El Perú atraviesa una ola de violencia a consecuencia del golpe de estado fallido del ex presidente y hoy presidiario Pedro Castillo. Los que impulsan la violencia en las calles exigen imposibles jurídicos y materiales, tales como la libertad para Castillo, convocatoria a una asamblea constituyente popular y plurinacional, cierre del Congreso y elecciones inmediatas (mañana mismo). Solo les faltó pedir que reviva Abimael Guzmán.
La violencia desatada en las calles ha puesto en debate nuevamente los límites de una protesta ciudadana y cuáles deberían ser las consecuencias para los manifestantes que rompen el marco de una protesta pacífica. Sin embargo, ese debate carece de relevancia para lo que está sucediendo en el Perú actualmente. No se puede comparar una protesta ciudadana con los actos subversivos organizados que vienen sembrando miedo al interior del país.
Lo correspondiente en la coyuntura actual del Perú es poner en debate si estamos o no frente a actos terroristas. De acuerdo a su definición, el terrorismo utiliza la violencia para lograr los fines de una lucha política específica, generando un clima de terror y caos entre la población. Siendo así, los elementos convergentes para acreditar la existencia de terrorismo son los siguientes: lucha política, mecanismos de violencia y clima de caos. Por tanto, corresponde evaluar si lo que ha sucedido en las últimas semanas puede considerarse una protesta ciudadana espontanea o si efectivamente son actos terroristas organizados.
Respecto del primer elemento, estos grupos en efecto persiguen una lucha política y sus principales objetivos han sido señalados al inicio del presente artículo. Sobre este punto también conviene resaltar la imposibilidad jurídica y material de sus pedidos. Una minoría pretende imponer una agenda ilegal, antidemocrática e inconstitucional; y corresponde desenmascarar las mentiras e ideas que difunden en todos los medios posibles, tal como lo realizó, por ejemplo, el economista Waldo Mendoza en su acertada columna “Carta abierta a los Constituyente Lovers” días atrás.
Respecto a la violencia como medio de difusión de la lucha política, juzguen ustedes. Toma de carreteras y aeropuertos, secuestros a policías, ataques organizados a entidades públicas y privadas, uso de armas de fuego y artefactos explosivos caseros, amenazas a la población que no se une a la manifestación y captura de los policías (y sus familiares) que repriman los actos delincuenciales. Esos son solo algunos ejemplos del modus operandi de los grupos organizados que, sin lugar a dudas, utilizan la violencia como lucha política. En ningún lugar del mundo una toma de aeropuerto o amenazar con la captura de policías puede ser considerado una protesta.
La persecución de la lucha política mediante mecanismos de violencia genera indubitablemente un clima de terror y caos en la población. Este ambiente genera temor en la ciudadanía, a tal punto de que algunas personas dejan de trabajar o realizar sus planes del día a día por temor a las represalias que puedan tomar los grupos que hoy azotan nuestro país con una feroz violencia.
En consecuencia, lo que atraviesa el Perú en estos momentos no dista mucho de lo que sucedió en los 80’s y 90’s. El país se enfrenta a grupos terroristas organizados que pretenden imponer una ideología con violencia, porque es la única manera de que logren sus objetivos. ¿Estamos esperando que aparezcan “coches bomba”? ¿Qué se hagan pan de cada día los secuestros o asesinatos? Una manera de aceptar la gravedad de la situación y empezar a enfrentar a estos grupos organizados es llamar por su nombre todos los actos que vienen realizando: terrorismo. Sin temor y sin pasar por agua tibia.
A este punto cabe aclarar que también existen protestas que, si bien persiguen una lucha política similar, no utilizan la violencia como un medio de difusión. Las protestas pacíficas merecen respeto, pero igual las ideas que se difunden se deben de enfrentar con debate en el plano que corresponda. Además, se debe exigir un respeto irrestricto al libre tránsito y a la propiedad pública y privada en las manifestaciones, de lo contrario, se estaría atravesando el límite de una protesta pacífica.
En esa misma línea, se debe reclamar un deslinde de los últimos actos terroristas a todos los manifestantes, sin perjuicio de la idea que defiendan; de lo contrario, se convierten en cómplices del terrorismo y la violencia. En esta lucha no existen puntos medios, estamos los que queremos paz (más allá de la idea que defendamos) contra los que quieren violencia y caos.
Los caviares por más de una década nos han intentado convencer de que lo vivido en el Perú en los 80’s y 90’s no fue terrorismo, sino un Conflicto Armado Interno. Hoy estamos pagando las consecuencias de esa denominación que a todas luces tenía un trasfondo político. Exijamos que las fuerzas del orden actúen con inteligencia y desarmen a los grupos subversivos infiltrados. De nuestro lado podemos empezar aceptando la gravedad de los hechos: estamos enfrentando a terroristas. ¿Permiso para terruquear? Concedido.