El parlamentario Alejandro Cavero presentó un proyecto de ley acerca de la propiedad inmueble para extranjeros en zonas fronterizas. Leer el mencionado proyecto me hizo recordar un reportaje que vi hace años, cuando era niña, en el programa de investigación "El Cuarto Poder". Recuerdo que grababan a niños puneños y niños peruanos en la zona limítrofe con Brasil, cruzando largos kilómetros para ir a la escuela, así como a poblaciones vulnerables como ancianos y mujeres embarazadas que buscaban acceder a servicios de salud.
Reconocer que existe una necesidad de inversión es también reconocer que existen servicios básicos que el Estado no ha brindado durante mucho tiempo.
Dicho proyecto de ley presentado por el congresista Cavero propone modificar el "Artículo único - Desarrollo de las limitaciones a la propiedad de extranjeros en territorio nacional contenidas en el segundo párrafo del artículo 71° de la Constitución Política del Perú. La prohibición del artículo 71° de la Constitución Política del Perú con respecto a la propiedad o posesión de tierras por extranjeros en territorio nacional, dentro de cincuenta (50) kilómetros de las fronteras, está referida únicamente a aquellas que se encuentren en zonas rurales, fuera del radio urbano o de expansión urbana en las ciudades fronterizas."
Además, se agrega: "Disposición complementaria única - Inscripción. Los extranjeros que tengan la propiedad de inmuebles en zonas urbanas y que no hayan podido inscribirlos en el momento de su adquisición por cualquier medio, podrán inscribirlos en los Registros Públicos, en vía de regularización. Ningún registrador podrá observarlos por encontrarse dentro de los cincuenta (50) kilómetros, salvo por las demás excepciones establecidas en el artículo 71° de la Constitución."
En el proyecto mencionado, he notado maravillosas citas de grandes constitucionalistas, tales como Domingo García Belaunde y Natale Apriamo Pla, quienes señalan que el proyecto propone una modificación en el artículo 71 de la Constitución. Según ellos, fue un error extender la prohibición constitucional a un predio no contemplado, es decir, la propiedad de un predio urbano, lo cual no afectaría el fin de la seguridad nacional.
Respecto al análisis de competitividad en zonas fronterizas, se señala que, según ComexPeru, las cifras de exportaciones han disminuido desde 2017, y ocupamos un bajo porcentaje de empleo en estas zonas en comparación con la región. Además, se expone que esta limitación constitucional ha generado desconfianza y pérdida de capital en zonas fronterizas como Tumbes. Por otro lado, en Tacna, a pesar de contar con una ley especial de tributación para promover la inversión privada en sectores como la industria y el agro, entre otros, no se ha logrado un desarrollo adecuado debido a restricciones que no brindan seguridad jurídica al inversionista extranjero.
En el caso específico de Tacna, se relata en el proyecto de ley que anteriormente existió un interés de inversionistas extranjeros para construir centros comerciales en la ciudad, pero no se pudo concretar debido a la oposición del Ministerio de Defensa, a pesar de recibir apoyo de la Cámara de Comercio de Tacna. La construcción e implementación de un centro comercial en la zona habría representado aproximadamente una inversión de US$100 millones de dólares y empleo formal para aproximadamente 1,000 personas.
¿Por qué es importante descentralizar el capital para descentralizar al Estado?
Hace mucho tiempo, la izquierda ha defendido la idea de que el Estado debe ser el gran gestor. Sin embargo, la idea del presidente gerente ha sido totalmente desacreditada en la región, con presidentes como PPK en Perú, Piñera en Chile o Lasso en Ecuador. Actualmente, el Estado se presenta como un mal gestor, deficiente e incapaz, lo que genera insatisfacción en los ciudadanos. Por lo tanto, apostar por descentralizar el capital para generar más dinamismo en el mercado es también una apuesta para obtener más recursos y solucionar aquellos servicios que el Estado no ha logrado satisfacer en las zonas fronterizas, y esto también encuentra respaldo en nuestra Constitución.
Invito a todos a leer este proyecto de ley, junto con el proyecto de los "vouchers" educativos, ya que considero que constituyen un paquete de leyes innovadoras desde una economía social de mercado. Es deber del Estado fomentar el dinamismo del mercado, eliminando leyes burocráticas que no apoyan el fomento de una inversión saludable. Bajo fórmulas legales que protegen los derechos de todos, las personas al generar más capital atraerían más competencia en el mercado, tanto en salud como en educación. Dado que el servicio estatal es deficiente, esperamos una mayor oferta para los hermanos fronterizos, siempre acompañada de una normativa favorable y priorizando la formalidad.
Buscar soluciones en lugar de destruir un sistema.