Este sábado 28 de junio, el centro de Lima volvió a teñirse con los colores del arcoíris en una nueva edición de la Marcha del Orgullo. Miles de personas, acompañadas por colectivos, organizaciones extranjeras y marcas comerciales, tomaron las calles bajo consignas que exigen “mayor visibilidad” y “nuevos derechos” para la comunidad LGBT —a pesar de que, en la práctica, ya gozan de representación plena en medios, instituciones públicas y espacios culturales. Lo que para algunos es una fiesta de inclusión, para otros es el reflejo de una tendencia preocupante: el uso del aparato estatal y del espacio público para reforzar una agenda ideológica que se aleja de las verdaderas urgencias del país.

En un Perú golpeado por el desempleo masivo, una ola imparable de criminalidad, hospitales colapsados y una educación pública al borde del abandono, surgen cada vez más voces que se preguntan: ¿cómo es posible que se destine tanto esfuerzo, atención mediática y respaldo político a causas identitarias, mientras millones de peruanos no tienen agua, medicinas ni seguridad en las calles? ¿Hasta qué punto esta agenda progresista se ha convertido en la nueva prioridad del poder, desplazando los temas que realmente marcan la vida de la mayoría? Las respuestas son incómodas, pero necesarias.

Resulta curioso y llamativo todo esto, porque ha revivido ticos que, al parecer, solamente renacen de las sombras para imponer sus ideologías progresistas, en un contexto en el que el país se está yendo cada vez más al desvío. Nos referimos a la ex congresista Alberto De Belaúnde exmilitante de el Partido Morado y ahora una de las figuras del partido, Lo Justo, grupo político que se unió con Primero la Gente de Miguel del Castillo comidas a las elecciones generales.


El exparlamentario, mediante una entrevista desarrollada para medios digitales, esbozó que para el proceso electoral venidero del 2026, los ciudadanos no deberían votar por una persona que odie a la comunidad LGBT. En ese mismo discurso, indicó que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynki fue el gobierno que más actividades desarrolló para dicha comunidad, omitiendo que esa gestión, se aplicó una imposición de la identidad de género en las escuelas, perjudicando la correcta, formación y pensamiento crítico de nuestros estudiantes.


“No voten por políticos que nos odian”, dijo Alberto De Belaúnde, en una entrevista donde destacó la labor de PPK frente a la comunidad del LGBT, en lugar de priorizar problemas necesarios que existen en el Perú.


A ello es justo y necesario sumarle, que actualmente vivimos un problema en infraestructura en los colegios, debido a que en la gestión de PPK se prometió mejorar infraestructura escolar, sin embargo, el 60% de escuelas públicas siguió con aulas precarias y sin servicios básicos; además, en zonas rurales, no se ejecutó ni el 50% del presupuesto asignado a mejoras educativas, convirtiéndose esto en lo que hoy es la grave crisis que sistema educativo en el Perú.

Durante el gobierno de Kuczynski, el Ministerio de Educación fue convertido en una plataforma para proyectar una imagen moderna y “progresista” del Ejecutivo, priorizando la narrativa del enfoque de género y la inclusión ideológica por encima del aprendizaje concreto y medible en los escolares. Las políticas impulsadas desde el MINEDU estuvieron cargadas de simbolismo y discursos políticamente correctos que agradaban a organismos internacionales y sectores urbanos acomodados, pero que poco tenían que ver con las necesidades urgentes del sistema educativo nacional, especialmente en regiones donde los alumnos aún estudiaban en aulas de adobe o sin acceso a internet.

La llamada tecnocracia educativa, encabezada por ministros como Marilú Martens, fue celebrada en círculos académicos y empresariales por su visión de gestión por resultados y reformas estructurales. Sin embargo, esta misma visión fue percibida como distante y elitista por la población más vulnerable, que no vio mejoras tangibles en la calidad de la enseñanza ni en las condiciones escolares. Mientras se discutía sobre “competencias” y “ciudadanía global”, miles de estudiantes seguían sin acceso a agua potable, materiales básicos o docentes capacitados en zonas rurales y urbano-marginales.

No obstante,el sistema educativo, no fue lo único que salió perjudicado, La inseguridad ciudadana se ha convertido en el problema más urgente y extendido que enfrenta el Perú. El ciudadano común vive en constante zozobra: salir a trabajar, llevar a sus hijos al colegio o simplemente caminar por la calle representa un riesgo. Durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, esta crisis se agudizó, con un aumento notorio de robos, extorsiones y asesinatos, particularmente en zonas urbanas. Pese a la creación de comités multisectoriales y la presentación de planes de seguridad en papel, las medidas implementadas fueron ineficaces, y la sensación de vulnerabilidad entre la población solo aumentó.

Uno de los principales errores fue la inestabilidad en el Ministerio del Interior, un sector clave para combatir la delincuencia. PPK nombró como ministro a Carlos Basombrío, quien inició su gestión con una narrativa de “modernización policial”, pero que pronto fue superado por los hechos. Su renuncia en 2017 evidenció la falta de una estrategia firme y sostenida en el tiempo. A esto se sumó la escasa coordinación entre el Ejecutivo y las fuerzas del orden, que no contaban con recursos, ni respaldo político, ni estabilidad en sus mandos.

Paralelamente, el crimen organizado comenzó a operar con mayor libertad. El narcotráfico, la trata de personas y la minería ilegal se fortalecieron, sobre todo en regiones como el VRAEM, donde el Estado ha sido históricamente débil. Las mafias comenzaron a infiltrarse incluso en gobiernos locales y mercados, marcando territorio sin resistencia efectiva. El gobierno de PPK no impulsó reformas profundas ni coordinó ofensivas eficaces para recuperar estas zonas del control criminal. La omisión de una política frontal contra estas economías ilícitas tuvo consecuencias que hoy seguimos pagando.

A día de hoy, las secuelas de esa falta de liderazgo y decisión política siguen presentes. Perú está entre los países más inseguros de la región, y los niveles de violencia siguen en ascenso. Lo que empezó como delincuencia común evolucionó en bandas internacionales, sicariato y cobro de cupos. PPK prometió un país moderno, pero descuidó una base fundamental: garantizar la seguridad de los peruanos. La ausencia de resultados concretos en este tema dejó un precedente que ningún gobierno posterior ha podido revertir con eficacia.

Mientras el país se desmoronaba en materia educativa y de seguridad, el gobierno de PPK decidió dar prioridad a la agenda ideológica impulsada por colectivos LGBT y organismos internacionales, desviando recursos, atención y decisiones de política pública hacia temas identitarios que no representaban las necesidades urgentes de la mayoría. El Ministerio de Educación, en lugar de enfocarse en mejorar la infraestructura escolar o reforzar la formación docente, se dedicó a imponer contenidos con enfoque de género, generando confrontación social y restando tiempo y presupuesto a reformas esenciales. En paralelo, el aparato del Estado se sumergía en debates estériles sobre “inclusividad” y “lenguaje neutro”, mientras el crimen crecía y la Policía era desbordada. Hoy, rumbo al 2026, el Perú arrastra los resultados de esa ceguera política: niños sin una educación sólida, familias aterradas por la inseguridad, y un Estado que perdió el rumbo al dejarse capturar por intereses ideológicos ajenos a las prioridades del pueblo.

La coyuntura actual no da lugar para distracciones. El Perú enfrenta una crisis multidimensional: asaltos a plena luz del día, mafias extranjeras tomando el control de barrios enteros, hospitales sin medicinas y escuelas públicas en ruinas. Sin embargo, mientras millones de peruanos sobreviven a diario entre el caos y la desesperanza, el aparato estatal y ciertos sectores políticos insisten en posicionar temas como el matrimonio igualitario, el uso de pronombres neutros y hasta baños especiales para personas trans en la agenda legislativa.

Esto ha generado el rechazo de un sector creciente de la población que ve cómo se priorizan intereses ideológicos por encima de las verdaderas necesidades nacionales.

Congreso: prioridades fuera de la realidad

Lo que indigna a muchos ciudadanos no es la existencia de una marcha, sino lo que ocurre paralelamente en el Congreso de la República. Mientras el país pide a gritos seguridad, salud y educación, en las comisiones parlamentarias se debaten proyectos como la regulación del uso de baños según identidad de género, impulsados por sectores progresistas y con apoyo de organismos internacionales.

El congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, fue claro en su postura:

“Estamos en un país donde a las madres les roban los celulares cuando llevan a sus hijos al colegio, donde la atención médica está colapsada, y sin embargo tenemos proyectos para establecer baños inclusivos. Es una falta de respeto con el pueblo”, aseveró.

Desde otras bancadas también se advierte que estas propuestas solo responden a presiones de lobbies ideológicos y no a un análisis real de la situación del país. La congresista Gladys Echaíz advirtió:

“Hay que poner orden en la agenda legislativa. El Perú tiene otras urgencias. Las discusiones ideológicas deben quedar en segundo plano”, indicó.

No obstante, legisladores como Susel Paredes y gente de la progresista del parlamento nacional insisten en impulsar proyectos de ley que no son importantes para el país, ni mucho menos es visible para la mayoría de peruanos, quienes si sufren verdaderamente los problemas que hay en el país, como la educación, la seguridad y fundamentalmente, la salud de todos los ciudadanos.

Alberto de Belaúnde y el rol del Partido Morado

Uno de los principales promotores de la agenda LGBT en los últimos años ha sido el excongresista Alberto de Belaúnde, quien desde el Partido Morado impulsó leyes como la de identidad de género, el reconocimiento de parejas del mismo sexo y el enfoque de género en la educación básica.

Sus intervenciones en medios de comunicación y sus alianzas con ONGs extranjeras fueron clave para insertar estos temas en el debate público. Sin embargo, muchos consideran que estas acciones más bien han contribuido a polarizar al país y a distraerlo de sus necesidades más urgentes.

En la actualidad, el partido morado, quienes buscan retomar el poder, luego de haber colocado a Francisco Sagasti, desde sus redes sociales, están impulsando campañas de supuesta visibilidad para la comunidad trans, según ellos no existen leyes que los faculten ni les otorguen derechos, cuando en realidad, todos los ciudadanos peruanos, tenemos derechos.

Esta visión se basa en una narrativa, donde cierto sector obliga a ser visibilizado como lo que se siente, más no, por lo que es físicamente. Entonces, lo que ellos solicitan es que el Estado los faculte como mujer u hombre, según su identidad de género, algo que tergiversa concretamente la realidad e impone una ideología equivocada.

Aunque los defensores de la marcha insisten en que se trata de una manifestación pacífica por la igualdad, lo cierto es que cada año va acompañada de símbolos impuestos en espacios públicos, campañas financiadas por grandes empresas y respaldo de embajadas extranjeras que no responden a la cultura peruana.

En algunas regiones del país, padres de familia han denunciado que sus hijos son expuestos desde muy pequeños a contenidos relacionados con la identidad de género, sin su consentimiento. Colectivos como “Con mis hijos no te metas” han señalado que se está utilizando la educación como medio para insertar esta ideología desde las aulas.

Para el exministro de Educación Idel Vexler, esto representa un serio problema:

“El enfoque de género fue introducido de forma inconsulta y sin sustento pedagógico. La educación debe estar orientada al aprendizaje, no a una agenda política”, detalló el ex titular del sector Educación.

La desconexión entre las élites políticas y la ciudadanía se vuelve más evidente cada día. Mientras los medios de comunicación promueven constantemente eventos como el Mes del Orgullo, en los cerros de Lima, en la selva abandonada y en las provincias olvidadas, la gente no tiene agua potable, seguridad ni educación digna.

El Perú profundo no se ve representado por drag queens ni por banderas de colores. Se ve representado por padres que trabajan el día entero para que sus hijos tengan lo que el Estado no garantiza. Se ve en jóvenes que piden oportunidades, no ideologías.

La realidad del Perú exige soluciones urgentes y profundas. El país no puede seguir postergando los problemas estructurales que afectan directamente a millones de ciudadanos: la inseguridad desbordada, la educación pública colapsada, el sistema de salud abandonado y la falta de empleo digno. En vez de seguir perdiendo tiempo y recursos en discusiones ideológicas que solo dividen, el Estado debe reenfocar sus prioridades hacia lo que realmente construye nación. No es posible que, en medio de una crisis generalizada, se pretenda imponer una agenda LGBT como si fuera una urgencia nacional, cuando la mayoría de peruanos clama por servicios básicos, justicia y un mínimo de orden social.

El Perú necesita cambios reales, firmes y orientados a la reconstrucción del tejido social. Ninguno de esos cambios tiene que ver con redefinir pronombres, forzar reconocimientos simbólicos o legislar sobre identidades percibidas. Los verdaderos cambios que este país exige pasan por garantizar escuelas funcionales, calles seguras, hospitales abastecidos y autoridades comprometidas con el bien común. El pueblo está cansado de que se usen causas identitarias para distraer del abandono estatal. Es momento de recuperar el sentido común, poner los pies sobre la tierra y exigir a nuestras autoridades que dejen de complacer lobbies ideológicos para comenzar a servir, de verdad, al Perú.

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Este sábado 28 de junio, el centro de Lima volvió a teñirse con los colores del arcoíris en una nueva edición de la Marcha del Orgullo. Miles de personas, acompañadas por colectivos, organizaciones extranjeras y marcas comerciales, tomaron las calles bajo consignas que exigen “mayor visibilidad” y “nuevos derechos” para la comunidad LGBT —a pesar de que, en la práctica, ya gozan de representación plena en medios, instituciones públicas y espacios culturales. Lo que para algunos es una fiesta de inclusión, para otros es el reflejo de una tendencia preocupante: el uso del aparato estatal y del espacio público para reforzar una agenda ideológica que se aleja de las verdaderas urgencias del país.


LGBT: Imposición ideológica en el Perú

El sistema de justicia en el Perú atraviesa una de sus crisis más graves y visibles en lo que va del 2025. La última semana ha estado marcada por enfrentamientos públicos entre fiscales supremos, bloqueos internos, acusaciones cruzadas y una institucionalidad que se ha convertido en campo de batalla ideológica. A la ya prolongada suspensión de la ex fiscal de la Nación Liz Patricia Benavides, se suma ahora el abierto intento de la fiscal suprema Delia Espinoza de ocupar el máximo despacho del Ministerio Público, en medio de una intensa ofensiva mediática y jurídica liderada por sectores progresistas vinculados a ONG’s como IDL y a fiscales como José Domingo Pérez y Rafael Vela.

La situación ha escalado: mientras Benavides continúa apelando su suspensión, su defensa, liderada por los abogados Humberto Abanto y Juan Mario Peña, ha denunciado un “golpe blando judicial” y la captura ideológica de la Fiscalía por parte del llamado bloque caviar. Espinoza, por su parte, ha intentado ingresar por la fuerza a la sede del Ministerio Público para asumir interinamente la jefatura, pese a que el cargo aún está bajo disputa legal. La confrontación llegó a su punto más tenso el lunes 16 de junio, cuando un sector del Ministerio Público impidió su ingreso formal, generando declaraciones encendidas, movilizaciones internas y cobertura nacional del escándalo.

La defensa de Liz Patricia Benavides ha sido enfática: su suspensión no solo carece de legalidad, sino que responde a un proyecto de reconfiguración del poder institucional. “Se quiere destruir a quien resultaba incómoda para los intereses del progresismo judicial”, señaló Humberto Abanto. Juan Mario Peña, por su parte, denunció que se ha prescindido del debido proceso y que se ha actuado con parcialidad política al permitir que una fiscal que mantiene relación cercana con IDL-Reporteros y grupos de interés, como Espinoza, lidere el intento de sucesión sin un mandato formal.

Para estos sectores, lo ocurrido esta semana no es un simple reacomodo interno, sino una operación política coordinada desde dentro del sistema judicial para consolidar el poder del bloque autodenominado “reformista”. Este grupo, que fue clave en el Caso Lava Jato, ha perdido progresivamente legitimidad ante la opinión pública debido a filtraciones interesadas, acusaciones mediáticas sin respaldo judicial y una creciente percepción de activismo político desde sus cargos.

La situación se ha visto agravada por la actitud confrontacional de Delia Espinoza, quien no ha dudado en recurrir a los medios aliados, discursos moralistas y gestos simbólicos para presentarse como una mártir institucional. Sin embargo, su intento de ingresar al cargo sin respaldo del órgano de gobierno del Ministerio Público evidencia una ruptura del equilibrio interno y una intención clara de imponer su legitimidad a través de la presión mediática y política.

Este atrincheramiento progresista en la Fiscalía no es nuevo, pero ha llegado a un punto de maduración crítica. Varios fiscales clave han tomado control de áreas estratégicas, se han alineado con una narrativa de “justicia moral” y han desplazado o bloqueado a quienes no se alinean con su visión. IDL-Reporteros, organización cercana a este bloque, ha jugado un papel determinante en moldear la opinión pública y ejercer presión sobre los órganos judiciales mediante publicaciones selectivas, campañas de “linchamiento ético” y respaldo internacional. Lo que se presenta como una lucha por la legalidad, en realidad esconde una batalla por la hegemonía institucional.

Lo grave es que, mientras esta guerra se libra dentro de la Fiscalía, el país queda huérfano de justicia. Las investigaciones más relevantes se paralizan, los casos complejos quedan sin avances y la ciudadanía asiste con estupor a un enfrentamiento que parece no tener fin. No se trata ya de una disputa entre dos figuras, sino de una crisis estructural que revela que el sistema está roto: cada sector responde a intereses ideológicos, políticos o personales, y no a un proyecto común de justicia.

A diferencia de otros momentos de la historia reciente, esta vez no hay un árbitro imparcial que pueda restablecer el orden. La Junta Nacional de Justicia ha perdido autoridad moral y se encuentra en el limbo político; el Congreso observa, pero no lidera; el Ejecutivo está ausente; y el Ministerio Público se ha convertido en un espacio de facciones.

No se trata de elegir entre Benavides o Espinoza. Se trata de reconocer que el sistema está fracturado, que la captura institucional ya no viene solo desde la política sino también desde sectores ideologizados que se escudan en la narrativa anticorrupción para instalar su poder. Esta semana ha dejado claro que no hay garantías mínimas de institucionalidad y que la Fiscalía ha perdido el rumbo.

Lo que se requiere no es un nuevo liderazgo impuesto, sino una profunda revisión del sistema de justicia, con reformas que garanticen verdadera independencia, rendición de cuentas, meritocracia y profesionalismo. El Perú necesita una justicia funcional, no trincheras ideológicas. Porque si la justicia se convierte en un instrumento de facciones, pierde toda legitimidad. Y sin justicia, no hay república posible.

El progresismo judicial, si de verdad se reclama defensor de la democracia, deberá también responder por los excesos, las agendas encubiertas y la politización de su rol. La Fiscalía de la Nación debe ser rescatada del secuestro político y devuelta al país, no a un bando. Porque sin justicia imparcial, lo que queda es el caos.

El sistema de justicia en el Perú atraviesa una de sus crisis más graves y visibles en lo que va del 2025. La última semana ha estado marcada por enfrentamientos públicos entre fiscales supremos, bloqueos internos, acusaciones cruzadas y una institucionalidad que se ha convertido en campo de batalla ideológica. A la ya prolongada suspensión de la ex fiscal de la Nación Liz Patricia Benavides, se suma ahora el abierto intento de la fiscal suprema Delia Espinoza de ocupar el máximo despacho del Ministerio Público, en medio de una intensa ofensiva mediática y jurídica liderada por sectores progresistas vinculados a ONG’s como IDL y a fiscales como José Domingo Pérez y Rafael Vela.









Fiscalía tomada: colapso institucional y atrincheramiento caviar 

El 6 de junio de 2025, el Congreso de la República del Perú aprobó, con 61 votos a favor, la controvertida Ley de Amnistía que exonera de responsabilidad penal a militares, policías y miembros de los comités de autodefensa mayores de 70 años, involucrados en presuntos delitos cometidos durante el conflicto armado interno de los años 80 y 90. De inmediato, las reacciones fueron polarizadas: mientras sectores progresistas y organizaciones de derechos humanos calificaron la norma como “una puerta a la impunidad”, otros celebraron la medida como un acto de justicia tardía pero necesaria. El Ejecutivo no observó la ley, permitiendo su entrada en vigencia pocos días después. Este hecho ha reabierto el debate nacional sobre memoria, verdad, justicia y reconciliación, pero también sobre la deuda pendiente del Estado con quienes lo defendieron en su hora más oscura.

Hay heridas que el tiempo no ha cerrado, no porque no hayan sanado, sino porque se insiste en abrirlas desde un solo lado. En el Perú, mientras se erigen monumentos a la memoria selectiva y se canoniza al victimario con retórica de “lucha social”, miles de hombres que empuñaron las armas en defensa de la democracia han envejecido en el abandono, arrastrando procesos judiciales eternos, señalados por una élite intelectual que nunca pisó un campo minado. Hoy, con la aprobación de la Ley de Amnistía, el país no borra el pasado: lo enfrenta con justicia y dignidad. Esta no es una norma para el olvido, sino un acto de soberanía moral que repara, aunque tarde, una deuda histórica con quienes evitaron que la patria cayera bajo las botas del totalitarismo.

En un país que parece haber olvidado a quienes lo defendieron en la lucha contra el terrorismo, la reciente aprobación de la Ley de Amnistía por parte del Congreso representa un acto mínimo de justicia. Más allá de las críticas previsibles de organizaciones no gubernamentales y sectores progresistas que dominan la narrativa sobre los derechos humanos en el Perú, esta ley no es un instrumento de impunidad, sino una respuesta necesaria a décadas de abandono judicial, político y moral contra miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que enfrentaron, con medios muchas veces precarios, la lucha contra agentes subversivos que buscaban socabar la democracia del Perú.

Desde los años 80, las FFAA y la PNP enfrentaron una guerra no declarada contra el terror impío de Sendero Luminoso y el MRTA. Enfrentaron coches bomba, asesinatos de autoridades, secuestros de niños, ejecuciones públicas, y lo hicieron sin una legislación de guerra, con una opinión pública dividida y muchas veces con directivas políticas ambiguas o cobardes. Sin embargo, lograron contener al enemigo, evitar el colapso del Estado y restituir el orden en regiones enteras. ¿Qué recibió el personal en retorno? Juicios interminables, olvido institucional y una estigmatización sistemática. En muchos casos, los acusados ni siquiera han recibido sentencia. En otros, han sido absueltos luego de años de prisión preventiva. La justicia tardía no es justicia. Y la persecución eterna, sin resolución ni reparo, constituye una forma de tortura institucional.

La narrativa progresista y el defensa del terrorismo

Desde hace más de dos décadas, la hegemonía discursiva de ciertas ONG y colectivos progresistas ha presentado una versión deliberadamente sesgada del conflicto armado interno. Se impuso la idea de que se trató de una "guerra entre dos violencias equivalentes" o, peor aún, de una "lucha social frustrada". Bajo esta visión, los criminales de Sendero y el MRTA son tratados como rebeldes idealistas, y las fuerzas del orden, como victimarios sistemáticos.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación fue, en muchos sentidos, el punto de partida de esta narrativa. Su informe final, si bien recoge testimonios valiosos, incurre en una falacia de equivalencia moral y subestima el carácter genocida, fanático e indiscriminado de la violencia subversiva. Más aún, sectores vinculados a esta lógica han construido espacios de "memoria" que excluyen el testimonio de soldados, policías, y pobladores que resistieron al terror.

Hoy, esas mismas voces acusan al Congreso de "impunidad" por aprobar esta ley. No sorprende: llevan años haciendo campaña internacional para presentar al Perú como un país que no respeta los derechos humanos, ignorando sistemáticamente a las víctimas de los atentados senderistas. Dicen defender la justicia, pero buscan que octogenarios que sirvieron al país mueran en procesos interminables. Dicen buscar memoria, pero solo permiten una versión.

Justicia, soberanía y verdad: el sentido patriótico de la ley

El Perú tiene derecho a defenderse en todos los frentes: militar, judicial y simbólico. Esta ley es parte de esa defensa. No vulnera tratados internacionales; por el contrario, aplica principios básicos como el debido proceso y el respeto por la dignidad de la persona humana. La Convención Americana de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable. En muchos casos, estos plazos fueron largamente superados. ¿Deben estos peruanos morir esperando justicia?

La ley tampoco borra crímenes ni elimina la posibilidad de investigación en casos graves. Sólo establece que, por razones humanitarias y procesales, se exonera de responsabilidad penal a personas en situación vulnerable que han enfrentado un desgaste sin fin. No es olvido: es decencia.

Quienes sirvieron en las FFAA y PNP durante los años del terror lo hicieron por convicción, por deber y por amor al país. Muchos lo pagaron con la vida, otros con la salud, otros con su libertad. Es hora de saldar esa deuda moral. No para encubrir excesos, sino para reconocer que, sin ellos, no tendríamos hoy ni elecciones, ni democracia, ni república.

El patriotismo no es un recurso retórico: es una obligación civil. Defender esta ley es defender la verdad completa de nuestra historia y reafirmar el principio de que el Perú tiene derecho a honrar a quienes lo protegieron cuando casi todo estaba perdido. Que la democracia no olvide nunca a los que la salvaron.

¡Ley de Amnistía honra al Perú que resistió al terror!

El gobierno ha vuelto a extender el estado de emergencia en Pataz, una fórmula que ya ha probado ser ineficaz, incluso en Lima, donde la inseguridad sigue desbordada. Pero detrás de esta decisión se esconde una narrativa peligrosa: criminalizar la actividad minera, afectando a un sector que representa más del 60 % de los ingresos del país.

Mientras tanto, la verdadera crisis de seguridad ciudadana avanza sin tregua en diversas regiones del Perú, sin respuestas claras ni estrategias de fondo. El problema es claro: se ha politizado tanto el caso Pataz que el foco mediático y político se ha concentrado allí, desviando la atención de los problemas estructurales que urgen soluciones reales a nivel nacional.

Para entender qué hay detrás de esta estrategia y qué caminos se deberían seguir de cara al 2026, conversamos con el exministro del Interior, Gastón Rodríguez. Un análisis necesario para poner las cosas en su sitio y mirar el problema con mayor perspectiva.

Acaban de reactivar la minería en Pataz, sin embargo, han ampliado el estado de emergencia bajo una narrativa que criminaliza a los mineros. ¿Cómo lo percibe usted?

Fíjate, el tema de Pataz hay que tocarlo con mucha profundidad en su análisis porque implica una serie de aristas que hay que ir desmenuzando poco a poco. El tema de Pataz puede volverse incluso un problema de seguridad nacional. Se sabe bien que el Estado tiene un fin supremo que es el bien común, pero este reposa en dos fines esenciales que son fundamentales: uno es el bienestar general, para desarrollar todas las actividades en un ambiente de seguridad, y el otro es la seguridad integral.

A la situación por la cual el Estado garantiza, primero, su existencia, su territorio, su integridad, su patrimonio y su soberanía. Si el Estado pierde soberanía en algún lugar, estamos caminando hacia dos cosas: la pérdida de control en la seguridad, lo que da inicio a un Estado fallido. Entonces, el Estado tiene que necesariamente involucrarse en temas como el que está sucediendo en Pataz, y no lo ha hecho durante mucho tiempo. Ahora, nuevamente, actúa cuando ya explotó la situación y pretende hacer lo mismo que con la criminalidad: decretar estados de emergencia que no tienen sentido si no existen dos cosas fundamentales. Yo les digo las dos P: planeamiento y presupuesto. Puede haber planeamiento, pero si no hay presupuesto, ¿qué sucede? Como lo que está sucediendo ahora. No puede haber sostenibilidad en el tiempo cuando no hay presupuesto. En esta situación, creo que se debió repotenciar inmediatamente la inteligencia para poder determinar realmente cuál es la situación en un Pataz que no solo es Pataz pueblo y la gran minería que hay allí, sino toda la extensión del terreno que se va bifurcando y es parte de una concesión muy grande en la cual no siempre hay el alcance de control necesario, recurriendo así a mineros informales que son contratados para trabajar dentro de la concesión de la gran minería.

¿Cuál es el problema de fondo en Pataz?

Aquí está instalada la mina Poderosa. Entonces, se dan una serie de situaciones porque los mineros informales son muchas veces también mineros ancestrales que han trabajado en sus terrenos, y luego han visto que estas concesiones se han superpuesto a sus actividades habituales. En algunos casos, estas concesiones de la gran minería tienen soporte logístico para evitar daño medioambiental, pero en otros casos no es así. Cuando el Estado suprime el trabajo minero en su totalidad durante 30 días, obliga al minero artesanal o informal a volver a anidar en los cerros. Y cuando vienen las lluvias, ¿qué pasa con ese relave? Se convierte en un gran contaminante. Por eso creo que aquí hay que ver técnicamente lo que sucede y no confundir estrategias que se dan para combatir una minería ilegal e informal que tiene sus excepciones y particularidades. Tampoco se debe confundir con la minería aluvial que se da en Madre de Dios, por ejemplo, a orillas de los ríos Inambari y Malinowski, donde la deforestación es tremenda.

¿Qué pasa con la criminalización de la minería? ¿Es cierto que el minero es criminal?

No, mira. La minería informal se diferencia de la ilegal en que, si bien ambas pueden carecer de concesión o título de propiedad, la minería informal sí puede formalizarse, mientras que la ilegal no, porque esta última roba el mineral de empresas legales o formales. Comete actos delictivos y genera un daño ambiental sin reparos. En lugares como Madre de Dios, por ejemplo, se utiliza minería aluvial sin tecnología adecuada, lo que agrava el impacto ambiental. No se emplean tecnologías de alta densidad que no contaminan y requieren inversiones que, lamentablemente, nadie —ni siquiera el Estado— está dispuesto a realizar.

Se está criminalizando al minero informal, aseverando que propicia la criminalidad dentro de la pequeña minería. ¿Qué tan cierta es esta situación?

Por eso te decía, la minería informal ha sido superpuesta por concesiones de la gran empresa minera. Pero cuando estas concesiones formales, para garantizar la extracción de su producto, contratan a empresas de seguridad, también se genera una dicotomía cuando llegan grupos armados de delincuentes. Eso es un acto criminal. No es que la minería sea criminal; lo que ocurre es que es abordada por criminales externos, lo que genera delitos conexos como trata de personas, prostitución, narcotráfico, entre otros. Eso ya configura crimen organizado. No hay una minería criminal como tal. Hay minería ilegal que se debe combatir con normas estrictas y, sobre todo, con supervisión constante. Además, el proceso de formalización debe ser regulado adecuadamente por el Estado.

Tocando ese tema, el proceso de formalización ha significado un gran problema.

Fíjate, hoy asistimos a un problema entre el REINFO y la ley MAPE. Una ley que, después de tres años, el gobierno recién se preocupa por considerar, y cuyo retraso le costó el puesto al ministro Rómulo Mucho.

Se busca garantizar la presencia del Estado como un ente de asesoramiento permanente, reducir los trámites burocráticos y administrativos, y lograr resultados que hasta ahora no existen. El REINFO, por ejemplo, no permite formalizar adecuadamente, porque muchas concesiones no permiten que los mineros informales firmen contratos con la gran minería. Además, muchos de ellos no tienen el capital suficiente para realizar estudios de impacto ambiental. Así que, desde el inicio, enfrentan obstáculos que vuelven el problema recurrente. Aquí el Estado ha mostrado un desinterés histórico y, como en muchos otros casos, solo actúa cuando el problema explota.

Se ha prolongado el estado de emergencia y esto no ha funcionado en ninguna parte. ¿Por qué el gobierno insiste? ¿Para qué? ¿Con qué fin?

Fíjate, los estados de emergencia no funcionan si no tienen planeamiento ni presupuesto. Se ha creado un comando único con las Fuerzas Armadas, pero la inteligencia y las acciones de flagrancia siguen en manos de la Policía Nacional. La policía no ha perdido su competencia funcional. Sin embargo, el gobierno insiste en estos paliativos para calmar la crítica, aunque no estén dando resultados. Incluso podría generarse la percepción de parcialización con la gran empresa, dado que hay reclamos de mineros que no han podido trabajar. Qué bueno que ahora se haya dado marcha atrás y se permita reanudar la actividad minera sin restricciones, pero el estado de emergencia en Pataz no tiene sentido, ya que la actividad minera no ocurre en las ciudades, sino en las áreas de concesión. Creo que este estado de emergencia debe ser revisado porque no está produciendo resultados diferentes a los esperados por la sociedad.

¿La Policía Nacional está capacitada, facultada y apoyada por el Estado para resolver los problemas de criminalidad a nivel nacional?

La policía tiene capacitación y está facultada, pero no cuenta con el soporte del Estado. Y esto en dos aspectos fundamentales: primero, en el uso de tecnología y logística necesaria para combatir el delito, y segundo, en el soporte legal. ¿De qué sirven leyes que aparentemente protegen a la policía, si luego un fiscal no las respeta y busca encarcelarlos? Además, el Ministerio Público no colabora. La fiscal de la Nación no atiende los llamados de la Presidenta para mesas de seguridad ciudadana, y ella misma no muestra la firmeza necesaria al respecto. Si solo se dictan leyes de manera simbólica, pero no se garantiza su aplicación, se mina la capacidad de acción de la policía. Esto es muy peligroso porque no se les da el respaldo ni el aplomo necesarios para intervenir con la firmeza que la situación exige.

El gobierno ha vuelto a extender el estado de emergencia en Pataz, una fórmula que ya ha probado ser ineficaz, incluso en Lima, donde la inseguridad sigue desbordada. Pero detrás de esta decisión se esconde una narrativa peligrosa: criminalizar la actividad minera, afectando a un sector que representa más del 60 % de los ingresos del país.



Mientras tanto, la verdadera crisis de seguridad ciudadana avanza sin tregua en diversas regiones del Perú, sin respuestas claras ni estrategias de fondo. El problema es claro: se ha politizado tanto el caso Pataz que el foco mediático y político se ha concentrado allí, desviando la atención de los problemas estructurales que urgen soluciones reales a nivel nacional.



Para entender qué hay detrás de esta estrategia y qué caminos se deberían seguir de cara al 2026, conversamos con el exministro del Interior, Gastón Rodríguez. Un análisis necesario para poner las cosas en su sitio y mirar el problema con mayor perspectiva.





La minería no es criminal

La minería de pequeña escala en el Perú es un territorio plagado de sombras, contradicciones y silencios incómodos. Mientras las grandes empresas transnacionales operan con respaldo estatal y legitimidad legal, miles de mineros trabajan en condiciones precarias, entre lo informal y lo ilegal. ¿Pero qué significa realmente ser “ilegal” en un país donde el Estado está ausente, las normas son inaccesibles y la burocracia asfixia a quienes intentan cumplirlas? En el imaginario oficial, todos son “criminales ambientales”. En el territorio, muchos son solo familias buscando sobrevivir.

Bajo el pretexto de combatir la ilegalidad, se ejecutan políticas que muchas veces favorecen la concentración de recursos en pocas manos, mientras se persigue a quienes no tienen voz ni poder. ¿Es la lucha contra la minería ilegal una verdadera defensa del medio ambiente o un instrumento de control territorial y económico?

Para desentrañar esta compleja red de intereses, narrativas y omisiones, conversamos con José Antonio del Pino, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Minería e Industria de Huancavelica, para aterrizar bien el tema y entender en concreto toda esta controversia.

Explícanos un poco la diferencia entre informal e ilegal. ¿A qué se debe la controversia?

Si hacemos un análisis ya, digamos, bastante preciso y establecemos que el Estado peruano da una norma, abre una puerta para el ingreso a un registro de informales, en sí, técnicamente, en ese mismo momento se está dando ya la legalidad. Se puede mantener el nombre de informalidad, pero ya se está dando una apertura, es decir, ya es un trámite completamente legal. Si hago un análisis frío, preciso, técnico, jurídico, dejo de ser un informal porque me estoy acogiendo a una norma que da el Estado. Lo contrario sería admitir que el Estado estaría actuando de manera informal, lo cual sería, pues, un grave error.

¿Ahora cuál es el tema en sí con el Reinfo?

Mire, es un tema que nace de manera temporal para evitar protestas, reclamos de quienes se dedican a la actividad minera en general. Ojo, este es un dato muy importante: sin importar si es minero artesanal, pequeño minero, mediana minería o gran minería. La idea es formalizarlos, porque en el caso de la gran minería obviamente podemos exceptuarla, ya que son grandes inversiones que demoran años en generar una actividad minera. Yanacocha, por ejemplo, demoró más de 15 años en entrar en operaciones. Antamina demoró más de 20 años. Y si alguien pregunta: ¿cómo entraron las grandes empresas mineras a Antamina? Pues porque hace 50, 60 o 70 años había un pequeño minero artesanal. Sin embargo, también podemos encontrar el uso del Reinfo en empresas que tributan montos interesantes al erario nacional y que están haciendo uso de este registro.

¿Por qué se arma tanto problema con esto?

El Reinfo no es del todo negativo, pero siempre repito: es de carácter temporal. Llama mucho la atención, respondiendo a su pregunta, que tengamos un Reinfo por más de 10 u 11 años. Desde el gobierno ya no es temporal, es una costumbre.

¿Qué está pasando con el Reinfo en sí? ¿Beneficia o no a la actividad minera?

Mire, no tengo estadísticas frescas, pero lo que puedo decir es que, en el tema del oro, con el Reinfo se produce el 60 % de la exportación, más o menos. El 40 % restante lo produce la gran minería y la mediana minería. Entonces, ¿quién produce más oro en el Perú? La pequeña minería y la minería artesanal. Toda empresa, excepto aquellas que no están en el Reinfo, son automáticamente calificadas —por ciertos sectores políticos— como ilegales, pero no necesariamente lo son. Bueno, son calificadas de manera peyorativa, permítame el término.

Ahora, el tema de Pataz y la paralización de la actividad minera: ¿qué tanto está perjudicando?

Justos no pueden pagar por pecadores, definitivamente, pero vuelvo a decir: tenemos una situación en la cual el cliché de “minero ilegal” está asociado a lo delincuencial, a todo lo negativo.

¿Existe una narrativa? Mucha gente confunde al minero ilegal con el informal. Incluso medios de comunicación tradicionales.

Sí, pero vayamos al aspecto comparativo, si me permiten. ¿La mayor empresa minera en el Perú cuántos puestos de trabajo genera en planilla? Me atrevo a decir que no pasa de 12 000, que es una cifra considerable, por supuesto, todos con seguro social, beneficios laborales, etc. Quizás hasta con 14 sueldos al año. Es algo plausible, definitivamente. A las grandes empresas no les conviene la informalidad, pero hay que saludar esa formalidad al extremo, con IGV y todo. Sin embargo, sería interesante que algún economista nos diga cuánto aporta el pequeño minero, el minero artesanal o el minero informal a la economía y al erario nacional. Son un incentivo económico claro. Pisando tierra: el pequeño minero da trabajo inmediato, evita que tengamos más mendigos en las calles de las grandes ciudades. Además, enfrenta muchas más trabas. Si elimináramos algunas de esas trabas, podríamos expandir más el mercado laboral y sacar a más gente de la pobreza. Déjeme decirle algo importante: ¿qué perjuicio puede hacerle a la humanidad un poco de oro en la mesa? Ninguno. Pero si hablamos de proteger y apañar la comercialización de estupefacientes, como la cocaína, ahí sí estamos matando a la humanidad. Hay una gran diferencia, ¿no?

¿La ley MAPE tiene algún tipo de vinculación con el Reinfo?

Claro, el MAPE es un nombre simpático, suena bonito: minería de pequeña escala, minería artesanal, da la visión de algo más concentrado. Pero técnicamente hablando, tendríamos que cambiar la Ley General de Minería, porque esta no contempla la pequeña escala, es generalizadora. Así que en el fondo, el proyecto de ley MAPE es prácticamente darle un poco más de oxígeno al Reinfo, porque no ofrece una solución efectiva. Mi punto de vista es que este proyecto de ley no solucionará el problema. Mientras el Estado no facilite el proceso a los mineros artesanales y pequeños, seguirán enfrentando trabas. Un pequeño minero, con una utilidad mensual de 8000 soles (unos 2000 dólares), ¿cómo puede costear un estudio de impacto ambiental que cuesta 20 000 o 30 000 soles? Es un desincentivo directo. Nadie va a querer invertir tanto dinero.

Se me ocurre —y quizás esto sea una primicia— que deberíamos generar un “Cofopri minero”. ¿Qué ha hecho Cofopri? Ha titulado viviendas en distintos lugares. Entonces, de forma similar, podríamos titular la actividad de los pequeños mineros, formalizarlos, hacerlos sujetos de crédito. Al registrar su actividad, sería heredable, como una propiedad formalizada, con todos los derechos y posibilidades de acceso al sistema financiero.

Puedes ver la entrevista completa en este enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=8kOW3Mb5Ux0&t=2124s

La minería de pequeña escala en el Perú es un territorio plagado de sombras, contradicciones y silencios incómodos. Mientras las grandes empresas transnacionales operan con respaldo estatal y legitimidad legal, miles de mineros trabajan en condiciones precarias, entre lo informal y lo ilegal. ¿Pero qué significa realmente ser “ilegal” en un país donde el Estado está ausente, las normas son inaccesibles y la burocracia asfixia a quienes intentan cumplirlas? En el imaginario oficial, todos son “criminales ambientales”. En el territorio, muchos son solo familias buscando sobrevivir.









Minería: ¿Informalidad o ilegalidad?

A menos de un año para las elecciones presidenciales de 2026, el Perú se enfrenta a una encrucijada política que podría marcar un antes y un después en su historia republicana. Golpeado por una década de inestabilidad institucional, presidentes efímeros, congresos fragmentados y un descontento social que parece haberse convertido en la norma, el país comienza a mirar con escepticismo —y en muchos casos, con hastío— a sus tradicionales representantes políticos.

Desde el fallido intento del progresismo por consolidar una agenda de cambio —que terminó siendo, en muchos casos, una acumulación de promesas ideológicas desvinculadas de la realidad nacional— hasta el renacimiento de un discurso más conservador, ordenado y con énfasis en el pragmatismo económico, el tablero político ha comenzado a reorganizarse.

Con la izquierda fragmentada y desgastada por sus propias contradicciones, y el centro político sin un liderazgo claro, emergen con mayor fuerza opciones que se presentan como “el nuevo orden”, que proponen una vuelta a valores tradicionales, disciplina fiscal, combate directo a la inseguridad y a la corrupción sin miramientos. Entre ellos, dos nombres destacan: Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, y Phillip Butters, comunicador y empresario que ha hecho de su discurso directo y confrontacional una carta de presentación política.

El desgaste de la izquierda: promesas, errores y fracturas

La izquierda peruana —o al menos la que se ha intentado consolidar en los últimos años bajo el paraguas de partidos como Perú Libre, Juntos por el Perú o Nuevo Perú— ha pasado de ser una promesa de transformación social a una fuente constante de decepción ciudadana. El caso de Pedro Castillo, electo presidente en 2021 bajo una ola de hartazgo con la clase política tradicional, fue quizás el punto más alto (y más fugaz) de esta narrativa.

Castillo llegó con la promesa de una nueva Constitución, mayor participación del Estado en la economía, y una revalorización del mundo andino y rural. Sin embargo, su gobierno fue rápidamente consumido por acusaciones de corrupción, improvisación administrativa y luchas internas. A ello se sumó la falta de cuadros técnicos y una incapacidad crónica para gobernar más allá del discurso. El resultado fue un mandato interrumpido y un regreso abrupto al orden institucional que paradójicamente el mismo progresismo criticaba.

Más allá de Castillo, otros rostros de la izquierda tampoco lograron consolidar una alternativa sólida. Verónika Mendoza, tras años de posicionarse como una figura progresista moderna, fue incapaz de construir un proyecto político. El progresismo, en lugar de renovarse, pareció repetirse: propuestas maximalistas, discursos identitarios alejados de la vida cotidiana del ciudadano promedio, y una desconexión creciente con la agenda real del país —inseguridad, empleo, educación de calidad, infraestructura básica.

Todo esto ha generado una percepción generalizada de que la izquierda, lejos de traer soluciones, ha encallado en sus propias consignas, mientras el Perú sigue esperando políticas públicas eficaces y líderes con visión de Estado.

Los cuadros emergentes: ¿Los nuevos líderes del orden?

En el actual contexto de desconfianza hacia los partidos tradicionales y el descrédito del progresismo, han comenzado a consolidarse liderazgos con discursos más directos, confrontacionales y orientados hacia una recuperación del orden, la autoridad y el libre mercado. Dos figuras en particular concentran la atención pública y mediática: Rafael López Aliaga y Phillip Butters.

Ambos, desde espacios distintos —uno desde la gestión municipal, el otro desde la tribuna radial—, han construido una narrativa política que canaliza el malestar ciudadano con la inseguridad, el desgobierno, la ideología de género, el estatismo ineficiente y la informalidad sin control.

Rafael López Aliaga: orden, austeridad y confrontación

Desde su elección como alcalde de Lima en 2022, Rafael López Aliaga ha buscado posicionarse como una figura de autoridad, defensor de la “Lima que trabaja”, con un discurso que mezcla religión, empresa privada, anticorrupción y mano dura contra la delincuencia.

Su estilo es impetuoso, polémico y, para muchos, necesario en un país donde la burocracia suele bloquear hasta los proyectos más urgentes. Ha prometido ejecutar obras de gran envergadura sin endeudar al Estado, impulsar asociaciones público-privadas y combatir frontalmente mafias municipales y estructuras de corrupción enquistadas en la capital.

Pero también ha sido criticado por su estilo confrontacional, su rechazo a políticas progresistas como la educación con enfoque de género, y su inclinación a gobernar desde la lógica de la moral católica. Sus detractores lo acusan de autoritarismo, pero sus simpatizantes ven en él a un líder que “no se arrodilla” ante el sistema y que habla sin eufemismos.

De cara al 2026, López Aliaga cuenta con una maquinaria partidaria (Renovación Popular), una base electoral fiel, y un discurso que conecta con amplios sectores de clase media emergente y zonas populares, hastiadas de promesas vacías y exigentes de resultados concretos.

Phillip Butters: ¿el outsider que ya no quiere solo opinar?

Phillip Butters ha sido durante más de una década una de las voces más polémicas de la radio y televisión peruana. Su estilo frontal, sin filtros, y su constante confrontación con el progresismo, la “agenda caviar” y lo que él llama el “Estado fallido” le han permitido construir una identidad mediática fuerte.

En los últimos años, Butters ha dado señales claras de querer trasladar su discurso del micrófono al poder político. Ha coqueteado con la idea de una candidatura presidencial, ha formado alianzas con sectores conservadores y empresariales, y ha planteado una agenda basada en el “shock de orden”: seguridad ciudadana con intervención militar, reducción drástica del tamaño del Estado, defensa de valores tradicionales y control del gasto público.

A diferencia de López Aliaga, Butters no proviene de una estructura partidaria ni tiene experiencia en gestión pública. Pero su capital político está en su capacidad para comunicar problemas complejos. Para muchos ciudadanos, representa el “sentido común” frente a la tecnocracia estéril o al activismo ideológico. Su posible entrada en carrera remecería el tablero y podría obligar a los demás candidatos a debatir en el terreno que él domina: la agenda concreta del ciudadano común.

Un voto urgente: entre la frustración y la esperanza

Lo que une a López Aliaga y Butters no es solo su orientación política hacia la derecha, sino su capacidad para leer el hartazgo del ciudadano promedio, ese que se siente abandonado por el Estado, acosado por la delincuencia, traicionado por sus gobernantes y manipulado por discursos que prometen equidad, pero no arreglan las pistas ni dotan de medicinas los hospitales.

Esa capacidad de interpelar a la calle, sin pasar por los filtros del lenguaje políticamente correcto, ha marcado una nueva forma de hacer política en el Perú. ¿Es peligrosa? ¿Es populista? ¿O simplemente es una reacción al vacío que han dejado los que estuvieron antes?

Lo cierto es que, de seguir creciendo en las encuestas, estos liderazgos podrían representar una oportunidad para reconfigurar el poder en el país y romper con décadas de ensayo y error.

Divididos no llegan: la derecha no puede darse el lujo

Si algo ha aprendido el electorado peruano en las últimas décadas es que la dispersión política solo beneficia al continuismo mediocre y a los aventureros de ocasión. En este nuevo ciclo, López Aliaga y Butters representan —cada uno a su estilo— una oportunidad de reconstrucción basada en orden, disciplina y resultados. Sin embargo, sus diferencias personales, egos en conflicto o tensiones por protagonismo pueden terminar dinamitando el potencial de cambio que ambos canalizan.

Una derecha fragmentada reeditaría el peor escenario: múltiples candidaturas, votos divididos y un pase libre para fuerzas que ya demostraron su incapacidad. La historia reciente exige madurez: más que competir entre sí, estos liderazgos deben entender que la prioridad no es quién encabeza el proyecto, sino que el proyecto avance. La alianza no solo es deseable, es imprescindible. El Perú no necesita más caudillos aislados; necesita un frente común capaz de articular una mayoría reformista con visión de país.

Una diferencia importante entre el momento actual y ciclos anteriores es que, por primera vez en muchos años, la derecha en el Perú parece estar construyendo una agenda con contenido y estructura, y no solo reaccionando al miedo al comunismo o al populismo.

López Aliaga y Butters, en sus respectivos estilos, han introducido temas concretos: reducción de ministerios, simplificación tributaria, apoyo al emprendedurismo informal, defensa de la familia, inversión en infraestructura sin burocracia, combate frontal al crimen organizado y un control migratorio más estricto.

El 2026 no será una elección más. Será, quizás, el último llamado antes del colapso definitivo. No se trata simplemente de evitar al “menos peor”, ni de ilusionarse con el nuevo rostro de turno. Se trata de entender, de una vez por todas, que el voto no es un gesto simbólico: es un acto de poder ciudadano, y también de responsabilidad histórica.

El Perú ya probó el experimento progresista, y el resultado fue un Estado secuestrado por la incompetencia, por el dogma ideológico y por redes de corrupción bajo discursos de justicia social. La izquierda prometió redención, y solo trajo más caos, más pobreza y más fractura nacional. Su fracaso no es solo político, es moral.

Hoy el país clama por orden, por eficacia, por sentido común. Pero también por dignidad. No más líderes que lleguen al poder para enriquecerse o victimizarse. No más revoluciones de cartón. No más partidos que desaparecen al día siguiente de las elecciones. El Perú merece líderes que trabajen en silencio, que hablen claro, que no le teman al costo político y que entiendan que gobernar es servir.

A menos de un año para las elecciones presidenciales de 2026, el Perú se enfrenta a una encrucijada política que podría marcar un antes y un después en su historia republicana. Golpeado por una década de inestabilidad institucional, presidentes efímeros, congresos fragmentados y un descontento social que parece haberse convertido en la norma, el país comienza a mirar con escepticismo —y en muchos casos, con hastío— a sus tradicionales representantes políticos.









Elecciones 2026: ¿Una nueva esperanza?

Desde el momento en que Dina Boluarte asumió la presidencia de la República del Perú, en diciembre de 2022, tras la fallida intentona golpista de Pedro Castillo, su mandato ha estado marcado por la precariedad, el rechazo ciudadano y una legitimidad profundamente cuestionada. Lejos de consolidarse como una figura de unidad o de transición, Boluarte se ha visto envuelta en una espiral de crisis políticas, sociales e institucionales que, a dos años de su llegada al poder, parecen haber erosionado por completo su capacidad de gobernar.

El último capítulo de esta crisis se escribió con la salida de Gustavo Adrianzén del cargo de presidente del Consejo de Ministros, una movida que intentó evitar una censura inminente por parte del Congreso. Su reemplazo, Eduardo Arana, exministro de Justicia, ha sido percibido como una figura reciclada dentro de un gabinete que no logra renovarse ni ofrecer señales claras de cambio. Pese a las expectativas de una reestructuración real del Ejecutivo, Boluarte optó por ratificar a la mayoría de ministros, generando aún más indignación tanto en la ciudadanía como en los diversos sectores políticos.

Boluarte ha gobernado sin bancada propia, sin partido político que la respalde orgánicamente, considerando que ella llegó al poder gracias a los hilos de Perú Libre. Sin embargo, el partido del corrupto Vladimir Cerrón le dio la espalda. A eso se suma un Congreso que, si bien ha evitado enfrentarla directamente en algunas coyunturas, le ha retirado toda confianza efectiva. Este aislamiento institucional ha sido evidente en episodios recientes, como la negativa del Legislativo a autorizarle viajes oficiales al extranjero, incluyendo uno al Vaticano. El mensaje político es claro: Boluarte carece de legitimidad real y de una coalición mínima que le permita implementar políticas públicas coherentes o responder a las múltiples crisis que azotan al país.

La respuesta de la ciudadanía tampoco ha sido más favorable. Según recientes encuestas, la aprobación de Boluarte no supera el 7 % a nivel nacional, y en algunas regiones como el norte del país ha llegado incluso a marcar 0 %. Estos números no solo representan un récord de impopularidad, sino que reflejan la profunda desconexión entre el Ejecutivo y la población.

Este rechazo tiene múltiples causas: su rol en las protestas sociales que dejaron más de 60 muertos en los primeros meses de su gobierno; su falta de capacidad para articular una agenda política clara; y la constante improvisación y rotación de ministros que han convertido al Consejo de Ministros en una puerta giratoria. A la fecha, ha nombrado a más de 66 ministros en 28 meses de gestión y ha cambiado de primer ministro en cuatro ocasiones.

Aunque Dina Boluarte ha sobrevivido políticamente gracias a un Congreso fragmentado, su relación con el Legislativo es contradictoria. Si bien el Parlamento la ha blindado en momentos clave —sobre todo frente a las denuncias de violación de derechos humanos y uso excesivo de la fuerza—, también ha sido un factor de bloqueo y desgaste permanente.

El rechazo del Congreso al nuevo gabinete, encabezado por Eduardo Arana, refleja ese juego político en el que el Legislativo no está dispuesto a asumir el costo de una vacancia presidencial, pero sí continúa debilitando al Ejecutivo para mantener una posición de poder hegemónica en el escenario político nacional.

Las recientes declaraciones de congresistas de nueve bancadas pidiendo cambios en el gabinete tras conocerse los resultados de la encuesta Datum —que reveló apenas un 3 % de aprobación para Boluarte— evidencian que incluso sus supuestos aliados parlamentarios están marcando distancia. Sin embargo, esta presión no ha sido acompañada de propuestas claras de salida institucional o de gobernabilidad, lo que prolonga la parálisis del Estado.

En medio de esta tormenta política, la respuesta de Boluarte ha sido la inercia. En lugar de convocar a un gran acuerdo nacional, impulsar reformas urgentes o dialogar con actores sociales y políticos, su gobierno ha optado por la supervivencia burocrática: cambios superficiales de ministros, discursos vacíos sobre estabilidad y una agenda pública sin rumbo ni prioridades claras.

El país sigue enfrentando crisis estructurales: la inseguridad ciudadana se ha incrementado en todo el territorio; los servicios públicos como salud y educación continúan colapsados; y la economía, aunque estable en sus indicadores macroeconómicos, no genera empleo digno ni reduce la pobreza de manera sostenida. Frente a todo ello, el gobierno de Boluarte se ha mostrado indiferente o incapaz.

La falta de liderazgo también se expresa en la forma en que se han manejado conflictos sociales como el ocurrido en Pataz, donde fueron asesinados 13 mineros a manos de sicarios, en un caso que destapó redes de crimen organizado y la ineficacia del Estado para proteger la vida de los ciudadanos. Este hecho fue una de las razones centrales por las que se activó la moción de censura contra Adrianzén.

Ante este escenario, sectores de la oposición, analistas y organizaciones sociales han planteado la salida de Boluarte como una solución a la crisis. Sin embargo, es importante advertir que la renuncia o la vacancia no resolverán los problemas estructurales que enfrenta el país. Cambiar de presidenta sin modificar las reglas de juego solo prolongará el ciclo de inestabilidad que arrastra el Perú desde hace al menos siete años.

El problema no es únicamente Boluarte. Es la ausencia de un sistema político funcional, con partidos representativos, instituciones sólidas y mecanismos de control ciudadano. En ese sentido, pedir la vacancia puede ser una medida legítima, pero no una solución sostenible si no va acompañada de reformas profundas: reforma electoral, reforma total de la justicia y lucha contra la corrupción.

Boluarte debería entender que su margen de acción política se ha agotado y que lo más responsable sería convocar a un acuerdo nacional que le permita adelantar elecciones generales, en un marco de respeto constitucional y de transición ordenada. Cualquier intento de perpetuarse en el poder o de gobernar ignorando el rechazo popular solo agravará la crisis.

Mientras la clase política sigue atrapada en cálculos personales y disputas de poder, el país real continúa hundiéndose en la desesperanza. Millones de peruanos han perdido la fe en las instituciones y en la posibilidad de un cambio democrático. La desafección política se expresa en el alto porcentaje de ciudadanos que no confían en ningún actor del sistema.

Es urgente romper este círculo vicioso con propuestas concretas y liderazgos comprometidos. No se trata solo de pedir que Boluarte se vaya, sino de construir una salida colectiva, democrática y viable. El Perú necesita refundar su pacto social y político, y eso no será posible mientras se sigan reciclando los mismos actores y estrategias fallidas.

Boluarte pasará a la historia como una presidenta sin respaldo, sin partido, sin pueblo. Pero su salida no será suficiente si no se asume que el problema es más profundo.

Desde el momento en que Dina Boluarte asumió la presidencia de la República del Perú, en diciembre de 2022, tras la fallida intentona golpista de Pedro Castillo, su mandato ha estado marcado por la precariedad, el rechazo ciudadano y una legitimidad profundamente cuestionada. Lejos de consolidarse como una figura de unidad o de transición, Boluarte se ha visto envuelta en una espiral de crisis políticas, sociales e institucionales que, a dos años de su llegada al poder, parecen haber erosionado por completo su capacidad de gobernar.









Boluarte y el laberinto de la crisis

La reciente decisión del Ministerio Público de desactivar las fiscalías especializadas en delitos de terrorismo en Ayacucho y en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) ha generado una ola de preocupación y críticas en diversos sectores del país. Esta medida, que implica la fusión de dichas fiscalías con las de corrupción de funcionarios y el traslado de los casos a oficinas de derechos humanos, se justifica en una supuesta disminución de la carga procesal de casos de terrorismo. Sin embargo, expertos y autoridades locales advierten que esta decisión podría debilitar la lucha contra los movimientos subversivos que aún existen en nuestro país y poner en riesgo la justicia para las víctimas de la violencia.

Ayacucho y el VRAEM han sido epicentros de la violencia terrorista que azotó al Perú entre 1980 y 2000, dejando miles de víctimas y heridas profundas en la sociedad. Aunque los años de violencia concluyeron oficialmente hace más de dos décadas, remanentes de grupos subversivos como Sendero Luminoso aún operan en estas zonas, muchas veces vinculados al narcotráfico. La presencia de estos grupos representa una amenaza constante para la seguridad y el desarrollo de las comunidades locales.

Diversos actores han expresado su rechazo a la desactivación de las fiscalías antiterroristas. Alejandro Muñante, legislador de la República, ha manifestado su firme oposición a la medida, calificándola como un debilitamiento de la lucha contra el terrorismo. A través de sus redes sociales y en intervenciones públicas, el congresista ha señalado que esta decisión del Ministerio Público representa un retroceso en la política de seguridad nacional y una afrenta a la memoria de las víctimas del terrorismo.

"La desactivación de las fiscalías antiterroristas en Ayacucho y el VRAEM, por la implementación de las nuevas 'Fiscalías de Derechos Humanos y Terrorismo', es una decisión que debilita la lucha contra el terrorismo", señaló el parlamentario de Renovación Popular.

Además, en una intervención en el Pleno del Congreso, el congresista expresó su preocupación por el traslado de los casos de terrorismo a las fiscalías de derechos humanos, argumentando que esta fusión podría diluir la especialización necesaria para enfrentar eficazmente los delitos de terrorismo en zonas críticas como el VRAEM.

Muñante ha instado al Ministerio Público a reconsiderar esta medida y a fortalecer las capacidades de las fiscalías especializadas en terrorismo, especialmente en regiones donde persisten amenazas de grupos subversivos vinculados al narcotráfico.

Por su parte, expertos en seguridad y justicia han cuestionado el momento y los criterios técnicos de esta decisión. En un artículo de opinión se advierte que "es inaceptable que se diluya el esfuerzo fiscal antiterrorismo justo cuando el crimen organizado mantiene presencia activa en el VRAEM".

La desactivación de estas fiscalías no solo representa un retroceso en la lucha contra el terrorismo, sino que también afecta el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) documentó miles de casos de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, muchos de los cuales aún esperan justicia. La especialización y el conocimiento del contexto local son fundamentales para investigar y sancionar estos crímenes de manera efectiva.

Además, esta medida podría enviar un mensaje equivocado sobre la importancia de preservar la memoria histórica y garantizar la no repetición de los hechos violentos que marcaron al país. La lucha contra el terrorismo no puede ser vista como una tarea concluida, sino como un compromiso permanente, dado que la infiltración de remanentes del terrorismo en múltiples escalas de la sociedad está más que comprobada.

Ante esta situación, es fundamental que las autoridades reconsideren la decisión de desactivar las fiscalías antiterroristas en Ayacucho y el VRAEM. Se requiere una política de justicia que reconozca la complejidad del fenómeno terrorista y que garantice atención adecuada a las víctimas. Asimismo, es necesario fortalecer las capacidades del sistema judicial para enfrentar los desafíos actuales y prevenir futuros brotes de violencia.

La sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional deben mantenerse vigilantes y exigir que el Estado peruano cumpla con su obligación de investigar, juzgar y sancionar los crímenes de terrorismo, asegurando que nunca más se repitan las tragedias del pasado.

La decisión del Ministerio Público de desactivar las fiscalías especializadas en delitos de terrorismo en Ayacucho y el VRAEM es un grave error que pone en riesgo la seguridad nacional, la memoria histórica y el derecho de las víctimas a obtener justicia. En lugar de fortalecer el sistema judicial frente a amenazas persistentes como el terrorismo vinculado al narcotráfico, se opta por diluir la especialización que tanto costó construir. Esta medida no solo desconoce el contexto de violencia que aún persiste en estas regiones, sino que representa un retroceso institucional frente al deber del Estado de garantizar justicia, verdad y reparación.

Las autoridades deben corregir este rumbo equivocado antes de que sus consecuencias sean irreparables.

La reciente decisión del Ministerio Público de desactivar las fiscalías especializadas en delitos de terrorismo en Ayacucho y en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) ha generado una ola de preocupación y críticas en diversos sectores del país. Esta medida, que implica la fusión de dichas fiscalías con las de corrupción de funcionarios y el traslado de los casos a oficinas de derechos humanos, se justifica en una supuesta disminución de la carga procesal de casos de terrorismo. Sin embargo, expertos y autoridades locales advierten que esta decisión podría debilitar la lucha contra los movimientos subversivos que aún existen en nuestro país y poner en riesgo la justicia para las víctimas de la violencia.









¿Atentado a la memoria?

Sucede que el expresidente —y golpista— ha sido una de las figuras políticas más controversiales de la última década, sin lugar a dudas. Llegó al poder en 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, con una imagen de líder anticorrupción y un discurso reformista. Sin embargo, su gestión ha quedado empañada por una serie de denuncias y acusaciones que han puesto en duda su integridad y su verdadero compromiso con la lucha contra la corrupción. De hecho, resulta risible que un personaje como Martín Vizcarra enarbole la bandera de la transparencia cuando justamente él ha sido uno de los más oscuros y misteriosos de los últimos años.

La acusación más grave contra Vizcarra está relacionada con presuntos sobornos que habría recibido cuando fue gobernador de Moquegua, entre 2011 y 2014. Según el testimonio de aspirantes a colaboradores eficaces, habría aceptado pagos ilícitos por más de un millón de soles por parte de empresas contratistas, a cambio de favorecerlas en la adjudicación de obras públicas, como el proyecto Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

A estas acusaciones se sumaron escándalos posteriores durante su presidencia, como el llamado “Vacunagate”, que estalló en 2021. En este caso, Vizcarra fue vacunado de manera irregular contra la COVID-19, utilizando dosis del laboratorio Sinopharm que estaban destinadas a un ensayo clínico. La situación generó indignación nacional y contribuyó a su inhabilitación política por diez años por parte del Congreso de la República.

Vizcarra ha negado sistemáticamente todas las acusaciones en su contra, asegurando que se trata de una campaña de desprestigio orquestada por sus opositores políticos. Pero, ¿realmente es una campaña en su contra, o simplemente una artimaña más para dispersar las investigaciones y moldear la opinión pública?

Las investigaciones fiscales continúan avanzando y han sido reforzadas con documentos, audios y pericias contables que comprometen cada vez más al exmandatario. La Fiscalía sostiene que existen indicios razonables para formalizar una acusación, aunque el proceso aún se encuentra en fase preparatoria.

El caso de Martín Vizcarra refleja las contradicciones de la política peruana: un presidente que inició con un fuerte discurso contra la corrupción terminó enfrentando serias imputaciones por prácticas que él mismo condenó. El peso de las denuncias ha dejado una marca profunda en su imagen pública. Pero, ¿realmente hemos podido sepultar la imagen política de Vizcarra?

Sucede que el expresidente —y golpista— ha sido una de las figuras políticas más controversiales de la última década, sin lugar a dudas. Llegó al poder en 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, con una imagen de líder anticorrupción y un discurso reformista. Sin embargo, su gestión ha quedado empañada por una serie de denuncias y acusaciones que han puesto en duda su integridad y su verdadero compromiso con la lucha contra la corrupción. De hecho, resulta risible que un personaje como Martín Vizcarra enarbole la bandera de la transparencia cuando justamente él ha sido uno de los más oscuros y misteriosos de los últimos años.









El verso de Vizcarra

Una nueva polémica sacude al Congreso de la República, esta vez protagonizada por la legisladora Susel Paredes, quien —tras llegar al Parlamento de la mano del Partido Morado— parece decidida a hacer del recinto legislativo un laboratorio de ensayo ideológico. El último episodio: permitir que personas nacidas varones, pero que se identifican como mujeres, utilicen los baños destinados exclusivamente a congresistas mujeres.

El hecho ocurrió durante la conmemoración del Día de la Visibilidad Transgénero, cuando más de 30 invitados de la congresista —todos varones que se autoperciben mujeres— asistieron a una actividad organizada por su despacho. Uno de ellos ingresó al baño de mujeres del Parlamento, generando la inmediata indignación de legisladores de distintas bancadas, quienes advirtieron que este tipo de actos no solo rompen con normas básicas de convivencia, sino que comprometen la seguridad y privacidad de quienes usan esos espacios.

Lejos de asumir alguna responsabilidad, Paredes defendió con vehemencia el ingreso de sus invitados, repitiendo el argumentario típico de los sectores más radicales del progresismo. Aseguró que las personas trans corren peligro si acceden a baños de hombres y justificó su decisión afirmando que los varones podrían violentarlas. “Si ellas hubieran entrado al baño de hombres, podrían haber sido víctimas de agresión, porque los varones, cuando ven a mujeres transgénero, piensan que tienen derecho a violarlas o faltarles el respeto”, declaró, sin mayor evidencia.

Pero lo que más ha escandalizado fue su respuesta cuando se le preguntó si volvería a permitir esta situación. Sin inmutarse, dijo que sí, y que solo se aseguraría de que sus invitados cierren la puerta al entrar. “Todas las personas en el Perú somos iguales. Lo que voy a garantizar es que cierren la puerta, pero que sigan entrando al baño de mujeres, por supuesto”, sentenció.

La actitud desafiante de Paredes ha sido catalogada por muchos como una afrenta al sentido común y a la protección de espacios diferenciados por sexo biológico, especialmente en un lugar tan sensible como el Congreso. Lo que para ella es un acto de inclusión, para otros representa una peligrosa imposición ideológica que ignora principios básicos de biología, privacidad y respeto mutuo.

Mientras el debate sobre la identidad de género sigue siendo necesario y complejo, imponer una narrativa sin diálogo ni consenso parece estar alejando más que acercando a la sociedad peruana. Y en medio de esa tensión, Susel Paredes se posiciona no como una legisladora dialogante, sino como una activista con curul, dispuesta a desafiar límites sin medir las consecuencias.

La reciente declaración del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ha encendido las alarmas entre quienes consideran que el Parlamento debe ser un bastión de la razón, el orden y el respeto por las leyes naturales —no un campo de ensayo para imposiciones ideológicas. Salhuana confirmó que la Mesa Directiva está evaluando la implementación de “baños neutros” o “trans” en el Legislativo, una medida que, lejos de resolver conflictos, amenaza con institucionalizar una visión radical de género que contraviene principios biológicos elementales.

Frente al incidente sucedido en el Legislativo, en lugar de poner orden y defender espacios diferenciados por sexo biológico, Salhuana optó por abrirle la puerta a una alternativa que muchos consideran absurda y peligrosa: baños "inclusivos".

“Estamos evaluando ello. Recuerden que cuando vino la OEA solicitó que en los espacios de reunión existiera un baño neutro. Vamos a analizar esa posibilidad”, declaró el titular del Legislativo, alineándose sin reparos con los postulados de organismos internacionales que presionan por introducir la ideología de género en las instituciones nacionales.

El presidente del Congreso añadió que, de concretarse la medida, se requerirían modificaciones estructurales y una “coordinación técnica” para garantizar el acceso equitativo a todos los ciudadanos. Sin embargo, lo que no mencionó es cómo piensa garantizar la seguridad, la privacidad y la comodidad de las congresistas y trabajadoras que usan estos espacios diariamente.

Más aún, Salhuana defendió a la congresista Paredes tras una supuesta agresión verbal de parte de una reportera, minimizando las consecuencias de su irresponsable convocatoria.

“Uno puede no compartir sus ideas, pero una periodista le sugirió que si se siente varón, que se vaya al baño de hombres. Yo invoco a que todos nos tratemos con respeto”, dijo, desviando el foco del verdadero problema: la imposición de una agenda que borra las diferencias biológicas entre hombres y mujeres.

Consultado sobre si esta medida responde a una ideología de género, Salhuana optó por la evasiva. “Son conceptos, son opiniones de cada uno”, indicó, como si los fundamentos biológicos fueran materia opinable.

Lo que está en juego no es solo la infraestructura del Congreso, sino el sentido común. Convertir el Parlamento en un espacio donde se diluyen las diferencias entre hombres y mujeres bajo el pretexto de la inclusión no solo es peligroso, sino profundamente irresponsable. La evaluación de los “baños neutros” es, en realidad, un intento de normalizar lo antinatural y convertir la excepción en regla.

En lugar de garantizar el orden y la lógica, Salhuana parece inclinarse ante una corriente ideológica que distorsiona la realidad biológica y amenaza con socavar los pilares más básicos de convivencia. ¿Hasta qué punto llegará esta claudicación institucional?

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Una nueva polémica sacude al Congreso de la República, esta vez protagonizada por la legisladora Susel Paredes, quien —tras llegar al Parlamento de la mano del Partido Morado— parece decidida a hacer del recinto legislativo un laboratorio de ensayo ideológico. El último episodio: permitir que personas nacidas varones, pero que se identifican como mujeres, utilicen los baños destinados exclusivamente a congresistas mujeres.







