El alcalde de Lima, Rafael López-Aliaga, insiste en una maniobra que puede jugarle en contra al país. Bajo la premisa de querer eliminar todo rastro de Odebrecht en Perú, le dio un ultimátum a la concesionaria Rutas de Lima —con la que la comuna firmó un contrato en 2013 por 30 años en la Era Susana Villarán— para que cierre los peajes que tienen en las dos Panamericanas: la del Norte y Sur. Sin embargo, esta medida no tiene asidero por distintos motivos, entre estos que la constructora brasileña solo representa el 25% del fondo de inversión desde el 2016. El mayor porcentaje lo tiene el fondo canadiense Brookfield Asset Management: 57%. Además, se pone en riesgo la seguridad jurídica porque el burgomaestre está ignorando la medida cautelar de un tribunal internacional. Es decir, no puede anular nada hasta que no haya un fallo oficial. Esto incluso puede desincentivar a la inversión extranjera. Y lo peor es que esto le está costando a los peruanos. Abajo una línea temporal sobre este conflicto.
La advertencia
Durante su campaña para el asiento edil, López-Aliaga había mencionado en reiteradas ocasiones su interés por desmontar a Rutas de Lima. Mayormente hacía hincapié en su origen: haber sido un contrato suscrito con supuestas irregularidades de por medio durante la gestión de la izquierdista Villarán. Tiempo después, fue uniformizando su consigna dando otros motivos como que se están dando altas tarifas en los peajes, que hay deficiencias contractuales, que el servicio es deficiente y más.
Para ponerle fin al acuerdo, el 29 de enero de este año convocó a un Concejo Municipal, donde por unanimidad se decidió anular la suscripción con la concesionaria. Les dio como plazo un total de 180 días para que acaten la orden. Es decir, hasta este último sábado 29 de julio. Esto implicaban eliminar a los siguientes peajes: Chillón, Huaylas, Conchán, Villa, Arica, San Pedro, Punta Negra y Quebrada Seca.
Peajes siguen operando con normalidad
La contra respuesta
La concesionaria, sin embargo, no estaba dispuesta a ceder, principalmente porque se estaba tratando de impulsar el rompimiento de un contrato, lo cual representa un perjuicio en el corto plazo para un país que aspira a atraer más inversión extranjera.
Para esto solo estaban esperando el fallo de la Comisión de las Naciones Unidas Para el Derecho Mercantil, tribunal internacional al que ya habían apelado en la gestión de Jorge Muñoz. Este finalmente ordenó el 16 de junio de este año que se mantenga el “statu quo” hasta que haya un fallo oficial en esta polémica.
“Ordenar a la Demandada que se mantenga el statu quo hasta que se dirima la controversia objeto del presente procedimiento, suspendiendo el procedimiento de caducidad del Contrato en curso, durante el trámite del presente arbitraje”, se lee en la resolución.
Peligrosa insistencia
Pero esto no detuvo al también ex candidato a la presidencia. El pasado martes 25 de julio advirtió con activar “un proceso totalmente legal” si es que Rutas de Lima decidía no terminar con sus operaciones en nuestro país. Insistió en que “no se puede ofrecer estabilidad jurídica al mundo si tenemos empresas tipo Odebrecht u OAS”, pese a que la constructora brasileña no encabeza este fondo de inversión. En 2016 le vendió el 57% de la concesión al fondo canadiense Brookfield Asset Management, dejando así a la polémica empresa con un 25% de participación, mientras que el 18% restante lo tiene a Sigma SAFI.
López Aliaga amenaza con inicar proceso legal contra peaje
El mismo teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, extendió la advertencia diciendo que su plan se está ejecutando bajo estricto cumplimiento del contrato. Incluso pidieron el apoyo de la Defensoría del Pueblo, liderada por Josué Gutiérrez, para darle fuerza a su movida. Y esto ha dado pie a manifestaciones en Puente Piedra, donde ya se ven grupos estacionados en el kilómetro 25, todos exigiendo que se cierren las garitas.
Voces mayores
Para el expresidente del Tribunal Constitucional, Oscar Urviola, esto es peligroso. En una columna para un medio local señaló que: “La necesidad de una rectificación por parte del señor alcalde no solo se justifica por el irrestricto respeto al ordenamiento legal, tanto interno como internacional, que debe ser estricta norma de conducta de una autoridad, sino también por las consecuencias económicas, sociales y políticas que puede generar para el Perú el desacato a las decisiones de un tribunal arbitral, nacional o internacional”.
Urviola cuestionó la actitud del alcalde
Recordó también que “en Perú, los convenios de estabilidad jurídica han contribuido significativamente a la atracción de inversiones extranjeras, especialmente en el sector minero, energético y de transportes y comunicaciones. Estos convenios permiten que las empresas tengan una mayor confianza en la estabilidad de las reglas del juego jurídico y económico, lo que facilita la toma de decisiones de inversión a largo plazo”.
Hasta el momento, no hay mayores visos respecto a un retroceso de López-Aliaga. Si continúa en este intento por resolver al contrato con Rutas de Lima, teniendo como premisa una media mentira —que es de Odebrecht cuando este solo representa un cuarto del porcentaje—, esto puede generar una inestabilidad jurídica que se puede traducir en un golpe a la economía del país.