Abogado

Diego Gutiérrez

Recientemente, en el mundo paralelo como diría el conductor Pancho de Piérola, el Proyecto de la Nueva Ley del Cine ha causado controversia, principalmente entre los protagonistas (o mejor llamados, beneficiarios) de la argolla cinematográfica peruana. En las siguientes líneas, una defensa al proyecto de la nueva ley del cine, desde la visión de un capitalista amante del cine.

Primero, no existe una “ley del cine” vigente. La actual normativa del cine peruano se encuentra mal regulada por Decreto de Urgencia y es a todas luces inconstitucional por no cumplir con los requisitos para haber sido emitida mediante esa disposición. Esta norma, además, forma parte de la dictadura/gobierno del hoy inhabilitado Martín Vizcarra, quién “gobernó” el país a punta de decretos de urgencia inconstitucionales durante su gobierno autoritario, sin mayor consulta ni debate con todos los actores involucrados.

Solo esa razón es suficiente para que el Congreso de la República debata y apruebe una Ley del Cine que represente realmente los intereses de la nación, escuche a todos los actores involucrados y tenga por objetivo el desarrollo cultural y económico del país. Pero no va a ser fácil, porque chocar contra una argolla siempre es difícil y más aún cuando la disputa recae sobre fondos públicos.

El Proyecto de la nueva Ley del Cine impulsada por la congresista Adriana Tudela propone, básicamente, abrir el mercado cinematográfico y turístico del Perú a mejores producciones nacionales y extranjeras. La propuesta otorga incentivos tributarios a las producciones nacionales y extranjeras que filmen en las locaciones de territorio nacional, promueve la competencia entre quienes aspiran a los subsidios (fondos públicos) para grabar películas; y, además, simplifica la burocracia estatal para tener reglas claras.

No obstante, la referida propuesta choca directamente con la argolla mercantilista que hoy controla el cine “independiente” peruano, porque propone recortar los subsidios que hoy reciben. En concreto, el proyecto de ley señala que el Estado solamente podrá subsidiar el 50% del proyecto cinematográfico, a diferencia del 100% que pueden obtener hoy.

La lógica detrás de limitar al 50% es simple: tenemos que generar competencia y una industria cinematográfica en el Perú. Tenemos que unir el factor económico a la cultura, porque de lo contrario solo tendremos argollas que viven del Estado para hacer propaganda audiovisual (no cine).

Es inaudito que los impuestos de los peruanos, en lugar de destinarse a salud, educación o seguridad, hayan solventado producciones como “La Revolución y la Tierra”, “Hugo Blanco” o “Mi cuerpa, mis reglas”. No señores, si quieren hacer propaganda de izquierda, háganla con la suya, pero no con dinero ajeno.

Es preciso señalar que esta propuesta tiene una lógica capitalista que debemos apoyar. Si queremos que el verdadero y buen cine regional (Wiñaypacha, Retablo, entre otros) e independiente lidere y compita a nivel mundial, tenemos que aspirar a tener una industria cinematográfica rentable, con coproducciones e inversiones públicas y privadas. La próxima nueva ley del cine tiene que generar competencia, industria y eliminar a toda costa a aquellos que solamente hacen propaganda o películas de mala calidad

Si quiere suscribirse a todo nuestro contenido

También puede ingresar a nuestra cuenta de Telegram:

Subsidios, argolla y acción, por Diego Gutiérrez 

La ¿reforma? universitaria del 2014, impulsada por el ex congresista y ex candidato del Partido Morado, Daniel Mora, marcó un antes y después en el mercado universitario peruano. Bajo la justificación de contar con una oferta educativa “de calidad”, se creó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), que reemplazó a la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) para la regulación de la educación superior.

A raíz de la reciente aprobación de la “Ley que modifica el Consejo Directivo de la Sunedu”, el tema ha vuelto a resonar en la opinión pública. Por ello, en aras de aportar al debate, conviene analizar cuáles han sido los efectos de la Sunedu en el mercado universitario peruano y explicar, en grandes rasgos, por qué este regulador no es la varita mágica que solucionará todos los problemas de la educación superior.

En simple, la Sunedu es el dueño del mercado universitario peruano: decide quiénes entran al mercado, quiénes salen y quiénes se mantienen. Realmente un gran poder. Gracias a esta facultad, la Sunedu fue capaz de cerrar universidades (bajo el termino técnico de denegatoria de licenciamiento -

-) y de este modo, reorganizar la oferta del mercado universitario peruano.

Esta reforma le “limpió la cancha” a unas pocas universidades que han sido las verdaderas beneficiadas del control estatal del mercado universitario. De acuerdo al diario Gestión, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad Tecnológica del Perú y la Universidad César Vallejo han sido las que se han despuntado tras el movimiento en el mercado, inclusive llegando a facturar más que algunas representantes del consorcio de universidades como la PUCP o la Universidad de Lima.

Siendo así, la reforma no necesariamente ha tenido un efecto en la calidad educativa, por el contrario, parece haber actuado como una contrarreforma al restringir el acceso de miles de personas a la educación universitaria. La restricción de competencia de universidades privadas solo ha generado que exista una menor oferta para una demanda que aumenta año tras año, y los perjudicados finales han sido los estudiantes y sus familias que tienen que invertir mucho más en educación para pagar la pensión de una universidad “licenciada” o alguna “élite” del consorcio de universidades.

La Sunedu, en la teoría, tutela un interés público y tiene las mejores intenciones, nadie lo puede cuestionar, sin embargo, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Lo que ha sucedido en la práctica ha sido la elitización en el acceso a una carrera universitaria (producto de la escasa oferta y el aumento de las pensiones), y con ello se ha aumentado la brecha entre los que pueden acceder a la educación universitaria y los que no.

Por ello, sería un error creer que la Sunedu es una varita mágica que soluciona todos los problemas de la educación superior, por el contrario, esa sensación de falsa calma puede contribuir a que se dejen de lado los verdaderos problemas de la educación superior que son, por ejemplo, la educación e inversión pública, la calidad educativa y la reforma de la educación técnica.

Una verdadera reforma en la educación superior podría iniciar, por ejemplo, con una revalorización de las universidades públicas, con inversión y educación pública eficaz. El Estado debe de asegurar que las universidades públicas ejecuten su presupuesto de manera eficiente y que se imparta enseñanza de calidad. Si las huelgas, las tomas o la burocracia se mantienen como el pan de cada día, difícilmente se podrá revalorar la educación pública y seguirá la preferencia por una educación privada, sin que entre en juego el factor de la calidad de la enseñanza si quiera.

En consecuencia, la data revela que la reforma (o contrarreforma) ha generado una élite universitaria que restringe el acceso de miles de estudiantes a la educación superior y las que realmente se han beneficiado son unas cuantas universidades. Si queremos una reforma que realmente ayude a los estudiantes menos favorecidos debemos de articular una reforma integral en educación básica, técnica y superior enfocada en la calidad de enseñanza, y dejar de lado la superioridad moral que ha priorizado el poder del burócrata sentado detrás de un escritorio en una superintendencia.

Sunedu: ¿fórmula mágica o ilusión?, por Diego Gutiérrez

En las últimas semanas, producto de unas declaraciones del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el nombre “Martín Vizcarra” ha vuelto a rebotar con fuerza en medios locales. PPK acusó al líder del 

 de oportunista y traidor por haberse aliado en aquel entonces con la oposición fujimorista y jugar un rol clave (y promotor) en la renuncia de PPK.

Hoy en día, Martín Vizcarra no es más que un ex presidente investigado por corrupción, con una probabilidad alta de ser encarcelado en unos años, y con una evidente carencia de moralidad (en el plano privado y público). No obstante, la coyuntura actual exige recordar el perfil del “lagarto” y cómo se logró posicionar durante su gobierno; ello con la finalidad de no volver a caer en el “precedente Vizcarra”.

Con el “precedente Vizcarra” nos referimos a todas las acciones que realizó Martín para ser el presidente favorito de muchos incautos (¿ya recordaron los poemas de amor que le dedicaban?). La técnica de Vizcarra consistió en ser un esclavo de la opinión pública, un líder del populismo, y un agitador de masas que hacía todo lo que sea necesario para permanecer con un alto porcentaje de aprobación en las encuestas.

El esclavo de la opinión pública no tenía descaro en realizar acciones políticas al borde de la legalidad y la constitucionalidad. Incluso otras abiertamente inconstitucionales como el cierre del Congreso en setiembre del 2019, que lo convirtió en el primer dictador del siglo XXI en el Perú.

El “precedente Vizcarra” dejo en claro que se puede ser esclavo de la opinión pública y mantener aparentemente una sociedad “feliz y contenta” con el gobierno, pero el costo político es la destrucción de las instituciones y el Estado de Derecho, ¿Circunstancias parecidas con el adelanto de elecciones y la constituyente? Sí.

La salida fácil y popular a la convulsión social y la crisis política es simple: renuncia presidencial, adelanto de elecciones y convocatoria a una asamblea constituyente. Un preso de la opinión pública no dudaría en agitar dichas exigencias con la intención de obtener una aprobación social, a costa de la destrucción de las instituciones.

Incluso a sabiendas de los efectos que podrían causar la materialización de estos pedidos, existen grupos políticos (que se hacen llamar “oposición) con el chip del “precedente Vizcarra” que necesitan la aprobación de la opinión pública para mantenerse vivos. Es un grave error sujetar principios a consecuencia de una determinada coyuntura, solo refleja oportunismo y cálculo político. Desconfíen siempre de esa clase política.

En política siempre se tiene que hacer lo correcto, que no necesariamente es lo agradable para las masas y, por ende, no siempre popular. Lo correcto actualmente es trabajar en reformas políticas y electorales que aseguren el correcto funcionamiento del Estado, con la finalidad de que la crisis política sea la excepción y no la regla. Sin reformas, un adelanto de elecciones representa una salida simple y populista al problema real de fondo.

No volvamos a caer en las viles maniobras de políticos oportunistas. El Perú necesita de una clase política responsable y consciente con los principales problemas del país, no necesita (más) presos de la opinión pública.

El adelanto de elecciones y el “precedente Vizcarra”, por Diego Gutiérrez

Termina otra semana ajetreada en la política peruana. Nuevamente el adelanto de elecciones fue el foco de atención en el Congreso y en Palacio de Gobierno, producto de la reconsideración presentada por Fuerza Popular a la votación aprobada para Elecciones Generales 2024.

La reconsideración propuesta planteaba el recorte de mandato y elecciones adelantadas al 2023, propuesta que fue presentada a sabiendas que no tenía el consenso suficiente en todas las bancadas de oposición por diversos motivos. Este desacuerdo en la oposición desencadenó una fragmentación que fue bien aprovechada por la izquierda para abrir la puerta e iniciar el debate para la instalación de una asamblea constituyente.

A estas alturas, con el panorama incierto y las diarias pugnas políticas, los demócratas debemos cerrar filas contra la izquierda autoritaria y para ello necesitamos considerar algunos puntos claves que evitarán que bailemos al ritmo de la izquierda (nuevamente):

La oposición debe mantenerse fiel a sus principios y no sucumbir frente a oportunismos partidarios.Estamos en un momento en el que los cálculos políticos tienen que ser dejados de lado, y unirnos por la defensa de la democracia y la libertad. No es posible que algunos grupos políticos piensen en su beneficio políticos, antes que la defensa del Estado de Derecho, eso déjenselo a la izquierda.

La oposición tiene que entender que no se puede ceder ni un centímetro frente a la violencia y las exigencias de la izquierda radical. Anteriormente se ha mencionado cómo la estrategia de la izquierda consiste en crear el caos y atemorizar a la población con terror y violencia (al mismo estilo terrorista), pero la clase política demócrata no puede sucumbir a ese terror, por el contrario, corresponde enfrentarlos y defender el Estado de Derecho hasta el último.

Urge una redirección del debate que ha puesto el establishment caviar desde la época de Vizcarra. No existe una cultura más nefasta como la de “

”. No es posible exigir el cambio de autoridades cada dos años, y si esa idea se ha vuelto un común en la sociedad, pues corresponde trabajar en reformas políticas reales y no entregarle el país a la izquierda radical.

Las reformas políticas y electorales son las que deben de primar hoy en día, y no la salida engaña muchachos del adelanto de elecciones. Corresponde debatir, por ejemplo, la reelección congresal, la renovación del Congreso a mitad de período y una urgente reforma en la descentralización del país. Eso es lo responsable, principista y más sincero que se le puede entregar a la sociedad, otros debates son puro oportunismo.

La danza de la izquierda, por Diego Gutiérrez 

Recientemente se publicó una encuesta en medios que alertaba que un poco más del 50% de peruanos está a favor de que el Estado sea dueño de las principales empresas e industrias del país. Más allá de la credibilidad de la encuestadora (que tiene un claro sesgo de izquierda, valga la precisión), conviene analizar dos puntos: (i) ¿cuál es la narrativa detrás de dicha percepción? y (ii) ¿qué se debe hacer para revertir la situación?

La premisa difundida tiene un trasfondo claro: la ciudadanía no estaría “de acuerdo” con que las empresas sean privadas, como sucede parcialmente en la actualidad, y preferirían que las empresas estén a cargo del Estado (el mismo que ni puede administrar bien un sistema de agua y desagüe). Pero, ¿por qué hemos llegado a esta percepción? o, mejor dicho, quiénes han sido los responsables de que esta percepción supuestamente haya calado en la población. La respuesta es sencilla: la izquierda.

Un estandarte que la izquierda (apoyada incondicionalmente por la élite caviar limeña) ha tenido en la batalla cultural ha sido la difusión de una narrativa “

”. Por años se han encargado de generar una falsa dicotomía consistente en: 

“empresa vs. ciudadanos”, “las empresas son abusivas”, “los malos son ellos y los buenos nosotros”,

 entre otros. El uso de esta figura se puede ver a menudo en los discursos de absolutamente todos los izquierdistas: “

Telefónica y su deuda millonaria, la derecha los protege”, “esas empresas abusivas que no respetan los derechos de los trabajadores”.

 Pueden apostar que siempre van a utilizar esa retórica.

Desde el punto de vista estratégico ha funcionado y la izquierda ha calado en cierto sector de la población con un discurso falso, pero efectivo. Han logrado meterse al bolsillo a más de un incauto con la estrategia de una falsa unión contra un villano en común. Ellos han encontrado al villano y el “falso enemigo” que han elegido es la empresa privada (sin distinción según su tamaño).

Lo cierto acá es que dicha polarización les sirve como justificación para argumentar por el cambio de nuestro (maravilloso) modelo económico. Necesitan recurrir a narrativas falsas para tal fin, porque en el plano tangible (hechos, estadísticas e indicadores) nunca tendrán razón.

Es por ello que desde la derecha se tiene que difundir una narrativa amigable, verdadera y ofrecer un villano en la historia: el Estado. Esta narrativa no debe responder al discurso embustero de la izquierda, sino ser una alternativa para que la sociedad misma elija y se dé cuenta quién es el verdadero villano de la historia: el Estado o las empresas privadas.

El Estado (en su sentido más abstracto) es el verdadero villano en esta historia y un obstáculo para el progreso de los ciudadanos. Por ejemplo, en lugar de fomentar el crecimiento económico mediante normas flexibles y amigables, se ha creado una cuantiosa carga burocrática para crear negocios, desalentando la formalización y la creación de empleos. En lugar de invertir el presupuesto público en obras y servicios para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, se prefiere gastar el dinero en burócratas y contratos para “los amiguitos” (como sucedió con toda la familia del presidiario Castillo). Una vez más, en lugar de encontrar maneras de recortar el gasto público o buscar más contribuyentes, el Estado prefiere ahogar al 30% formal con más impuestos y multas abusivas.

Cómo no van a protestar los ciudadanos si en más de una localidad del interior del país faltan pistas, veredas, agua, desagüe, luz, etc. La gran pregunta es: ¿sabrán estos ciudadanos que el principal responsable de asegurar estos servicios es EL ESTADO? ¡El Estado es realmente un villano! Pero la izquierda se ha encargado de borrar del mapa todas las falencias que existen en la administración pública para echarle la culpa al sector privado y los “empresarios abusivos”.

Para revertir la situación, en la batalla cultural tenemos que unirnos como peruanos, ciudadanos y agentes económicos (desde emprendedores formales e informales, hasta las empresas más grandes) y aceptar una realidad: tal como es ahora, el Estado es una piedra en el zapato y es el principal villano de la historia.

A la par se tiene que desenmascarar a la izquierda, no solo señalando que las empresas estatales son (en la teoría y en la práctica) ineficientes y un barril sin fondo, sino demostrando que la izquierda plantea un control estatal para utilizar al Estado como un botín para repartir puestos públicos, tomar el dinero de todos los peruanos y crear una dependencia viciosa del gobierno de turno. La izquierda solo quiere que los suyos tengan beneficios y no todos los peruanos.

Para finalizar, es importante señalar que desde la nueva derecha tenemos que atacar al villano desde adentro. Necesitamos realizar las reformas necesarias para lograr un Estado pequeño pero eficiente, que asegure la calidad de vida de todos sin distinción y que sea reconocido como un aliado para el crecimiento personal y económico de todos los ciudadanos.

Si quiere suscribirse a todo nuestro contenido vía WhatsApp dele click a este link:

Mi villano favorito: el Estado, por Diego Gutierrez

El Perú atraviesa una ola de violencia a consecuencia del golpe de estado fallido del ex presidente y hoy presidiario Pedro Castillo. Los que impulsan la violencia en las calles exigen imposibles jurídicos y materiales, tales como la libertad para Castillo, convocatoria a una asamblea constituyente popular y plurinacional, cierre del Congreso y elecciones inmediatas (mañana mismo). Solo les faltó pedir que reviva Abimael Guzmán.

La violencia desatada en las calles ha puesto en debate nuevamente los límites de una protesta ciudadana y cuáles deberían ser las consecuencias para los manifestantes que rompen el marco de una protesta pacífica. Sin embargo, ese debate carece de relevancia para lo que está sucediendo en el Perú actualmente. No se puede comparar una protesta ciudadana con los actos subversivos organizados que vienen sembrando miedo al interior del país.

Lo correspondiente en la coyuntura actual del Perú es poner en debate si estamos o no frente a actos terroristas. De acuerdo a su definición, el terrorismo utiliza la violencia para lograr los fines de una lucha política específica, generando un clima de terror y caos entre la población. Siendo así, los elementos convergentes para acreditar la existencia de terrorismo son los siguientes: lucha política, mecanismos de violencia y clima de caos. Por tanto, corresponde evaluar si lo que ha sucedido en las últimas semanas puede considerarse una protesta ciudadana espontanea o si efectivamente son actos terroristas organizados.

Respecto del primer elemento, estos grupos en efecto persiguen una lucha política y sus principales objetivos han sido señalados al inicio del presente artículo. Sobre este punto también conviene resaltar la imposibilidad jurídica y material de sus pedidos. Una minoría pretende imponer una agenda ilegal, antidemocrática e inconstitucional; y corresponde desenmascarar las mentiras e ideas que difunden en todos los medios posibles, tal como lo realizó, por ejemplo, el economista Waldo Mendoza en su acertada columna “

Respecto a la violencia como medio de difusión de la lucha política, juzguen ustedes. Toma de carreteras y aeropuertos, secuestros a policías, ataques organizados a entidades públicas y privadas, uso de armas de fuego y artefactos explosivos caseros, amenazas a la población que no se une a la manifestación y captura de los policías (y sus familiares) que repriman los actos delincuenciales. Esos son solo algunos ejemplos del modus operandi de los grupos organizados que, sin lugar a dudas, utilizan la violencia como lucha política. En ningún lugar del mundo una toma de aeropuerto o amenazar con la captura de policías puede ser considerado una protesta.

La persecución de la lucha política mediante mecanismos de violencia genera indubitablemente un clima de terror y caos en la población. Este ambiente genera temor en la ciudadanía, a tal punto de que algunas personas dejan de trabajar o realizar sus planes del día a día por temor a las represalias que puedan tomar los grupos que hoy azotan nuestro país con una feroz violencia.

En consecuencia, lo que atraviesa el Perú en estos momentos no dista mucho de lo que sucedió en los 80’s y 90’s. El país se enfrenta a grupos terroristas organizados que pretenden imponer una ideología con violencia, porque es la única manera de que logren sus objetivos. ¿Estamos esperando que aparezcan “coches bomba”? ¿Qué se hagan pan de cada día los secuestros o asesinatos? Una manera de aceptar la gravedad de la situación y empezar a enfrentar a estos grupos organizados es llamar por su nombre todos los actos que vienen realizando: terrorismo. Sin temor y sin pasar por agua tibia.

A este punto cabe aclarar que también existen protestas que, si bien persiguen una lucha política similar, no utilizan la violencia como un medio de difusión. Las protestas pacíficas merecen respeto, pero igual las ideas que se difunden se deben de enfrentar con debate en el plano que corresponda. Además, se debe exigir un respeto irrestricto al libre tránsito y a la propiedad pública y privada en las manifestaciones, de lo contrario, se estaría atravesando el límite de una protesta pacífica.

En esa misma línea, se debe reclamar un deslinde de los últimos actos terroristas a todos los manifestantes, sin perjuicio de la idea que defiendan; de lo contrario, se convierten en cómplices del terrorismo y la violencia. En esta lucha no existen puntos medios, estamos los que queremos paz (más allá de la idea que defendamos) contra los que quieren violencia y caos.

 por más de una década nos han intentado convencer de que lo vivido en el Perú en los 80’s y 90’s no fue terrorismo, sino un Conflicto Armado Interno. Hoy estamos pagando las consecuencias de esa denominación que a todas luces tenía un trasfondo político. Exijamos que las fuerzas del orden actúen con inteligencia y desarmen a los grupos subversivos infiltrados. De nuestro lado podemos empezar aceptando la gravedad de los hechos: estamos enfrentando a terroristas. ¿Permiso para 

Llámalo por su nombre: Terrorismo, por Diego Gutiérrez 

Han pasado dos semanas desde que Pedro Castillo anunció su fallido golpe de estado, sin embargo, el conflicto para recuperar la paz y el orden público aún continua. Por ello, resulta importante que los demócratas nos organicemos y difundamos los hechos reales que han sucedido en las últimas dos semanas. Acá se proponen algunos puntos:

Pedro Castillo Terrones es un ex presidente golpista y corrupto. Su mensaje literalmente rompió el orden democrático y constitucional de nuestro país, intentó perpetrar un golpe de estado e instaurar una dictadura socialista, al mismo estilo de Venezuela. No se pueden tolerar discursos que suavicen la gravedad de un golpe de estado, y en caso se difundan, se deben de identificar y denunciar. En esa línea, Pedro Castillo, su entorno y los ministros vinculados deben responder por sus actos en el fuero nacional, tanto por el delito de rebelión como por las múltiples acusaciones de corrupción que pesan en su contra. Así como la izquierda pide que Fujimori “muera en la cárcel”, debemos exigir que pidan lo mismo para su presidente Castillo.

La violencia y el terror desatado en los últimos días no es casualidad, incluso me atrevería a decir que es parte del (intento de) golpe planeado. Existen suficientes indicios que acreditan que se trata de un plan sistemático (toma de carreteras, aeropuertos, secuestros, entre otros) de la izquierda radical para instaurar el caos y aterrorizar a la población con la amenaza de su asamblea constituyente. Tomar el poder mediante la violencia, sí, al mismo estilo de Sendero Luminoso. No es novedad que la única estrategia que tiene la izquierda radical para difundir sus ideas es la violencia, históricamente ha sido así.

El adelanto de elecciones como salida a la crisis política es una medida de ultima ratio y que no debe suceder en adelante. En este contexto, para que sea útil el adelanto de elecciones es necesario trabajar en reformas políticas y electorales que permitan tener una mejor clase política a futuro. Hoy sabemos que no es suficiente con la “paridad y alternancia”, se tienen que realizar reformas de fondo que, por ejemplo, permitan acusar a presidentes corruptos o impidan postular a condenados por homicidio, terrorismo, entre otros delitos de grave afectación.

El clima político de las últimas semanas deja conclusiones interesantes. Para mí, las dos más importantes son las siguientes: (i) queda claro que la izquierda avalaría un régimen dictatorial con tal de que sea de su gusto político, como se mencionó en un artículo anterior, la izquierda no cree en principios sino en la perpetuidad del poder a su beneficio y (ii) no es posible que nuestra clase política ceda ante amenazas de terror tal como se intentó hacer con la ola de violencia desatada. Muchos opinólogos de Twitter reclamaban incluso la renuncia de Dina Boluarte y una asamblea constituyente. Si no tenemos una clase política firme y fiel a sus principios, seremos víctimas de la popularidad y la opinión pública (al mismo estilo del otro golpista peruano del siglo XXI, Martín Vizcarra).

Por ello, resulta importante que los demócratas recordemos y difundamos (ahora y en los siguientes años) la historia verdadera de lo que ha ocurrido con el golpe de estado de Castillo y el intento de instaurar una dictadura socialista. Se debe de acusar a la izquierda de haber avalado un gobierno que capturó el poder a su beneficio y con la proyección de convertir al Perú en una dictadura.

No solo es importante a fin de reconocer nuestra historia para que no se vuelva a repetir, sino también para evitar que de acá 20 años se viralice una versión equivocada de los hechos, ¿Se imaginan que en un futuro intenten maquillar la realidad del golpe de estado del 7 de diciembre con un “conflicto social por el reclamo ciudadano”? No podemos permitirlo. Ya tenemos el precedente del “Terrorismo - Conflicto Armado Interno”, no permitamos que cambien la narrativa de lo que verdaderamente sucedió. Movilicémonos para que la izquierda no vuelva a llegar al poder, estamos a tiempo.

El valor de la verdad, por Diego Gutiérrez 

Ha llegado el día. Hoy el Congreso de la República debatirá y votará la tercera moción de vacancia. Al cierre de esta edición, aún no había un panorama claro respecto de la proyección de votos de la vacancia, pues como todos sabemos, para vacar a Pedro Castillo se necesitan 87 votos que lamentablemente, ni con la oposición totalmente unida se llega a dicha cifra. Se necesitan votos del oficialismo, de la izquierda, de ese sector que se autoproclama “la reserva moral del país”.

Resulta al menos contradictorio que con todas las claras muestras de corrupción, ineptitud y hasta delincuencia, la izquierda peruana decida hacer caso omiso, hacerse de la “vista gorda” y mantener su perfil servil al gobierno. La izquierda prefiere un gobierno corrupto (pero, al fin y al cabo, un gobierno de izquierda) antes que la estabilidad democrática del país.

Vale la pena recordar (una vez más) que hace unos años los mismos que hoy defienden a Castillo y que incluso piden una “tregua por el país”, son los que pedían la vacancia de PPK sin parar. En aquel entonces, la ambición de poder de la izquierda llegó a tal punto que no les importó votar en coro con sus “amigos” fujimoristas. Hoy, esas mismas personas defienden a capa y espada a su presidente Castillo, pese a que los indicios de corrupción son inclusive más evidentes.

Si algo ha caracterizado a la izquierda peruana a lo largo de los años es su doble moral. Por ejemplo, nos referimos a esa capacidad que tienen los izquierdistas para condenar la dictadura de Pinochet y Fujimori, pero a la vez justificar e incluso defender la dictadura de Chávez y Maduro. No les importa nada, solo imponer una ideología. Su ideario de ser “más sensibles a las injusticias” es puro humo, solo quieren perpetuarse en el poder.

Hoy por hoy, la izquierda en el Perú es sinónimo de inmoralidad, porque además de que esa ideología sobrepone los intereses del Estado y del “grupo de poder de turno” sobre los derechos y la libertad de los individuos, avalan y defienden un gobierno corrupto por simples cuotas de poder, o, sino que se los diga Anahí Durand, que se volvió una defensora de Castillo y su entorno machista por un jugoso sueldo en el Ejecutivo.

No descartaría que los delincuentes (aquellos que integran bandas criminales que acechan día a día) tengan más ética que Castillo y la izquierda que lo protege. En muchos casos, hasta los más avezados criminales son capaces de reconocer los delitos que cometen, pero Castillo y su círculo prefieren morir en la negación y la inmoralidad. Su incapacidad moral permanente fue evidente desde los primeros indicios de corrupción.

La izquierda peruana no tiene dignidad ni moralidad, no tienen vergüenza de nada. Pase lo que pase hoy, no debemos permitir que se sigan jactando de su “superioridad moral”, por el contrario, debemos acusarlos de ser moralmente inferiores a cualquier tipo de ideología. Están lejos de hacer una política de principios, ellos hacen una política por ambición de poder y su enriquecimiento a cualquier costo

La izquierda siempre corea la frase “por memoria y dignidad, Fujimori nunca más”. Yo les propongo una nueva frase, una más actualizada y en respuesta a toda la desgracia que trae esa ideología falsa y empobrecedora: “por memoria y dignidad, un gobierno de izquierda nunca más”. Nos están robando (a ti, a mí, a nuestros padres), se están robando NUESTRO dinero, la izquierda nos está robando. Tengamos dignidad, no permitamos que los inmorales vuelvan al poder.

Por memoria y dignidad, un gobierno de izquierda nunca más, por Diego Gutiérrez

Ayer el Tribunal Constitucional (TC) del Perú dio a conocer su pronunciamiento respecto de la demanda de traición a la patria contra Pedro Castillo, la misma que viene siendo tramitada en el Congreso de la República (en la Subcomisión de acusaciones constitucionales y la Comisión Permanente, respectivamente).

La nueva conformación del Tribunal Constitucional ordenó la nulidad del proceso seguido en el Congreso por haberse vulnerado el derecho a la debida motivación en sede parlamentaria. En pocas palabras, el TC le ha dicho al Congreso que la demanda por traición a la patria no ha tenido el suficiente sustento para continuar con su trámite.

Más allá del análisis jurídico del pronunciamiento o del proceso seguido en el Parlamento, el TC nos deja una clara lectura entre líneas: en el Perú las instituciones funcionan, únicamente ejercen su trabajo y no existe un “golpe de estado en marcha” contra Pedro Castillo, contrario a lo que quiso hacer creer César Landa en su exposición ante la OEA.

Recordemos que luego del pedido de nuestro canciller, la OEA activó la Carta Democrática, expresó su “solidaridad y respaldo” al gobierno de Pedro Castillo, y programó una visita a nuestro país (la misma que culminó ayer).

Así pues, si el Grupo de Alto Nivel de la OEA es lo suficientemente objetivo y analiza los hechos sin tinte político, se habrán dado cuenta que han sido vilmente engañados por el canciller, así como también lo fue en su momento el representante del Vaticano, por ejemplo (recordando que el Dr. Landa le dijo a Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, que el Congreso le negó la salida a Castillo por qué este último afirmó la paz y condenó a Rusia por la invasión a Ucrania).

En suma, la OEA debe de reconocer que el gobierno de Pedro Castillo y sus aliados son los únicos que vienen atacando sistemáticamente la institucionalidad del país y accionando contra la democracia y la libertad de los peruanos.

Existen un sinfín de argumentos y de hechos a citar para sustentar lo señalado en el párrafo anterior. Solo por mencionar algunos ejemplos: la vulneración de los derechos fundamentales producto del toque de queda intempestivo del pasado 5 de abril (medida avalada por el abogado constitucionalista Cesar Landa, valga la precisión) y la continua victimización de la dupla Castillo-Torres frente a cualquier cuestionamiento de corrupción del gobierno.

Y es que recurrir a la victimización es la única estrategia con la que cuentan Castillo y sus cómplices para evadir la justicia y salirse con la suya. Cada vez que se ha intentado que el presidente y sus allegados respondan por los fuertes indicios de corrupción, estos han utilizado la palabra “

” para evadir hábilmente los cuestionamientos

Por ello, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional es importante, no necesariamente por su contenido, sino por haber demostrado que en el Perú existen instituciones que únicamente vienen ejerciendo sus funciones. Así, el Congreso de la República tiene el deber de ejercer control político sobre los actos de corrupción del gobierno; a la Fiscalía de la Nación le corresponde investigar y denunciar a la organización criminal enquistada en el Ejecutivo y al Tribunal Constitucional le corresponde tutelar los derechos fundamentales de todos los peruanos.

Esperemos que la OEA haya analizado con objetividad la crisis política que atraviesa nuestro país y reconozca que el atentado contra la democracia y la libertad de los peruanos proviene del oficialismo. Que no se coman otro cuento elaborado por Pedro Castillo para recurrir a la victimización (una vez más).

Castillo y Landa al descubierto ante la OEA, por Diego Gutiérrez 

Han pasado 469 días desde que inicio el des-gobierno de Pedro Castillo. No hay ni habrá nada que celebrar en el plano político, social y menos en el económico. Sin embargo, en los peores momentos surgen las mejores oportunidades.

Todo este tiempo ha ayudado a politizar (en el buen sentido de la palabra) a aquellos que se reconocían como apolíticos o que seguían de lejos la política. Este aumento de la participación ciudadana en la política ha polarizado la sociedad y nos ha dividido en dos: entre los que nos oponemos al régimen corrupto de Castillo y los que aún lo defienden (incluyendo en este bloque a los que prometieron ponerse las zapatillas y hasta ahora nada).

En medio de la polarización, surge una oportunidad para impulsar un proyecto de derecha, una nueva derecha que una al sector que es oposición al régimen de izquierda de Castillo y aliados.

No obstante, se tienen que trabajar algunos pasivos que aún cargamos. Por ejemplo, producto de los imaginarios difundidos por la izquierda, mucha gente “no involucrada” en política asocia erróneamente a la derecha con el mercantilismo. Esta asociación nos ha costado mucho en los últimos años: 

si eres de derecha, estás automáticamente a favor de las grandes empresas, en contra de los trabajadores y solo te importa legislar a favor de un sector en la sociedad

La primera lucha que debe ganar la nueva derecha tiene que ser eliminar ese imaginario de la sociedad, ¿Cómo? Marcando distancia de los mercantilistas, de aquellos que utilizan el poder público para su beneficio (como la izquierda de Castillo y sus aliados, por ejemplo) y velando por un poder público muy limitado.

En esa línea, uno de los caballos de batalla de la nueva derecha debe de ser un Estado pequeño, pero eficiente y para lograr tal fin debe de encontrar en la clase emprendedora del Perú a su mejor aliado. Este grupo económico es el que más cansado está de las regulaciones excesivas y de mala calidad que emiten los burócratas detrás de un escritorio. La clase emprendedora necesita una administración eficiente y la nueva derecha se lo debe ofrecer con un Estado moderno y reducido.

La nueva derecha tiene que abogar por un Estado que esté al servicio de los ciudadanos, y no al revés. Una sociedad en desarrollo necesita que el Estado sea un aliado para el crecimiento económico, con regulaciones que realmente les generen un beneficio a los agentes económicos. No necesitamos un Estado que te diga si puedes ingresar con pop-corn al cine o que te limite el tránsito según el dígito de la placa del carro (pico y placa).

En el plano político, la nueva derecha no puede dejar de lado las condenas a los regímenes autoritarios, desde Chávez hasta Pinochet, pasando por Velasco y Fujimori. En esa línea, debe de velar por la separación de poderes y condenar cualquier intento de copamiento y captura regulatoria del Estado.

Estos solo son algunos mínimos que necesita la nueva derecha para marcar diferencia y ofrecer a la sociedad peruana una opción que le haga frente a la izquierda. Y si te has identificado con estas luchas (Estado reducido pero eficiente, regulaciones racionales, límites al poder público, entre otros), pues es muy probable que tu opción política esté más cerca a la derecha que a la izquierda.

La nueva derecha necesita de defensores de la libertad que salgan del closet, se reconozcan ideológicamente y promuevan las ideas de la libertad y democracia en cada rincón del país. Tenemos que dejar en claro que la derecha defiende con firmeza las libertades económicas y sociales.