A pesar de las advertencias de diversos colectivos opositores a la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola rechazó tajantemente que se vaya a realizar la tercera toma de Lima y aseguró que sería una manifestación sin disturbios. Esta actitud es irresponsable, pues minimiza el impacto que grupos violentistas podrían tener a nivel nacional.
Es un agravante que se ignoren estas amenazas, teniendo en cuenta que tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, los primeros días de Boluarte como presidenta se caracterizaron por afrontar una situación extremadamente crítica. Esto por las marchas violentas a nivel nacional que la tachaban como presidenta no legítima y golpista. De hecho, muchos se preguntaban si efectivamente iba a sobrevivir tras tantas muertes y cuestionamientos. Contra todo pronóstico, lo hizo. Después de más de tres meses de protestas, la situación se apaciguó gracias a las maniobras del premier Alberto Otárola.
Si bien es cierto que el impacto de las protestas se redujo gradualmente, esto no significa que el gobierno esté exento de críticas o que no puedan resurgir las protestas violentas.
Enardece también la actitud del ministro del Interior, quien a puertas de la llamada tercera toma de Lima, solo atinó a pedirle a los manifestantes que “den la cara”. Lo más desconcertante es que les pidió no causar daños a terceros ni a la propiedad privada y pública. Por experiencias recientes, sabemos que eso no pasará. Mucho menos si sabemos el norte ideológico que siguen estos colectivos.
Por lo tanto, las numerosas críticas por el supuesto triunfalismo de Boluarte no solo son acertadas y actuales, sino también necesarias.
A inicios de mayo, en Yunguyo se llegó a cabo una reunión entre dirigentes de Cusco, Puno y Apurímac. En esta, representantes del Sutep fueron los encargados de liderar los encuentros donde se planteaban las opciones para poner en marcha la ‘Tercera toma de Lima’. Con los recientes descubrimientos relacionados a Óscar Nieves y el trasfondo de las protestas contra Boluarte, sería ingenuo dudar del nivel de organización de estos movimientos. Advertidos están todos.
Asimismo, el autoproclamado —y ahora cuestionable por definición— bloque democrático también está bajo la lupa de la opinión pública. Surgieron numerosas controversias después de que se aprobara de forma exprés la ley de presidencia remota. No solo porque la medida es anticonstitucional, sino porque abre la puerta a que más adelante un tirano pueda usar ese recurso a su favor.
Complica esta situación la actitud soberbia de la congresista Maricarmen Alva, quien tras el incidente que protagonizó con la congresista Francis Paredes, se defendió con algo de soberbia. Lejos de arrepentirse, reafirmó su actuar diciendo que gracias a su carácter “vivimos en democracia”. No es una actitud que fomente el diálogo y no es la primera vez.
El reciente blindaje a las congresistas mochasueldos Magaly Ruiz y Heidy Juárez sigue esta línea. Es pertinente preguntarse: ¿Seguirán los blindajes hoy, ahora que le toca a la congresista y ex ministra Katy Ugarte?
Estamos a escasos días de que culmine la legislatura y se elijan las nuevas mesas directivas, lo que trajo nuevamente hay disputas entre bancadas e incluso dentro de estas, así como también jugarretas de blindajes para ganar adeptos. Una mala jugada en la nueva mesa directiva puede ser letal.
El que parecía ser el último bastión democrático se está deteriorando a una velocidad alarmante. Dependerá de las acciones del Congreso y de la diligencia del gobierno de Boluarte recuperar realmente el equilibrio. Hay numerosas críticas, algunas tal vez injustas, pero en esta ocasión deben de salir de su burbuja para abordar los problemas frontalmente.