Cada cierto tiempo, consecuencias del fenómeno de El Niño afectan a nuestro país. Una de las más comunes es la activación de quebradas en la costa y la bajada de virulentos hauycos por ellas. La historia parece repetirse sin excepción: cientos —si no miles— de damnificados, casas enteras arrastradas por el lodo y la fragilidad sanitaria que la situación implica. La pregunta entonces cae de madura: ¿hay algo que se pueda hacer para evitar esta tragedia y romper así este círculo vicioso? En El Reporte creemos que sí y que la solución pasa por un mejor diseño de políticas públicas. Hay un muy interesante camino por explorar en la forma en cómo se asigna la propiedad.
En 1968, Garret Hardin publicó un ensayo que revolucionó el debate económico y legal: The Tragedy of the Commons. En su texto, Hardin destaca las virtudes de la propiedad privada y su cuidado versus la propiedad pública —o la propiedad no asignada, que no es lo mismo—. Hardin hace un puntilloso análisis sobre los incentivos a los que quedan los individuos expuestos cuando se trata de proteger una propiedad propia y los compara con la falta de estímulos a cuidar lo que es de “todos”. Ahora: ¿qué tiene que ver la idea de Hardin con la constante tragedia climatológica que asedia a los peruanos que viven en las quebradas de la costa del país? Justamente, la ausencia de derechos de propiedad.
Las quebradas de la costa, como mucho del territorio nacional, están salpicadas de antiguas invasiones que se han ido convirtiendo en barrios. La cuestión está en que los habitantes de las quebradas solo son posesionarios y no propietarios. Es decir, usan las propiedades en las que viven como si fueran suyas, pero no lo son. No están inscritas en un registro público que asegure la oponibilidad de los terrenos. Esto trae consigo el problema que bien detectó Hernando de Soto en su momento: la falta de derechos de propiedad impide que estos peruanos puedan acceder al crédito que sus inmuebles podrían facilitar en el sistema financiero. La falta de capital es agobiante.
Sin embargo, el sistema de derechos de propiedad le daría a quienes viven en las quebradas de la costa otro beneficio del que muy poco se ha hablado: al asignar títulos de propiedad registrados en todas las quebradas el sistema de precios podría empezar a cumplir con su función de información. Los precios son eso, básicamente: un número que le entrega a los consumidores información sobre la escasez y la utilidad de un bien determinado en un mercado. Por ejemplo, si uno fuese a comprar un auto usado —del 2021, digamos— y el precio fuese de dos mil dólares, lo natural sería que uno haga preguntas. Es muy probable que ese auto haya participado en un choque grave.
El ejemplo viene al caso porque algo similar pasa en las quebradas: el que no haya un registro formal de propiedad no significa que no se den transacciones. Las personas compran y venden terrenos no registrados cotidianamente. Y más allá de los problemas evidentes que la informalidad demanda, la ausencia de registro evita que el sistema de precios castigue a las propiedades más expuestas al riesgo de los huaicos. Si una casa ha sido afectada por la naturaleza pues el precio de ese inmueble debería recordarle al mercado que algo no está bien con esa propiedad. Si se acompaña esto con una mejor ley para evitar las construcciones allí y las debidas prevenciones, deberíamos mejorar.