La reciente decisión del Ministerio Público de desactivar las fiscalías especializadas en delitos de terrorismo en Ayacucho y en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) ha generado una ola de preocupación y críticas en diversos sectores del país. Esta medida, que implica la fusión de dichas fiscalías con las de corrupción de funcionarios y el traslado de los casos a oficinas de derechos humanos, se justifica en una supuesta disminución de la carga procesal de casos de terrorismo. Sin embargo, expertos y autoridades locales advierten que esta decisión podría debilitar la lucha contra los movimientos subversivos que aún existen en nuestro país y poner en riesgo la justicia para las víctimas de la violencia.

Ayacucho y el VRAEM han sido epicentros de la violencia terrorista que azotó al Perú entre 1980 y 2000, dejando miles de víctimas y heridas profundas en la sociedad. Aunque los años de violencia concluyeron oficialmente hace más de dos décadas, remanentes de grupos subversivos como Sendero Luminoso aún operan en estas zonas, muchas veces vinculados al narcotráfico. La presencia de estos grupos representa una amenaza constante para la seguridad y el desarrollo de las comunidades locales.

Diversos actores han expresado su rechazo a la desactivación de las fiscalías antiterroristas. Alejandro Muñante, legislador de la República, ha manifestado su firme oposición a la medida, calificándola como un debilitamiento de la lucha contra el terrorismo. A través de sus redes sociales y en intervenciones públicas, el congresista ha señalado que esta decisión del Ministerio Público representa un retroceso en la política de seguridad nacional y una afrenta a la memoria de las víctimas del terrorismo.

"La desactivación de las fiscalías antiterroristas en Ayacucho y el VRAEM, por la implementación de las nuevas 'Fiscalías de Derechos Humanos y Terrorismo', es una decisión que debilita la lucha contra el terrorismo", señaló el parlamentario de Renovación Popular.

Además, en una intervención en el Pleno del Congreso, el congresista expresó su preocupación por el traslado de los casos de terrorismo a las fiscalías de derechos humanos, argumentando que esta fusión podría diluir la especialización necesaria para enfrentar eficazmente los delitos de terrorismo en zonas críticas como el VRAEM.

Muñante ha instado al Ministerio Público a reconsiderar esta medida y a fortalecer las capacidades de las fiscalías especializadas en terrorismo, especialmente en regiones donde persisten amenazas de grupos subversivos vinculados al narcotráfico.

Por su parte, expertos en seguridad y justicia han cuestionado el momento y los criterios técnicos de esta decisión. En un artículo de opinión se advierte que "es inaceptable que se diluya el esfuerzo fiscal antiterrorismo justo cuando el crimen organizado mantiene presencia activa en el VRAEM".

La desactivación de estas fiscalías no solo representa un retroceso en la lucha contra el terrorismo, sino que también afecta el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) documentó miles de casos de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, muchos de los cuales aún esperan justicia. La especialización y el conocimiento del contexto local son fundamentales para investigar y sancionar estos crímenes de manera efectiva.

Además, esta medida podría enviar un mensaje equivocado sobre la importancia de preservar la memoria histórica y garantizar la no repetición de los hechos violentos que marcaron al país. La lucha contra el terrorismo no puede ser vista como una tarea concluida, sino como un compromiso permanente, dado que la infiltración de remanentes del terrorismo en múltiples escalas de la sociedad está más que comprobada.

Ante esta situación, es fundamental que las autoridades reconsideren la decisión de desactivar las fiscalías antiterroristas en Ayacucho y el VRAEM. Se requiere una política de justicia que reconozca la complejidad del fenómeno terrorista y que garantice atención adecuada a las víctimas. Asimismo, es necesario fortalecer las capacidades del sistema judicial para enfrentar los desafíos actuales y prevenir futuros brotes de violencia.

La sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional deben mantenerse vigilantes y exigir que el Estado peruano cumpla con su obligación de investigar, juzgar y sancionar los crímenes de terrorismo, asegurando que nunca más se repitan las tragedias del pasado.

La decisión del Ministerio Público de desactivar las fiscalías especializadas en delitos de terrorismo en Ayacucho y el VRAEM es un grave error que pone en riesgo la seguridad nacional, la memoria histórica y el derecho de las víctimas a obtener justicia. En lugar de fortalecer el sistema judicial frente a amenazas persistentes como el terrorismo vinculado al narcotráfico, se opta por diluir la especialización que tanto costó construir. Esta medida no solo desconoce el contexto de violencia que aún persiste en estas regiones, sino que representa un retroceso institucional frente al deber del Estado de garantizar justicia, verdad y reparación.

Las autoridades deben corregir este rumbo equivocado antes de que sus consecuencias sean irreparables.

La reciente decisión del Ministerio Público de desactivar las fiscalías especializadas en delitos de terrorismo en Ayacucho y en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) ha generado una ola de preocupación y críticas en diversos sectores del país. Esta medida, que implica la fusión de dichas fiscalías con las de corrupción de funcionarios y el traslado de los casos a oficinas de derechos humanos, se justifica en una supuesta disminución de la carga procesal de casos de terrorismo. Sin embargo, expertos y autoridades locales advierten que esta decisión podría debilitar la lucha contra los movimientos subversivos que aún existen en nuestro país y poner en riesgo la justicia para las víctimas de la violencia.









¿Atentado a la memoria?

Sucede que el expresidente —y golpista— ha sido una de las figuras políticas más controversiales de la última década, sin lugar a dudas. Llegó al poder en 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, con una imagen de líder anticorrupción y un discurso reformista. Sin embargo, su gestión ha quedado empañada por una serie de denuncias y acusaciones que han puesto en duda su integridad y su verdadero compromiso con la lucha contra la corrupción. De hecho, resulta risible que un personaje como Martín Vizcarra enarbole la bandera de la transparencia cuando justamente él ha sido uno de los más oscuros y misteriosos de los últimos años.

La acusación más grave contra Vizcarra está relacionada con presuntos sobornos que habría recibido cuando fue gobernador de Moquegua, entre 2011 y 2014. Según el testimonio de aspirantes a colaboradores eficaces, habría aceptado pagos ilícitos por más de un millón de soles por parte de empresas contratistas, a cambio de favorecerlas en la adjudicación de obras públicas, como el proyecto Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

A estas acusaciones se sumaron escándalos posteriores durante su presidencia, como el llamado “Vacunagate”, que estalló en 2021. En este caso, Vizcarra fue vacunado de manera irregular contra la COVID-19, utilizando dosis del laboratorio Sinopharm que estaban destinadas a un ensayo clínico. La situación generó indignación nacional y contribuyó a su inhabilitación política por diez años por parte del Congreso de la República.

Vizcarra ha negado sistemáticamente todas las acusaciones en su contra, asegurando que se trata de una campaña de desprestigio orquestada por sus opositores políticos. Pero, ¿realmente es una campaña en su contra, o simplemente una artimaña más para dispersar las investigaciones y moldear la opinión pública?

Las investigaciones fiscales continúan avanzando y han sido reforzadas con documentos, audios y pericias contables que comprometen cada vez más al exmandatario. La Fiscalía sostiene que existen indicios razonables para formalizar una acusación, aunque el proceso aún se encuentra en fase preparatoria.

El caso de Martín Vizcarra refleja las contradicciones de la política peruana: un presidente que inició con un fuerte discurso contra la corrupción terminó enfrentando serias imputaciones por prácticas que él mismo condenó. El peso de las denuncias ha dejado una marca profunda en su imagen pública. Pero, ¿realmente hemos podido sepultar la imagen política de Vizcarra?

Sucede que el expresidente —y golpista— ha sido una de las figuras políticas más controversiales de la última década, sin lugar a dudas. Llegó al poder en 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, con una imagen de líder anticorrupción y un discurso reformista. Sin embargo, su gestión ha quedado empañada por una serie de denuncias y acusaciones que han puesto en duda su integridad y su verdadero compromiso con la lucha contra la corrupción. De hecho, resulta risible que un personaje como Martín Vizcarra enarbole la bandera de la transparencia cuando justamente él ha sido uno de los más oscuros y misteriosos de los últimos años.









El verso de Vizcarra

Mientras el Perú se encamina hacia las elecciones de 2026, una nueva sombra amenaza la ya frágil confianza ciudadana: la falsificación masiva de firmas en el proceso de inscripción de partidos políticos. El escándalo, que salpica a figuras ligadas a la izquierda y a sectores de la llamada "caviarada", desmorona el relato de un sistema electoral "incorruptible", defendido con fervor en los últimos años. ¿Cómo confiar en un proceso que ha permitido que miles de ciudadanos aparezcan afiliados a organizaciones políticas sin siquiera saberlo? ¿Qué tan profunda corre la corrupción en el tejido democrático que nos prometieron defender?

Hoy, las evidencias son contundentes: peritajes grafotécnicos, omisiones sospechosas de las autoridades y un silencio cómplice de quienes antes clamaban por elecciones limpias. ¿Estamos ante un fraude incubado desde los cimientos del sistema? ¿Qué nos espera en 2026 si no actuamos ahora? Esta nota revela las grietas de una democracia en riesgo y lanza una advertencia urgente: o despertamos como ciudadanos vigilantes o entregamos, una vez más, nuestro destino a quienes ven en el poder no un servicio, sino un botín. La pregunta ya no es si hubo irregularidades. La pregunta es: ¿quién se beneficiará de nuestro silencio?

Desde El Reporte, dialogamos con el abogado Alfredo Ghersi sobre esta polémica y cómo afectaría de cara a los procesos electorales de 2026, donde se define el futuro de una nación que cada vez se desangra en el espectro político.

Hablemos un poco de lo que ha ocurrido recientemente sobre la falsificación de firmas para lograr la inscripción de algunos partidos políticos, ¿cómo analizas el panorama?

Bueno, sí, es un tema muy serio. Creo que lo importante de esta noticia es que desmiente un poco esta falsa narrativa que ha sostenido la izquierda en los últimos años y que, además, contradice su postura histórica. Porque, recordemos, la izquierda históricamente ha denunciado que Alberto Fujimori cometió fraude en el Perú. Mejor dicho, eran ellos quienes ponían en tela de juicio la integridad electoral en nuestro país. Sin embargo, desde las épocas de Castillo, la izquierda ha volteado su narrativa y en los últimos años ha tratado de vender esta falsa imagen de que el sistema electoral peruano es incorruptible, que es imposible que haya fraude, porque nuestras instituciones electorales son sólidas. Sin embargo, ¡oh, sorpresa! ¿Qué ha pasado? Ahora que estamos a puertas de las siguientes elecciones, estalla este tremendo escándalo. ¿Y cuál es? Que en el proceso de inscripción de muchísimos partidos, ha salido a la luz que muchísimas personas aparecen afiliadas a partidos políticos de los que no tienen conocimiento alguno.

Llama mucho la atención, porque uno de los partidos es el de Martín Vizcarra, con 5.117 firmas, y todas hechas aparentemente de un solo puño.

Según la misma pericia grafotécnica, hay elementos técnicos suficientes para descubrir este tipo de irregularidades. Y no solo ha ocurrido en el partido de Martín Vizcarra, también en el de Guillermo Bermejo. Es cierto que algunas de estas irregularidades han sido observadas por el Reniec y se ha rechazado la inscripción de algunos partidos. Pero no de todos. En algunos casos, estas irregularidades han sido omitidas y no han sido subsanadas adecuadamente. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Lo que sucede es que nacen, en esta elección, graves sospechas de fraude. Se desmantela por completo esta falsa narrativa de la izquierda que quería pintar a nuestro sistema electoral como incorruptible.

Vemos que los partidos involucrados en esta falsificación de firmas son grupos políticos ligados a la izquierda y a la caviarada peruana, ¿cómo lo percibes desde tu óptica?

Una vez más, se demostraría que hay una especie de confabulación. Porque son los mismos agentes, las mismas personas que se estarían beneficiando de este sistema electoral tan cuestionable quienes, al mismo tiempo, nos decían que el fraude era imposible porque nuestro sistema era perfecto. Aquí hay una agenda, un plan. Por un lado, cometen acciones sospechosas; por el otro, a través de sus portavoces más importantes, nos juraban que el fraude era imposible. A quienes, de manera escéptica, denunciábamos posibles fraudes, nos llamaban "fraudistas", "golpistas" o "conspiranoicos". Entonces, la ciudadanía tiene que preguntarse: ¿dónde están ahora todos estos grandes exponentes de la izquierda que durante años se burlaron de nosotros? ¿Querían pruebas? Aquí están las pruebas.

Durante años involucraron al fujimorismo con el fraude, y ahora, que salen a la luz casos que vinculan a la izquierda, los mismos que denunciaban antes ya no dicen nada. ¿Qué opinas?

Lo que he visto es que están intentando poner parches. La pregunta es si esos parches son suficientes. Por ejemplo, como anécdota, tengo muchos colegas abogados cuyos datos personales —nombre, firma— se han filtrado, y han sido inscritos en partidos que no conocen. Esto también es una advertencia para el público: revisen la página correspondiente para ver si han sido víctimas de esta usurpación. Hay un proceso de desafiliación que deben seguir. Además, los invito a buscar apoyo, por ejemplo en el estudio GERSI o conmigo, para iniciar los procesos penales correspondientes. Nos corresponde a nosotros, los ciudadanos de bien, el bloque democrático, no permitir que nos engañen nuevamente. Estamos a tiempo de evitar una catástrofe como la que ya hemos sufrido. Si hoy pueden hacer esto, ¿se imaginan qué habrán hecho en el pasado?

Todo esto tiene que dejarnos un mensaje: vemos partidos evidentemente de izquierda y caviares incurriendo en este fraude.

El factor común es su escaso compromiso con la democracia. Tienen una agenda para socavar los valores del Estado de Derecho y de nuestra frágil República. ¿Qué tienen en común Vizcarra, Castillo, Antauro Humala? Que cuando tuvieron el poder, su objetivo fue debilitar nuestras instituciones democráticas para concentrar el poder, promover golpes de Estado e impulsar una agenda socialista nefasta. La ciudadanía tiene que estar muy atenta. Esta gente quiere llegar al poder de manera apócrifa, falsificando firmas, aprovechándose del sistema electoral. Y eso es muy grave. La gente de bien, el bloque democrático, debe estar más vigilante que nunca. Si nos quedamos dormidos, sufriremos una grave afectación a nuestra libertad.

¿Nos afectó mucho esto en las elecciones pasadas, consideras?

Por supuesto. No me queda duda de que si revisamos con lupa, veremos que muchos partidos inscritos en elecciones pasadas también usaron firmas falsas. Todos sabemos que en este país las cosas muchas veces se hacen mal, a la criolla, con fraude. Entonces, que venga la izquierda a decirnos que nuestras elecciones son las más limpias del mundo, francamente, es absurdo.

La izquierda lo dice porque, al final, terminan siendo ellos quienes ganan, ¿no?

Así es. En realidad, las últimas elecciones, y lo digo así, fueron direccionadas hacia la caviarada o hacia la izquierda, en una alianza estratégica para acabar con las candidaturas de Keiko Fujimori, principalmente.

Ahora, ¿qué debe proceder a raíz de esto? ¿Eliminar la inscripción de los partidos?

Por supuesto. Debería ser inmediato. Como en cualquier acto administrativo: si no cumples con los requisitos de ley, la inscripción debe ser declarada nula.

¿Cuánto crees que demore esto? Porque para las elecciones de 2026, podría ser tarde.

Creo que, por la presión ciudadana, los propios mecanismos electorales van a reaccionar. Espero que los hayamos atrapado a tiempo. Es muy probable que anulen varios de estos partidos, y será mejor, para limpiar un poco la cancha.

Mientras el Perú se encamina hacia las elecciones de 2026, una nueva sombra amenaza la ya frágil confianza ciudadana: la falsificación masiva de firmas en el proceso de inscripción de partidos políticos. El escándalo, que salpica a figuras ligadas a la izquierda y a sectores de la llamada "caviarada", desmorona el relato de un sistema electoral "incorruptible", defendido con fervor en los últimos años. ¿Cómo confiar en un proceso que ha permitido que miles de ciudadanos aparezcan afiliados a organizaciones políticas sin siquiera saberlo? ¿Qué tan profunda corre la corrupción en el tejido democrático que nos prometieron defender?









¿Del fraude negado al fraude comprobado?

Mientras la gran minería mueve millones y acapara los titulares, miles de pequeños mineros en el Perú luchan día a día contra un enemigo silencioso: la burocracia. En lugar de apoyo, enfrentan trabas, estigmas y un sistema que parece diseñado para mantenerlos en la informalidad. En esta edición de El Reporte, conversamos con Gladys Tapia Medina, presidenta de la Asociación Multisectorial e Interdisciplinaria del Perú (AMIP), quien revela las enormes brechas legales y estructurales que asfixian a quienes buscan formalizarse.

Hablemos de la pequeña minería y la minería artesanal, ¿Como se viene desarrollando en nuestro país?

En Perú existen tres estratos: gran, mediana y pequeña minería. Sin embargo, bajo el paraguas de la pequeña minería también se ha incluido a la minería informal e incluso ilegal.

¿Cuál es su opinión sobre esta clasificación y qué acciones están tomando el Ejecutivo y Legislativo?

Es preocupante cómo el Congreso y el Ejecutivo están manejando la visión sobre la pequeña minería. Se ha mezclado a los pequeños mineros con la minería ilegal, lo cual estigmatiza y afecta a quienes realmente buscan formalizarse. Desde AMIP, pedimos que se diferencie adecuadamente a los pequeños productores mineros, quienes ya cuentan con títulos, certificaciones y registro en el REINFO. Ellos no deberían pasar por un proceso ordinario de dos años si ya están identificados. Nosotros estamos muy afectados con esta mala visión que le está dando el Congreso, el Ejecutivo y bueno, pues ya vemos la gente política, mejor dicho, no política que está en el gobierno. Los políticos no saben nada, absolutamente nada, ni de la extracción de cómo se puede hacer una minería propositiva, productiva, sostenible y los valores del mercado internacional que ahora lo debemos de aprovechar, la gran, la mediana, la pequeña y los mineros informales que sean adecuados a un proceso de formalización, a ellos como ya los tengo identificados mediante un REINFO, también darles plazo de un año para formalizarlos y que se pongan de acuerdo también con el concesionario.

¿Cuál es la posición de AMIC respecto a la gran minería y los conflictos que se generan entre ambos sectores?

Nosotros no estamos en contra de la gran minería, al contrario, reconocemos que es un pilar económico del país. Sin embargo, creemos que parte del canon minero debería destinarse a apoyar la formalización de los pequeños mineros, que muchas veces trabajan en condiciones precarias, sin capital ni respaldo técnico. También hemos buscado constantemente el diálogo con la Sociedad de Minería, aunque no siempre hemos sido escuchados. Nosotros hemos sido siempre tratables con estos personajes, como es uno de ellos que siempre opina, es el señor Pablo de la Flor, a quien, bueno, es una persona que está prácticamente saliendo.

Pablo de la Flor es una persona que está muy activo en este tema de minería, pero hay que recordar también que él formó parte del programa de reconstrucción con cambios y no tuvo resultados efectivos. ¿Por qué pretende meterse en un tema tan importante para la sociedad y que la gente no lo ve, que es el tema minero? Porque esto puede mover y mueve mucho la economía en nuestro país.

Yo no puedo decirte por qué pretende meterse. Me parece que él trabaja en la minera Poderosa, es parte del equipo de la minera y por eso es que él opina. También creo que ha estado un tiempo en la sociedad de minería o no sé si seguirá pues siendo miembro de la sociedad de minería.

¿Qué debe suceder para que acaben todos los problemas mineros?

Me parece que para que se acaben todos estos problemas en el Perú sobre la minería, la pequeña minería, el legislativo, para empezar, tiene que generar políticas públicas que permita a la pequeña minería iniciar rápido la producción. ¿Por qué? Porque se supone que ellos han presentado un IGAFON, que es como una declaración jurada donde estás haciendo tu actividad, o sea, no habría por qué perseguirlos, quitarles su mineral, encarcelarlos, quitarles los camiones. Entonces me parece que en el Perú se está cometiendo actos abusivos, pareciera un gobierno autoritario, donde que tampoco coordina la fiscalía, la policía, el Ministerio de Energía y Minas han hecho que ingresen más de 80 mil mineros a un padrón de REINFO y este proceso de formalización no garantiza nada.

¿Qué opina sobre las concesiones y la manera en que algunas grandes empresas manejan estos territorios?

Es inadmisible que algunas concesiones estén acaparadas por más de 10 años sin actividad productiva. El subsuelo es del Estado, pero la superficie es de los pueblos originarios. No se puede permitir que grandes empresas desplacen a las comunidades ancestrales que han practicado minería desde generaciones atrás. La consulta previa debe ser real y dinámica.

¿Cómo está afectando la burocracia al proceso de formalización de los pequeños mineros?

Ser formal en Perú es carísimo. El Estado ha destinado presupuesto para la formalización, pero apenas se ha logrado avanzar con el 2% de los mineros registrados en el REINFO. Los costos para presentar documentos como el IGAFOM son altísimos y los dueños de las concesiones muchas veces no otorgan contratos de explotación. Esto genera frustración y sensación de persecución, incluso para quienes ya están formalizados. Si hablan de 5 millones, de 5.000 millones, 10.000 millones, 12.000 millones, más plata que el narcotráfico, dicen, ¿no? Hablan así de los mineros, entonces ese dinero que se está fugando, que refieren ellos, ¿por qué ese dinero no recaudarlo? Y el minero prácticamente estaría aportando el 2.5% al PBI, que eso, también obras por impuesto de menor cuantía que sean en los colegios, que puedan hacer unas paredes, comprar latos y pagarlo con obras por impuesto. Invertir en cosas importantes para el país. Pero aquí pareciera que hay una forma de secuestrar al peruano de a pie para que no sobresalga.

Se han reportado confiscaciones e incautaciones a pequeños mineros y transportistas. ¿Qué está ocurriendo?

Es gravísimo. Hay transportistas que, pese a tener todos los permisos, han visto incautados sus camiones por supuestas irregularidades con los minerales que trasladaban. Se les acusa sin una investigación adecuada, aplicando de forma abusiva el decreto legislativo 1373 sobre extinción de dominio. Esto vulnera derechos fundamentales, como el derecho a la propiedad y la presunción de inocencia. Son más de 60 camiones en Apurimac, en Nazca, están incautados. Están ya en los almacenes de Pronavi, me parece, ya los transportistas han perdido su bien. Pero ¿por qué? Si el transportista te da un servicio, ellos tienen todo su permiso de la Provías, tienen todo, su licencia, tienen todo. Es más, han sacado esos camiones en leasing del banco de crédito y otros bancos, pero ya están incautados. O sea, ¿cómo es posible que se cometan estos actos abusivos contra el bien? Está afectando el derecho a la propiedad. Entonces, él está afectando también la buena fe del tercero, porque ese tercero te ha alquilado.

¿Qué respuesta han tenido del Ejecutivo frente a estas problemáticas?

Lamentablemente, sentimos que la presidenta Dina Boluarte está más preocupada por su imagen que por los verdaderos problemas del país. La represión hacia los mineros ha aumentado, y los derechos laborales y humanos están siendo ignorados. Incluso hay bancos que están cerrando cuentas a pequeños mineros debido a la mala imagen que se ha generado.

¿Cuál es la propuesta concreta de AMIP frente a esta situación?

Proponemos crear un fondo de remediación ambiental financiado por los mismos mineros formales. Esto permitiría demostrar que la minería artesanal puede ser responsable. También pedimos al Estado que genere políticas públicas propositivas que impulsen la producción nacional y no sigan criminalizando al pequeño minero. Si se formalizara a todos los mineros que ya están identificados, el Estado podría recaudar miles de millones y dinamizar la economía en las zonas más olvidadas del país.

¿Cómo va el proceso de formalización tras el reciente paro nacional de mineros?

Se ha ampliado el plazo del REINFO por seis meses, pero el Ministerio de Energía y Minas está sobrecargado y no cuenta con el personal suficiente para revisar los expedientes. Proponemos que las concesiones extinguidas sean otorgadas a los mineros con permanencia real en la zona. La realidad es que si no se modifica la normativa, el proceso de formalización seguirá estancado hasta diciembre del 2025. La verdad es que veo más lejos la formalización minera.

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Minería formal: Cada vez más lejana

Una nueva polémica sacude al Congreso de la República, esta vez protagonizada por la legisladora Susel Paredes, quien —tras llegar al Parlamento de la mano del Partido Morado— parece decidida a hacer del recinto legislativo un laboratorio de ensayo ideológico. El último episodio: permitir que personas nacidas varones, pero que se identifican como mujeres, utilicen los baños destinados exclusivamente a congresistas mujeres.

El hecho ocurrió durante la conmemoración del Día de la Visibilidad Transgénero, cuando más de 30 invitados de la congresista —todos varones que se autoperciben mujeres— asistieron a una actividad organizada por su despacho. Uno de ellos ingresó al baño de mujeres del Parlamento, generando la inmediata indignación de legisladores de distintas bancadas, quienes advirtieron que este tipo de actos no solo rompen con normas básicas de convivencia, sino que comprometen la seguridad y privacidad de quienes usan esos espacios.

Lejos de asumir alguna responsabilidad, Paredes defendió con vehemencia el ingreso de sus invitados, repitiendo el argumentario típico de los sectores más radicales del progresismo. Aseguró que las personas trans corren peligro si acceden a baños de hombres y justificó su decisión afirmando que los varones podrían violentarlas. “Si ellas hubieran entrado al baño de hombres, podrían haber sido víctimas de agresión, porque los varones, cuando ven a mujeres transgénero, piensan que tienen derecho a violarlas o faltarles el respeto”, declaró, sin mayor evidencia.

Pero lo que más ha escandalizado fue su respuesta cuando se le preguntó si volvería a permitir esta situación. Sin inmutarse, dijo que sí, y que solo se aseguraría de que sus invitados cierren la puerta al entrar. “Todas las personas en el Perú somos iguales. Lo que voy a garantizar es que cierren la puerta, pero que sigan entrando al baño de mujeres, por supuesto”, sentenció.

La actitud desafiante de Paredes ha sido catalogada por muchos como una afrenta al sentido común y a la protección de espacios diferenciados por sexo biológico, especialmente en un lugar tan sensible como el Congreso. Lo que para ella es un acto de inclusión, para otros representa una peligrosa imposición ideológica que ignora principios básicos de biología, privacidad y respeto mutuo.

Mientras el debate sobre la identidad de género sigue siendo necesario y complejo, imponer una narrativa sin diálogo ni consenso parece estar alejando más que acercando a la sociedad peruana. Y en medio de esa tensión, Susel Paredes se posiciona no como una legisladora dialogante, sino como una activista con curul, dispuesta a desafiar límites sin medir las consecuencias.

La reciente declaración del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ha encendido las alarmas entre quienes consideran que el Parlamento debe ser un bastión de la razón, el orden y el respeto por las leyes naturales —no un campo de ensayo para imposiciones ideológicas. Salhuana confirmó que la Mesa Directiva está evaluando la implementación de “baños neutros” o “trans” en el Legislativo, una medida que, lejos de resolver conflictos, amenaza con institucionalizar una visión radical de género que contraviene principios biológicos elementales.

Frente al incidente sucedido en el Legislativo, en lugar de poner orden y defender espacios diferenciados por sexo biológico, Salhuana optó por abrirle la puerta a una alternativa que muchos consideran absurda y peligrosa: baños "inclusivos".

“Estamos evaluando ello. Recuerden que cuando vino la OEA solicitó que en los espacios de reunión existiera un baño neutro. Vamos a analizar esa posibilidad”, declaró el titular del Legislativo, alineándose sin reparos con los postulados de organismos internacionales que presionan por introducir la ideología de género en las instituciones nacionales.

El presidente del Congreso añadió que, de concretarse la medida, se requerirían modificaciones estructurales y una “coordinación técnica” para garantizar el acceso equitativo a todos los ciudadanos. Sin embargo, lo que no mencionó es cómo piensa garantizar la seguridad, la privacidad y la comodidad de las congresistas y trabajadoras que usan estos espacios diariamente.

Más aún, Salhuana defendió a la congresista Paredes tras una supuesta agresión verbal de parte de una reportera, minimizando las consecuencias de su irresponsable convocatoria.

“Uno puede no compartir sus ideas, pero una periodista le sugirió que si se siente varón, que se vaya al baño de hombres. Yo invoco a que todos nos tratemos con respeto”, dijo, desviando el foco del verdadero problema: la imposición de una agenda que borra las diferencias biológicas entre hombres y mujeres.

Consultado sobre si esta medida responde a una ideología de género, Salhuana optó por la evasiva. “Son conceptos, son opiniones de cada uno”, indicó, como si los fundamentos biológicos fueran materia opinable.

Lo que está en juego no es solo la infraestructura del Congreso, sino el sentido común. Convertir el Parlamento en un espacio donde se diluyen las diferencias entre hombres y mujeres bajo el pretexto de la inclusión no solo es peligroso, sino profundamente irresponsable. La evaluación de los “baños neutros” es, en realidad, un intento de normalizar lo antinatural y convertir la excepción en regla.

En lugar de garantizar el orden y la lógica, Salhuana parece inclinarse ante una corriente ideológica que distorsiona la realidad biológica y amenaza con socavar los pilares más básicos de convivencia. ¿Hasta qué punto llegará esta claudicación institucional?

Una nueva polémica sacude al Congreso de la República, esta vez protagonizada por la legisladora Susel Paredes, quien —tras llegar al Parlamento de la mano del Partido Morado— parece decidida a hacer del recinto legislativo un laboratorio de ensayo ideológico. El último episodio: permitir que personas nacidas varones, pero que se identifican como mujeres, utilicen los baños destinados exclusivamente a congresistas mujeres.









¿Otro Capricho progresista?

En medio de una crisis de inseguridad y política, dejamos de mirar los enormes problemas que enfrenta nuestra economía nacional. ¿Qué se está haciendo desde el Ministerio de Economía? ¿Podremos volver a nuestra senda de crecimiento? 

, conversamos con el economista Hans Rothgiesser sobre las dificultades actuales para el crecimiento y qué acciones debe tomar desde el MEF para mejorar nuestra endeble situación económica.

¿Cómo ha afectado el cambio de ministro a la política nacional?

Hay dos dimensiones esa a ese problema. Está el tema real y el político. En el aspecto real, cambiar a Santibáñez, al ministro del interior, no cambia la situación para absolutamente nada, porque incluso han puesto a un señor peor. Entonces, mucho no va a cambiar. Pero, por otro lado, a nivel político, es una jugada muy torpe. Porque ha empoderado a cierto sector de la política que tenía en contra. El sector de izquierda, comúnmente llamada caviar.

¿Y la convocatoria a elecciones que hizo la mandataria qué consecuencias trae?

Por el lado de la convocatoria de las elecciones, lo que sucede es que ahora el Congreso puede vacar a Dina sin mayor consecuencia. Porque una vez que convocas a las elecciones, ya no las para nadie, constitucionalmente tienen que llevarse a cabo. Ahora que ya convocó elecciones, la relación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo va a ser mucho más tensa. Porque ahora el Congreso tiene más poder. Es decir, Dina no tiene partido, no tiene bancada, no tiene base, no tiene cuadros técnicos, no tiene nada. Por ende, le será difícil mantenerse en el poder.La única forma de hacerlo será cediendo a los pedidos de las distintas bancadas. Lo que posiblemente va a suceder ahora es que estos grupos que ya saben que Dina depende de ellos, van a empezar a hacer pedidos. Todo ello hará aún más difícil la labor de los distintos ministerios.

Yendo al tema ministerial, ¿qué ocurre con el Ministerio de Economía?

Al ministro de economía lo cambiaron y han puesto a una persona que venía por inversión, con una agenda de incrementar el gasto público como si no hubiera mañana. Ha prometido incrementos de presupuestos, mayores convocatorias para concesiones, para concursos, más obras con impuestos. Todo lo que los empresarios sueñan cuando se van a dormir en las noches.Por eso mismo ves que todos están pidiendo paciencia para el ministro. Ya no lo critican.

Estas medidas ciertamente serán un problema…

El ministro de economía Salardi no garantiza la solución para absolutamente nada. Sus ofrecimientos concretos han sido de incremento de gasto público y de reducción de ingreso, a través de exoneraciones, ciertas gracias tributarias. Sin embargo, por otro lado ha anunciado un gran shock de burocratización. Para poder impulsar la inversión privada, pero no ha anunciado nada concreto. Lo cierto es que no va a poder hacer nada.

El Minitro José Salardi parece no ver la realidad economica.     

Su shock de inversión privada sostiene que para que las mineras inviertan, necesitan mayor seguridad. Que no se metan a las a las minas o que no bloqueen las carreteras para que no paralicen operaciones mineras que tienen todas las licencias. La pregunta es si le van a hacer caso. Muy difícilmente. Además, eso no depende de él. Eso depende de la seguridad ciudadana. Entonces, él anuncia su paquete, no dice qué va a hacer, mantiene a todos en suspenso y realmente mucho no va a poder hacer.

El ministro ha anunciado que este que este año vamos a crecer 4%, pero el Banco Central de Reserva acaba de publicar el reporte de inflación, en el cual, han puesto 3%. Indirectamente le está diciendo al ministro de economía, ya cállate. 

¿El siguiente gran paso económico que tiene el Perú para poder retornar a la senda de crecimiento es controlar el déficit fiscal?

Claro. Porque el déficit fiscal se da cuando el gobierno gasta más de lo que tiene. Entonces, hemos tenido ya por segunda vez consecutiva, un año en el que hemos terminado con déficit fiscal demasiado grande, más allá de la brecha que nos permiten. También hay preocupación a nivel internacional sobre el rumbo que está perdiendo Perú.Con ello que el Ministro de Economía está anunciando incrementar más el gasto público, pero nadie le dice nada. Encima a las ligeras críticas que le hacen este sostiene que la economía se va a reactivar. Este sostiene que la reactivación hará que se tribute más, pero las cifras no cuadran.

Para reducir o aliviarnos del déficit necesitamos o agrandar la masa tributaria, la cantidad de recaudación, o simplemente recortar gasto, ¿Cuál sería la alternativa para el Perú?

Claro, puedes incrementar ingresos, o puedes reducir gastos, no hay otra opción. Pero el ingreso es complicado incrementarlo, pues depende del crecimiento económico. Pero eso no es una cuestión de cuatro meses, sino de un par de años, para que sea realmente significativo.Es decir, en cuatro meses se va a recaudar un poquito más, pero no va a ser absolutamente nada significativo como para cerrar la brecha que tenemos en déficit fiscal. Aparte, también depende del crecimiento del mundo. La economía mundial.

¿Cómo esta el Perú ante los ojos del mundo?

Buena parte de la economía peruana depende de la integración comercial y en Estados Unidos no se sabe bien qué va a pasar. Trump anda anunciando medidas, que son inciertas. Hay mucha incertidumbre por ese lado. Por el otro lado, tenemos el tema con China. Por ejemplo, las sanciones comerciales que está aplicando Trump no nos afecta directamente. Sin embargo, sí indirectamente a través de la guerra comercial que está teniendo con China, que es nuestro primer socio comercial. En la medida en la cual a China les vaya bien a nosotros nos debería ir bien. Pero si empieza a tambalear, a nosotros no va perjudicar.

¿Volviendo al tema del déficit lo mejor entonces sería reducir el gasto? 

El asunto de incrementar el ingreso es bastante incierto como mencioné. Por otro lado, reducir el gasto solamente requiere la voluntad política. Porque seguimos estando haciendo rescates innecesarios. Hay muchas gracias que estamos pagando. Por ejemplo, hemos visto en las noticias que han cambiado a la directiva de Perupetro, que es la que decide a quién le vamos a dar los lotes de petróleo. Ahora, el mismo Narváez lo dice, si nosotros participáramos en un concurso con otras empresas privadas, jamás ganaríamos, así que tenemos que presionar para que esos lotes nos los asignen a dedo. Esto implica que el Perú va a perder plata. Vamos a dar estos lotes a una empresa ineficiente, que lo va a hacer mal. Estamos incrementando el hoyo negro, que es la situación financiera de Petro Perú. Acá en el Perú, vivimos soñando con que Petro Perú se integre verticalmente como si eso fuese algo positivo. Eso es tecnología económica de los setentas. Hoy en día sabemos que eso no es bueno. Sabemos que lo que están planeando es que no soliciten esos lotes, no se entreguen, no se ofrezcan a concurso a la mejor empresa posible, sino que se lo van a asignar a dedo a Petro Perú. Eso es algo equivale a un salvataje financiero.

Retomando a las gracias a las empresas públicas deberíamos entonces privatizar o vender las empresas ineficientes y despilfarradoras…

Por ejemplo, las dos empresas públicas emblemáticas que tenemos en el Perú, Petro Perú y Sedapal, ambas son una vergüenza, más allá de discusiones ideológicas, numéricamente ambas dan pena. No obstante, si uno ve la lista de empresas que se han privatizado durante el fujimorismo, se ha privatizado todo lo que humanamente posible. Se ha ido a la mayor velocidad. Se han privatizado empresas eléctricas, empresas energéticas, los hoteles y demás. Entonces, se ha privatizado todo lo humanamente posible y se dejó para el final las más difíciles. Cuando cae Fujimori, todo ese proyecto se cae. Todo el proyecto de seguir privatizando se cae, porque el gobierno de Toledo cambia el modelo de comisiones que se formaban, a un modelo de proinversión. Es decir, pro inversión de tener una institución pública que se va a dedicar a eso constantemente. Ahora, con ello es que justamente tenemos los problemas que tenemos con la empresa pública. Que el funcionario de Proinversión, como Salardi, por ejemplo, igual recibe un sueldo, no importa cuánto licite, cuánto concurse, cuánto privatice al mes, igual recibe un sueldo. Entonces, ¿cuál es su incentivo a mejorar?

Ahora, aparte de las empresas públicas también están los ministerios que también generan un gasto fuerte, ¿Hay que reducirlos?

Aquí hay una forma bastante simple. Tenemos de ver que los ministerios no sirven para nada, es ver cómo al final no se pueden ejecutar las cosas. O sea, por ejemplo, Tía María. Tía María ha pasado por todos los controles, procesos, filtros, de los cuales muchos son en el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente le ha certificado sus procesos. Tía María ha hecho los ajustes necesarios y ha aprobado todo lo que el Ministerio del Ambiente le pedía. Con el Ministerio de Cultura también a través del tema de consulta previa y con el Ministerio de Energía y Minas igual. Y, aun así, no la dejan operar. Entonces, al final nos terminaremos preguntando: ¿para qué tenemos ministerios?

https://youtu.be/Xe3gFM5rqhM?si=LBwGDdZ7vaXP42wS

En medio de una crisis de inseguridad y política, dejamos de mirar los enormes problemas que enfrenta nuestra economía nacional. ¿Qué se está haciendo desde el Ministerio de Economía? ¿Podremos volver a nuestra senda de crecimiento? 



En ese sentido, desde El Reporte, conversamos con el economista Hans Rothgiesser sobre las dificultades actuales para el crecimiento y qué acciones debe tomar desde el MEF para mejorar nuestra endeble situación económica.





Hans Rothgiesser: ¿Para qué tenemos ministerios?

La situación caótica que afronta el país con el índice alto de inseguridad ciudadana y crimen organizado se ha transformado en una enfermedad crítica y una situación insostenible. A eso se suma la censura de un ministro y la búsqueda de desestabilizar una vez más a un gobierno, esto, fomentado a todas luces por la caviarada peruana que quiere conducir los destinos del Perú hacia el desastre.

Bajo esta premisa, dialogamos con el analista político Fernando Calmell del Solar, sobre el futuro del Perú y el plan que tiene la izquierda para desestabilizar al país.

Acaban de censurar al ministro Santiváñez. ¿Qué sigue ahora? ¿Cómo ves el panorama?

A ver, vamos por partes. La censura es el claro resultado de todo un activismo político mediático que se ha venido dando desde que asumió Dina Boluarte. Hay que dejar en claro que esta es la respuesta a haber desmantelado la policía política que tenía de la Diviac y haber mandado a Harvey Colchao y a los demás a su casa. Esta es la respuesta de todo ese grupo de fiscales, medios de prensa, jueces, activistas de ONG, onejeros bananeros, que se sentían defendidos y tenían a Harvey Colchado y a su banda como herramienta de amedrentamiento. Entonces, ese es el tema, esta es una venganza política y claramente lo que buscan es debilitar más a la presidenta, que claramente se la quieren tumbar antes de que convoque elecciones.

Ahora, se hizo toda una campaña que ya se ha venido curtiendo por diversos medios de comunicación, contra Santiváñez, precisamente que son más direccionados a la caviarada.

Sí, claro, es un modus operandi, agarran cualquier cosa, que pueden ser delitos menores o faltas administrativas, más o menos por haber sido hinchas del mismo club de fútbol, ya la prensa automáticamente dice que tienes que haberlo conocido, y algunas cosas que también ha hecho, pero hay que dejar claro, gran parte de las acusaciones con Santiváñez es porque su estudio haya defendido a un policía que fue condenado. A ver, la Carta de Derechos desde 1945 en la ONU dice que los abogados no pueden ser procesados, ni sentenciados, ni juzgados por quienes defienden, pero bueno, para los caviares todo vale. Entonces han armado todo este muñeco, que no es nuevo, lo hemos visto muchísimas veces, empiezan a darte toda la prensa, todos los titulares, todas las cosas para destruir a alguien hasta que salen con la suya, y en este caso, si no hubiese sucedido el lamentable asesinato del cantante Armonía 10, esto se hubiese prolongado un poco más, pero además, no tengo la palabra, pero los oportunistas de Fuerza Popular, Renovación Popular, que en teoría defienden la democracia, no hubiesen caído y pisado el palito, este no sería el resultado, pero como están desesperados y creen que con esto van a ganar votos, se han sumado automáticamente. No les va a resultar, van a quedar peor, porque la gente sabe reconocer que son realmente un grupo que está aliado a Dina, pero no solamente aliado a Dina porque quiere a Dina, sino para mantener sus cuotas de poder que tiene, APP, Fuerza Popular y todos ellos.

Llama la atención que partidos que, supuestamente, defienden la democracia hayan votado a favor de la censura de Santiaváñez.

Es que en teoría dicen representarlo y en realidad para nadie es sorpresa de que se hayan volteado, entre comillas. Pero va por eso que tú dices campaña política. Sí, Santiváñez no es santo de mi devoción y de repente si era necesario cambiarlo, pero no es la manera. No es la manera hacerle el juego, pisar el palito de lo que obviamente Gorriti y el resto de titiriteros del lado caviar vienen manejando.

Rosa María Palacios incluida también, ¿no?

Sí, Rosa María Palacios siempre sale, además ahora lo hace en tono socorrónico e irónico, viene a decir los caviares, los caviares, los caviares. La gente ha aprendido a reconocer y si no hubiese sido por lo del cantante de Armonía 10, muchos no se hubiesen plegado. Inclusive, la misma Armonía 10 y muchas bandas dijeron no participamos, pero obviamente aparecieron todos los trolls de Twitter que no representan a nadie y les hicieron el clásico cargamontón de redes sociales para que las bandas de música que ya habían dicho que no iban a ir por la politización de la marcha, digan no, ahora sí voy. Esa es la manera en la que trabajan, presionan y presionan y presionan, lo hemos visto con los empresarios. Entre comillas, cada vez que sus empresas tienen que colgar la bandera LGTB o alguna de las cosas para unirse para que no los traten mal, para que no se sientan mal, no se dan cuenta que están destruyendo el Perú con sus idioteces.

Mencionas algo interesante, la politización de la marcha. Esta marcha ya dejó de ser lo que en un principio se quería, luchar contra la inseguridad ciudadana, la gente está saliendo porque quiere sacar a la Dina.

Es que eso es todo el muñeco que han armado, los medios de prensa nos vienen haciendo creer hace años que el único culpable de toda la inseguridad es el ministro Santibáñez, y eso no es verdad. La delincuencia, la extorsión, la criminalidad en el Perú vienen creciendo en los últimos 12, 15 años de manera pareja y sostenida. Claro, estamos peor porque seguimos creciendo, porque nadie ha hecho nada, pero viene creciendo con 7 presidentes distintos y con 30 ministros del interior distintos. Entonces, cambiar el ministro no soluciona nada, eso tiene que saber la gente. La prensa dice, sí, se cambia el ministro. Señores, no es que salga Santiváñez y el lunes ya no hay extorsiones. Van a seguir habiendo, porque los verdaderos culpables de la ola de crimen y extorsiones que vive el Perú están en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Ellos son los verdaderos responsables, porque son ellos los que no meten presos a los delincuentes, los que persiguen a los enemigos políticos y no persiguen al crimen organizado real que nos extorsiona. Es ahí donde está el verdadero problema y toda la gente que está saliendo a marchar y que ha salido a marchar debería pensar eso. Y salgamos a marchar, pero en contra del Poder Judicial y la Fiscalía, para que se renueve la Fiscalía, para que se renueve el Poder Judicial, para que aumenten, como dijo el doctor Abanto, más salas permanentes y más Fiscalías permanentes

Claro, es lo que Abanto, justo lo conversábamos hace dos semanas en estas entrevistas. En 40 días se puede reformar el sistema de justicia.

Se debió haber hecho. Y a la presidenta le faltaron las ganas, le faltó la voluntad, el coraje. Y Santiváñez debió haber presionado para que la presidenta lo hiciera y, ah, bueno, por lo menos te vas uno contra uno, ¿no? Ahora están perdiendo 1-0 y van a seguir perdiendo y todo esto sucede, además, por supuesto, mientras los peruanos vamos perdiendo 4.000 a 0. Esto es una locura y esto tiene que parar. Pero la solución no es cambiar la careta. El Perú tiene cáncer. Todo este crimen organizado, la mafia, las extorsiones, es un cáncer. Entonces, no podemos seguir creyendo que nos van a curar esto con una pomadita, con un panadol. Cuando un cuerpo tiene cáncer, hay que tratarlo y si hay que amputar, hay que amputar, pero hay que hacerlo y hay que decir la verdad. Y ese es el problema de la gran prensa, que no dice la verdad. Trata y arma su muñeco porque quieren mantener su cuota de poder.

Esta crisis de inseguridad ciudadana no es del último año, es de hace 15 años, con un régimen caviar.

Sí, son gobiernos disfrazados de derecha, que entran con ese gancho, porque el caviarismo tiene muchas interpretaciones y de alguna manera la palabra caviar ha servido para que la gente diga yo no soy caviar, pero la gente no entiende mucho, porque cada quien tiene una definición. Yo personalmente defino el caviar como un parásito que vive, ya sea del Estado y sobre todo de las empresas, hablando sobre la Agenda 2030, la equidad, la igualdad, haciendo sentir culpable a los empresarios, simplemente para ellos vivir la vida que viven, ganando sus bonos, y están los operadores políticos del caviarismo que lo que buscan es generar, efectivamente, más espacio, y acá es donde se cruza y se choca, para los mercas, para el mercantilismo, para los emprendejos, que lo que buscan es cerrar el espacio para que los demás empresarios no puedan crecer. Entonces hay una mezcla entre el progre que busca las libertades sociales, que es utilizado por este caviar como bandera y excusa para que el empresario, absurdamente y con sentimiento de culpa, lo siga financiando. Al final, esto tiene que cambiar, definitivamente, y pasa, así como la delincuencia pasa por la Fiscalía y el Poder Judicial. El tema de limpiar a todos estos caviares mercantilistas es que los empresarios se den cuenta, se den cuenta que hace años le dan plata a empresas de responsabilidad social, y siguen siendo las empresas más odiadas del Perú, y siguen teniendo problemas sociales, y el Perú no mejora, y ponen financiamiento para luchar contra la anemia y la anemia no se mueve. ¿Por qué? Porque la plata, como lo hemos visto con USAID, se queda en los sueldos, no se va a la operación.

Algo que está ocurriendo es que a la marcha le están denominando a un nuevo Merinazo...

A ver, esto nace de un tuit que pone el almirante Montoya, que lo define como Merinazo, y por supuesto, viéndose descubiertos y algo así, actúan como siempre han actuado los caviares, liderados, por supuesto, por Rosa María Palacios y el impresentable Marco Sifuentes, nunca desde Lima, siempre desde España, que aprovechan y al verse descubiertos lo tratan de banalizar, tratan de hacer la broma. Pero efectivamente, si uno mira lo que ha pasado, no solamente en la época de Merino, sino cada vez que se ha querido derrocar un gobierno, cada vez que se ha querido influir en un gobierno o secuestrar políticamente a un gobierno, la operación es la misma. Empiezas destruyendo las honras de las personas. En este caso, Dina y Santiváñez tienen mucha carne para destruirlos, porque no han hecho bien las cosas. Pero bueno, periódicos, noticieros, dominicales hasta que llegas a este punto. Entonces, es una estructura conocida. Esperemos que la gente que ha salido a marchar se dé cuenta de esto y que no se utilice políticamente, porque sí existe una indignación de todos los peruanos de cómo nos están matando y extorsionando. Pero yo lo dije en otra entrevista, si no hubiese sido el cantante de Armonía 10 no estaría pasando esto hoy día.

¿Consideras que el cantante de Armonía 10, podría ser el Inti y Bryan de este gobierno?

Es la excusa para movilizar a la gente, trabajar la indignación, que lo saben hacer perfectamente, y sacar a la gente a la calle. No me sorprendería que en las marchas se encuentren otro Inti y otro Bryan, que es lo mas probable, pero además, ya como te digo, es la figurita repetida. Esperemos que esta vez la Generación Bicentenario, no exista, que abran los ojos, que vean bien. Hubo, algunos que abrieron los ojos. Hay muchos que han abierto los ojos, pero poco a poco se está dejando en evidencia que estas personas lo único que buscan es su beneficio personal, enriquecerse ellos, comprarse su departamento en Barranco, en el lugar más pituco, y ahí que lo lleven a otro lado, y que ojalá la ONG para la que trabajan los mande a vivir a Estados Unidos. Ese es su objetivo. Mientras el Perú se destruye, les importa un pepino.

Ya sacaron al ministro, eso no significa que la inseguridad se va a ir con el ministro. ¿Qué se debería hacer y cómo deberíamos abordar todo eso de tu perspectiva?

Mira, el ministro el día jueves ha dado cifras de cómo se está combatiendo.Por supuesto, se va a decir que son falsas. Entonces, si no se le cree al ministerio, bueno, ya, veremos a quién se le cree. Tiene que publicarlas el Comercio, Perú 21, seguro, porque esa es la verdad, o la República, y apoyo, o datum a hacer la encuesta. Eso sí es verdad. Pero las cifras oficiales no son verdad.

Ahora han ido contra el ministro Santiváñez, pero han presentado una moción de interpelación contra el premier.

Por supuesto, y ahí van a ir contra la presidenta. Y esto se va a terminar ya en un desastre. Es que esa es la intención, recuperar el poder que han perdido. Porque han perdido mucho poder, y este Congreso les ha quitado mucho poder. Entonces están buscando recuperar el poder, quieren secuestrar, como hicieron en algún momento con PPK, con Vizcarra o con Castillo, secuestrar al presidente, o simplemente sacarlo. Y eso es lo que están buscando, y no van a parar.

¿Pretenden hacer la misma jugada que hicieron con Sagasti?

Sí, hacer la misma jugada de tratar de poner un Sagasti. Ahora se les va a hacer más difícil, pero vamos a ver qué pasa. Están esperando.La intención es lograrlo antes de la convocatoria de elecciones, o apenas convoque elecciones, porque así ya no se puede mover la fecha. Veamos qué pasa.

La situación caótica que afronta el país con el índice alto de inseguridad ciudadana y crimen organizado se ha transformado en una enfermedad crítica y una situación insostenible. A eso se suma la censura de un ministro y la búsqueda de desestabilizar una vez más a un gobierno, esto, fomentado a todas luces por la caviarada peruana que quiere conducir los destinos del Perú hacia el desastre.



Bajo esta premisa, dialogamos con el analista político Fernando Calmell del Solar, sobre el futuro del Perú y el plan que tiene la izquierda para desestabilizar al país.





“El Perú tiene cáncer”

Contralmirante 

Juan Carlos Llosa Pazos 

La derecha en el Perú parece estar siempre en una lucha interna, fragmentada en múltiples corrientes y partidos que muchas veces confunden al ciudadano común. Para un joven peruano, distinguir quién es realmente de derecha y qué significa serlo puede convertirse en un laberinto sin salida dentro de nuestro complejo folclore político.

Para aclarar este panorama, desde El Reporte hemos conversado con el almirante (R) y politólogo Juan Carlos Llosa, quien nos ofrece una visión sobre los orígenes de la derecha peruana y, sobre todo, la importancia de conocer su historia. Solo así podremos evitar los mismos errores del pasado o, en el mejor de los casos, rescatar sus aciertos.

¿Cuál es el origen, si es que lo hay, de la derecha en el Perú?

Justamente en los trabajos de investigación de Enrique Chirinos Soto, el gran político e intelectual, se describe que es muy difícil ser derechista en el Perú. En ese sentido, en nuestro país únicamente ha habido movimientos políticos de derechas. En general, cuando uno habla de izquierda y derecha, tendría que siempre llevarlo a su dimensión popular, a las masas. Los grandes partidos de masas en el Perú surgieron a finales de los años 20 e inicios de los 30 con el Partido Aprista por el lado de la izquierda y la Unión Revolucionaria de Sánchez Cerro por el lado de la derecha.

Se le acusó de fascista a la Unión Revolucionaria de Sánchez Cerro, ¿realmente lo era?

Es verdad que se desprestigió un poco porque adoptó formas del fascismo, sin ser realmente fascista desde el punto ideológico. En verdad, no era un partido fascista. El fascismo, como bien lo han explicado muchos, más que una ideología, es una forma de acción política que tiene un anclaje en el socialismo. Además, era profundamente anticlerical, de ahí su lejanía con el conservadurismo. Sí es cierto que se oponía tajantemente al marxismo y pretendía buscar una figura intermedia. La Unión Revolucionaria de Sánchez Cerro no tenía esos matices propios del fascismo, quizá sí en la vestimenta, las marchas y las formas estéticas, pero tenía un fondo distinto.

¿Esa fue la primera línea de pensamiento de derecha o dónde se podría rastrear el primer pensamiento derechista como tal?

Se podría encontrar al primer pensador de derecha justamente en el debate entre liberales y conservadores: el famoso cruce entre Bartolomé Herrera y Francisco de Paula González Vigil. Este debate tiene que ver mucho con la influencia de la religión en nuestro país, tal como lo tenía presente Herrera, a quien considero el gran referente del pensamiento conservador en el Perú. Este impulsó mucho la educación con su Real Convictorio de San Carlos. Además, toca también un tema que hoy estamos volviendo a poner sobre la mesa: la influencia y el legado de la hispanidad.

Luego del movimiento de la Unión Revolucionaria, que pronto terminó su paso por el poder, ¿cuál es el otro gran nombre de la derecha peruana?

Sin lugar a dudas, Manuel A. Odría, quien gobernó el país entre 1948 y 1956. Su gobierno militar, si bien tuvo una fuerte represión política, fue muy notable en el tema económico y el crecimiento de la obra pública para infraestructura. Desde luego, Odría tuvo un éxito. Su disputa con Pedro Beltrán lo hizo alejarse un poco de su rumbo, pues fue gracias a Beltrán que Odría logró implementar las primeras formas de una economía de mercado, al menos en un sentido técnico.

Luego del odriísmo, ¿qué siguió en el Perú en función de la derecha?

Entonces, el odriísmo se diluye porque caemos un poco en lo mismo de siempre. Al igual que con la Unión Revolucionaria, siempre fue más la persona que las ideas. La Unión Nacional Odriísta giró siempre en torno a la figura del general Odría: el caudillismo. Y eso nos hará llegar al siguiente movimiento de derecha, liderado por Vargas Llosa.

Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel, lideró el primer gran movimiento liberal que hubo en nuestro país, el Movimiento Libertad. Un proyecto importantísimo que, desgraciadamente, también se diluyó. No era tan personalista como Odría o Sánchez Cerro, pero luego de fracasar en una elección, nunca más volvió a tocar la arena política. Sin embargo, más allá de eso, el legado de Vargas Llosa, que recopilaba las ideas de Pedro Beltrán sobre la importancia de una economía libre y un país abierto al mundo, nunca se supo realmente continuar.

¿Cómo podríamos entender a Alberto Fujimori en todo este proceso? ¿Qué significó para la derecha peruana?

El gobierno de Fujimori es una suerte de conservadurismo popular, lo que se bautizó como "derecha popular". Es importante señalar que hubo un giro entre lo que dijo en campaña y sus acciones finales. Finalmente, no deja de ser el mismo modelo caudillista del "salvador de la patria" que jugaron Odría, Benavides o Sánchez Cerro.

Ahora bien, luego de revisar un poco la historia e inicios del pensamiento político de derechas en nuestro país, ¿qué conclusiones podemos sacar de cara al futuro?

Considero que, en nuestro país, la derecha, si va a contemplarse como tal, tiene que tener la noción e ideas de lo que ello significa. Y esto no es nada nuevo, pero es un ordenamiento necesario para que no volvamos a caer en el mismo desorden que hemos padecido en los últimos años. Un escenario que ha sido perfecto para que la izquierda, mediante sus ONG e instituciones políticas, lograra acaparar toda la República y caviarizarla.

Porque mientras veíamos que la economía crecía y nuestro único atractivo era la tasa de interés, dejamos la política de lado. ¿Qué pasó? Veinticinco años después, estamos a punto de convertirnos en una segunda prosperidad falaz. Nadie hizo nada con el SUTEP o con la CONAVE, y en muchísimas ocasiones le cedimos todo a los filoterroristas.

¿Qué tiene que hacer la derecha para rescatar al Perú?

Organizarse. Precisamente, el hecho de que no exista una derecha organizada en el Perú ha dado carta libre a las izquierdas para llevar a cabo su agenda. Lamentablemente, aquí todo gira siempre en torno a la persona. Entonces, hoy es el momento de ser contrarrevolucionarios, aunque quizás ese término no sea del todo exacto. En ese sentido, podría interpretarse mejor como "revolucionarios conservadores", con el fin de acabar de una vez con esta influencia nefasta que inhibe la acción del Estado en su legítimo uso de la fuerza. Lo cierto es que es un trabajo permanente y de largo aliento, porque el caudillismo ha fracasado y, para mal, sigue siendo parte hasta ahora de nuestra cultura política.

La derecha en el Perú parece estar siempre en una lucha interna, fragmentada en múltiples corrientes y partidos que muchas veces confunden al ciudadano común. Para un joven peruano, distinguir quién es realmente de derecha y qué significa serlo puede convertirse en un laberinto sin salida dentro de nuestro complejo folclore político.

Para aclarar este panorama, desde El Reporte hemos conversado con el almirante en retiro y politólogo Juan Carlos Llosa, quien nos ofrece una visión sobre los orígenes de la derecha peruana y, sobre todo, la importancia de conocer su historia. Solo así podremos evitar los mismos errores del pasado o, en el mejor de los casos, rescatar sus aciertos.


Juan Carlos Llosa:  “Hoy es el momento de ser contrarrevolucionarios”

Desde hace varios lustros, el sistema de justicia está pasando por una situación de deterioro y es urgente aplicar reformas para recobrar la confianza de la ciudadanía.

 En ese sentido, el Dr. Humberto Abanto lanzó la premisa de aplicar una reforma en la justicia peruana para restablecer la tranquilidad y la esperanza en la población. En ese sentido, decidimos dialogar con el abogado penalista para aterrizar esta premisa y cómo funcionaría.


Usted mencionó que el sistema de justicia se puede reformar en 40 días, ¿es cierto esto y cómo sería?


Sí, si la Presidente de la República y el Congreso quieren la reforma, yo soy de los que sostiene que el sistema de justicia se ha podrido como el pescado, desde la cabeza, y entonces tenemos que cambiar la cabeza.

La Corte Suprema funciona con más de 40 jueces supremos, solo 18 son titulares. La idea es que todas esas salas transitorias que tienen ya largos años funcionando se conviertan en salas permanentes y sus plazas salgan a concurso para la selección de jueces supremos titulares. Para eso se necesita hacer tres cosas. Una reforma pequeña en la ley orgánica del Poder Judicial. Lo mismo hay que hacer en el Ministerio Público, donde hay tres fiscalías supremas transitorias que tienen también algún tiempo y que deberían convertirse en permanentes. De tal forma que también reformando la ley orgánica del Ministerio Público, el Decreto Legislativo 052, tengamos 20 plazas nuevas de jueces supremos y tres plazas nuevas de fiscales supremos. Hacer que el Ministerio de Economía financie estas nuevas plazas con un crédito suplementario que luego se incorporaría a los siguientes presupuestos. Y ordenar que tanto la Presidente de la Corte Suprema como la Fiscal de la Nación remitan de inmediato, bajo responsabilidad y bajo sanción de destitución, las listas de las plazas a convocar para que la Junta Nacional de Justicia lleve adelante la selección de estos jueces y fiscales supremos. Y esto ha pasado por una cuestión de que vemos al país que está inmerso en varios temas de justicia.

Vemos que la justicia en el Perú está deteriorada en función de que la población tampoco le tiene fe


El problema es ese. Lo que tenemos que entender nosotros es que la democracia y todo su sistema de funcionamiento no existen en la naturaleza. Para que existan, todos tenemos que estar de acuerdo en que funcionen. Y tenemos que creer que realmente funcionan. Si alguno de nosotros, si una mayoría, como pasa en el Perú, 70 u 80% del país no cree en la justicia, es que tu sistema no está funcionando. Tienes que reformarlo. Yo soy enemigo de que el Congreso y el Gobierno intervengan en el Poder Judicial o intervengan en el Ministerio Público, tenemos que reformarlos desde dentro. Y para eso tenemos que abrir las puertas, hacer un poco lo que ocurrió con la Iglesia Católica en 1962, cuando se hizo el Concilio Vaticano II. Hay que abrir puertas, hay que abrir ventanas, para que salga el moho, para que salgan las telarañas, para que pueda respirarse un aire limpio. Básicamente es atacar el problema desde adentro.

Mencionó algo interesante. Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Explíquenos un poco más esto


Lo que pasa es que las alas que componen la Corte Suprema están previstas en la Ley Orgánica. Entonces, como no se puede hacer más, se crean transitorias. Eso da pie a la provisionalidad. La propia señora Tello dijo que uno de los grandes problemas de la Corte Suprema es la provisionalidad. Bueno, ahí está. Esta es una oportunidad de oro para que el Congreso y la Presidente de la República acojan su preocupación y tomen acción. Yo creo que con 20 nuevos Jueces Supremos y con 3 Fiscales Supremos nuevos, tenemos una nueva Sala Plena de la Corte Suprema y una nueva Junta de Fiscales Supremos. Y a partir de ahí establecemos las reglas para la reforma hacia abajo de Fiscalías Superiores, Fiscalías Provinciales y en el Poder Judicial de las Cortes Superiores, los Juzgados Especializados y los Juzgados de Paz.

¿Qué debería hacer el Gobierno de turno para que en 40 días se puedan desarrollar estos cambios?


Si la señora Boluarte estuviera de acuerdo y lograra convencer al Ministro Salardi, ella podría pedir la palabra en 10 días al Congreso de la República a lanzarle el gran mensaje de la reforma de la Justicia. Y diría, esto es lo que tenemos que hacer, lo que el Gobierno propone y este es su aporte. Aquí está el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público y aquí está el crédito suplementario para financiar estas nuevas plazas, para renovar y remozar y potenciar nuestro sistema de justicia.

Y por fin se logre esta confianza de alguna forma plena que necesita el ciudadano.


Y ordenar que la Junta Nacional de Justicia convoque al concurso y lo termine de la manera más pronta. ¿Cuál es el debate que hay que hacer? Para modificar estas leyes se necesitan 66 votos. Yo no creo que no los haya, si han tenido ciento y pico votos asustados para reponer la detención preliminar en el Congreso, 66 votos para hacer algo bueno deberían haberlos. Y también para ambas reformas, para aprobar el crédito suplementario se necesita mayoría simple, ni siquiera mayoría calificada.


¿Usted cree que esto se haga efectivo considerando el Parlamento que tenemos?


Yo sí creo, el Parlamento está siendo cruelmente atacado. Este Congreso, en el que hay malos elementos, como hay malos elementos en todas partes, desapareció la SUNEDU, o sea, la SUNEDU como estaba ya no existe. La ha reformado para que sirva a los propósitos y no para que se convierta en un control de los contenidos educativos universitarios. Nombró al defensor del pueblo, nombró un nuevo Tribunal Constitucional que nos ha liberado del secuestro de la Constitución en el que estuvimos sometidos por largos años. Ha dado normas bastante buenas, ha retrocedido en otras cobardemente, como digo yo, como el indio asustado ha tirado el escudo, la lanza y hasta el taparrabos y ha salido corriendo. Pero en general ha servido bastante para desarmar esto que yo he llamado el patíbulo jurídico que la izquierda había construido en Perú. Esta podría ser la cereza de la torta. Y esta podría ser la oportunidad para por fin reformar todo este sistema de justicia.

¿Cuál es la finalidad concreta de estas reformas? Al margen de obviamente recuperar la fe de las personas.


Lo más importante es que haya un sistema que funcione. La Corte Suprema está abotagada de casos, los resuelve muy lentamente y necesitamos gente que esté realmente comprometida con el tema. Si usted mira los concursos en el Consejo Nacional de la Magistratura y en la Junta Nacional de Justicia ahora, va a ver que una de las preguntas que todos los consejeros antes y los miembros de la Junta hoy le hacen ,¿Usted qué va a hacer con la carga procesal? ¡Ah! Yo la voy a enfrentar, la voy a reducir, tengo la experiencia para hacerlo. Una vez que lo decimos, la primera excusa para que no avancen es que hay mucha carga procesal. O sea, saben que hay una carga procesal, saben que la tienen que afrontar y luego se la cargan a la espalda y dicen listo. Mala suerte, pobre justiciable que espere. Necesitamos normas más duras además. Juez que destruye una vida, fiscal que destruye una vida tiene que ser echado del Ministerio Público o del Poder Judicial. Las normas tienen que ser draconianas. El que abusa, el que atropella, el que destruye vidas, patrimonios, libertades, tiene que ser expectorado. Porque en el Perú tenemos que empezar a construir una tradición de respeto al ciudadano y de control del poder. Entonces hay que endurecer la ley de carrera judicial y la ley de carrera fiscal. Hay que endurecer las normas procesales porque acá los jueces se pasan por el forro los plazos procesales. Los fiscales también. Y luego la excusa es la carga procesal y la Junta Nacional de Justicia dice pues pobrecito, tiene carga procesal. No señor, usted no cumple con los plazos o usted se va.


Es una constante lo que usted menciona, la falta de respeto al ciudadano.

¿Qué se necesita para que se ejecuten estas reformas?


Lo que se necesita es que la señora Boluarte tome la decisión. Que voltee a su gabinete, a su Consejo de Ministros y le diga vamos por esta ruta. Que obtenga el voto aprobatorio de su Consejo de Ministros. Que el Ministro de Economía facilite los recursos. Que vaya al Congreso y que se conviertan estas propuestas en leyes y que se ejecuten inmediatamente.


¿Qué tan probable es que la Presidenta tome esta decisión?


Eso solo la Presidenta lo sabe. Acá me he hecho acordar con un pasaje del general en su laberinto cuando citaban que José Palacios, al secretario de Simón Bolívar, le preguntaban ¿qué piensa él? Y le dice lo que mi señor piensa, solo mi señor lo sabe.

¿Cree que le dé la fuerza para poder reformar esto?

No necesita más fuerza que la fuerza que la Constitución le da. Y creo que es un buen momento para que pase del discurso a la acción.


¿Quiénes creen que puedan oponerse a esta reforma?


La respuesta es obvia. Los que mantienen el control del sistema judicial se van a oponer. Y los van a ver en los medios. Y los van a ver en las redes.


En algún momento usted mencionaba la mafia caviar. Y hemos visto que básicamente la mafia caviar ha estado muy metida en el tema de justicia. Uno de los casos más sonados y creo que usted no me va a dejar mentir es el caso del señor Gustavo Gorriti. Entonces, estos podrían ser principales opositores a esta reforma.


Van a ser el foco de resistencia. Y va a haber que sofocar esa resistencia. Hay que pelear. Hay que discutir. Hay que abrir el debate. La razón de mi propuesta es que se abra el debate. Tal vez haya gente que tenga mayores propuestas, mayores ideas, mejores ideas y permitan avanzar. Yo lanzo esta iniciativa que la veo de ejecución pronta. De impacto inmediato. ¿Por qué no? Alguien más debe tener otras ideas. Abramos esto. Pero la señora Boluarte tiene en este momento el compromiso histórico de hacer su gran legado. La señora Boluarte que llegó a la presidencia de la República por accidente, por el suicidio político de Pedro Castillo, que a pesar de todas las críticas que se le hagan, ha tenido la prudencia de no voltear el carro. Pudo haber volteado el carro. Si ella se hubiera conducido en Palacio de Gobierno como hablaba en la campaña, el país probablemente sería un desastre. Optó por una ruta de sensatez. Ahora tiene que pensar en su legado. Una de las cosas muy interesantes que tienen las presidencias norteamericanas es el concepto del legado. ¿Cuál va a ser mi legado? ¿Por qué se me va a recordar? Yo creo que la señora Boluarte puede allí dejar su legado y ser recordada como la que sentó las bases de la recuperación del sistema de justicia en el Perú.

El problema del sistema de justicia en nuestro país viene arrastrando a varios gobiernos. Creo yo que desde que los gobiernos caviares han estado dirigiendo los destinos de nuestro país. ¿O qué piensa usted?


No tengo ninguna duda. Tuvieron un ínterin entre el 2001 y el 2006 y luego del 2011 hasta acá han destruido al país. Este era un país que crecía 8.5% al año. Este es un país que reducía a una velocidad vertiginosa la pobreza. En este momento deberíamos estar debajo de 10% de pobres en el Perú. Nada de eso se ha producido porque esta gente ha detenido el desarrollo. Han plantado la minería en una lógica que es absolutamente perversa. Se dieron cuenta que el modelo económico dependía de la exportación. Nuestra exportación mayor son los minerales. ¿Qué fueron? Corrieron a sofocar la minería. A detenerla. Hoy día ya somos terceros exportadores de cobre en el mundo. Ya no somos los segundos exportadores. Ese es obra de ellos. A ellos les interesan los pobres porque los pobres dependen del Estado. Los pobres no tienen libertad. Ellos quieren más pobres. Ellos no quieren gente libre. Para controlar todo el sistema. Son totalitarios y lo han demostrado. Han perseguido a Keiko Fujimori, a Alan García, a Luis Castañeda Lossio. Ahora lo harán con López Aliaga que ingenuamente ha permitido devolverles el arma de la detención preliminar. Van a ver lo que va a venir.


¿Qué tan urgente es reformar este tema para el bien de los peruanos?


Para anteayer. Esta reforma debió darse anteayer. La señora Boluarte tiene que sentir que the clock is ticking. El reloj está corriendo. Y el reloj de la historia no se detiene. El tren de la historia, decía Luis Alberto Sánchez, es un tren que no tiene paraderos. Si la señora se baja hoy día, nunca más volverá a subir.


Desde hace varios lustros, el sistema de justicia está pasando por una situación de deterioro y es urgente aplicar reformas para recobrar la confianza de la ciudadanía. En ese sentido, el Dr. Humberto Abanto lanzó la premisa de aplicar una reforma en la justicia peruana para restablecer la tranquilidad y la esperanza en la población. En ese sentido, decidimos dialogar con el abogado penalista para aterrizar esta premisa y cómo funcionaría.









