La actitud de los ciudadanos frente a las decisiones de los políticos es motivo de interés para muchos analistas.Los resultados de un estudio realizado en Estados Unidos mostraron que, a pesar de que la ciudadanía considera importantes los procesos políticos; están dispuestos a delegar las decisiones en la clase dirigente, fenómeno denominado “Democracia Sigilosa”, que muestra los niveles de confianza en los gobernantes.Pero, años más tarde se realiza el mismo estudio en España, en momentos de turbulencia política, con movimientos de activistas, masivas protestas y movilizaciones.En esta coyuntura, la población española manifestó no estar tan dispuesta a delegar las decisiones políticas en los gobernantes, favoreciendo otras alternativas como la participación de tecnócratas o expertos.
Esta “Democracia Sigilosa” es la que hace posible que proyectos como el régimen de Pedro Castillo logren el poder; porque la población quiere creer en las decisiones de sus gobernantes, viéndose convencidos por esas campañas populistas con promesas que hablan de una eficacia y honradez imposibles de constatar hasta no iniciar el gobierno.Hoy, podemos comprobar que nada de lo ofrecido era verdad y con ello, el gobierno ha perdido la confianza de la población.
En este escenario, el régimen de turno recurre a acciones extremas en su intento por recuperar la confianza perdida, con recursos como la solicitud de activación de la Carta Democrática Latinoamericana, medida que ha traído como consecuencia la visita de delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA) a nuestro país.No sabemos cuáles serán las conclusiones de dicha visita, pero de antemano, los peruanos hemos podido constatar que no son 7 las investigaciones en curso de la Fiscalía de la Nacióntal como demostraba la denuncia constitucional ante el Congreso; sino que al parecer son por lo menos 51 carpetas y la investigacióncontinúa.
Esta desconfianza sigue acrecentándose con casos de corrupción que no sólo involucran a Pedro Castillo, su familia, entorno cercano y sus ministros; también están todas las investigaciones contra Vladimir Cerrón, secretario general del partido Perú Libre, dentro de las cuales cabe destacar la investigación por el supuesto financiamiento ilícito de la campaña que los llevó al gobierno, entre otras investigaciones.De ser ciertas las pruebas indiciarias –y a juzgar por el pedido de prisión preventiva– ello significaría que tanto Pedro Castillo, Dina Boluarte y los 47 congresistas en el Parlamento, estarían ocupando esos cargos en forma ilegal.
Pero regresemos a la Democracia Sigilosa.Vivimos un escenario que muestra a un mandatario al que el Pueblo entregó su confianza, rodeado por ministros incapaces y con antecedentes de todo tipo; que despachan en locales clandestinos como Sarratea y tantos más; que contratan a familiares, amigos o personajes sospechosos; con asesores en la sombra adjuntos a la presidencia; con una oficina de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) operando en forma ilegal en el mismo interior de Palacio para controlar y vigilar a personas, instituciones y organizaciones.Cómo piensan que la ciudadanía va a confiar en la eficacia de un gobierno que atenta diariamente contra la libertad de expresión, justamente porque es la escandalosa corrupción del gobierno la que ocupa los titulares de todos los medios de prensa.
Lo que diferencia a las dictaduras de las democracias son las regulaciones, los controles y contrapesos entre los diferentes poderes.Un presidente que no respeta la independencia de poderes, que atenta contra la libertad de expresión, que no es capaz de aclarar ninguno de los casos por los que es denunciado, escudándose en su inmunidad para perpetuarse en el poder; merece el rechazo de la población.Pero un presidente que engaña y roba a los más necesitados, solo merece pasar el resto de sus días tras las rejas.¿Dice ser inocente? Pues todos los peruanos exigimos escuchar sus argumentos; pero también exigimos que respete nuestras libertades y la separación de poderes.