Lima ardió en una jornada que recordó los álgidos inicios de este milenio. Con la errada licencia de la presidenta Dina Boluarte para tomar la capital “en paz”, los manifestantes, distribuidos estratégicamente en distintos puntos, con armas premeditadas —chicotes, huaracas y más— y espontáneas —rocas, botellas y más—, fueron una amalgama de sabotaje, violencia y descontrol. Movilizados hasta el Centro de Lima —donde se produjo un incendio de grandes proporciones en un edificio— y hasta Miraflores, avivando exigencias inconstitucionales como el cierre arbitrario del Congreso, empezaron un ataque deliberado contra las fuerzas del orden, que después de un largo intervalo de resistencia tuvieron que disuadir con bombas lacrimógenas. En el interior del Perú el panorama no fue distinto. Tres aeropuertos estuvieron al borde de ser tomados por asalto: en Cusco, Arequipa y Juliaca-Puno. Por la noche, mientras progresivamente se neutralizaba la convulsión, el Ejecutivo tomó la palabra, esta vez con un halo de ultimátum para que todos los frentes apelen al diálogo de una buena vez.
“Los actos de violencia generados a lo largo de estos días, de diciembre y ahora de enero, no quedarán impunes. El gobierno actuará dentro del marco de la Constitución y de las leyes que ampara de manera estricta y firme. Nuestra Direccion Nacional de Inteligencia está actuando con la firmeza que corresponde y prontamente estaremos junto con la Fiscalia verificando y abriendo las carpetas fiscales de aquellas personas que esten generando actos de violencia, destrozos de la propiedad privada y del Estado”, apuntó la presidenta.
“Asimismo quiero comunicar que hoy día de manera concatenada a la misma hora, preparado con anticipación, porque esta no es una mera casualidad, han querido tomar tres aeropuertos en el país (...) por el informe que tenemos esto ha sido preparado con premeditación, con suma anticipación y reitero todo el rigor de la Ley caerá sobre aquellas personas que están cometiendo estos actos delincuenciales, de vandalismo, que no los vamos a permitir”, agregó
Hasta ese momento, más de las nueve de la noche, el Perú ya había sido el amago de una guerra civil. El estrago más contundente se produjo en la Plaza San Martín. Un incendio que llegó hasta los 500 grados centígrados empezó a consumir un edificio ubicado en el cruce de los jirones Carabaya y Lino Cornejo. "Las paredes son de adobe y quincha. Como no lo podemos apagar, el fuego está calentando las estructuras y generando una temperatura que nos impide ingresar para controlar el incendio", dijo en su momento el comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), Luis Ponce La Jara. Tras rescatar a algunas familias y después de desplomarse gran parte del inmueble, empezaron a circular algunas grabaciones, con ayuda de las cámaras de la Municipalidad de Lima, donde se identifica a una turba no solo rompiendo todo a su paso, sino también quemando lo que encontraban y usando, aparentemente, pirotécnicos.
“A los que están marchando, ¿quién los financia? Porque no trabajan ¿Qué dinero están llevando a sus hogares? Porque están abandonando a sus familias para salir a protestar. En su protesta no hay ninguna agenda social que el país necesita. En sus protestas están al margen de la ley. Ustedes quieren quebrar el Estado de Derecho. Ustedes quieren generar caos y desorden, y para dentro de este caos y desorden, tomar el poder de la nacion. Están equivocados”, también dijo la jefa de Estado.
Esta agonía nacional también fue radiografiada a escala internacional. El Foro de Madrid, por ejemplo, señaló que "la desestabilización que afronta el Perú no es espontánea". Precisan que hay fuerzas extranjeras queriendo "incendiar el Perú con violencia, sembrar el terror y provocar muertes para forzar la caída de Boluarte y las instituciones". Hicieron hincapié en la constante injerencia de Evo Morales, a quien apuntan como "caudillo de una fuerza extranjera destructiva". "Si la violencia narcocomunista logra sus fines, el Perú seguirá en la terrible senda hacia la dictadura como son hoy Cuba, Nicaragua y Venezuela. Senda por la que avanzan también Bolivia, Chile y Colombia", mencionan.
Este viernes 20 de enero los manifestantes volverán a salir a las calles. Después de la violencia generada en su primera jornada, los augurios engrosan la incertidumbre no solo del mismo gobierno sino también de los ciudadanos que ven perjudicados sus negocios, que perdieron familiares por una ambulancia obstaculizada, que son obligados a participar en las protestas, que pensaron que la pesadilla chotana había terminado.