La fiscal María Abad dejó en libertad a dos de los delincuentes venezolanos que habían sido capturados en la operación en que el “maldito Cris” fue abatido por la policía, pretextando el retraso de algunas horas en la entrega al Ministerio Público.
Este caso ha adquirido notoriedad por la publicidad que había obtenido el asesino ultimado por la policía, pero en realidad, bajo diversas modalidades, es cosa de todos los días en el Perú de hoy: los fiscales, aduciendo diversos excusas, liberan fácilmente a los delincuentes, que inmediatamente vuelven a las andadas, porque saben que las posibilidades de ser atrapados y sancionados son escasas.
Una de las razones más importantes por las que esto sucede es que en el nuevo Código Procesal Penal (CPP) se ha quitado la capacidad de investigación preliminar a la Policía Nacional (PNP).
Antes, la PNP elaboraba el atestado policial, donde destallaba los hechos, las circunstancias y los presuntos delitos, y a partir de allí el fiscal asumía la dirección jurídica de la investigación, como corresponde.
Ahora todo está en manos de fiscales que, en la mayoría de los casos, no saben investigar y que actúan con una laxitud propia de una institución extensamente invadida por los caviares.
En el Congreso duermen varios proyectos para devolver a la PNP la investigación preliminar. Dos de ellos, elaborados por la propia PNP y presentados por Daniel Urresti el 2020 y uno más reciente, del congresista Alfredo Azurín, ingresado en noviembre de 2021, que tiene por objetivo restituir “la capacidad de investigación del delito a la Policía Nacional”.
Pero parece que a la mayoría de parlamentarios les importa poco la creciente ola delincuencial. Más les preocupa tratar de aumentar su alicaída popularidad proponiendo y aprobando aumentos de penas, lo que se denomina populismo penal (ver por ejemplo “Expreso, 29/6/23), a pesar que está demostrado que lo que disuade el delito no son las penas más largas sino las sanciones efectivas.
Es decir, no importa que las penas sean altísimas, si en diez delitos solo se atrapa y sentencia a un delincuente y nueve quedan impunes. Eso incentiva a más personas a delinquir y eso es lo que sucede en el Perú.
En cambio, si en diez delitos cometidos se atrapa y condena a nueve forajidos, sin importar que las penas sean muy largas, la disuasión será eficaz.
Para esto último se requiere mejorar las capacidades del sistema de justicia y parte importante es modificar el CPP devolviendo la investigación preliminar a la Policía.
Pero como la mayoría de ciudadanos, según las encuestas, cree equivocadamente que aumentando las penas se avanza en la lucha contra la delincuencia, los congresistas se apresuran a darles gusto, sin importar si eso sirve o, en realidad, empeora la situación, como de hecho ocurre.
En los últimos años ha habido una enloquecida competencia para aumentar las penas y los resultados están a la vista: la delincuencia ha crecido.
El populismo penal es muy fácil y rentable políticamente, basta tomar un delito, preparar un proyecto incrementando la pena y aprobarlo. Lo difícil es mejorar y fortalecer las instituciones para que cumplan con su función. Eso es trabajoso, ocasiona muchas resistencias y no da réditos inmediatos.
Por eso los políticos actúan así y la delincuencia sigue avanzando.
Hay que insistir para que en la siguiente legislatura el Congreso apruebe un proyecto como el de Azurín, que sí ayude a combatir la delincuencia.