La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso vota a favor de la denuncia constitucional por traición a la Patria al presidente Pedro Castillo; acto seguido, admite a trámite la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por múltiples delitos y graves indicios de corrupción del mandatario y su círculo.
¿Cuál fue la respuesta del Ejecutivo? Una ofensiva que tenía preparada para circunstancias de alto riesgo, pero que, al fin y al cabo, son parte de su plan central. El presidente del Consejo de ministros, Aníbal Torres, presentó una nueva cuestión de confianza. Esta vez sobre una ley que presentó ayer y en contra de la ley de referéndums, la cual es completamente ceñida a nuestra Constitución.
Desde el punto de vista jurídico, esta cuestión de confianza es inconstitucional, ya que no se adecúa al tipo de circunstancias en las que se puede pedir, por lo cual se debe declarar improcedente, al igual que la presentada la semana pasada. Incluso, los juristas Alberto Borea y Enrique Ghersi señalan que el atropello a la Constitución es de tal magnitud que ameritaría una acusación constitucional contra el premier Aníbal Torres y en solidaridad con todo su gabinete.
¿Qué pretende el gobierno al hacer esto luego del avance de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ante la llegada en pocos días de la misión de la OEA?
Podría, en primera instancia, parecer obstruccionista y errático, pero no lo es. El gobierno y sus operadores, durante largo tiempo, han llenado de ideas a los funcionarios de la OEA sobre el supuesto golpismo y el fraudismo de la oposición. Acordémonos del almirante Montoya y otros políticos que recibieron un portazo en Washington cuando se denunciaba el fraude. Ahora, lo que tienen que hacer para terminar de encantarlos es crear la apariencia de que las acusaciones y denuncias constitucionales también son golpistas. Quieren dejar bien claro que ellos no son el problema, que existe una confrontación de poderes en los que ellos son las víctimas y que los indicios de corrupción son parte de un “lawfare” supuestamente parecido al que le hicieron al Lula en Brasil. Esto es música para los oídos de los varios cancilleres izquierdistas que vienen en la misión, victimización izquierdista internacional, un clásico.
Sin embargo, la cuestión de confianza no responde solo a una estrategia de desviación y obstrucción tanto legal como comunicativa, sino que responde al plan de largo plazo: cerrar el Congreso y llamar a una asamblea constituyente. Y no, no estamos siendo conspiranoicos ni ingenuos. Lo más probable es que no cierren el Congreso ni siquiera este año, pero debido a las tristemente célebres denegaciones fácticas podrían cobrarse pronto la primera “bala de plata”. Y, en otra situación, con más apoyo popular (el cual va in crescendo), con una oposición aun más debilitada e incapaz, podrían, en algún tiempo, cobrarse la segunda y, al amparo y respaldo de los constitucionalistas y periodistas ya conocidos, consumarse un clarísimo golpe de Estado a través de un cierre del Congreso.
No hace falta ser un especialista en Ciencia Política para saber que los Golpes de Estado ya no son los convencionales, con los tanques en las calles. En todo el mundo y en específico en los regímenes que nuestro gobierno admira, se han perpetrado golpes lentos disfrazados con un falso halo de legalidad y legitimidad. Eso se está dando en el Perú a vista y paciencia de nuestro Parlamento, pero también de la desmoralizada sociedad.
La cuestión de confianza presentada ayer es una herramienta para desviar la atención, es obstruccionista con la justicia, pero sobre todo es golpista. En el cortísimo plazo tiene determinados fines, en el largo plazo es un peldaño más para el control del país a través del cierre del Congreso y una asamblea constituyente. Una película repetida que nuestros congresistas no han visto o no la recuerdan.
En este momento, de crisis democrática profunda, y ante la visita de la OEA, los políticos de oposición y la ciudadanía activa deberían demostrar que están al amparo del Estado de derecho. Los primeros ejecutando una suspensión o una vacancia, y los segundos inundando los oídos de la misión con su disconformidad frente a las autoridades del Ejecutivo. Es ahora o nunca.