Esta semana se ha aprobado, en primera votación, el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 3941 que fue propuesto al Congreso de la República para según se indica: impulsar la inversión pública, reactivar la economía y modernizar la gestión del Estado.
El proyecto original incluía 42 facultades legislativas que en el sustitutorio se redujeron a 33.
ATENCIÓN: El pedido de 33 facultades legislativas implica que el Poder Ejecutivo, en un corto plazo cargará al marco normativo nacional con, por lo menos, 33 leyes nuevas.
Este tema, de fundamental importancia para el país, ha pasado desatendido en medio de marchas, carreteras cerradas, vandalismo, terrorismo y otros hechos que han copado la agenda política, pero, 33 leyes nuevas es un número importante, bastante grande y, podrían cambiar, para bien o mal, múltiples aspectos de nuestra vida o nuestra actividad económica.
No es la primera vez que un caso así sucede, cada cierto tiempo, por distintas razones el Poder Ejecutivo entiende que no puede esperar a las velocidades de la discusión congresal y su carga política y se lanza con el pedido y, en tanto, los pedidos del Poder Ejecutivo deben tener prioridad en la discusión del Congreso de la República, empieza una presión para que todo sea aprobado rápidamente, bajo el argumento que son LA solución a una serie de problemas causados por -¡qué casualidad!- paquetes legislativos anteriores. Lean el listado de temas solicitados y la gran parte de ellos son reforma a sesudos Decretos Legislativos anteriores.
Es verdad que en los últimos años el Congreso de la República se ha ganado todos los premios de la impopularidad, que su nivel técnico corre entre los niveles paupérrimo y básico, pero ello no quita que constitucionalmente este poder del Estado, con todas sus taras, es el llamado a legislar y, sobre esa premisa, la delegación de facultades debería ser la excepción a la regla y no un pedido recurrente.
Pero, como las posverdades reinan en el Perú, aquel Congreso o congresista que se le ocurra pensar, trabajar y hacer uso de sus facultades constitucionales será inmediatamente tachado de obstruccionista, de trabar el desarrollo y otras tantas cosas que se les ha dicho por el solo hecho de ejercer la autoridad que les fue conferida.
En este caso en particular, me reservo graves dudas de los postulados que se dictarán en los futuros Decretos Legislativos, ad hominem, porque los señores que los elaborarán tienen, en su gran mayoría, gran calidad académica, profunda experiencia regulatoria, pero casi nula en gestión pública; de la real, en la que no alcanza el presupuesto para comprar medicinas en el centro de salud, en el que Hacienda niega el presupuesto porque no se ha llenado correctamente el formato 18 o porque el proyecto no calza en los parámetros del invierte.pe.
A vista de todos estos problemas y con la finalidad que el MEF satisfaga sus ímpetus regulatorios, me permito exponer algunas sugerencias:
a) El Congreso debería pedir a la PCM la evaluación de los resultados de los últimos tres o cinco (ustedes elijan) pedidos de facultades legislativas. ¿Mejoró el mercado? ¿Las poblaciones tienen más acceso a los servicios públicos? ¿La Contraloría General de la República – CGR reporta menos autoridades con procesos por corrupción? Entre cientos de preguntas que toca responder porque son parte de los postulados de los Decretos Legislativos dictados anteriormente.
b) Mejorar el relacionamiento, en el nivel técnico, entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Paquetes de 30, 40 o 20 facultades es una evidencia enorme que el dialogo técnico entre ambos poderes no ocurre. En este punto, en el caso de los temas relativos a la administración pública, no olvidar dos bancos de información importantes sobre la ocurrencia cotidiana en la gestión pública: el Poder Judicial y la CGR.
c) Hacer transparentes los temas sujetos a delegación, desagregar, para que la población interesada se entere de primera mano por dónde va la novedad regulatoria. Esta acción es parte imprescindible de la rendición de cuentas.