En un intrigante duelo que ha captado la atención de la nación, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha lanzado una arriesgada ofensiva contra el gigante consorcio Rutas de Lima, que opera los peajes en las principales vías de la ciudad. Este enfrentamiento, más que una simple batalla por el control de los peajes, se ha convertido en un enfrentamiento legal, político y económico de proporciones épicas, con el potencial de cambiar el rumbo de la administración de las vías y redefinir las relaciones entre el sector público y privado en la capital peruana.
La saga comenzó con la presentación de una estrategia legal audaz por parte del alcalde López Aliaga, quien, en un giro que ha dejado a muchos perplejos, solicitó a la Fiscalía que investigara a Brookfield, el principal accionista de Rutas de Lima, por presunto lavado de activos a favor de la empresa Odebrecht. El alcalde alega que las acciones adquiridas por Brookfield están manchadas por la sombra de la corrupción de Odebrecht, y ha buscado confiscarlas en beneficio del Estado. Esta movida sorprendente ha desencadenado una serie de reacciones y contrarreacciones que han mantenido al alcalde en vilo.
La estrategia
El fundamento de esta estrategia se basa en un informe periodístico del 2017 que vincula a ejecutivos de Odebrecht con Rutas de Lima, incluso después de que la empresa vendiera una parte sustancial de su participación a Brookfield. La teoría sostiene que, dado que Odebrecht estaba bajo investigación por corrupción y sus fondos se consideraban ilícitos, las acciones de Brookfield en Rutas de Lima deberían ser embargadas. La Municipalidad de Lima se ha aferrado a esta premisa para intentar recuperar el control de los peajes y, en última instancia, cumplir la promesa del alcalde de poner fin a lo que él llama “abusos de Odebrecht”.
Sin embargo, las aguas no han estado tranquilas para López Aliaga. A pesar de su retórica combativa, las acciones concretas han sido limitadas. La tan anticipada "toma de los peajes" nunca se materializó, y la disputa ha entrado en el ámbito de los tribunales y el arbitraje internacional. El consorcio Rutas de Lima, por su parte, ha levantado barricadas legales y lanzado contraataques contundentes. Acusaron al alcalde de actuar en desafío a la decisión del Tribunal Arbitral Internacional, y ha advertido sobre posibles violaciones a los tratados internacionales que protegen a los inversores extranjeros.
Medidas de López Aliaga podrían tener graves consecuencias legales
“Debemos alertar a las autoridades peruanas que, de concretarse un ataque y/o un despojo de la concesión de Rutas de Lima o cualquier otro tipo de acto en desconocimiento de la medida cautelar, como lo anuncia el Sr. Lopez Aliaga, consideraremos dicha actuación como una grave e irreparable violación a las garantías que los Tratados celebrados por el Estado Peruano otorgan como protección a los inversionistas extranjeros en el Perú”, se lee en un comunicado difundido por Rutas de Lima en su sitio web.
Muchos expertos y gente que en algún momento simpatizó con López Aliaga se vieron obligados a decirle, en distintos matices, que no debería proseguir con su iniciativa, pues podría ser altamente perjudicial.
Una maniobra riesgosa
La controversia también ha desencadenado un debate nacional sobre la relación entre el sector público y privado en la gestión de infraestructuras clave. Muchos argumentan que, aunque es imperativo luchar contra la corrupción, las acciones del alcalde podrían tener implicaciones económicas negativas a largo plazo al ahuyentar la inversión extranjera y desencadenar conflictos legales prolongados.
En el meollo de esta contienda también se encuentran los alcaldes de los distritos de Ancón, Santa Rosa y Puente Piedra, quienes han manifestado su descontento con la estrategia del alcalde López Aliaga. Han expresado sus preocupaciones por la falta de resultados concretos y por lo que perciben como un enfoque beligerante que podría exacerbar las tensiones y no conducir a una solución efectiva.
Alcaldes distritales afectados por peajes esperan que López Aliaga cumpla con su palabra
A medida que esta intrincada trama continúa desarrollándose, es evidente que el conflicto entre el alcalde López Aliaga y Rutas de Lima está lejos de resolverse. La retórica apasionada y las maniobras legales han establecido un escenario en el que los intereses políticos, económicos y judiciales están en juego. El desenlace de esta saga aún está por determinarse, pero no se augura nada bueno de una confrontación que en numerosas ocasiones se ha criticado por carecer de un sustento contundente.
En última instancia, esta disputa puede considerarse como una reflexión de los desafíos más amplios que enfrenta la ciudad de Lima y el país en su conjunto: la lucha por la transparencia, la erradicación de la corrupción y la búsqueda de un equilibrio entre el interés público y la inversión privada. Pero no se debe de dejar de lado las formas correctas para reclamar justicia.