La controversia en torno a la obra teatral María Marícón ha encendido una tormenta de debates y emociones en las últimas semanas, dejando al país profundamente dividido. Para algunos, se trata de un ejercicio legítimo de libertad de expresión, mientras que para otros, es un ataque directo a las creencias religiosas y los valores tradicionales que sostienen nuestra sociedad.

El detonante principal de esta controversia radica en el uso de imágenes católicas —símbolos profundamente arraigados en la fe y la identidad cultural del país— para promover una obra que, según sus críticos, contradice "lo natural" del género y desafía de forma abierta las buenas costumbres. La indignación no se ha hecho esperar: mientras unos defienden la pieza como una expresión artística que busca cuestionar los prejuicios, otros denuncian un atropello a los valores fundamentales que sostienen el tejido social.

Desde El Reporte, hemos decidido explorar este debate con la profundidad que merece. Para ello, conversamos con la Magíster en Matrimonio y Familia, Giuliana Caccia, quien nos ayudará a desentrañar las complejas implicancias de este enfrentamiento.

Hablemos un poco de María Maricón, ¿Cómo analizas esta situación que hay?

Yo creo que da para un montón de ángulos, desde el punto de vista netamente cultural, religioso, político, de batalla cultural, o familia también. Yo creo que podemos abordar, yo sé que no va a ser suficiente el tiempo, pero digo, da para un análisis hasta sociológico de cómo funciona la religiosidad en el Perú, ¿no? En el caso concreto, creo que si hacemos un recuento muy resumido de lo sucedido, es que, creo que por primera vez en los últimos años, de manera espontánea, porque no ha sido de una manera organizada, los católicos peruanos se han puesto de pie y han rechazado un ataque frontal a su, a la religión, a su religión, y, por decirte, el bando contrario, por ponerlo en términos de batalla cultural, ha acusado, recibo, de una manera, este, firme, y no me refiero como, entre comillas, bando contrario a los chicos de la católica, me refiero a, estamos hablando del Ministerio de Cultura, municipalidades, estamos hablando de, este, autoridades eclesiales, autoridades universitarias, entonces, el debate es riquísimo. Creo que pone de manifiesto, como que un punto de quiebre, donde hay que comenzar a hablar de cómo conciliar posiciones, porque es un hábito más de polarización en el cual estamos viviendo.

La Católica siempre ha salido con eventos culturales que, en lugar de fomentarla, la deforma, ¿Cómo ves esta figura?

Es que no creo que ni siquiera sea cultura, porque la cultura construye. Puede ser expresiones culturales poco más duras, poco menos estéticas para algunos, ¿no? Pero cuando tú pasas la línea de la expresión a la de la difamación, por ejemplo, a la de la calumnia, o sea, yo por mi libertad de expresión, yo no puedo pisar la bandera del Perú, como no puedo poner un afiche con la Virgen María. ¿Por qué? Porque es un valor patriótico. Y creo que acá hay un punto, que también confunde, porque yo he recibido algunos comentarios de gente que no es progre, ojo, políticamente hablando, que no entiende bien lo que ha pasado, y que no se atreven a decir abiertamente, pero dudan de la validez de una censura. Entonces lo que yo les he respondido, y lo comparto, porque me parece interesante conversarlo largo, digamos, no guía, es que qué cosa es censura. O sea, por ejemplo, si yo ahorita hago una obra de teatro donde aplaudo y levanto la vida de Abimael Guzmán, y viene, me dicen, oye, tú no puedes hacer esto, porque estás haciendo una apología al terrorismo, me están censurando, o están evitando que yo cometa, o están diciendo, estás cometiendo un delito y no lo puedes hacer, porque en el Perú está penado la apología al terrorismo en cualquier expresión. ¿Llamarías a eso censura? No. Dirías, oye, estoy haciendo cumplir la ley.

Se han colgado de la libertad de expresión para justificar el desarrollo de su obra teatral, pero atentan contra una comunidad grande que es la comunidad católica y crisitiana

El ejemplo que voy a poner, de repente, es muy básico, pero creo que puede ayudar a por lo menos me ha funcionado. Y es el siguiente. Sergio tiene una mamá, ¿tú tienes una mamá? Digamos que se llama Juana. ¿Ok? Tú amas a Juana, para ti Juana es superimportante porque es tu madre, la amas, la adoras y tal. Yo a Juana, a tu mamá, no la conozco.Si Juana vive o no vive, en mi vida individual, y eso es parte del liberalismo extremo, ¿no? En mi vida personal, no es relevante, Juana. ¿Ok? Pero el hecho de que para mí no sea relevante, no quiere decir que Juana no sea relevante, como ser humano, como ciudadana, como tu mamá. Entonces, como para mí Juana no es relevante, yo no puedo hacer una obra de teatro donde diga, Juana, la delincuente.No puedo, porque la estoy difamando. Y tú me vas a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te metes con mi mamá? Eso no es libertad de expresión. Yo no tengo derecho a decir lo que me haga la gana, quién quiera y cómo quiera.Incluir a tu mamá. No, no puedo. Entonces, si tú tienes ese ejemplo un poco básico, ¿no? Lo extrapolas a lo que significa la Virgen María para los católicos, que es la madre de todos los católicos. El problema que yo creo, en parte de la confusión que hay, es que para muchas personas la Virgen María no le es relevante. Y como no le es relevante, le es un símbolo religioso. No, para los católicos que practican, que tienen una fe bien fuerte, que es la mayoría de los peruanos, la Virgen María no es un símbolo, es su mamá, es Juana. Más grande que Juana, porque es la mamá de Dios. Entonces tú dices:, oye, alguien ha venido y me ha dicho a mí que mi mamá, le he puesto el nombre de mi mamá, y le he puesto María Maricón. Y un chico se ha tomado la atribución de querer representarla como un homosexual, un trans, y burlarse de mi mamá, y le ha puesto María, ya.

¿Consideras que los progresistas no están queriendo meter a la fuerza el tema de normalizar la comunidad LGBT?

Ahorita tienes en el Legislativo un proyecto de ley, si no me equivoco de Susel Paredes, de discurso de odio. ¿Y eso no es censura? O sea, la libertad de expresión perfecta. Tú agredes a mi mamá, a mi religión, a mis creencias, a mis hijos, a mi derecho de ser padre, a mi familia, ¿no? Tú agredes.Pero si yo te digo, oye, yo no estoy de acuerdo con eso por tus creencias, lo mío es discurso de odio. Lo mío es censura. Lo mío es homofobia.Lo mío es talibana. Oye, tú pones María Maricón, y tú dices: ¡ay, es un título provocador! Provoca, pues, y cuando te respondan, no te quejes.Porque si tú lanzas la piedra y te responden ocho millones de piedras, porque se las estás lanzando a la mamá de ocho o más millones de hermanos, no chilles. Porque de eso se trata. Tú quieres hacer política, quieres hacer batalla, quieres cambiar ideas. Bueno, es de ambos lados. No puede ser que para ti tu punto de vista sea libertad de expresión y la mía sea discurso de odio. Y no te parezca mal que haya una ley donde a mí me metan a la cárcel, porque yo te digo que no pienso igual que tú.Entonces, es una hipocresía, es una incoherencia, porque todo lo que tiene que ver con el progresismo ya está claro que tiene estas características: hipocresía, incoherencia, no tiene ningún sostén en la realidad, en el objetivo.

Ellos se jactan de que su obra no se trata sobre la virgen María, sino de la desigualdad del género en la iglesia, pero al usar una portada como eso es un marketing que agrede a una importante comunidad.

Es entonces una publicidad engañosa, empezando que debería entrar Indecopi y decir que es publicidad engañosa. Si pones un afiche de lo cual no vas a tratar, ¿qué estás haciendo?

Claro, es un marketing que genera uno atractivo, por un lado, porque es una cosa que tú lo ves y llama la atención, pero por otro lado también genera esta indignación que muchos, que hemos crecido en una familia católica, genera una incomodidad y una desazón total con respecto a esto que está ocurriendo.

No es normal. Mira, acuérdate lo que ha pasado en Francia con lo de las Olimpiadas, o sea, el ataque a la religión es de siempre. El problema es hasta qué punto tú lo vas a dejar.Tenemos santos que los han quemado por defender a la religión, o sea, mártires. Entonces eso no es algo nuevo y el chico Cárdenas no es pues un innovador, no inventó la pólvora.Lo ha hecho de una manera pésima y en un pésimo lugar. Por eso te digo, si tú quieres ser rebelde, hazlo bien, pues, como lo han hecho los que han hecho reales cambios con sus revoluciones, pero no lo hagas de una manera tan torpe y tan poco sólida. Entonces no es que él tampoco, ah, qué bestia, va a pasar a la historia como el gran rebelde. No lo creo, porque, como te digo, no es un pionero. Y acá, como te decía al inicio de esta entrevista, hay muchísimos ángulos que nos deberíamos exigir sentarnos a conversar y analizar en distintos lugares, en distintas plataformas y ámbitos culturales. Yo entiendo que las facultades de Letras, de Arte, siempre son, como están metidos más en lo político, siempre hay más conflicto. Pero ya, tenemos una universidad pontificia que tiene autoridades eclesiales. ¿Están pelando o no están pelando por el perfil de los estudiantes? Sabemos, nosotros todos nos hemos dado por sentado y nos reímos.

Esta universidad tiene el nombre Pontificia Universidad Católica del Perú, que representaría a una gran mayoría de peruanos que somos católicos, que somos creyentes en la religión, ¿por qué en sus filas tiene a gente, estudiantes, que van contrario a lo que normalmente debería ser esta universidad?

Una universidad que debe velar por sacar a un profesional católico. Pero no católico, porque va a ir a rezar el rosario únicamente.Católico en su aproximación a la realidad, a lo que va a trabajar en la sociedad, a lo que va a trabajar por el país. Yo creo que lo de la universidad católica es bien complejo, porque también, o sea, ya da para hablar horas, pero creo que es un territorio conquistado, por ponerlo en términos de batalla cultural, por el enemigo.O sea, tú entras a conquistar ahí y mira lo que han logrado. Sacar gente que milita, por decir, de alguna manera, la ideología progresista en distintos ámbitos de la sociedad, público, privado, etcétera. Y lo segundo es que, claro, si yo soy rector de la católica y simplemente soy ateo, tengo que devolver y decir que la universidad no es católica, tengo que devolver la universidad.Porque la decisión de Ribagüero fue para que sea una universidad católica. Entonces tú dices, a mí ya por mis principios me quedo sin campo, no gano nada. Pero el problema, creo que esta es mi opinión muy personal, creo que el problema no está ni en los alumnos, ni en el rector.Están las autoridades eclesiales, que no sé cuáles son las pertinentes, que deberían velar porque se cumple el hecho de que sea pontificia. Y no simplemente, qué importa, que hagan lo que les dé la gana. No, ¿qué es eso? Si tú eres un sacerdote u obispo, no sé quiénes están a cargo en la asamblea. Tienes que velar porque eso pasa y lucharla, porque si no, ¿de qué estás hablando?

¿Consideras que con esto estamos perdiendo la batalla cultural?

Mira, yo creo que la batalla cultural se ha dado siempre. Hoy nos toca con unos elementos concretos, con una realidad política, cultural, concreta.Hace 200 años era otra la batalla y nunca va a terminar la batalla cultural, es parte del ser humano. Y mi posición, por lo poco que he podido estudiar, es que todas las ideologías caen, tarde o temprano. Y luego viene una nueva.Entonces, si tu pregunta es, en la actualidad, la batalla que estamos dando contra el progresismo, el género, el wokismo, ¡vamos a ganarla! ¿Cuándo? No sé, por qué toda ideología cae, porque si no, ya estaríamos extinguidos como especie. Entonces, hay que darla, porque el problema no es si la vamos a ganar o no la vamos a ganar, el problema es cuántos muertos. Por ponernos bien un término, vamos a dejar en la batalla. Si hablamos del aborto, al no dar esa batalla, que al final nos vamos a dar cuenta como humanidad, que ha sido una salvajada lo que se ha hecho, ¿cuántos niños al año mueren por la ilegalización y decir que el aborto es un derecho? Ese es el problema. El problema es de todos los niños y todas las víctimas que dejamos en el camino. Los chicos trans que ahora se arrepienten, que han sido operados, mutilados, vidas, ya ni siquiera irnos al punto de los trans o de los abortos, no, vidas tuyas o mías, que por vivir con una ideología progresista no logran su plenitud.

¿Qué toca ahora? Porque ya ocurrió este tema de su obra teatral, ya la PUC ha salido a decir que van a priorizar, que no vuelva a ocurrir ese tipo de casos, pero no es la primera vez que ocurre.

O sea, yo creo que es una buena oportunidad para tomar nota de una buena práctica y comenzar a observar más de cerca, levantar la voz y hacer escuchar tu voz y no dejar que te aplasten tus derechos, porque acá se trata de derechos. O sea, tu derecho termina donde empieza el mío, una norma básica.Y saber que nosotros, los peruanos, podemos hacer un frente común y hacer, como te digo, escuchar nuestra voz y generar la presión adecuada. Ahí hay un punto antes de terminar que me parece interesante también, es que nosotros estamos muy acostumbrados a salir a la calle. Y decir, ok, la legítima protesta, oye, déjenlos protestar, porque están en su derecho de protestar en la calle.Nosotros alucinamos siempre la marcha. Lo que ha sucedido hoy es una marcha, pero usando herramientas digitales, que son las nuevas herramientas que se deben usar positivamente para activar o poder hacer un ejercicio correcto de nuestra participación política. Entonces, es como si todos los peruanos católicos hubiésemos salido en una marcha. Claro, convocar a la marcha, nos juntamos en tal punto. Sí, fueron un grupo a rezar a la puerta del Centro Cultural, pero en realidad la verdadera marcha se dio en redes sociales. Nosotros, en Padres Peruanos, activamos una alerta que tuvo más de diez mil firmas, que le llegaron al gran canciller de la Católica.Entonces, si haces una participación ciudadana y utilizas herramientas. Entonces, también ahí hay una confusión, porque es como si hubiésemos salido en la calle y hubiésemos logrado un cambio. Legítima protesta. Y así hay que verlo también, ¿no?

Este tema ha generado revuelo, todos están hablando sobre María Maricón

Todo el mundo está hablando de María Maricón. En el extranjero están hablando.Me acaban de entrevistar de Colombia, y he visto que también en Estados Unidos. O sea, hemos sido como ejemplo. Eso es interesante.Por eso digo, hay que anotar el best practice, la buena práctica. Porque creo que se la van a pensar dos veces antes de volver a meter la pata así, sobre todo en la Universidad Católica o el Ministerio de Cultura. Porque van a hacer progres y todo, pero tampoco quieren tener una mala reputación.Y claro, hoy la Universidad Católica no la ven bien, ni los de la izquierda, por poner términos básicos, ni los de la derecha, porque sus chicos se lo están quejando, y nosotros también lo vemos mal.

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La controversia en torno a la obra teatral María Marícón ha encendido una tormenta de debates y emociones en las últimas semanas, dejando al país profundamente dividido. Para algunos, se trata de un ejercicio legítimo de libertad de expresión, mientras que para otros, es un ataque directo a las creencias religiosas y los valores tradicionales que sostienen nuestra sociedad.



El detonante principal de esta controversia radica en el uso de imágenes católicas —símbolos profundamente arraigados en la fe y la identidad cultural del país— para promover una obra que, según sus críticos, contradice "lo natural" del género y desafía de forma abierta las buenas costumbres. La indignación no se ha hecho esperar: mientras unos defienden la pieza como una expresión artística que busca cuestionar los prejuicios, otros denuncian un atropello a los valores fundamentales que sostienen el tejido social.





María Maricón: ¿Libertad de expresión?

El panorama político del Perú parece más incierto y turbulento que nunca. La crisis institucional, los escándalos de corrupción y la falta de confianza en las autoridades han marcado una coyuntura que no sólo desafía la estabilidad del país, sino que pone en duda el rumbo que tomaremos como nación. Con la mirada puesta en las elecciones del 2026, la pregunta clave es: ¿Qué debemos hacer ahora para reconstruir la confianza ciudadana, fortalecer nuestras instituciones y garantizar un futuro mejor para todos los peruanos?

En esta edición de El Reporte, conversamos con el excanciller Javier Gonzalez-Olaechea, quien actualmente es precandidato a la presidencia de la República por el Partido Popular Cristiano, con quien, desde su experiencia política, buscamos explorar posibles respuestas a las numerosas interrogantes que inquietan a los peruanos sobre el futuro del país y los caminos que podrían conducirnos hacia un horizonte más prometedor.

Nicolás Maduro asumió el poder nuevamente de Venezuela, tras unas elecciones que se han tornado fraudulentas y luego de masivas movilizaciones en su contra ¿Como percibe esto?

Maduro asumió la presidencia de forma fraudulenta, muy temprano, para no darle tiempo al señor Edmundo González, presidente legítimo de Venezuela, a llegar y asumir la presidencia de la República, tomando el control de los aeropuertos, según me informan de todas las vías de comunicación internas hacia Caracas.

El 9 de enero, hubo una aglomeración importante de ciudadanos venezolanos en la Embajada de Venezuela. Usted estuvo ahí.Coméntenos un poco de esto.

Hubo aglomeraciones en muchas partes del mundo libre en favor del retorno de la democracia y rechazando la dictadura. Y, por cierto, el fraude electoral que nosotros también condenamos en la OEA, en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, el año pasado.En Lima hubo una concentración importante de venezolanos acompañados de peruanos que procuraban levantar la voz y demandar el fin del fraude, el fin de la dictadura, y tuvieron la gentileza de invitarme a asistir y dar las palabras de cierre, muy emotivas, por cierto, con mucho fervor, mucha creencia en Dios y esperando que ellos se vuelvan a juntar pronto con sus familiares. Y hay que recordar que la defensa, y yo lo subrayo, de la libertad de Venezuela, para mí, es la libertad del Perú, la libertad de Cuba, la libertad de Nicaragua, y también es una manera muy directa de decirle al electorado peruano que nos debemos vacunar de los comunistas que pretenden hacer lo mismo, sea por la vía de la infiltración u otras para arrebatarnos la dignidad y las libertades que tanto nos ha costado mantener en un contexto, que hay que decirlo, regional que es adverso en algunos países al ejercicio de las libertades y la democracia plena. Lo último que tengo que decir respecto a Venezuela y a la OEA, es que el Perú fue el primero de los países del mundo que reconoció y condenó el fraude y, en segundo lugar, reconoció a Edmundo González como presidente electo. Después siguieron otros países, la administración Biden, por cuenta del secretario de Estado Blinken y, posteriormente, tras idas y venidas y un poco de confusión, por así decirlo, en el Perú, el gobierno rectificó su posición y ratificó que Edmundo González sea presidente electo.

Hablemos un poco del Perú, el país está en una situación turbulenta con todo lo ocurrido en el Congreso, más la aprobación en este gobierno, desde su perspectiva, ¿cómo evalúa esta situación que atravesamos en el país?

Crítica, es una situación que preocupa y que nos debe preocupar en los términos que a todos los peruanos de a pie afecta, comenzando por la inseguridad, la falta de empleo, una economía que crece, pero que no alcanza, las colas en los hospitales y, ¿por qué no decirlo?, la persecución en la práctica de todos los emprendimientos informales, mal llamados así, porque si el setenta y tanto por ciento del país o de la población económicamente activa busca trabajo por su cuenta y emprende actividades, pues son unos héroes, porque reconocen que la mejor manera de salir adelante es invirtiendo, soñando, creando oportunidades y, obviamente, entregándolo todo, porque hay una buena cantidad, yo diría una mayoría de peruanos, que tienen 2, 3, 4, 5 empleos y, en adición, las mujeres que trabajan más, en algunos casos, que los hombres porque tienen que sostener a sus hijos, muchas de ellas abandonadas por sus cónyuges o los padres de sus hijos.

Usted ha formado parte de la administración de Dina Boluarte, pero este gobierno ha tenido muchos problemas y hay varios cuestionamientos. Usted, desde su óptica, ¿cuál considera que es el principal error de esta administración para toda esta crisis?

Yo formé parte del gobierno de la presidenta Boluarte, invitado para conducir la cancillería, estimé que era una manera, siendo un gobierno de herencia constitucional, de contribuir de manera honrosa para elevar el nivel de las relaciones internacionales del Perú, de la política exterior, porque, entonces, el Perú prácticamente estaba aislado.Recordemos que se hablaba incluso de que se había producido un golpe cívico-militar el 7 de diciembre del año 2022 y yo me había pronunciado en contra de esa visión. Incluso periodistas y periodismo de derecha pura en España decían que esto era un golpe cívico-militar. De manera que acepté, en esas condiciones, precisándole a la presidenta de la República que yo siempre había sido un liberal, que había trabajado en gobiernos democráticos, que tomaba decisiones y que no estaba dispuesto a cambiar mi forma de pensar por un fajín ministerial. Ella aceptó y también me sugirió cuáles serían los conductos y las actividades y las prioridades de la política exterior bajo mi conducción en Torre Tagle.

Estamos en una situación de estado de emergencia y salen a decir que la situación en el país está bien y a eso también se le suma que hay prófugos que la Presidenta no reconoce ni responde, dicho sea el señor Vladimir Cerrón y Nicanor Boluarte

Bueno, el señor, Gustavo Adrianzén, que funge como Premier dijo que no había elementos suficientes para poner al señor Boluarte en la lista de los buscados yo no sé cuáles son los elementos que él considera suficientes, pero en todo caso hay una serie de omisiones, en otros casos yo diría errores, pero que también se produjeron durante el lapso que yo fui miembro del gabinete y entonces, y está en acta y nadie podrá desmentirlo, yo me opuse a varias medidas entre ellas al salvataje inaceptable e inconducente de Petro Perú por miles y miles de millones y a otras iniciativas inclusive propuse algunas reformas y que no fueron atendidas varias veces hubo discusión en el Consejo de Ministros en donde yo manifesté mi discrepancia sobre algunos temas hasta que llegó un momento que consideré que no era viable que continuara en el Ejecutivo

Se ha hablado mucho el año pasado sobre la vacancia presidencial y quizá proponer un adelanto de elecciones, ¿cree que es el camino para salir de esta crisis?

No, no creo que es el camino, lo he dicho en todos los idiomas creo que si bien la Presidenta de la República tiene que dar cuenta sobre muchos aspectos, no solamente ante la Fiscalía, sino principalmente a nosotros, hoy en mi caso, considero que una vacancia podría significar la paralización de muchas actividades económicas y lo que necesita el peruano es producir, comer, llenar su olla y tener un grado mínimo de estabilidad que sí existe gracias a la resiliencia que tiene el pueblo peruano y también hay que decirlo, la economía ha crecido algunos puntos y el año pasado ha registrado la inflación más baja de América Latina de manera que no todo es negativo, sin embargo, el balance a la fecha no es satisfactorio.

Hablemos un poco entonces del tema de corrupción que es uno de los principales problemas

Tolerancia cero, tolerancia cero significa erradicar todas las raíces que permiten la corrupción y que en el fondo tiene una contraparte que es la impunidad. Aquí todo el que puede, roba en el sector público y el sector privado y nadie paga las consecuencias o por ejemplo se conduce de manera incorrecta ¿Por qué cuando tú y yo manejamos posiblemente por cualquier calle vamos a cualquier velocidad y no cumplimos con las normas y cuando entramos al Callao bajamos a 40 Km por hora? Muy sencillo, porque el cuerpo humano en anatomía política tiene un órgano que es el más sensible, que es el bolsillo. Entonces, si tú vas a un restaurante, pagas mucho y comes mal, el bolsillo te va a reclamar porque tiene memoria. De manera que lo que hay que hacer es acabar con la impunidad y eso es fácil, no depende de ninguna norma adicional es potestad del ejecutivo reglamentar mucho para que esto se acabe, comenzando por la aplicación de otras reformas entre ellas, en este caso la racionalización normativa, por la vía de la homologación de las normas la simplificación y la derogación para ir de miles y miles de normas que son absurdas, en algunos casos estúpidas.

Una de las propuestas que se ha repetido muchísimas veces es el cambio de constitución, para usted, ¿es necesario cambiar la Carta Magna?

Yo no le corro al debate del cambio de constitución

¿Pero cree que se debería aplicar un cambio? ¿sería necesario?

Hay algunas cosas que se pueden mejorar. A ver, ¿cuáles son los países que más han alcanzado el nivel de desarrollo en el mundo? Aquellos que han cambiado 14 veces su constitución o aquellos que han optado por las reformas y las enmiendas. Estados Unidos es la democracia más grande del mundo y ha tenido 12 o 13 enmiendas, pero tienen la misma Constitución; en el caso de Argentina es un caso atípico que ha tenido reformas constitucionales una misma constitución dada la federalista en 1853, pero, sin embargo, fue administrada por el oncoperonismo durante más de 80 años de manera que el problema no solamente podría derivarse de una constitución que no esté acorde a los tiempos sino también de quienes están a cargo de las gestiones del Estado y ahí nosotros tenemos que procurar la meritocracia convocar a los referentes a los mejores hombres y mujeres peruanos.

Otro tema que también se ha puesto mucho en debate es salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Pacto de San José, ¿Qué piensa usted sobre este tema?

Yo he consultado a las autoridades salvadoreñas y para aplicar la mano firme que han aplicado y tener el éxito combatiendo la delincuencia, se salieron de la Corte Interamericana y no lo hicieron. Este es un debate que, siendo importante o trascendental, debía darse en el país. Lo que sí está claro es que la mayoría de la actuación de algunos órganos del sistema interamericano han sido ideologizados en los últimos 20 o 25 años. A eso yo le digo no. Y entonces, si, por ejemplo, viniera una sentencia de la Corte Interamericana diciendo que le tengo que indemnizar, yo, Estado, a los deudos de los terroristas, no voy a gastar un centavo y desacataré la Corte. Es decir, yo creo que hay que privilegiar a quienes defienden la democracia y quienes aislar de la manera más radical a todos los terroristas y a los deudos, evidentemente, no pagarles un centavo.

¿Dentro de esta organización hay progresistas y caviares que, incluso, podrían influir en la justicia nacional? ¿cómo lo ve usted?

Los hay y pululan. Y siendo yo canciller, le ofrecí un documento de reflexión sobre las reformas necesarias al sistema interamericano y a la OEA, cuatro meses antes de que yo dejara la cancillería. Ese documento es un documento de reflexión y debería ser enriquecido por los cancilleres de países libres, demócratas, con los cuales yo tenía y creé un chat que se llamó o se llama Follow Up Venezuela, en previsión justamente a lo que sucedió en Caracas, el fraude masivo. Y bueno, sé que lo están debatiendo, la idea era que lo perfeccionaran y que lo presentaran al Consejo Permanente en una sesión extraordinaria de la OEA para que se discuta la reforma del sistema interamericano para que vuelva a los orígenes, o sea, al Pacto de Bogotá, procurando la defensa de los derechos humanos de los que realmente defienden la democracia, en el entendido que todos tenemos que custodiar por los derechos humanos y el Estado en la Constitución peruana lo dice, todos tenemos derecho al debido proceso, pero lo que no tiene derecho ningún organismo internacional es a decirnos que tenemos que defender a terroristas, terroristas confesos y condenados con sentencia firme, no especulando quienes pueden ser y quienes no pueden ser.

Hablemos un poco sobre si precandidatura a la presidencia, ¿por qué animarse a conducir los destinos de un país que viene afrontando una dura crisis?

Justamente por eso, para salvar al país, para sacarlo adelante, para ejercer un cambio radical, para acometer todas las reformas que estamos trabajando, en mi caso las tengo muy claras, que son por lo menos 6 o 7, para erradicar las lacras sociales, combatir la delincuencia, elevar la economía familiar, se puede crecer al 6, al 7, al 8, al 9 y hasta al 10%, librando todas las fuerzas de economía, porque muchas veces el Estado no hace lo que debe y hace lo que no debe, hay que reducir todos los, digamos, plazos y los requerimientos a un 10% para que el emprendedor pueda y la economía se libere, está atracada, en algunos casos secuestrada por la vía de los impuestos y por la vía, por ejemplo, en el caso del sector minero, más de 240 permisos y pasos tiene que darse para que un proyecto de 8 o 9 años florezca y así como mencioné en el caso de la reforma del Estado, aplicando un plan piloto primero en Lima, considero que, bueno, la razón fundamental por la cual postulo es porque creo que estoy en las condiciones de experiencia, conocimiento, trayectoria democrática y profesional para ofrecerle al país no solamente el cambio radical sino la convocatoria de personas limpias, sin prontuario y con una trayectoria de vida y profesional limpia.

¿Por qué el PPC, si en las últimas elecciones el PPC no ha salido en buenas posiciones? 

Justamente, justamente porque el PPC al no haber sido parte del gobierno y tener una cantidad importante de profesionales, de hombres y de mujeres, de bien muy formados y que no han estado metidos ni pueden ser acusados de estar en porquerías está en las mejores condiciones para ser gobierno y ganar en primera vuelta. Nosotros tenemos predicciones, en mi caso yo pienso que al haberme encontrado con la historia, porque se pudo haber producido el fraude venezolano un año antes o un año después, yo me encontré y fui mandatado y hablé al nombre de gobierno del Perú, pero habló el demócrata, habló el que condenó el fraude, el ausentismo de aquellos países tibios que, bueno aceptaban en el fondo la dictadura venezolana, Javier González-Olaechea jamás lo aceptó y creo que el país entendió perfectamente que era una persona, que soy una persona que toma decisiones, habla sin ambigüedades, habla lo correcto y no lo políticamente correcto y habla con la verdad y sobre eso creo que es parte del cambio radical, hablar con la verdad, decirle a la población quiero un mandato para ser presidente con fuerza, con mano dura, con eficiencia y obviamente cometiendo todas las reformas necesarias para acabar con las lacras que nos asaltan todos los días.

Uno de los grandes retos que hay que abordar desde la política es la desconfianza de la ciudadanía hacia los políticos, producto de esto, de los malos políticos.

Bueno, esa desconfianza se vence cuando uno le solicita al electorado que se informe para votar. Va a decir, nosotros no tenemos los gobernantes que nos merecemos, sino a los que nos parecemos. Repito para que se entiendan: no tenemos a los gobernantes que nos merecemos, sino a los que nos parecemos. Entonces aprendamos, escaneemos a cada candidato, a congresista, a diputado, a senador o alcalde para que, si tiene chicharrones o cuentas pendientes con la justicia, no le demos su voto. Entonces, la primera responsabilidad es la de los partidos políticos de lanzar candidatos que son sinvergüenza y la segunda es del electorado de haberlos elegido. Por supuesto que hay mucho dinero detrás de minería ilegal y demás. Bueno, hay que denunciarlos, hay que destaparlos y la labor de la prensa consiste en eso.

El panorama político del Perú parece más incierto y turbulento que nunca. La crisis institucional, los escándalos de corrupción y la falta de confianza en las autoridades han marcado una coyuntura que no sólo desafía la estabilidad del país, sino que pone en duda el rumbo que tomaremos como nación. Con la mirada puesta en las elecciones del 2026, la pregunta clave es: ¿Qué debemos hacer ahora para reconstruir la confianza ciudadana, fortalecer nuestras instituciones y garantizar un futuro mejor para todos los peruanos?

En esta edición de El Reporte, conversamos con el excanciller Javier Gonzalez-Olaechea, quien actualmente es precandidato a la presidencia de la República por el Partido Popular Cristiano, con quien, desde su experiencia política, buscamos explorar posibles respuestas a las numerosas interrogantes que inquietan a los peruanos sobre el futuro del país y los caminos que podrían conducirnos hacia un horizonte más prometedor.

Javier Gonzalez-Olaechea: ¿Salvar al país?

El 2025 comienza, pero seguimos arrastrando los fantasmas del pasado. El principal, la crisis política y sistemática que venimos afrontando hace años, desde que la caviarada se puso de acuerdo en no dejar que el fujimorismo regrese al poder. A este conflicto de larga data se suma un nuevo escándalo que ha dejado a todo el país en vilo: la presunta existencia de una red de prostitución dentro del Congreso. Lo que comenzó como un rumor ha crecido hasta convertirse en una bomba de tiempo que pone en jaque no solo a los legisladores involucrados, sino también a la credibilidad de uno de los pilares de nuestra democracia. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Qué tan profundas son las raíces de este controv?

En esta primera edición del 2025, decidimos ir más allá de los titulares para comprender mejor este oscuro episodio. Entrevistamos al congresista Fernando Rospigliosi, quien nos ofrece su perspectiva sobre esta situación y nos ayuda a trazar el trasfondo de una crisis política que parece destinada a prolongarse. ¿Hay un camino para salir de este laberinto o estamos condenados a repetir los errores?

Cuéntenos un poco de lo que está pendiente en el Congreso que es esta presunta red de prostitución que estaría funcionando dentro del Parlamento, ¿Qué pasa concretamente?

Mira, yo creo que es un asunto que tiene que ser investigado naturalmente, pero estoy viendo que desde hace varias semanas se realizan una serie de especulaciones sobre este tema y hasta ahora no hay ni una sola evidencia que muestre que lo que los medios llaman una presunta red que existe. No hay absolutamente nada hasta ahora. Solamente empezó con una con un reportaje periodístico que inmediatamente fue tomado por otros medios de comunicación que lo dan como si fuera cierto. Digamos que algunos congresistas, como por ejemplo el congresista José Cueto, que es presidente de la Comisión de Inteligencia, dice que él ha hecho su propia investigación y que no existe ninguna red de prostitución en el Congreso. Esa es la conclusión a la que llega el congresista Cueto. En realidad, yo creo que, cuando se trata de una denuncia de esa naturaleza, esto tiene que ser investigado. Pero hasta ahora, insisto, no hay ninguna evidencia de eso. Ahora, como es obvio, el Congreso tiene muchos enemigos. No solamente por los casos que conocemos de corrupción y una serie de temas que vienen desde principios del gobierno del golpista Pedro Castillo, donde él había comprado a varios congresistas para que lo apoyen. Hay infinidad de esas denuncias, algunas de las cuales esas sí tienen fundamento, pero en este caso los que quieren debilitar o cerrar el Congreso, que son básicamente los que no tienen ninguna representación, es decir, la mafia caviar, que no tiene votos, tiene poquísima gente en el Parlamento, dos o tres de ellos, y por lo tanto están interesados en desacreditar más de lo que ya está, por razones propias. Entonces utilizan temas como este, que, como digo, hasta ahora no hay ningún fundamento.

¿Entonces considera que estos rumores y discursos, como lo llama, son con el fin de desacreditar al Parlamento, por parte de los caviares?

Sin duda, y el discurso senderista también. Este Congreso fue el que vacó a Pedro Castillo, recordemos eso.Entonces, cuando se iniciaron las violentas manifestaciones instigadas por Sendero Luminoso en diciembre de 2022, enero, febrero, marzo de 2023 y financiadas por las economías ilegales, una de las cosas básicas que pedían era cerrar el Congreso. O sea, digámoslo claramente, el Congreso está muy desacreditado, eso es evidente. Por lo tanto, cualquier denuncia que se haga contra el Congreso es muy creíble, así sea una denuncia cierta o así sea una denuncia falsa.Entonces, esa es la situación y lo que está ocurriendo es que la mafia caviar sí tiene eh un odio, digámoslo así, justificado contra el Congreso. Pero, por ejemplo, este Congreso pudo elegir un Tribunal Constitucional. Recordemos cómo la coalición vizcarrista, es decir, la mafia caviar, aliada con Vizcarra, cerró el Congreso el treinta de septiembre del año 2019. ¿Por qué? Porque iban a elegir a un miembro del tribunal constitucional que a ellos no les gustaba. Por eso, la mafia caviar con Vizcarra cerró el Congreso ilegalmente. Ahora, este Congreso, a pesar de todos sus defectos, ha podido elegir un Tribunal Constitucional que es razonable, que es muchísimo mejor que el que había antes. Por ejemplo, para señalar un caso, también se ha elegido al defensor del pueblo, que no es de mi simpatía personal, en el sentido de que tiene ideas distintas a las mías, pero, sin embargo, que ha hecho algo que a la mafia caviar le disgusta mucho, ha limpiado la defensoría o ha sacado a muchos de los caviares que estaban atrincherados en la defensoría. Entonces, con ese tipo de cosas, este Congreso también sancionó a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia, conocidos caviares, sancionó a Zoraida Ábalos, que es parte de la coalición vizcarrista, aunque fuera repuesta después en su lugar por el sistema judicial caviarizado, pero el Congreso hizo todo eso. Por eso es que ellos odian al Congreso, no porque haya casos como el que estamos conversando, eso no les interesa, eso lo usan como pretexto, pero ellos tienen un odio muy definido contra el Congreso porque ha hecho cosas que les ha quitado poder y eso es lo que les preocupa a ellos, que les quiten el poder ilegítimo que habían usurpado.

Este tema de la presunta red de prostitución en el Parlamento ha generado bastante repercusión y uno de ellos es quitar a Giovanni Forno de la Oficialía Mayor del Parlamento.

Giovanni Forno sale de Oficialía Mayor del Parlamento

Mira, hasta donde yo conozco, yo he entrado tardíamente a este Congreso por circunstancias lamentables, trágicas, pero hasta donde he visto al señor Giovanni Forno, es un funcionario que se desempeña adecuadamente y que yo sepa no está metido en ningún tema ni ilegal, ni oscuro, ni discutible, así como otros funcionarios del Congreso. Si hay algunos que entraron por razones políticas, favorecidos por determinados grupos políticos, bueno, desgraciadamente eso ha ocurrido y ese parece ser el caso de este funcionario que ya fue despedido, que dicho sea de paso, ha sido reemplazado por el doctor Ángel Delgado, que es una persona de gran capacidad, es un constitucionalista, es un abogado, que creo que va a hacer lo que tiene que hacer en la oficina esa de la que ha sido designado jefe.Entonces yo creo que hasta ahí las cosas están bien. Naturalmente, como digo, por intereses políticos hay gente que, por ejemplo, no entró a la mesa directiva del Congreso en la oportunidad anterior, en oportunidades anteriores, y ahora quiere capturar algunos puestos en la próxima mesa directiva del Congreso, entonces están haciendo lío para tumbar a los actuales directivos, ponerse ellos en su lugar. Bueno, esas son jugadas o jugarretas políticas que, en fin, existen naturalmente en este Congreso y en cualquier otro, pero hay que tener en cuenta que se trata de eso, de jugadas políticas que pretenden pescar a río revuelto y llevar agua para su molino y nada más que eso.

Regresemos un poco a la matriz de todo este tema de esta presunta red en el Parlamento, ¿cómo nace? ¿a raíz de qué? Usted que ha estado dentro del Parlamento, ha vivido de cerca esta circunstancia ¿cómo lo ha visto? ¿cómo ha oído de primera mano este tema, esta supuesta red de prostitución dentro del Legislativo?

A mí me sorprendió cuando salió esta denuncia. Yo nunca había escuchado nada en el Congreso sobre este tema, pero después, como te digo, conversando con algunos congresistas, en particular con José Cueto, con quien compartimos trabajo en la Comisión de Inteligencia del Congreso y además que hemos presentado proyectos de ley conjuntamente, es decir, hay una relación cercana. Cueto, como digo, me ha dicho que en la indagación que ha realizado él, no ha encontrado absolutamente nada de lo que se está diciendo. El punto es que hay un hecho que sí es muy preocupante y es el asesinato de esta chica que ya había salido hacía varios meses, hasta donde recuerdo, del Congreso por las noticias que se han difundido, es lo que ha dado lugar a que se tejan todas esas historias. En realidad, ese sí es un hecho gravísimo que merece ser investigado. Yo creo que la policía ahí tiene que determinar qué cosa es lo que ocurre realmente, porque ese sí es un crimen mayor. Ahí no estamos hablando ya de algunos asuntos, simplemente algunos delitos menores, no estamos hablando de un asesinato, que es un crimen horrible. Entonces, lo que yo creo es que hay que esperar la investigación policial para ver qué cosa es lo que ocurrió realmente con esta señorita y cuál fue el motivo de este asesinato terrible.

Ahora que usted menciona sobre las investigaciones de la Policía, ¿esto también podría ser tomado como una cortina de humo? Porque considerando que ha ocurrido esto en pleno estado de emergencia y que el ministro del Interior dice que se están obteniendo grandes resultados y el gobierno dice que el estado de emergencia ha funcionado, pero la realidad es otra.

Podría ser. En verdad ya estamos en una situación política tan compleja en que todo el mundo trata de sacar partido a costa de cualquier cosa, inventando muchas veces cosas absolutamente falsas o tomando algunas pequeñas verdades e inventando sobre eso una serie de falsedades que ya se puede pensar cualquier cosa. En realidad no lo sé.

Hablando un poco de la situación del país, el gobierno se ha jactado de tener buenos resultados con respecto al estado de emergencia, cuando en realidad los peruanos estamos viendo que no ocurre nada positivo con respecto a esto.

Sí, mira, yo creo que la situación de violencia y de aumento de la delincuencia en el Perú tiene básicamente dos motivos. Una es la llegada masiva de miles y miles de delincuentes extranjeros muy violentos.Recordemos que Venezuela tenía una de las delincuencias más violentas del mundo. Tenía una altísima tasa de homicidios y ellos exportaron a miles y miles de delincuentes a los países vecinos e incluso hasta los Estados Unidos y se disminuyeron su problema a costa de crearnos problemas gravísimos a nosotros y eso ha incentivado también a la delincuencia peruana a volverse más violenta. Esa es la primera razón y no hay que olvidar que fue la mafia caviar, precisamente la que estando en el gobierno permitió la entrada de esos miles y miles de delincuentes venezolanos, y la segunda razón es el sistema de justicia.El sistema de justicia que todos los días sigue liberando delincuentes y persiguiendo a policías y miembros de las fuerzas del orden que se enfrentan a los delincuentes y por eso teniendo una delincuencia de violencia y teniendo a la policía muchas veces maniatada para enfrentarse a esta delincuencia porque lo que temen más que al delincuente con el que se pueden enfrentar temen más al sistema judicial que finalmente los va a perseguir, los va a procesar y los va a encarcelar. Entonces esas son las dos razones que han hecho crecer la delincuencia a los niveles que tenemos hoy día y para eso se requiere en verdad una política muy enérgica como la que ha tenido y tiene el presidente Bukele en El Salvador por ejemplo, un liderazgo y una política muy enérgica para enfrentar la delincuencia. Lamentablemente, ese no es el caso del gobierno que tenemos.Ha habido altibajos en una enorme cantidad de ministros del interior que hemos tenido en los últimos años. Creo que el actual ministro no es de ninguna manera de los peores, por lo menos es una persona activa que hace muchas cosas, pero eso ya depende del liderazgo del propio gobierno y no hay liderazgo en el propio gobierno y eso no va a cambiar desgraciadamente. Pero este es el gobierno, pues, que se eligió con la ayuda de los caviares en 2021, con fraude y con todo.Entonces, ahora tenemos que pagar las consecuencias de ese desastre. Ojalá que en el futuro podamos elegir mejor y tener realmente un gobierno que asume liderazgo y que resuelva este problema, que es el que más nos preocupa a la inmensa mayoría de los peruanos.

¿Si hablamos de la vacancio, este año podría presentarse, así como sucedió en el 2024, pero sin exito alguno?

Mira, yo creo que la situación de la señora Boluarte es muy precaria y que no hay nada que pueda garantizar que ella termine el mandato presidencial del 2026. Ese es el punto de partida. Teniendo en cuenta además los antecedentes de los últimos años. Ahora, conforme pasa el tiempo, creo que sus posibilidades van aumentando porque mientras más cerca estemos de las elecciones que deben desarrollarse en abril de 2026, hay menos posibilidades de que la señora Boluarte pueda caer por la sencilla razón de que la gente ya va a estar preocupada en elegir al próximo gobierno. Pero yo digo que no está garantizada en modo alguno la permanencia de la señora Boluarte, que comete una serie de errores y que, en fin, está muy cuestionada por todos lados, como sabemos. Ahora, tampoco se trata de que si a mí no me gusta un gobierno que tiene baja popularidad, yo lo liquido. La vacancia presidencial está planteada para situaciones extraordinarias que desgraciadamente se han repetido reiteradamente en los últimos años en el Perú. Pero esto no se puede tomar alegremente como un deporte. “Ah, el presidente no me gusta, entonces lo liquido”. No, no es así. Los presidentes se eligen para un periodo de cinco años y salvo que existe una crisis extraordinaria como el siete de diciembre del año 2022, cuando el golpista Pedro Castillo intentó imponer en el Perú una dictadura como la de Venezuela o la de Cuba. O sea, ahí estaba perfectamente justificado que se le va cara a ese corrupto golpista. Pero, en fin, hay acusaciones contra la señora Boluarte, que seguramente ella tendrá que responder al final de su mandato, sea cuando sea el final de ese mandato. Ella va a tener que responder ante las autoridades judiciales, sin ninguna duda.

Esto de la vacancia, muchas veces promovida por los caviares contra Boluarte, es una especie de lava manos para deslindarse de Dina, ¿Es correcto?

Así es, claro, no hay que olvidar que este gobierno de Perú Libre, Que ella llegó al poder con Pedro Castillo, apoyada por la mafia caviar. La mafia caviar la apoyó claramente contra la señora Fujimori y ellos, el gobierno caviar de Sagasti, claramente caviar, participó, apoyó y respaldó todas las irregularidades que hubo en esa elección. Si no hubiera estado Sagasti, si hubiera quedado, por ejemplo, Manuel Merino, con Ántero Flores como premier, yo creo que las cosas habrían sido distintas. Por eso la mafia caviar los derrocó, para poner a un caviar como Sagasti, que luego, santificó el proceso fraudulento que llevó al poder a Castillo y a Boluarte. Porque la mafia caviar pretendía copar el gobierno y ocupar una serie de cargos.De hecho, estuvo Mirta Vázquez, Anahí Duránd, y Pedro Francke, que se metieron de lleno al gobierno, y estuvieron ahí. Por eso, cuando cae Castillo y pierden puestos ahí, eh, entonces se pusieron frenéticos y han estado tratando de derrocar a Boluarte, que no les ha quitado todo, pero les ha quitado gran parte de sus puestos y, eh, de cerrar el congreso donde ellos casi no tienen nada. Así funciona la mafia caviar, no es que funcione por ideales o la democracia, no, eso no les interesa. Lo que les interesa es el poder. Ellos respaldan a dictaduras como la que hizo, o intentó Castillo, o la que llevó a cabo el golpe de Estado de Vizcarra el 30 de septiembre de 2019, lo respaldaron al 100 %, a pesar de que era ilegal e inconstitucional. O sea, la mafia caviar no tiene principios, lo que tiene es intereses, nada más.

Fernando Rospigliosi: ¿La crisis política es culpa de la mafia caviar?

Este 2024 será recordado como un año de profundas dificultades y desafíos para el Perú. Hemos atravesado momentos tormentosos que han puesto a prueba nuestra resistencia como sociedad, enfrentándonos a una crisis política que parece no encontrar salida y que se ha convertido en una carga insostenible para millones de peruanos. Las tensiones, los escándalos y los desaciertos políticos han dejado una marca indeleble en nuestra memoria colectiva, mientras que la incertidumbre sigue proyectándose sobre el horizonte de nuestro país.

En esta última edición del año, desde El Reporte hacemos una mirada retrospectiva, analizando los eventos más relevantes que han definido este periodo convulso. Nos proponemos desentrañar cómo los hechos de los últimos meses han moldeado nuestra política local y cómo han impactado nuestra imagen a nivel mundial, en ocasiones colocándonos en el centro de situaciones incluso vergonzosas.

Uno de los hechos que ha logrado ponernos en el ojo del huracán es el más reciente escándalo en el Parlamento nacional. Una presunta red de prostitución que operaría dentro del Congreso de la República ha sido uno de los hechos sin precedentes que ha enmarcado el final del año político para el Perú.

Este jueves 26 de diciembre, un exfuncionario clave ha sido citado por la comisión de Fiscalización para responder a graves acusaciones que lo señalan como el presunto organizador de una red de prostitución que habría operado al interior del Parlamento peruano.

La denuncia, destapada por el programa de televisión Beto a Saber, apunta directamente al abogado Jorge Torres, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso y vinculado al partido Alianza Para el Progreso (APP). Según el reportaje, Torres habría coordinado los servicios de trabajadoras sexuales para parlamentarios, involucrando incluso a figuras de alto perfil político.

En una declaración explosiva, una de las presuntas víctimas afirmó que algunas mujeres llegaron a "visitar al expresidente del Congreso Alejandro Soto", también integrante de APP. Soto negó tajantemente la acusación a través de un comunicado, pero las sospechas no han hecho más que intensificarse.

La Fiscalía, por su parte, ya abrió una investigación preliminar por el presunto delito de explotación sexual en agravio de mujeres aún no identificadas. El caso ha generado indignación nacional e internacional, dado el impacto de las denuncias en la ya debilitada imagen del Congreso peruano.

En declaraciones a la prensa, Torres rechazó categóricamente las acusaciones: "Lo niego rotundamente (...) y pido por parte de la Fiscalía y la comisión de Fiscalización que investigue". Sin embargo, el país exige respuestas claras y contundentes sobre este escándalo que pone nuevamente en jaque la credibilidad de una de las instituciones más cuestionadas del Perú.

La cita de Torres ante la comisión promete ser clave para esclarecer el caso, mientras el Parlamento enfrenta una de sus crisis más vergonzosas. La atención nacional está puesta en las acciones que tomarán las autoridades para determinar la verdad detrás de estas denuncias que, de confirmarse, podrían desencadenar un terremoto político de dimensiones históricas.

En este marco, la muerte violenta de Andrea Vidal, una joven abogada de 28 años y exasesora del Congreso, ha sacudido al Perú y desatado una tormenta política. Vidal, quien hasta septiembre de este año trabajaba como mano derecha de Jorge Torres, fue asesinada a balazos el 10 de diciembre mientras viajaba en un taxi por Lima. Su conductor también perdió la vida en el ataque.

Vidal agonizó durante una semana antes de fallecer el 17 de diciembre. Su asesinato, ocurrido solo días antes de que Torres fuera cesado de su cargo el 13 de diciembre, ha añadido una capa oscura al ya controversial caso de la presunta red de prostitución vinculada al Congreso.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, no escatimó palabras al referirse al caso: "Lo que ha sucedido es grave. La presunta red de prostitución, que ha acabado con el crimen de una ex trabajadora del Congreso, tiene que ser investigada".

La conexión entre el ataque a Vidal, el escándalo de explotación sexual y las recientes denuncias contra Torres ha encendido las alarmas en el escenario político. La joven abogada, conocida por su cercanía con Torres hasta su despido en septiembre, es vista por algunos como una pieza clave que podría haber tenido información sensible sobre las actividades ilícitas que ahora se investigan.

Mientras la Fiscalía avanza en las pesquisas, el asesinato de Vidal deja un rastro de preguntas sin respuesta y un eco de indignación en la sociedad peruana. ¿Fue víctima de un acto de represalia o su muerte está relacionada con la red de explotación sexual que se investiga? Lo que parece claro es que el caso ha revelado no solo la fragilidad institucional del Congreso, sino también la sombra de violencia que persigue a quienes se atreven a cuestionar los intereses oscuros dentro del poder.

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte decidió ampliar el estado de emergencia, en diferentes distritos de Lima Metropolitana y el Callao, como accionar frente a la ola de criminalidad y asesinatos que están ocurriendo en la capital y el primer puerto. Sin embargo, las medidas que toma esta administración terminan siendo en vano frente a la grave convulsión y crisis social que se viene atravesando.

La inseguridad en Lima se ha convertido en una epidemia que afecta la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Extorsiones, asaltos, robos, violaciones y sicariatos son reportados diariamente, alimentando el temor y la sensación de vulnerabilidad en las calles de la capital. A pesar de los “esfuerzos” del Gobierno y el Ministerio del Interior por contener esta creciente ola de criminalidad, los resultados parecen ser insuficientes frente a una realidad cada vez más alarmante.

Sin embargo, un hecho curioso emerge en medio de este panorama sombrío: cinco distritos de Lima han logrado registrar un número mínimo de denuncias, con cifras que no superan el 0,3% del total de casos reportados.

El reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), titulado “Estadísticas de la criminalidad, seguridad ciudadana y violencia”, analiza las denuncias registradas entre abril y junio de este año. El documento detalla los delitos más comunes en la capital, abarcando desde crímenes contra el patrimonio hasta atentados contra la vida, la integridad física y la seguridad pública. Según el estudio, la percepción de inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los limeños, superando incluso la crisis económica en muchas encuestas de opinión.

A pesar de esto, los distritos con menor cantidad de denuncias presentan una aparente paradoja. Mientras algunas zonas de Lima son testigos diarios de actos delictivos, otras parecen mantenerse al margen de esta crisis. ¿Es la seguridad real o una ilusión basada en la falta de denuncias? Expertos sugieren que, en muchos casos, el miedo o la desconfianza en las autoridades desincentivan a las víctimas a formalizar sus quejas, dejando un vacío en las estadísticas que podría estar maquillando la realidad.

La capital enfrenta un momento crítico en su lucha contra la inseguridad, y la capacidad de las autoridades para responder será clave no solo para reducir las cifras, sino también para recuperar la confianza de una ciudadanía que ya no se siente protegida.

En este marco, la administración de Dina Boluarte felicita al ministro Juan José Santiváñez por su labor al frente del Mininter, sin embargo, los indicadores de crímenes en el país no va en reducción, y cada vez se hace más constante la presencia de hechos delictivos en diferentes zonas de nuestra capital, contradiciendo así las versiones que brinda el gabinete ministerial liderado por Gustavo Adrianzén, quien ha mencionado de manera beligerante que la criminalidad en el país disminuyó significativamente, a pesar de las cifras reportadas por el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), que registró 1.830 homicidios hasta noviembre de 2024, lo que supone un incremento del 22,5 % respecto al 2023.

Al parecer, el gobierno perulibrista, que ahora administra Dina Boluarte, sucesora del golpista Pedro Castillo; estaría vinculado con la corrupción y el abuso de poder, lo cual, no solo han dejado una estela de escándalos, sino también una preocupante tendencia: el escape sistemático de políticos, empresarios y funcionarios que, incluso con sentencias y órdenes judiciales en su contra, logran burlar a la justicia. La lista de prófugos de alto perfil no para de crecer, reflejando las profundas fallas del sistema judicial y la aparente complicidad que permite que estos personajes se mantengan fuera del alcance de la ley.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Vladímir Cerrón, líder del partido Perú Libre, condenado por corrupción en el caso “Aeródromo Wanka”. Desde 2023, Cerrón permanece prófugo, protegido por vacíos legales y la inacción de las autoridades, mientras continúa influyendo políticamente desde la clandestinidad. Su caso es un ejemplo paradigmático de cómo el poder político y las deficiencias del sistema permiten a figuras condenadas seguir operando impunemente.

Pero Cerrón no está solo. Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, se suma a esta lista negra. Investigado por tráfico de influencias, cohecho y pertenencia a una organización criminal, Boluarte enfrenta una orden de prisión preventiva de 36 meses, pero continúa prófugo. Su caso ha generado suspicacias sobre una posible interferencia política que podría estar retrasando su captura, alimentando aún más el descontento ciudadano hacia las instituciones.

A estos nombres se añade ahora Elizabeth Peralta, suspendida fiscal acusada de tráfico de influencias y sobornos. Con 18 meses de prisión preventiva dictados en su contra, Peralta también ha desaparecido, dejando al descubierto cómo incluso quienes deberían defender la justicia pueden terminar burlándola.

Estos casos no solo representan el fracaso del sistema judicial para garantizar la rendición de cuentas, sino que también socaven la confianza de los peruanos en sus instituciones. Cada prófugo es un recordatorio del poder de la corrupción para doblegar las leyes y perpetuar un ciclo de impunidad que parece no tener fin.

Mientras tanto, la ciudadanía observa con frustración cómo la justicia parece tener preferencia por los débiles y no por los poderosos. ¿Qué hace falta para que el Perú deje de ser el paraíso de los prófugos? La respuesta, aunque urgente, sigue siendo esquiva en un país donde la justicia parece ser tan frágil como su democracia.

El 2024 quedará en la historia como un año en que las crisis políticas, sociales y de seguridad evidenciaron las profundas fallas estructurales que afectan al Perú. Desde los escándalos en el Congreso y la sombra de corrupción que envuelve al gobierno, hasta la creciente inseguridad en las calles y la proliferación de prófugos de la justicia, el país se encuentra atrapado en un círculo vicioso de impunidad y desconfianza institucional.

Sin embargo, más allá del diagnóstico de los problemas, surge una reflexión ineludible: ¿qué tipo de país queremos construir? Esta pregunta interpela no solo a las autoridades, sino también a la sociedad civil, que debe replantearse su rol como agente de cambio. ¿Hasta cuándo toleraremos el colapso ético de nuestras instituciones y la inacción frente a la inseguridad que nos roba la tranquilidad?

El Perú enfrenta un momento crucial, donde cada decisión o inacción marcará el rumbo hacia una posible recuperación o hacia una crisis aún más profunda. Este año turbulento nos deja una lección: solo con una ciudadanía vigilante, informada y comprometida será posible exigir la rendición de cuentas y recuperar la confianza en un sistema que, hoy más que nunca, parece estar al borde del colapso.

La resaca del 2024

¿Está el Perú a punto de romper un pacto internacional y abrir las puertas a la pena de muerte? Las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte sobre abandonar el Pacto de San José y aplicar esta controvertida medida han desatado una tormenta política, reavivando uno de los debates más sensibles para el país. ¿Es esta una propuesta viable o un movimiento estratégico que busca sacudir la escena?

Para arrojar luz sobre esta polémica, en El Reporte conversamos con la congresista de la República María del Carmen Alva, con el fin de encontrar una respuesta a esta polémica y qué tan probable es esta propuesta de la mandataria de la Nación.

Congresista, ¿qué opina sobre las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte con respecto a la salida del Pacto de San José y la pena de muerte en el Perú?

Es una declaración para distraer, no tiene sentido. Ese no es el sentir. Nunca ha sido la política exterior del Perú. No estoy de acuerdo, estoy segura de que debe estar viendo qué hacer ahora con esas declaraciones. Es muy difícil salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tema de denunciar el Pacto San José demora años, si es que lo hiciera, demora años y, por último, lo va a hacer el Ejecutivo. Simplemente, si deciden tomar ese paso, tienen que enviar aquí el proyecto de ley, analizar con los equipos que nosotros tenemos que pasar por el Congreso, pero la decisión política es de ellos. Pero lo veo totalmente inviable. Para mí, simplemente, ha sido una declaración así, al aire. Le habrán dicho: "Di esto para distraer, porque todo el mundo está hablando de tu cirugía". Clarísimo. La verdad es que a mí me parece terrible, pero bueno. Efectivamente, su comunicador debe haber dicho que haga esto, porque la verdad es que están con tan baja aprobación y no saben cómo salir de los temas tan frívolos en los que están envueltos, que se les ha ocurrido decir eso. Es increíble, porque una declaración mueve a toda la población y todos los periodistas y comentaristas, le siguen el juego y están ganando la pena de muerte.

Esto también le da cierto sostén a los caviares que para que vuelvan a pedir nuevamente vacancia por incapacidad moral, así como se agarraron del tema de las cirugías

De las cirugías y eso, bueno, mira. No es causal de vacancia, que se haya ido a operar la nariz y que inmediatamente haya estado conectada. Ya lo han dicho todos los especialistas, los que son cercanos al gobierno y los que no son cercanos.

¿De dónde sacan este tema de abandono de cargo en todo caso?

Bueno, los caviares siempre lo van a decir, los que están en contra, los castillistas que no le perdonan que hayas tomado la presidencia, siempre van a decir eso, que es abandono de cargo. Y, además, dicen que tenía que decirle de todas maneras al Congreso, que ya lo han explicado, que en la Constitución ningún artículo dice que tiene que comunicar al Congreso, que va a tener una operación, una cirugía. Se supone que ya debe haber encargado, o esos días simplemente se habrán visto algunos temas no tan importantes. El problema sería, pero que se investigue, evidentemente, si es que ha puesto temas en redes como que hubiera estado trabajando estos días, diciendo que era ese día, o sea que haya mentido, una cosa así. Pero mira, falta un año y medio, es una locura estar pensando en cambiar la presidenta. La única manera en que podría haber una vacancia acá es que salga un tema de corrupción, un video, una cosa realmente que merece una vacancia que establece el artículo 117 de la Constitución. Pero si no, yo creo que lo que se tiene que concentrar es tratar de terminar bien, de dejar algo de obras, de que sus ministros hagan su trabajo. Creo que sí debería de cambiar y tener nuevos ministros, hacer algunos cambios ahí, definitivamente. Refrescar este gabinete es urgente, o cambiar al premier. Ya están desgastados. Pero bueno, es decisión de ella, si quiere que llegue con 3, 4, 5, 10% de aprobación, que al final son encuestas, pero que la gente lo ve y es importante también.

Es importante eso que menciona, más aún, contextualizándonos en esta circunstancia delictiva que estamos viviendo, al menos en la capital.

Mira, si es cierto que ha habido muchos cambios de ministro del Interior, pero yo creo que este es un tema que ya se ha escapado de las manos, y cualquiera que esté ahí va a ser igual. Yo no veo ahí una luz al final del túnel, no la veo. La situación es muy complicada. La Declaración de Emergencias, si bien es una atenuante, es un estratequieto, un tema de decir, estamos en esta emergencia y podemos hacer esto o lo otro, tampoco ha tenido muchos resultados. El tema está muy complicado y es un tema, la verdad, el tema de coordinación entre gobiernos locales, gobiernos regionales, ejecutivo, es un tema transversal a varios sectores también, y que en eso debería estar la Presidenta abocada con su premier y todos sus ministros, porque es la principal preocupación ahora de todo peruano. Y si seguimos en la inseguridad, no va a venir nadie a invertir, una cosa tras la otra. Ahí, en seguridad, tampoco va a haber inversión, va a haber trabajo. Y yo realmente, eso es lo que a todos nos preocupa, y eso es una política pública que hay que implementar. Ya no es cuestión de leyes, de poner más penas, leyes que hemos aprobado miles y seguimos aprobando. Es un tema de gestión de recursos humanos, de que las personas que tienen la responsabilidad hagan su trabajo.

Es preocupante los casos en los que la Presidenta está involucrada, como es el tema de Nicanor Boluarte y de Vladimir Cerrón, que son prófugos de esta administración, ¿puede ser una posible causa de vacancia?

Eso es más preocupante que la operación de la nariz. Se está investigando, y efectivamente no sabemos qué va a pasar de aquí a unos meses. Todo puede pasar, y eso lo veo más delicado que podría ir por un tema de vacancia, efectivamente.

Mencionó usted que salir del Pacto de San José es un proceso difícil, este hecho que ha ocurrido en Villa El Salvador es un hecho que a toda la población ha indignado, definitivamente, pero también es un hecho que no es reciente, es una constante en nuestro país. ¿Cómo se podría, desde su perspectiva, tratar de solucionar esta clase de problemas que hay?

Mira, cada vez que aparece un caso terrible como el último, la niña de 12 años, se empieza a hablar de eso, porque es más fácil decir, muerte a los violadores, todo el mundo quiere, si fuera mi hija también seguramente pensaría lo mismo, pero la realidad es que aplicar la pena de muerte en un país como el nuestro, con una administración de justicia, la verdad, tan desprestigiada, que comete tantos errores, es muy difícil, y amerita un análisis profundo. Yo, particularmente, no estoy de acuerdo con la pena de muerte, no estoy, en ningún caso. Que sea cadena perpetua, que se aumenten las sanciones a estos delitos, pero el tema de la pena de muerte me parece muy delicado. Yo he presentado justo un proyecto de ley para cuando desaparecen, que se podría haber aplicado a esta niña, cuando desaparecen los niños, porque lo que sí está en el Código Penal es el delito de secuestro, proyecto de secuestro y te pido plata después para el rescate, pero no está cuando desaparece la persona, como en el caso que esta niña salió, desapareció, la violaron, en fin. Espero que la Comisión de Justicia lo vea. Aquí es un tema de educación, un tema de educación que no estamos bien en educación, efectivamente, un tema de salud mental que tampoco estamos bien por todas las cosas que están pasando, y claro, eso amerita una política pública presente, presupuesto de educación, presupuesto de salud, o sea, tiene que invertirse en esos sectores. Pena de muerte, lo más fácil, cuando sabemos que eso no va a pasar nunca.

¿Por qué manifiesta que es difícil salir de la corte?

Es difícil, porque necesitamos, igual, una segunda instancia internacional, no solamente para este tema, sino para cualquier tema, eso que haya una dictadura, una violación o algo. No estamos felices con la corte, por cómo está conformada, pero por algo hemos empezado. Que ahora está Alberto Borea, que va a ser el nuevo juez de la corte, que va a entrar en funciones, si no me equivoco, en enero. Entonces, es poco a poco.

Considerando también que el sistema de justicia en el país es defectuoso.

¿Está el Perú a punto de romper un pacto internacional y abrir las puertas a la pena de muerte? Las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte sobre abandonar el Pacto de San José y aplicar esta controvertida medida han desatado una tormenta política, reavivando uno de los debates más sensibles para el país. ¿Es esta una propuesta viable o un movimiento estratégico que busca sacudir la escena?



Para arrojar luz sobre esta polémica, en El Reporte conversamos con la congresista de la República María del Carmen Alva, con el fin de encontrar una respuesta a esta polémica y qué tan probable es esta propuesta de la mandataria de la Nación.





 María del Carmen Alva: “Es muy difícil salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”

El gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, enfrenta una nueva controversia en su gestión, luego de que el expremier Alberto Otárola revelara detalles impactantes que han encendido el debate político en el país. Según Otárola, la mandataria habría abandonado sus funciones para someterse a procedimientos de cirugía estética, una afirmación que no solo pone en entredicho su compromiso con el cargo, sino que también desata un nuevo escándalo en medio de la ya convulsionada escena política peruana.


Como se recuerda, la presidenta Boluarte se sometió el año pasado a una cirugía que no hizo pública, según confirmó su expremier Alberto Otárola, quien consideró que no hubo vacío de poder, pese a la condición médica de la mandataria y no contar con vicepresidentes para asumir de forma temporal el cargo.


Así lo reveló durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde fue llamado a declarar sobre el polémico 'Caso Cofre'. Este caso investiga la presunta participación de Dina Boluarte en la fuga de Vladimir Cerrón Rojas, líder del partido marxista y presunta organización criminal, Perú Libre, al cual, la mandataria perteneció hasta el año 2022.


"Como es de conocimiento público, la señora presidenta de la República, en las fechas indicadas, pasó por un procedimiento quirúrgico, pero en este procedimiento, como le sucede a cualquier persona, no estuvo desatendiendo mucho menos las labores que le competían al cargo y me consta porque yo fui en ese momento presidente del Consejo de Ministros", dijo Otárola ante el Congreso de la República.


Dina Boluarte se encuentra en el ojo de la huracán político, luego de que juristas y congresistas señalaron que habría incurrido en una grave infracción constitucional. Este hecho podría abrir la puerta a un proceso de destitución o vacancia, poniendo en jaque su permanencia en la Presidencia y desatando una nueva crisis en el país.


Las declaraciones de Otárola desencadenaron una ola de reacciones en el Congreso, y uno de los primeros en saltar al ruedo fue el congresista Carlos Zeballos, miembro de la comisión que investiga el caso. En una impactante declaración a la prensa, Zeballos afirmó que la presidenta Boluarte nunca envió al Legislativo una solicitud para autorizar el ejercicio de sus funciones desde fuera del Palacio de Gobierno, como es habitual cuando la mandataria viaja.


"Hay un vacío legal que tenemos que ver acá en el Congreso. Ella no puede dejar acéfalo el gobierno porque no tiene un vicepresidente", expresó al agregar que tendría que haber habido comunicación al Congreso sobre su situación de salud y que tampoco presentó un certificado médico que justifique su ausencia temporal ni detalles sobre cuánto tiempo duró su recuperación.


Añadió que Boluarte podría haber actuado sin la debida aprobación del Congreso, lo que añade a la situación de negligencia.


"Vamos a investigar, solicitar la documentación necesaria. De hallar las evidencias concretas, yo creo que habría una causal de vacancia", indicó.


Por su parte, varios abogados constitucionalistas han señalado que Dina Boluarte habría incurrido en una infracción a la Constitución del Perú, al no haberse tomado las medidas necesarias durante su cirugía. En caso de haber estado inconsciente, se habría generado un vacío de poder, lo cual, según expertos, encajaría en el supuesto de incapacidad temporal establecido en el artículo 114 de la Constitución. Sin embargo, tanto desde el Congreso como desde Palacio de Gobierno, también se ha optado por descalificar la propuesta de vacancia, calificándola de parte de un frente desestabilizador.


"Una rinoplastia implica una incapacidad temporal, durante la cual no se pueden realizar actividades", indicó el exprocurador y profesor de la PUCP, Daniel Soria Luján, en declaraciones al portal Infobae Perú.


Desde su posición, el premier Gustavo Adrianzén salió en defensa de la presidenta Dina Boluarte ante los recientes intentos de vacancia, calificando como una "bajeza" la cobertura mediática sobre su cirugía estética. A pesar de las críticas, Boluarte rechazó que su mandato haya sido interrumpido y defendió su derecho a la privacidad. Por su parte, la oposición ha presentado varias mociones de vacancia, basadas en estos y otros asuntos, aunque hasta ahora ninguna ha logrado prosperar.


En ese sentido, El Reporte dialogó con el constitucionalista Aníbal Quiroga a fin de esclarecer esta posible vacancia en contra de la presidenta Dina Boluarte y si esto corresponde o no de acuerdo a la carta magna.


Para Quiroga, una vacancia en contra de Dina no es posible, debido a que el abandono de cargo no es una causal de destitución del cargo más alto del Perú. Sin embargo, sí consideró una falta grave el no haber comunicado al Congreso sobre la suspensión temporal y tener el permiso del Parlamento para el mismo.



La congresista Margot Palacios encendió la polémica al presentar una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, acusándola de violar la Constitución al abandonar sus funciones y dejar un vacío de poder durante un controvertido procedimiento médico.


En un documento dirigido a María Acuña, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Palacios, exintegrante de Perú Libre, señala a Boluarte de los delitos de usurpación de función pública y omisión de funciones, argumentando que la mandataria no informó al Congreso sobre la cirugía realizada.


La legisladora sostiene que, al someterse a una operación que le produjo incapacidad temporal, Boluarte estaba obligada a comunicar al Parlamento para activar la sucesión constitucional. En ausencia de un vicepresidente, el líder de la Mesa Directiva del Congreso debió asumir el cargo presidencial. Este caso plantea interrogantes inquietantes: ¿se violó el orden constitucional en el más alto nivel del poder?


“Al haberse negado a solicitar la suspensión, y al no haber permitido que se proceda a encargar la Presidencia, ha reiterado su incapacidad moral manifestada ya en otras circunstancias, como por ejemplo en su injerencia en designaciones del personal diplomático”, señala el punto cinco del oficio presentado por Palacios.


“Yo creo que lo que va a pasar es que cuando deje de ser presidenta, le van a cobrar las cuentas de la infracción constitucional, antes no se podía por artículo 117, y ahora no hay causal para una incapacidad moral permanente, ni tampoco hay los votos suficientes. (...) Ha habido una falta, ha habido un incumplimiento constitucional, pero no genera la vacancia”, declaró Aníbal Quiroga para El Reporte.


Dos años de gobierno tras fallido golpe de Castillo

Dina Boluarte alcanzó dos años en el poder este 7 de diciembre, en un aniversario marcado por la memoria del fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo y su posterior sucesión constitucional tras la destitución del chotano en 2022. Sin embargo, estos dos años de gobierno no han sido ajenos a controversias y escándalos políticos.


Lejos de distanciarse del legado perulibrista, la gestión de Boluarte ha sido señalada como una continuación del caos y las presuntas irregularidades que caracterizaron al gobierno de su antecesor. Se habla de favorecimientos ilícitos hacia figuras cercanas al partido del lápiz e incluso hacia familiares de quienes integraron la plancha presidencial.


A pesar de los intentos del partido marxista Perú Libre por deslindarse de la administración de Boluarte, las investigaciones en curso revelan indicios de beneficios hacia esta agrupación política, como la fuga del exgobernador de Junín y líder del partido, Vladimir Cerrón, acusado de corrupción. Este hecho ha encendido aún más las críticas hacia Dina Boluarte.


En medio de este tenso escenario, el expresidente Pedro Castillo, desde su prisión, avivó la polémica al publicar un mensaje en sus redes sociales donde calificó a Dina Boluarte como “traidora y usurpadora”. ¿Está su gobierno condenado a cargar con las sombras de su origen político y los cuestionamientos éticos que lo rodean?


Desde su celda en la Base Naval del Callao, donde permanece en prisión preventiva desde diciembre de 2022, Pedro Castillo rompió su silencio con un mensaje dirigido tanto al pueblo peruano como a la comunidad internacional. En su declaración, el expresidente no solo denunció que el juicio oral por rebelión que enfrenta es, según él, una maniobra del Poder Judicial para sentenciarlo al margen de la ley y acallar su voz política, sino que también reafirmó su postura desafiante: “Estoy con el pueblo y, dentro de él, soy realmente libre”, escribió, presentándose como un líder indoblegable en lo que llama una lucha por la democracia.


Castillo no se detuvo ahí. Aprovechó el mensaje para lanzar fuertes críticas contra Dina Boluarte, destacando su baja aprobación, que aseguró no supera el 3%. Fue más allá, calificándola de “asesina” por las muertes ocurridas durante las protestas que sacudieron al país tras su destitución, y acusándola de encabezar un gobierno que, en sus palabras, ha traicionado al pueblo peruano.


¿Esta es una estrategia para recuperar relevancia política? Las declaraciones de Castillo reavivan el debate sobre su caída, el futuro de Boluarte y el turbulento rumbo político del país.

El escándalo desatado por las declaraciones del ex premier Alberto Otárola ha puesto al gobierno de Dina Boluarte en una situación extremadamente delicada, cuestionando no solo su capacidad de liderazgo, sino también la legalidad de sus acciones durante su cirugía. A pesar de sus intentos por minimizar el impacto de su ausencia temporal, el hecho de que no se haya comunicado adecuadamente al Congreso, ni se haya activado la sucesión constitucional, añade más incertidumbre a su ya tambaleante administración. Sumado a esto, el caso de la fuga de Vladimir Cerrón, uno de los puntos más oscuros de la política peruana, sigue acechando su gestión. Con la confianza en Boluarte en niveles alarmantemente bajos, el futuro de su gobierno pende de un hilo, y las repercusiones de estos eventos podrían marcar el fin de su mandato o, por el contrario, avivar aún más las llamas del caos político en el país. ¿Podrá Boluarte recuperarse de este escándalo o está su presidencia condenada al fracaso? El corto plazo lo dirá.

El gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, enfrenta una nueva controversia en su gestión, luego de que el expremier Alberto Otárola revelara detalles impactantes que han encendido el debate político en el país. Según Otárola, la mandataria habría abandonado sus funciones para someterse a procedimientos de cirugía estética, una afirmación que no solo pone en entredicho su compromiso con el cargo, sino que también desata un nuevo escándalo en medio de la ya convulsionada escena política peruana.









¿Las horas contadas?

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos ha aprobado un dictamen que llevará al Pleno del Parlamento el debate sobre la Unión Civil. Esta iniciativa, impulsada por el congresista Alejandro Cavero, busca establecer que la unión civil sea entendida como un acuerdo de voluntades, evitando así cualquier controversia sobre su relación con la concepción o constitución de una familia. Para profundizar en los detalles de esta propuesta y analizar su posible impacto en la sociedad, conversamos con el congresista Alejandro Muñante, miembro de la bancada de Renovación Popular.


¿En qué consiste la aprobación de este dictamen de Unión Civil?


Yo creo que es un proyecto nocivo y lo explico desde varias aristas. Hay un tema legal y jurídico, que es insalvable, que es un argumento que todavía no han podido vencer. El artículo 4 y 5 de la Constitución son bastante claros. Mientras que el artículo 4 habla de que el Estado tiene la finalidad de promover el matrimonio y proteger la familia, desarrollado el concepto de matrimonio en el Código Civil, donde dice claramente que es la unión voluntaria entre un hombre y una mujer, por su parte el artículo 5 de la Constitución política señala que la unión de hecho es la unión libre de un hombre y una mujer que no tengan ningún tipo de impedimento patrimonial. Es decir, la Constitución ha diseñado un modelo de composición que solo puede ser entre un hombre y una mujer. No lo digo yo, lo dice la Constitución política del Perú. De tal manera que la Constitución obviamente reconoce una realidad, y es que no todas las parejas desean casarse. Hay quienes solo se juntan, tienen hijos, por supuesto, y de tal manera que el Estado no puede quedarse indiferente frente a esa realidad, y lo que hace es reconocer esa realidad y le otorga cierta protección. ¿Por qué le otorga protección? Porque estas parejas que no desean casarse, pero que se juntan para tener un proyecto de vida juntos, tienen hijos, y son los hijos los que necesitan ser protegidos ante la separación. Entonces, el argumento principal de quienes quieren aprobar la Unión Civil es que amor es amor, déjenos amar porque hasta Dios amó. Bajo ese argumento, cualquier cosa puede ser amor, cualquier composición puede ser reconocida.¿Por qué? Porque ¿cuál es el límite del amor? Hoy el Estado regula sobre el amor, mañana regulará sobre el odio, pasado regulará sobre los resentimientos, etc. Entonces tenemos un Estado completamente totalitario que comienza a legislar sobre los sentimientos y eso no es lo que corresponde. Esta Unión Civil, lo que en la letra está diciéndonos, es que se está reconociendo a una nueva composición de pareja, que goza de un estatus civil, porque va a tener esa condición, que no está siendo reconocida en la Constitución. De tal manera que el argumento que nosotros establecemos es que si se quiere reconocer una nueva especie de Unión de Hechos fuera de lo que la Constitución establece, lo mínimo que tenemos que hacer jurídicamente es modificar el artículo 5 de la Constitución. Y eso no se está haciendo con esta norma de menor rango que está en la práctica modificando el artículo 5 de la Constitución. Ese es el argumento legal, digamos, un argumento que hasta el día de hoy no han podido vencer.


¿Qué tan grave es esto para nuestra sociedad?


Otro argumento es que el Estado, y como lo dice la Constitución, desde que hemos sido fundados como país, reconoce a la familia. ¿Qué significa reconocer? Que es una realidad preexistente al Estado. Es decir, la familia existía antes que exista el Estado peruano, ¿correcto? Entonces, por eso que la Constitución dice: el Estado reconoce, no dice, crea, ¿cierto? Solo reconocemos algo que ya existía, algo que precedía a cualquier autoridad en este país. Por tanto, ninguna autoridad, ningún congresista, ningún ministro, ningún presidente, tiene la facultad de modificar, darle un concepto siquiera a la familia. Por eso es que la Constitución no encuentra concepto de familia. O sea, no podemos nosotros modificar la familia, no podemos desnaturalizar la familia, no podemos suprimir la familia porque no es nuestra facultad. Además, otro sustento del tema es que si tú reconoces a la Unión Civil ahorita con estos derechos y obligaciones, le estás sacando la vuelta a la legalidad a nuestro país. Porque si vas a modificar la Constitución con una norma infraconstitucional, entonces esta ley de Unión Civil, que es una ley simple, ni siquiera es una ley orgánica, es una ley simple, es decir, votada por la mayoría simple del Congreso, entonces a esta norma tú le puedes ir más adelante agregando más derechos. Como, por ejemplo, la opción de menores. Y no hay nada que lo impida. Entonces ya no tienes que modificar el Código Civil. Ya no tienes que modificar la Constitución. Simplemente, modificas una ley simple, que es la Unión Civil.


Eso es lo peligroso y preocupante porque, de alguna, forma contraviene a la ley natural de la familia.


Claro, porque además el matrimonio también es un instituto natural, dice la Constitución, pero también es cultural. Es decir, forma parte de nuestra esencia. Es un pilar de nuestra naturaleza, de lo que somos. Es como, por ejemplo, las creencias religiosas. Yo, mañana más tarde, no podría suprimir la religión porque sería negar una parte esencial del Perú, ¿no es cierto? Igual es la familia, no la puedes suprimir, no la puedes modificar. Es parte de la cultura de nuestra nación. Si tú quieres cambiar eso, vas a tener que hacer algo por años. O sea, no se puede hacer de la noche a la mañana. Por eso es que cuando en algunos países donde se ha aprobado, por ejemplo, el matrimonio homosexual, ha venido una conflictividad enorme porque la población no ha estado preparada. Pueden hacer algunas otras modificaciones, el Código Civil lo permite, pero no bajo una figura subjetiva, algo que se quiera camuflar como si fuese un matrimonio cuando no lo es.


¿Considera usted que este tema de la Unión Civil ya es un debate absurdo, es un tema que no tiene ni pies, ni cabeza?


Bueno, no lo tiene ahorita, no lo tendrá nunca, porque no podemos, digamos, en circunstancias más propicias, tampoco deformar la Constitución o la familia. Ese debate no es bienvenido nunca. Tenemos tantas necesidades hoy como país como para estar debatiendo o enfrascándonos en una discusión tan innecesaria como esta. Yo creo que esto obedece más que nada un ego personal del congresista proponente, porque claro, en el 2015 este tema también se debatió. Lo propuso Carlos Bruce, que nunca llegó al Pleno porque se desnaturalizó y se quedó solamente en la Comisión de Justicia. Creo que el congresista proponente y autor de la iniciativa, lo que quiere es llevarse esa coronita de que al menos llegó al Pleno, pero en realidad es una ley gusanito, digo yo, como la canción, nadie me quiere, todos me odian, mejor me trago un gusanito, igualito. ¿Por qué? Porque la comunidad LGTB que sale a marchar cada junio de cada año tampoco quiere la unión civil. Entonces, aquí estás beneficiando a un grupito, un ego personal; en realidad, no podemos nosotros polarizar el país por egos personales.




No es la primera vez que se debate este tema de la unión civil. Es una discusión que al final terminan siendo una constante dentro del Parlamento en circunstancias que deberían ser más direccionadas para cosas importantes en nuestro país.

Claro, porque uno de los argumentos que he escuchado en el debate de la Comisión de Justicia es que este tema ya tiene 21 años, dicen los autores, ya tiene que aprobarse. No porque se discuta muchos años, ya tiene que aprobarse, eso es una falacia. Por ejemplo, el cambio de Constitución, la Asamblea Constituyente tiene hace años y no por eso debería aprobarse, entonces eso de por sí ya es una falacia. Y la otra falacia es que lo que se argumenta que estamos luchando por la igualdad de derechos, por el reconocimiento de derechos, pero en realidad eso también es una falacia. Lo digo de manera categórica porque ni el aborto ni el matrimonio homosexual son derechos. La institución del matrimonio no es un derecho, propiamente dicho. El Tribunal Constitucional ha señalado claramente que el matrimonio es una institución, no es un derecho. El tribunal Estrasburgo en Europa, cuando también discutió el tema del matrimonio igualitario, también señaló de manera tajante que el matrimonio homosexual no es un derecho y que será cada Estado, en su libertad, el que adopte o apruebe este tipo de iniciativas. Entonces no es un derecho. Por tanto, si no es un derecho, no estamos hablando de ningún campo de desigualdad. El matrimonio es una institución que tiene presupuestos y quien quiera acceder a él tiene que cumplir los presupuestos. Igual como, por ejemplo, la patria potestad también es una institución. Yo, para acceder a la patria potestad, lo mínimo que tengo que tener son hijos, ¿no es cierto? Tengo que tener hijos o tengo que adoptar uno. No puedo yo creer que tengo el derecho a la patria potestad si soy un hombre soltero sin hijos. Es imposible. Entonces hay instituciones que han sido diseñadas para cumplir una finalidad pública y para acceder a ellas necesitas cumplir con requisitos. Porque si fuese un derecho el matrimonio, todos tendríamos derecho a él. Entonces, ¿qué pasaría si yo le propongo a mi novia que se case conmigo y me diga que no? ¿Qué está yendo en contra de mi derecho al matrimonio y por eso la tengo que denunciar? No puede ser. Entonces, no es como lo pintan y por esa razón es que es importante aclarar esos conceptos.


Congresista, hay algo interesante que usted mencionó y que me llamó mucho la atención es el tema de que si se aprueba esta ley puede haber la facilidad mañana más tarde de que se apruebe un beneficio para ellos que es la adopción de niños. Que es algo preocupante.

Claro que sí. Y es que, como te digo, cuando se legisla sobre temas de familia, lo que se procura es proteger el interés superior del niño. Si tú te das cuenta y revisas toda la legislación en cuanto al matrimonio, que es difícil o debería ser un poco difícil acceder al divorcio después de haberte casado. El tema de la pensión de alimentos. La patria potestad. El régimen de visitas. ¿No es cierto? Todo está diseñado para proteger a la prole. O sea, el Estado ha diseñado el matrimonio para no ser disuelto y, si tú quieres disolverlo, tienes que cumplir también ciertos requisitos para poder disolverlo. No puedes decir de noche a la mañana y me quiero divorciar, y punto. Tienes que cumplir ciertos requisitos porque lo que se procura es salvaguardar la familia. Entonces, evidentemente, esto es así y cumple, como te digo, la función de la subsistencia del Estado. Yo estuve, gracias a Dios, en algunos países de primer mundo como en Corea del Sur, la ciudad de Seúl y ahí hay un problema grave y es que no están naciendo niños. Entonces, ellos están con la pirámide invertida. Tú sabes bien que los tres elementos que conforman un Estado son territorio, población y poder. Y si la población está decayendo, ¿cómo asegura la subsistencia del Estado? ¿Cómo te aseguras de que acá cien años tu país siga existiendo? O de repente ya se volvió un país de inmigrante porque las mujeres en tu país decidieron no tener hijos. Entonces, es una preocupación y en Corea del Sur, por ejemplo, hasta le están pagando a las mujeres para tener hijos. En otros países les liberan los impuestos. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta del terrible problema que es reducir las tasas de natalidad. Entonces, por eso, que los Estados, estos Estados que en un momento abrazaron el progresismo, se dieron cuenta, pues que estaban haciéndose haraquiri, y hoy estamos promoviendo el matrimonio, promoviendo la natalidad porque están preocupados. Entonces, evidentemente, si es que el Estado regula y protege a la familia, es para asegurar la subsistencia del Estado. Y las parejas homosexuales tienen toda la libertad de poder juntarse, de poder desarrollar su vida junto, de poder hacer como quieran, ¿no es cierto? Nadie los impide aquí en el Perú, al menos no los sancionamos, no los perseguimos, como se ocurre en otros países, donde por cierto nadie hace huelga, ¿no? Pero no son, pues, relaciones que puedan tener una finalidad pública. A nadie le interesa lo que estas dos personas hagan en sus cuatro paredes, ¿no es cierto? Por eso les vamos a otorgar derechos y obligaciones, ¿no? Claro.


Esta iniciativa lo aprobó la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. ¿Qué procede? ¿Debatirlo en el pleno? ¿Cómo va a funcionar ese tema?


Sí. Lo que procede, según el reglamento, es que tiene que pasar primero siete días después de aprobado en la Comisión de Justicia para que esté expedito de ser agendado en el pleno. Pero para que sea agendado en el pleno, necesita que un congresista vocero pueda solicitar su priorización en la agenda del pleno en una junta de portavoces. Junta de portavoces que debería suceder la próxima semana. Pero si, por ejemplo, nos llaman a junta de portavoces el día lunes o martes, todavía no se cumplen los siete días hábiles para que este proyecto pueda ser agendado, a no ser que pida una exoneración del plazo de publicación. Estos temas técnicos son importantes que se sepan, porque para que más o menos podamos entender cuándo podría entrar. Si se pide exoneración, podría entrar la próxima semana. Si no se pide exoneración, tendría que estar recién la próxima, la subsiguiente, la quincena, la última semana de la legislatura. Y si no se pidió nunca su priorización, ya estaríamos hablando a partir de marzo, abril del siguiente año.


¿Entonces hay para rato sobre este tema?


Yo quisiera, si a mí me lo preguntas, yo quisiera que este tema se zanje este mes. Sí, quisiera que se debata en el pleno la unión civil para, de una vez, digamos, matar este tema para que no quede vivido como se dice en el pleno, porque podría ser luego activado por otros.


¿Considera usted o cree usted que este proyecto una vez que pase a pleno tenga futuro no tenga futuro? ¿Cómo lo ve usted desde su perspectiva dentro del parlamento?

Mira, yo creo que el congresista Cavero ha hecho o ha traído más de un dolor de cabeza a varias bancadas. Yo creo que no la vieron venir, menos Fuerza Popular que se dividió; tienen dos posiciones encontradas bastante insalvables: hay bancadas como Acción Popular que también se han dividido por este tema. Hay partidos que se han dividido con sus bancadas como Avanza País. Una cosa es el partido, otra cosa es la bancada. Ya nos dimos cuenta de que, mientras el partido apoya a la familia, la bancada dice que apoya el proyecto del congresista Cavero.


¿Renovación Popular si está tangible con el apoyo de la familia?

Nosotros sí, ya es parte de la mística también de Renovación Popular el presidente partidario el señor Rafael López Aliaga ha señalado públicamente que el voto de la bancada va a ser en contra y en bloque, y eso se va a ver reflejado justamente en la votación de tal manera que no le avizoro buen futuro a la Unión Civil en el pleno del Congreso ojalá que eso se cumpla y podamos verlo, repito, lo más pronto posible porque yo ya quisiera salir de este tema.


Nos han visto, en función a este tema de la Unión Civil, como un país arcaico un país retrasado y nos comparan con países del primer mundo que sí aplican esta medida con Estados Unidos y Corea del Sur.


Eso, además de ser una falacia de autoridad, también es una desinformación porque hay países del primer mundo que no tienen regulado este tema como China, por ejemplo, Rusia. Son países del primer mundo, ¿quién podría negar eso? Y ellos no tienen regulado esto, recordemos que de estos países del primer mundo, como los europeos, también vino el marxismo, vino el fascismo, entonces no por ser europeos vamos a copiarlos todo. Lo que creo que hay que hacer es hacer respetar nuestra soberanía, nuestra propia identidad y nuestra cultura para poder digamos legislar por peruanos y para los peruanos y no necesariamente dejarnos llevar por las corrientes que ocurren en otros lares. Yo creo que el Perú, junto con Paraguay, junto con El Salvador, Guatemala, hasta Panamá y República Dominicana, son los que están dando la hora; son bastiones provida, pro familia y creo que son justamente los países que están siendo más atacados en estos momentos.


Mencionó que el congresista Cavero ha significado un dolor de cabeza para el Congreso de la República por todo esto que ha salido ¿a qué nos referimos con eso?

Sí, mira, yo creo que, como te digo, está siguiendo un tema muy personal, evidentemente es una ley que le beneficia directamente y eso es algo que de por sí ya no deberíamos ver si es que entra o no en un campo de lo ético, ¿correcto? Pero a ver ellos, al menos el congresista en mención se afana de ser muy liberal, ¿no es cierto? Sin embargo, no tiene nada de liberal el hecho de permitir o darle la venia para que el Estado regule sobre los sentimientos de las personas. Si hoy legisla sobre el amor, mañana legislará sobre el odio pasado, legislará sobre el resentimiento y después legislaremos sobre no sé sobre la nostalgia, entonces vamos a tener en el Estado, un Ministerio de la Verdad. Entonces, ¿qué de liberal tiene eso? Absolutamente nada, y es más en todos los países donde se ha aprobado el matrimonio igualitario o el aborto han sido por la fuerza coercitiva del Estado de tal manera que es el Estado quien solvente esas agendas y si alguien se opone utilizando sí su libertad a la conciencia libertad de religión libertad de pensamiento libertad de expresión son simplemente sancionados perseguidos hasta encarcelados ¿por qué? Porque están yendo supuestamente en contra de derechos, ¿no es cierto? Entonces ¿qué de liberal tiene eso? Evidentemente, no tiene nada, yo creo que aquí es importante utilizar este tema para descubrir estos falsos discursos liberales que en realidad son enteramente progresistas y que lo único que buscan es imponer las fuerzas coercitivas del Estado pobrecita.


¿Esto es sí perjudicial para nuestro pais?


Claro, pero también es una llamada de atención, ¿no? Creo que esto debe servir para darnos cuenta de que hay una agenda progresista en ciernes que tenemos que despertar. Thomas Jefferson dijo que el precio de la libertad es su constante vigilancia de mantener un país invicto, un país provida y pro familia como el Perú, donde no hay ninguna ley de identidad de género, aborto, matrimonio homosexual, vientres de alquiler, eutanasia, etcétera. No tenemos nada de eso entonces mantener un país así cuesta y cuesta vigilancia, cuesta salir a las calles. No es la primera vez que vamos a salir a las calles o que hemos salido a las calles a defender la familia a los niños, ¿no es cierto? Esta vez una vez más vamos a tener que salir a las calles este sábado 7 de diciembre a la marcha por la vida y la familia, no a la unión civil. Entonces necesitamos ser ese país activo, no pasivo, no inerte, sino un país activo, prolijo que esté con una gran disposición de poder seguir manifestándonos en contra de estas arremetidas ideológicas, así que ya está la cita para el sábado 7 de diciembre, así que los esperamos a todos.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos ha aprobado un dictamen que llevará al Pleno del Parlamento el debate sobre la Unión Civil. Esta iniciativa, impulsada por el congresista Alejandro Cavero, busca establecer que la unión civil sea entendida como un acuerdo de voluntades, evitando así cualquier controversia sobre su relación con la concepción o constitución de una familia. Para profundizar en los detalles de esta propuesta y analizar su posible impacto en la sociedad, conversamos con el congresista Alejandro Muñante, miembro de la bancada de Renovación Popular.

Alejandro Muñante: El debate de Unión Civil no es bienvenido nunca

Tras los 36 meses de prisión preventiva que se le ha otorgado a Nicanor Boluarte, hay muy serios cuestionamientos que recaen sobre la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el caso que involucra a su ahora prófugo hermano.

Para hallar luces sobre el asunto, El Reporte entrevistó a Lucas Ghersi, sobre esta situación judicial que enfrenta el hermano de la mandataria y las consecuencias graves que traería para Dina una vez que deje el máximo cargo de la nación.

Hablemos un poco de la actualidad, estamos en una constante ola de inseguridad y al parecer el gobierno no toma acciones claves para erradicar este problema.

La inseguridad ciudadana obviamente es un problema que depende de varios componentes. No es un problema que se pueda simplificar, sino que tenemos que analizarlo en toda su dimensión. Y hay varios temas, por ejemplo, el Perú es uno de los países en el mundo con el sistema penitenciario más sobrepoblado. El sistema penitenciario está poblado en un 250% de su capacidad. Hay más del doble de la cantidad de gente que debería estar ahí. Entonces, no se pueden imponer tantas penas de cárcel. Las condiciones de cárcel son infrahumanas.Se mezclan los que están detenidos preventivamente con los que están sentenciados y es una situación que hace mucho daño. Entonces, ¿qué debería hacer el gobierno peruano a través de decretos de urgencia con la participación de las Fuerzas Armadas de manera muy rápida? Construir más penales. El Perú debería tener 5 o 6 Challapalcas distintos, para que los tacneños no se quejen de que son ellos los que cargan este tema, que haya un Challapalca de repente en Piura, que haya uno, de repente en Junín, que haya uno en el Oriente. Es decir, la construcción de penales es un tema básico; otro tema es la reforma del Poder Judicial y del Ministerio Público. En ese sentido, el Congreso de la República ha respondido bien. El Congreso aprobó un proyecto de ley que dice que cuando hay un delincuente que comete un delito grave, un delito violento, y ese delincuente es capturado en flagrancia, sí o sí tienes que ponerle a una prisión preventiva, o si tienes que discutirla. Tiene que haber una reforma del Ministerio Público y del Poder Judicial. Y luego, en realidad, lo más importante es el tema de la probabilidad de detención si es que se cometen una gran cantidad de delitos. No hay una captura, no hay una respuesta policial rápida; si no hay alta probabilidad de detección, entonces el delito continúa.

Hay un sector político que ha minimizado la labor policial e incluso se ha puesto en contra de los efectivos, eso también ha bajado el nivel de autonomía de la Policía.

Siempre hay en el lado del espectro ideológico en el Perú, digamos, no le gusta, tiene un prejuicio frente a los uniformados, sea personal de Fuerzas Armadas, sea policía y ese estigma hay que ir exorcizándolo, definitivamente, garantizar que los policías puedan defenderse con sus armas de fuego, debería haber un trabajo en el Poder Judicial, algún precedente que regule eso con mayor certeza, mayor seguridad. Y va por ahí el tema, pero no hay soluciones de varita mágica. Ahora va a tardar, va a tomar tiempo.

El tema de la criminalización de la labor policial también es algo que ha perjudicado mucho para aumentar el nivel de inseguridad en el país

Pero ese no es un problema de la ley. En la ley, la legítima defensa está claramente establecida, inclusive la Constitución reconoce la legítima defensa. Ese no es un problema del sistema legal, ese es exclusivamente un problema de las personas que están interpretando mal y aplicando mal el sistema legal. Eso no es un problema normativo, es un problema de personal. Un fiscal que le abre una investigación o que acusa a un policía que utiliza su arma en defensa propia, ese es un fiscal que está cometiendo una infracción al ordenamiento jurídico, es decir, es un problema de personas. Y acá yo creo que el problema es más es en el fondo un tema ideológico. Si es que en las facultades de Derecho el prejuicio es contra el militar, contra el policía, y si es que jueces y fiscales tienen ese prejuicio, sea cual sea el ordenamiento jurídico, el resultado va a ser malo. O sea, tenemos que pedirle, en realidad, a la Junta Nacional de Justicia nueva que las personas que sean nombradas jueces, que sean nombrados fiscales, sean personas que apliquen bien este sistema jurídico y que no tengan prejuicio, al final es eso, Porque este tipo de casos no son un problema de ley, no es un problema de norma, eso está establecido con absoluta claridad.

¿Crees que estas reformas que se están aplicando dentro del Congreso de la República pueda ayudar a bajar el nivel de criminalidad que hay en el país? Por ejemplo, la Facultad de Investigar de la Policía Nacional.

Bueno, ese es algo, la verdad, que no es perfecto, ningún sistema, tampoco es una solución de varita mágica. Yo sí creo que lo lógico es que la policía pueda investigar más, ¿por qué? porque los policías son los que saben investigar y los fiscales no. Los fiscales son abogados; no existe tal cosa como una escuela de fiscales. En la Facultad de Derecho no te enseñan a investigar, te enseñan a alegar, a argumentar.Los fiscales no saben investigar, los policías sí. Entonces, desde ese punto de vista, tiene sentido que sea el policía el que dirige la investigación, pero luego, ¿cuál es el cuestionamiento que se le hace a la ley que aprobó el Congreso? Que el Ministerio Público es independiente del Poder Ejecutivo, pero la policía no, la policía es parte del Poder Ejecutivo, entonces, la crítica es que se puede politizar o que va a ser el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, finalmente el que dirige las investigaciones. Entonces, digamos, ninguno de los dos modelos es perfecto. Yo creo que finalmente sí es un poco mejor lo que se ha aprobado, porque es el policía el que sabe investigar, pero obviamente el fiscal va igual a controlar, a supervisar la labor de la policía.

Ahora, el gobierno ha tomado algunas medidas para frenar la ola criminal, sin embargo vemos que esto no está teniendo resultados, ¿para ti funciona o no este estado de emergencia?

Es que los estados de emergencia en el Perú no se sabe bien qué cosas son, digamos, se dicta un estado de emergencia, pero el contenido de ese estado de emergencia en realidad no está regulado y la Constitución no te dice con claridad en verdad qué significa el estado de emergencia. Es una regulación muy difusa, entonces, lo que se requiere es una ley de desarrollo constitucional para que realmente sea claro: qué significa un estado de emergencia, qué pueden hacer las Fuerzas Armadas, qué no puede hacer las Fuerzas Armadas, qué tipo de medidas se pueden dictar, ¿no es cierto? Porque hoy en día, claro, dictas un estado de emergencia, va a haber más operativos, va a haber show mediático un rato y después ya no y nadie sabe qué es el estado de emergencia. Es decir, tiene que ser mucho más claro en lo que implica, qué conlleva un estado de emergencia.

¿Consideras que se deba hacer reformas en el sistema de justicia, quizá poner más filtros para los fiscales y jueces y en la Policía Nacional, sacar a los malos policías, para poder solucionar este problema?

Tras los 36 meses de prisión preventiva que se le ha otorgado a Nicanor Boluarte, hay muy serios cuestionamientos que recaen sobre la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el caso que involucra a su ahora prófugo hermano.



Para hallar luces sobre el asunto, El Reporte entrevistó a Lucas Ghersi, sobre esta situación judicial que enfrenta el hermano de la mandataria y las consecuencias graves que traería para Dina una vez que deje el máximo cargo de la nación.



