La semana pasada, el Tribunal Constitucional prohibió a través de un precedente que la Sunat, el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial apliquen intereses moratorios sobre las deudas tributarias en litigio luego de vencerse el plazo legal que tiene cada instancia para resolver.
En otras palabras, el TC ha prohibido que los ciudadanos seamos castigados con intereses por las demoras en las que incurren sistemáticamente jueces, magistrados y, en general, la mayoría de los órganos estatales encargados de resolver controversias.
Ayer, la SUNAT dio a conocer su posición al respecto mediante un lamentable comunicado publicado en sus redes sociales. El comunicado daba entender que la sentencia del TC busca reducir el pago de intereses en beneficio de empresas con millonarias deudas tributarias que “dilatan” el pago de las mismas a través de “interminables impugnaciones”.
La victimización del ente recaudador no sorprende en absoluto. Su objetivo institucional es recaudar más y su estrategia puede resumirse con la frase el fin justifica los medios. Bajo esta óptica, los derechos fundamentales de los ciudadanos son un obstáculo intolerable.
Si de ellos dependiera, eliminarían los derechos al debido proceso y a la pluralidad de instancias. Así, en este infame comunicado, Sunat considera que el incumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias y la “judicialización de nuevos casos” son acciones reprochables. ¿Bajo qué lógica ejercer un derecho fundamental es análogo a evadir impuestos?
Los verdaderos responsables
Todos estamos familiarizados con la narrativa de los empresarios malvados que evaden impuestos y se pasan décadas en procesos judiciales para evitar pagar sus deudas tributarias.
Pero ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar por que se dilatan tanto estos procesos?
La ley establece plazos máximos para resolver y, si las autoridades gubernamentales y judiciales son incapaces de cumplir dichos plazos, ¿es justo penalizar al ciudadano por esta circunstancia?
Se puede discutir mucho sobre la excesiva carga judicial y las limitaciones de las instituciones en el país. Pero, justamente, la razón por la que se recaudan impuestos es para financiar el correcto funcionamiento de dichas instituciones.
En ningún supuesto es razonable ni justo que el ciudadano, además de estar obligado a financiar el Estado, sea también responsable de la mala administración de los recursos recaudados y del incumplimiento sistemático en cuestiones tan elementales como los plazos máximos para resolver.
En ese sentido, es importante cuestionar las narrativas y entender los razonamientos falaces y, en muchos casos, perversos, que traen de manera implícita. Nadie esta por encima de la Constitución y no hay recaudación que justifique el atropello de derechos fundamentales.