorice la educación, la salud y la seguridad ciudadana.

Necesitamos un cambio de ciclo. Durante muchos años hemos vivido la misma situación de una clase política deteriorada. ¿Cómo podemos cambiar esto?

Sí, efectivamente, la ciudadanía está ya cansada de estos veinticinco años de una forma de hacer política que ha significado que el Estado, en lugar de ser un instrumento para servir a los ciudadanos, se haya convertido en una herramienta para que los políticos se sirvan de él. Hemos visto que en los últimos años se ha generado una situación en la cual organizaciones criminales, mafias y redes delictivas han penetrado el Estado peruano, no solamente a nivel municipal o regional, sino también en el gobierno central y el Congreso de la República. Cada día vemos, de manera más descarada e insultante, cómo reparticiones del Estado se convierten en agencias de empleo, como está ocurriendo hoy en el Congreso, que se ha transformado en una agencia de trabajo para familiares de los propios congresistas y para personas sin las mínimas calificaciones.

Lo que mencionas me hace recordar una frase tuya en una entrevista anterior, donde dijiste que la política peruana es una alcantarilla.

Sí, es una alcantarilla colapsada. Lo primero que hay que hacer es descolapsarla, que fluya el agua, que circulen esas aguas servidas, porque para eso sirven las alcantarillas. Lo que ha ocurrido es que una clase política dominada por intereses oscuros ha ido secuestrando la política peruana. Ahora lo que buscamos es una renovación de la clase política y un cambio radical en las instituciones del Estado, para que realmente sirvan al clamor ciudadano por una educación de calidad, salud digna y seguridad ciudadana. Cuando el Estado no combate la criminalidad, es porque la criminalidad ya ha penetrado al Estado.

¿No sientes que hemos estado viviendo una suerte de conformismo político? Porque hemos terminado votando por lo que se ha denominado, tal vez mal, el “mal menor”.

Sí, efectivamente, pero ahora eso se ve claramente en todas las encuestas. Hay un 80 % de personas que rechaza al mal menor y que ya se dio cuenta de que estos últimos 25 años hemos pasado de un mal menor a otro, degradando el sistema político y generando más inestabilidad. Ha llegado el momento de votar con convicción por alternativas que realmente interpreten este clamor ciudadano de cambio real en la política peruana, en la forma de hacer política, en la manera en que el Estado se relaciona con los ciudadanos y en su propia estructura.

Con 40 partidos inscritos, ¿crees que hay opciones que puedan realmente salvar al país?

Bueno, cuando nos inscribimos fuimos el partido número 26. Antes se había inscrito Antauro Humala como el partido número 25, que ya está fuera felizmente, y después se inscribió el Partido Popular Cristiano. En ese momento, 26 partidos ya era mucho. Hoy, un año después, ya son 43 partidos políticos. A diferencia de lo que dicen los supuestos expertos o analistas, que esto se va a fragmentar o desintegrar, yo creo que no necesariamente pasará eso, porque estamos convencidos de que, como interpretamos el sentir ciudadano, representamos una alternativa de cambio real. Habrá un mandato claro hacia quienes sepan interpretar ese afán de cambio de la inmensa mayoría del Perú.

¿Cuál es la visión de Sí Creo de cara al 2026 y la reestructuración de la democracia?

El principal problema del Perú es transversal, y es la corrupción. Nosotros planteamos, en primer lugar, secar el pozo de la corrupción: ir con la autoridad moral y con la fuerza de los votos que nos dé la ciudadanía, para eliminar todo aquello que genere corrupción en el Perú. Tramites, licencias, privilegios, exoneraciones que solo alimentan la corrupción deben eliminarse desde el día uno. En segundo lugar, reformar el Estado, sobre todo en seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, porque hay mafias representadas en el Congreso —narcotráfico, tala ilegal, pesca ilegal, minería ilegal— que ejercen presión directa sobre el Estado. El Estado peruano tiene que luchar contra eso, pero no solo hacia afuera, sino también hacia adentro, porque ha sido penetrado por esas organizaciones.

Uno de los ejes primordiales para salvarnos de esta podredumbre política es, como mencionabas, el cambio de ciclo, y dentro de eso la reforma de la justicia. ¿Cómo lo ves?

Exactamente. Mira lo que pasa en el Ministerio Público. Sus dos magistradas más altas están enfrentadas en una batalla campal por cuotas de poder, cuando su función debería ser perseguir el delito y proteger la seguridad ciudadana. Mientras tanto, se ignora la extorsión a mototaxistas, el asesinato de transportistas por sicarios, y otras demandas urgentes. La ciudadanía percibe que el Estado no solo es insensible al dolor, sino que además pierde el tiempo en luchas de poder en la institución encargada de perseguir el delito. Por eso planteamos una reforma del sistema judicial y también de la Fiscalía.

Hablemos de educación. El país ocupa el puesto 51 de 81 países en nivel educativo. ¿Cómo lo analizas?

Y si no fuera porque ha habido una privatización invisible de la educación, estaríamos peor. En Lima, antes de la pandemia, el 60 % de los alumnos iban a escuelas privadas. Si el Estado aún controlara el 80 % o 90 % de la educación, el puesto en la prueba PISA sería aún más bajo. No es un tema de recursos: el presupuesto de educación ha aumentado constantemente en 15 años, y sin embargo el 70 % de los baños de las escuelas públicas están colapsados. ¿Cómo puede un niño de 7 u 8 años aprender si ni siquiera tiene un baño en condiciones? Se ha perdido el principio de autoridad, se han desviado recursos, y por eso lo primero que hay que hacer es limpiar y transparentar el sector educativo. También darle libertad a las familias para elegir dónde estudiar sus hijos. Si una familia de escasos recursos quiere una escuela privada, debería recibir un bono educativo, porque el Estado se está ahorrando atender a ese niño.

En concreto, ¿qué debería cambiar el Estado para que la gente diga: “ok, se están haciendo bien las cosas”?

Tiene que haber un cambio total, un cambio radical de 360 grados. El tema de la salud, del agua, de la educación, están vinculados. Tres millones y medio de peruanos no tienen agua, pero eso son cifras oficiales, porque si tienes agua dos horas al día no es tener agua. O si tienes agua tres días a la semana o por cisterna, tampoco es tener agua digna. Eso hace que los niños sean más vulnerables a infecciones, anemia, y esto es una condena para el futuro del país: uno de cada dos niños peruanos tiene anemia. Eso requiere cambios radicales y romper con todas las mafias que se han infiltrado en el Estado.

Mencionabas personajes oscuros en la política. Uno de ellos, Martín Vizcarra. ¿Cómo lo ves?

Creo que Vizcarra ha sido de lo peor que le ha pasado al Perú. En la pandemia tuvo un rol terrible: se opuso a que el sector privado apoyara con plantas de oxígeno, a que farmacias distribuyeran vacunas, rechazó un millón de dosis de Pfizer donadas por EE. UU. cuando éramos el país con más muertos del mundo. Esas vacunas recién llegaron con Sagasti. Y todo esto es más grave que sus casos de corrupción o vacunaciones irregulares. Hablamos de 220 mil muertos oficiales, y hay quienes calculan 600 mil no contabilizados que fueron enterrados en fosas comunes.

Vizcarra, pese a estar inhabilitado, sigue en campaña política y algunas encuestadoras lo mencionan como posible candidato. ¿Esto no confunde al electorado?

Sí, las encuestas no solo son una foto del momento, sino una foto retocada. Cuando a la gente le muestran la lista con nombres y aparece Vizcarra, asume que puede postular, aunque está inhabilitado tres veces. Vizcarra con su estilo sinuoso quiere seguir en campaña, pero su candidatura es inviable.

¿Cuáles son los ejes principales de Sí Creo para esta campaña?

Cinco ejes: primero, secar el pozo de la corrupción; segundo, revisar la fallida regionalización en salud, educación y agua; tercero, infraestructura y conectividad para transformar campesinos en agroexportadores, comerciantes en empresarios formales, y mineros artesanales en empresarios mineros, todo con derechos de propiedad claros; cuarto, seguridad ciudadana como prioridad; y quinto, afirmar la meritocracia y el servicio público honesto.

¿Vamos a ver a Carlos Espá en las elecciones presidenciales?

Dios mediante, respetando el cronograma electoral: el 2 de agosto cierran alianzas, en septiembre se registran las internas, y en noviembre-diciembre se oficializan los candidatos.

Sobre las alianzas, ¿realmente funcionan?

Cuando preguntas a la gente, el 65 % desconfía de las alianzas, porque suelen ser repartijas. Una alianza debería ser un acuerdo para gobernar, no para repartirse candidaturas. Mientras sigan así, nosotros no participaremos. Pero tenemos las puertas abiertas a personas honestas, sin corrupción, y alineadas a nuestros planteamientos, para construir una fuerza de cambio real.

Hablemos de los próximos aspirantes. Keiko Fujimori, ¿ha sido parte de la crisis actual?

Hubo una gran oportunidad cuando el fujimorismo tuvo mayoría y salió elegido Kuczynski. Las calificadoras de riesgo pensaron que era momento de subir el grado de inversión, pero se perdió la oportunidad por las rencillas y se terminó eligiendo a Castillo como castigo. Keiko hoy vive incertidumbre: su partido la necesita, pero ella también tiene responsabilidad con el Perú. Tiene que decidir si actúa como política o como estadista.

Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, ¿qué opinión te merece?

He visto muchos carteles promoviendo su candidatura, pero él dice que está en reflexión, y me parece bien. Tiene obras interesantes, pero también decisiones controversiales como el tema de los peajes, que nos puede costar hasta 2.700 millones de dólares en arbitrajes. Sería responsable que termine su gestión antes de pensar en postular.

Finalmente, sobre el aumento de sueldo de Dina Boluarte, ¿qué opinas?

Nosotros creemos en la meritocracia. El Estado no puede ser agencia de empleos ni refugio de náufragos o bribones, como decía Belaúnde. Cuando un puesto público se convierte en premio, empieza la corrupción. El aumento de sueldo en este momento es irritante y muestra impericia política, insensibilidad y aislamiento de la presidenta, rodeada de asesores que le hacen creer que la población no se indignará. Estamos en puertas de un cambio de ciclo tras años de abundancia malgastada, y esto agravia la dignidad del pueblo peruano.

"Lamentablemente, la política peruana es una alcantarilla colapsada". Con esta contundente frase, el periodista y presidente del partido Sí Creo, Carlos Espá, resume la profunda crisis que atraviesa el país. De cara a las elecciones de 2026, dialogamos con Espá sobre la urgencia de un cambio de ciclo que libere al Estado de la corrupción y lo ponga al servicio de los ciudadanos, marcando un punto de inflexión tras 25 años de una clase política cuestionada y de creciente penetración del crimen organizado. ¿Será el 2026 el inicio de una nueva era para el Perú?



La conversación revela un sentir generalizado: la ciudadanía está exhausta de ver cómo el Estado se ha convertido en una herramienta para el beneficio personal de los políticos, en lugar de ser una plataforma de servicio a la nación. Espá subraya la indignación ante la descarada infiltración de “organizaciones criminales, organizaciones delictivas, mafias” en todos los niveles de gobierno, desde los municipios hasta el Congreso de la República. Es un llamado a la acción, a despertar de un conformismo político que ha llevado al país a votar por el “mal menor” y a exigir una verdadera renovación que priorice la educación, la salud y la seguridad ciudadana.





Carlos Espá: ¿Urge un cambio de ciclo en el Perú?

Este sábado 28 de junio, el centro de Lima volvió a teñirse con los colores del arcoíris en una nueva edición de la Marcha del Orgullo. Miles de personas, acompañadas por colectivos, organizaciones extranjeras y marcas comerciales, tomaron las calles bajo consignas que exigen “mayor visibilidad” y “nuevos derechos” para la comunidad LGBT —a pesar de que, en la práctica, ya gozan de representación plena en medios, instituciones públicas y espacios culturales. Lo que para algunos es una fiesta de inclusión, para otros es el reflejo de una tendencia preocupante: el uso del aparato estatal y del espacio público para reforzar una agenda ideológica que se aleja de las verdaderas urgencias del país.

En un Perú golpeado por el desempleo masivo, una ola imparable de criminalidad, hospitales colapsados y una educación pública al borde del abandono, surgen cada vez más voces que se preguntan: ¿cómo es posible que se destine tanto esfuerzo, atención mediática y respaldo político a causas identitarias, mientras millones de peruanos no tienen agua, medicinas ni seguridad en las calles? ¿Hasta qué punto esta agenda progresista se ha convertido en la nueva prioridad del poder, desplazando los temas que realmente marcan la vida de la mayoría? Las respuestas son incómodas, pero necesarias.

Resulta curioso y llamativo todo esto, porque ha revivido ticos que, al parecer, solamente renacen de las sombras para imponer sus ideologías progresistas, en un contexto en el que el país se está yendo cada vez más al desvío. Nos referimos a la ex congresista Alberto De Belaúnde exmilitante de el Partido Morado y ahora una de las figuras del partido, Lo Justo, grupo político que se unió con Primero la Gente de Miguel del Castillo comidas a las elecciones generales.


El exparlamentario, mediante una entrevista desarrollada para medios digitales, esbozó que para el proceso electoral venidero del 2026, los ciudadanos no deberían votar por una persona que odie a la comunidad LGBT. En ese mismo discurso, indicó que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynki fue el gobierno que más actividades desarrolló para dicha comunidad, omitiendo que esa gestión, se aplicó una imposición de la identidad de género en las escuelas, perjudicando la correcta, formación y pensamiento crítico de nuestros estudiantes.


“No voten por políticos que nos odian”, dijo Alberto De Belaúnde, en una entrevista donde destacó la labor de PPK frente a la comunidad del LGBT, en lugar de priorizar problemas necesarios que existen en el Perú.


A ello es justo y necesario sumarle, que actualmente vivimos un problema en infraestructura en los colegios, debido a que en la gestión de PPK se prometió mejorar infraestructura escolar, sin embargo, el 60% de escuelas públicas siguió con aulas precarias y sin servicios básicos; además, en zonas rurales, no se ejecutó ni el 50% del presupuesto asignado a mejoras educativas, convirtiéndose esto en lo que hoy es la grave crisis que sistema educativo en el Perú.

Durante el gobierno de Kuczynski, el Ministerio de Educación fue convertido en una plataforma para proyectar una imagen moderna y “progresista” del Ejecutivo, priorizando la narrativa del enfoque de género y la inclusión ideológica por encima del aprendizaje concreto y medible en los escolares. Las políticas impulsadas desde el MINEDU estuvieron cargadas de simbolismo y discursos políticamente correctos que agradaban a organismos internacionales y sectores urbanos acomodados, pero que poco tenían que ver con las necesidades urgentes del sistema educativo nacional, especialmente en regiones donde los alumnos aún estudiaban en aulas de adobe o sin acceso a internet.

La llamada tecnocracia educativa, encabezada por ministros como Marilú Martens, fue celebrada en círculos académicos y empresariales por su visión de gestión por resultados y reformas estructurales. Sin embargo, esta misma visión fue percibida como distante y elitista por la población más vulnerable, que no vio mejoras tangibles en la calidad de la enseñanza ni en las condiciones escolares. Mientras se discutía sobre “competencias” y “ciudadanía global”, miles de estudiantes seguían sin acceso a agua potable, materiales básicos o docentes capacitados en zonas rurales y urbano-marginales.

No obstante,el sistema educativo, no fue lo único que salió perjudicado, La inseguridad ciudadana se ha convertido en el problema más urgente y extendido que enfrenta el Perú. El ciudadano común vive en constante zozobra: salir a trabajar, llevar a sus hijos al colegio o simplemente caminar por la calle representa un riesgo. Durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, esta crisis se agudizó, con un aumento notorio de robos, extorsiones y asesinatos, particularmente en zonas urbanas. Pese a la creación de comités multisectoriales y la presentación de planes de seguridad en papel, las medidas implementadas fueron ineficaces, y la sensación de vulnerabilidad entre la población solo aumentó.

Uno de los principales errores fue la inestabilidad en el Ministerio del Interior, un sector clave para combatir la delincuencia. PPK nombró como ministro a Carlos Basombrío, quien inició su gestión con una narrativa de “modernización policial”, pero que pronto fue superado por los hechos. Su renuncia en 2017 evidenció la falta de una estrategia firme y sostenida en el tiempo. A esto se sumó la escasa coordinación entre el Ejecutivo y las fuerzas del orden, que no contaban con recursos, ni respaldo político, ni estabilidad en sus mandos.

Paralelamente, el crimen organizado comenzó a operar con mayor libertad. El narcotráfico, la trata de personas y la minería ilegal se fortalecieron, sobre todo en regiones como el VRAEM, donde el Estado ha sido históricamente débil. Las mafias comenzaron a infiltrarse incluso en gobiernos locales y mercados, marcando territorio sin resistencia efectiva. El gobierno de PPK no impulsó reformas profundas ni coordinó ofensivas eficaces para recuperar estas zonas del control criminal. La omisión de una política frontal contra estas economías ilícitas tuvo consecuencias que hoy seguimos pagando.

A día de hoy, las secuelas de esa falta de liderazgo y decisión política siguen presentes. Perú está entre los países más inseguros de la región, y los niveles de violencia siguen en ascenso. Lo que empezó como delincuencia común evolucionó en bandas internacionales, sicariato y cobro de cupos. PPK prometió un país moderno, pero descuidó una base fundamental: garantizar la seguridad de los peruanos. La ausencia de resultados concretos en este tema dejó un precedente que ningún gobierno posterior ha podido revertir con eficacia.

Mientras el país se desmoronaba en materia educativa y de seguridad, el gobierno de PPK decidió dar prioridad a la agenda ideológica impulsada por colectivos LGBT y organismos internacionales, desviando recursos, atención y decisiones de política pública hacia temas identitarios que no representaban las necesidades urgentes de la mayoría. El Ministerio de Educación, en lugar de enfocarse en mejorar la infraestructura escolar o reforzar la formación docente, se dedicó a imponer contenidos con enfoque de género, generando confrontación social y restando tiempo y presupuesto a reformas esenciales. En paralelo, el aparato del Estado se sumergía en debates estériles sobre “inclusividad” y “lenguaje neutro”, mientras el crimen crecía y la Policía era desbordada. Hoy, rumbo al 2026, el Perú arrastra los resultados de esa ceguera política: niños sin una educación sólida, familias aterradas por la inseguridad, y un Estado que perdió el rumbo al dejarse capturar por intereses ideológicos ajenos a las prioridades del pueblo.

La coyuntura actual no da lugar para distracciones. El Perú enfrenta una crisis multidimensional: asaltos a plena luz del día, mafias extranjeras tomando el control de barrios enteros, hospitales sin medicinas y escuelas públicas en ruinas. Sin embargo, mientras millones de peruanos sobreviven a diario entre el caos y la desesperanza, el aparato estatal y ciertos sectores políticos insisten en posicionar temas como el matrimonio igualitario, el uso de pronombres neutros y hasta baños especiales para personas trans en la agenda legislativa.

Esto ha generado el rechazo de un sector creciente de la población que ve cómo se priorizan intereses ideológicos por encima de las verdaderas necesidades nacionales.

Congreso: prioridades fuera de la realidad

Lo que indigna a muchos ciudadanos no es la existencia de una marcha, sino lo que ocurre paralelamente en el Congreso de la República. Mientras el país pide a gritos seguridad, salud y educación, en las comisiones parlamentarias se debaten proyectos como la regulación del uso de baños según identidad de género, impulsados por sectores progresistas y con apoyo de organismos internacionales.

El congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, fue claro en su postura:

“Estamos en un país donde a las madres les roban los celulares cuando llevan a sus hijos al colegio, donde la atención médica está colapsada, y sin embargo tenemos proyectos para establecer baños inclusivos. Es una falta de respeto con el pueblo”, aseveró.

Desde otras bancadas también se advierte que estas propuestas solo responden a presiones de lobbies ideológicos y no a un análisis real de la situación del país. La congresista Gladys Echaíz advirtió:

“Hay que poner orden en la agenda legislativa. El Perú tiene otras urgencias. Las discusiones ideológicas deben quedar en segundo plano”, indicó.

No obstante, legisladores como Susel Paredes y gente de la progresista del parlamento nacional insisten en impulsar proyectos de ley que no son importantes para el país, ni mucho menos es visible para la mayoría de peruanos, quienes si sufren verdaderamente los problemas que hay en el país, como la educación, la seguridad y fundamentalmente, la salud de todos los ciudadanos.

Alberto de Belaúnde y el rol del Partido Morado

Uno de los principales promotores de la agenda LGBT en los últimos años ha sido el excongresista Alberto de Belaúnde, quien desde el Partido Morado impulsó leyes como la de identidad de género, el reconocimiento de parejas del mismo sexo y el enfoque de género en la educación básica.

Sus intervenciones en medios de comunicación y sus alianzas con ONGs extranjeras fueron clave para insertar estos temas en el debate público. Sin embargo, muchos consideran que estas acciones más bien han contribuido a polarizar al país y a distraerlo de sus necesidades más urgentes.

En la actualidad, el partido morado, quienes buscan retomar el poder, luego de haber colocado a Francisco Sagasti, desde sus redes sociales, están impulsando campañas de supuesta visibilidad para la comunidad trans, según ellos no existen leyes que los faculten ni les otorguen derechos, cuando en realidad, todos los ciudadanos peruanos, tenemos derechos.

Esta visión se basa en una narrativa, donde cierto sector obliga a ser visibilizado como lo que se siente, más no, por lo que es físicamente. Entonces, lo que ellos solicitan es que el Estado los faculte como mujer u hombre, según su identidad de género, algo que tergiversa concretamente la realidad e impone una ideología equivocada.

Aunque los defensores de la marcha insisten en que se trata de una manifestación pacífica por la igualdad, lo cierto es que cada año va acompañada de símbolos impuestos en espacios públicos, campañas financiadas por grandes empresas y respaldo de embajadas extranjeras que no responden a la cultura peruana.

En algunas regiones del país, padres de familia han denunciado que sus hijos son expuestos desde muy pequeños a contenidos relacionados con la identidad de género, sin su consentimiento. Colectivos como “Con mis hijos no te metas” han señalado que se está utilizando la educación como medio para insertar esta ideología desde las aulas.

Para el exministro de Educación Idel Vexler, esto representa un serio problema:

“El enfoque de género fue introducido de forma inconsulta y sin sustento pedagógico. La educación debe estar orientada al aprendizaje, no a una agenda política”, detalló el ex titular del sector Educación.

La desconexión entre las élites políticas y la ciudadanía se vuelve más evidente cada día. Mientras los medios de comunicación promueven constantemente eventos como el Mes del Orgullo, en los cerros de Lima, en la selva abandonada y en las provincias olvidadas, la gente no tiene agua potable, seguridad ni educación digna.

El Perú profundo no se ve representado por drag queens ni por banderas de colores. Se ve representado por padres que trabajan el día entero para que sus hijos tengan lo que el Estado no garantiza. Se ve en jóvenes que piden oportunidades, no ideologías.

La realidad del Perú exige soluciones urgentes y profundas. El país no puede seguir postergando los problemas estructurales que afectan directamente a millones de ciudadanos: la inseguridad desbordada, la educación pública colapsada, el sistema de salud abandonado y la falta de empleo digno. En vez de seguir perdiendo tiempo y recursos en discusiones ideológicas que solo dividen, el Estado debe reenfocar sus prioridades hacia lo que realmente construye nación. No es posible que, en medio de una crisis generalizada, se pretenda imponer una agenda LGBT como si fuera una urgencia nacional, cuando la mayoría de peruanos clama por servicios básicos, justicia y un mínimo de orden social.

El Perú necesita cambios reales, firmes y orientados a la reconstrucción del tejido social. Ninguno de esos cambios tiene que ver con redefinir pronombres, forzar reconocimientos simbólicos o legislar sobre identidades percibidas. Los verdaderos cambios que este país exige pasan por garantizar escuelas funcionales, calles seguras, hospitales abastecidos y autoridades comprometidas con el bien común. El pueblo está cansado de que se usen causas identitarias para distraer del abandono estatal. Es momento de recuperar el sentido común, poner los pies sobre la tierra y exigir a nuestras autoridades que dejen de complacer lobbies ideológicos para comenzar a servir, de verdad, al Perú.

Este sábado 28 de junio, el centro de Lima volvió a teñirse con los colores del arcoíris en una nueva edición de la Marcha del Orgullo. Miles de personas, acompañadas por colectivos, organizaciones extranjeras y marcas comerciales, tomaron las calles bajo consignas que exigen “mayor visibilidad” y “nuevos derechos” para la comunidad LGBT —a pesar de que, en la práctica, ya gozan de representación plena en medios, instituciones públicas y espacios culturales. Lo que para algunos es una fiesta de inclusión, para otros es el reflejo de una tendencia preocupante: el uso del aparato estatal y del espacio público para reforzar una agenda ideológica que se aleja de las verdaderas urgencias del país.
