La democracia debe descansar en instituciones electorales que garanticen comicios cuyos resultados no sean cuestionados. En los últimos años en América Latina, se han impugnado procesos electorales nacionales desarrollados en Venezuela, Bolivia, Brasil y Perú especialmente. En Venezuela, el chavismo llegó a controlar las instituciones electorales, echando sombra sobre los resultados electorales; por ello la supuesta victoria de Nicolás Maduro en las urnas no fue reconocida por un amplio espectro de la comunidad internacional, agravándose la crisis política, generándose luego un escenario político inédito con la elección por parte de la Asamblea Nacional de Juan Guaido como presidente interino.
Más allá de los sistemas políticos y electorales establecidos, más allá de la existencia de dos Cámaras Legislativas o la prevalencia de sistemas electorales basados en la proporcionalidad o en la mayoría, es imposible fortalecer los sistemas democráticos cuando el sistema electoral carece de instituciones dispuestas a ser auditadas, independientes y transparentes. No olvidemos que Evo Morales en el 2019 postula a la presidencia para un cuarto mandato presidencial transgrediendo todas las normas. Los resultados electorales fueron cuestionados por la O.E.A. a través de un informe elaborado en base a una auditoría Internacional, libre de toda sospecha de manipulación o sesgo político. El gobierno del MAS pretendía ganar dolosamente las elecciones, desdeñando ir a una segunda vuelta, generándose protestas masivas en las principales ciudades del país, que tuvieron su epílogo en la renuncia de Evo Morales, su desplazamiento a la zona del Chapare y su posterior traslado a México, acogiéndose al asilo otorgado por el gobierno del presidente López Obrador. La crisis política boliviana fue resuelta con la instalación de un gobierno de transición a cargo de la senadora Jeanine Añez y la convocatoria a nuevos comicios en el 2020.
Por otro lado, los sucesos acaecidos en Brasil en las últimas horas, más allá de lo que representan para la institucionalidad democrática, tienen su origen en que un sector del país considera que las elecciones del 31 de octubre 2022 (segunda vuelta electoral) fueron fraudulentas. Brasil, con más de 150 millones de electores, tiene establecido el voto electrónico en todo el país. Los resultados electorales marcaron una diferencia menor al 2% entre Lula y Bolsonaro, lo que se expresó en menos de 2 millones de sufragios. Las autoridades electorales se negaron a auditar el proceso electoral, alegando que los sistemas informáticos eran absolutamente confiables y que, en todo caso, lo harían si es que el partido Liberal (Bolsonaro) estaba dispuesto a que se revisen los resultados de la primera vuelta electoral, que favorecieron a los bolsonaristas (en la elección de ambas Cámaras).
Cuando los resultados electorales son estrechos siempre se crean condiciones, razones o pretextos para impugnar los resultados electorales. La democracia brasileña ha sido herida en las últimas horas; sin embargo, es el momento de cuestionar la violencia política en todas sus formas, más allá de sus motivaciones. Lula debe demostrar que es un líder alejado de los extremismos de izquierda, por ello haría mal en apoyar su legitimidad en el respaldo político expresado por los gobiernos de Díaz Canel, Daniel Ortega, López Obrador o Alberto Fernández. Brasil requiere la forja de una gran coalición política, para hacer viable la estabilidad política en un país, que, por su dimensión y el tamaño de su economía, será siempre un referente en América Latina.