OpiniónDomingo, 10 de septiembre de 2023
Víctor Polay Campos: un terrorista por vocación, por José Antonio Torres Iriarte
José Antonio Torres Iriarte
Abogado y analista político

Víctor Polay Campos y el MRTA iniciaron sus acciones terroristas pretendiendo diferenciarse de las hordas maoístas de Sendero Luminoso, intentando seguir la línea más cercana a los movimientos subversivos que en la década de los sesenta y setenta en América Latina afirmaban inspirarse en el ideario del castrismo, sin dudar por ello en contar con el financiamiento y adiestramiento cubano. Si Abimael Guzmán declaró la guerra al Perú en la víspera de las elecciones generales de mayo de 1980, los emerretistas lo hicieron a mediados de la década de los ochenta, en momentos en los que Sendero Luminoso llevaba varios años poniendo en práctica la estrategia maoísta de impulsar la "guerra del campo a la ciudad".

El terrorismo no surgió contra ninguna dictadura; por el contrario, durante la larga dictadura militar (1968-1980), las organizaciones de extrema izquierda se fortalecieron en las universidades y sindicatos, especialmente para luego irrumpir a nivel nacional, tratando de imponer mediante la violencia un régimen totalitario. Víctor Polay nunca se inspiró en ideales superiores ni creyó en un proyecto nacional libertario o de justicia social. Polay optó por la violencia armada como la única forma de impulsar una propuesta política, descartando enfrentarse electoralmente con otras fuerzas políticas.

El MRTA desde un primer momento buscó financiarse perpetrando acciones delictivas, que oscilaron entre asaltos a agencias bancarias hasta el secuestro de empresarios a los que sometieron a tratos inhumanos y crueles. La supuesta lucha revolucionaria no se apoyó en la prédica o el debate ideológico en particular, sino en promover acciones subversivas de gran impacto mediático, emulando a movimientos terroristas como el M-19 de Colombia, que en 1985 tomó por asalto la sede del Poder Judicial en Bogotá. El MRTA utilizó el asesinato de personalidades como el ex ministro de Defensa Enrique López Albújar, el secuestro de empresarios nacionales para exigir millonarios rescates, e incluso intentaron poner en marcha un plan para tomar por asalto la sede del Palacio Legislativo.

Cuando en diciembre de 1996, casi una veintena de sus integrantes asaltaron la residencia del Embajador de Japón en Lima, los emerretistas lograron su objetivo de llamar la atención internacionalmente. Durante varios meses, las principales cadenas informativas del mundo dedicaron su atención a un hecho que, por su magnitud, trascendió las fronteras nacionales.

Cuando en abril de 1997 se realizó la operación "Chavín de Huantar", que permitió el rescate de los rehenes, se consumó un hito relevante en la lucha contra el terrorismo. A lo largo del tiempo, Perú ha transitado por una senda marcada por la pérdida de la memoria, por procesos de negacionismo o por relativización de los hechos; en un contexto en el que se ha pretendido criminalizar a los valerosos oficiales y soldados que llevaron a cabo con entrega y profesionalismo una operación de rescate en circunstancias tan adversas.

El MRTA desafió al Perú. Luego de haberse agotado cualquier solución pacífica, que incluso no descartó la mediación del gobierno de Cuba, el gobierno peruano optó por la acción militar. Años después, la Comisión de la Verdad acuñó el concepto de "conflicto armado interno" para relativizar la gravedad del accionar terrorista.

Hoy, en un contexto marcado por la influencia nefasta de organismos supranacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Perú empieza tardíamente a tomar conciencia de que Víctor Polay Campos saldría en libertad en un plazo breve y, más aún, que habiendo interpuesto acciones legales ante la CIDH, podría incluso ser indemnizado por el Estado bajo el supuesto de que ha padecido condiciones carcelarias inhumanas.

Es inaceptable que el Estado peruano acepte la presión o el chantaje legal de organismos supranacionales, que se han convertido en instrumentos al servicio de un globalismo avasallador. Víctor Polay no es un preso político, las condiciones carcelarias que viene cumpliendo no violan ninguna norma internacional, y más aún, su sentencia condenatoria fue revisada y reducida.

La lucha por la libertad no tiene fin. Los movimientos terroristas siempre han desdeñado el valor de la vida y han pisoteado los derechos humanos de todos aquellos que fueron secuestrados y enclaustrados en las llamadas "cárceles del pueblo". El terrorismo maoísta de Sendero Luminoso y el MRTA no forman parte del ayer; lamentablemente, siguen siendo el presente de un país en el que la libertad debe ser defendida sin renunciar a los principios básicos de la convivencia y el Estado de derecho.

Los Derechos Humanos hoy pretenden ser defendidos por todos aquellos que siempre justificaron las dictaduras maoístas y soviéticas, o los regímenes totalitarios de Europa del Este. No olvidemos que las tiranías fracasaron siempre en América Latina, sea cual sea su signo ideológico. Víctor Polay Campos lideró una organización terrorista, y Perú se defendió frente a la amenaza totalitaria. Víctor Polay nunca se arrepentirá porque siempre fue un terrorista por vocación.

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