Jorge Luis Salas Arenas solo tenía una tarea como presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE): que los comicios del 2021 se desarrollen de acuerdo con la Ley. Pero no fue así. Permitió, por ejemplo, que un presidente vacado como Martín Vizcarra postule al Congreso pese a que omitió información para candidatear. Y luego, sabiendo que este personaje ahora estaba inhabilitado para la función pública, estuvo a punto de darle licencia para inscribir su propio partido, llamado irónicamente Perú Primero. Con el APRA no lo pensó dos veces. Lo sacó del ruedo electoral porque se le venció el tiempo para anotar a sus listas, hecho que el Tribunal Constitucional declaró posteriormente como una violación al derecho de participación. Mientras que, a Perú Libre, que tenía solo a 2 de 3 integrantes en su plancha presidencial, lo cual está prohibido, sí le dejó seguir en carrera, allanando así el camino a uno de los regímenes más corruptos de nuestra historia republicana. Y ahora que se viene exigiendo que pueda ser sometido a juicio político viene tensando el ambiente asegurando que la democracia está en peligro.
Veamos a fondo la gestión de Salas Arenas, quien tranquilamente podría personificar la antesala de la actual crisis.
El preludio
Salas Arenas fue elegido presidente de la Corte Suprema el 12 de noviembre y asumió funciones el 20 de noviembre del 2020. Su principal desafío era organizar las Elecciones Generales de 2021 después de la crisis política en la que Manuel Merino cayó y Francisco Sagasti asumió interinamente. En este contexto, la máxima autoridad electoral evidenció que no era un árbitro imparcial y que fue muy determinante el haber tenido tanto poder a través de su voto dirimente. Es decir, que su voto vale por dos, dado que faltaba un miembro en el JNE.
Mano dura para sus enemigos
El viraje
El primer caso conocido es el de Martín Vizcarra cuando este intentó volver al aparato público, esta vez al Congreso y con la camiseta de Somos Perú. El 16 de enero del 2021, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 le comunicó que su inscripción había sido tachada. Fue por una omisión en su declaración en el rubro de ingresos, bienes y rentas. Específicamente, por no declarar el tener el 30% de participación en la empresa Agrotécnica Estuquiña S.A.
Como era de esperarse, el lagarto apeló. Y en la audiencia pública, que se realizó el 26 de enero, se dejó el caso al voto. Todo apuntaba a que el veredicto iba a ratificarse, pero la madrugada del 3 de febrero se conoció que Salas Arenas y Jovián Sanjinez decidieron cambiar su voto y darle su venia al también conocido como Lagarto. Y así el cuadro quedó 3 a 1, tomando en cuenta que Jorge Rodríguez (entonces fiscal supremo del Ministerio Público) reiteró su voto a favor como Luis Arce (a quien luego suspendió irregularmente) su voto en contra.
En este intervalo, se conoció que Vizcarra, cuando era gobernador de Moquegua, había firmado el 19 de mayo de 2014 la Resolución Ejecutiva Regional 492-2014-GR/MOQ. Esta declaraba "prescrita" una "acción administrativa disciplinaria" en contra de nada más y nada menos que Héctor Benjamín Salas Arenas, exdirector regional de Salud y hermano del presidente del JNE. Curiosamente, el abogado Oswaldo Hundskopf, uno de los cinco integrantes del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, decidió renunciar irrevocablemente "por razones estrictamente personales" el 12 de febrero. Los trascendidos aseguraron que el detonante fue el caso Vizcarra.
Finalmente, solo el Congreso pudo frenar esta movida inhabilitándolo 10 años de la función pública por el caso Vacunagate.
El camaleónico Vizcarra
Pero este respaldo a Vizcarra se repetiría este 2023 cuando en junio casi le dan licencia para inscribir a su movimiento Perú Primero como partido político. Incluso en primera instancia el JNE declaró infundada la tacha que se presentó en contra de este proceso ante el Registro de Procesos Electorales (ROP). Luego, la admitió y le puso candado a la participación del expresidente por obvias razones.
La tacha del Apra
La historia con el APRA es totalmente distinta. El 22 de diciembre el 2021 el partido de la estrella no pudo inscribir a sus cuadros por inconvenientes en el Sistema Declara. Esto provocó su eliminación inmediata del proceso electoral, pese a que luego pidieron a distintos Jurados Electorales Especiales (JEE) que le amplíen el plazo. El excongresista aprista Mauricio Mulder la tenía clara: acusó inmediatamente al dúo Jorge Luis Salas Arenas y Jovián Sanjinez, los mismos que beneficiaron a Vizcarra.
Tuvieron que pasar más de dos años para que el Tribunal Constitucional expusiera este grave error del ente electoral. En un pronunciamiento del pasado 22 de junio de este 2023 dijeron que se atentó contra el derecho de participación de este movimiento político. Lo mismo pasó con el Partido Popular Cristiano (PPC). Y por las mismas razones.
La nueva secretaria general del Partido Aprista Peruano, Belén García Mendoza, ya dijo que tomarán acciones legales contra los responsables.
Apagaron a la estrella
La licencia al chotano
Uno de los casos más escandalosos fue el Perú Libre. En diciembre de 2020, el JNE declaró improcedente la participación de Vladimir Cerrón en la plancha presidencial del cuadro del lápiz por cargar desde Junín con una sentencia judicial del 18 de octubre del 2019 por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. Esta exclusión debió significar la caída de la fórmula por no tener a su obligatorio tercer integrante. Pero no fue así y encarriló la victoria del futuro golpista Pedro Castillo. Y lo peor es que una doble partida enrarece este caso: 1) cuando se denunció un presunto fraude electoral se neutralizó por todos los frentes cualquier investigación meticulosa y 2) tiempo después Zamir Villaverde reveló que Salas Arenas había cocinado el fraude en Huaral tras una reunión con Vladimir Meza, Silvia Barrera y Bruno Pacheco. De esto último también nadie quiso hacer eco.
Este historial de Salas Arenas es tan pesado como algunos datos de su vida. Fue en algún momento militante del Partido Comunista Patria Roja. Asimismo, benefició como abogado a dos miembros de Sendero Luminoso, Eliseo Huamán Choque y Bonifacio Rojas Páucar, ambos denunciados por el asesinato del juez de paz Julio Rojas Ñahui en Ayacucho, en el año 1980. El caso se archivó. De hecho, en su campo ya lo conocían como "terrorista". Así lo había denominado Walter Ríos, ex presidente de la Corte del Callao e integrante de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.
Salas y Castillo
Su mandato en el JNE termina en el 2024, pero en un panorama donde el adelanto de elecciones sigue siendo una posibilidad su nombre sigue representando un fuerte peligro. Varios referentes vienen pidiendo su dimisión, entre ellos el jurista y experto en el tema Fernán Altuve. “Salas Arenas quiere conducir un proceso electoral nuevo para tener impunidad con el nuevo gobierno y, además, manejar el desastre que hizo con otra elección para ver si no lo procesan, persiguen o juzgan por todas las barbaridades que ha hecho”, apuntó. Y dicho esto, lo exhortó a renunciar. Además, el abogado Enrique Ghersi ya pintó la cancha: “Si el doctor Salas Arenas es vacado, corresponde a la Corte Suprema designar de inmediato a un sustituto”. No hay tanto drama como asegura el implicado.
Entonces, ¿se seguirá aplazando esta necesidad para el país?