El Perú pospandémico había dejado claro que la inseguridad ciudadana era un problema capital. Pese a esto, el régimen de Pedro Castillo no priorizó esta crisis traducida en violencia cada vez más descarnada: asesinatos a sangre fría, así ya se haya consumado el robo. En aquel errante Ejecutivo solo vimos medidas descabelladas como querer prohibir que vayan dos tripulantes en una moto o incluso la justificación de la delincuencia diciendo que es un asunto “estructural”. Y ni qué decir del irregular trabajo desde el Ministerio del Interior, que tuvo hasta siete ministros en el primer año. Este escenario ya estaba cantado desde que el entonces primer ministro, Aníbal Torres, confesara que la misma Policía Nacional había sido superada. En síntesis, que ya no tenían en mente alguna política para vencer al hampa, lo cual terminó representando ese legado que hoy deja en estado de emergencia a dos distritos de Lima, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, y que mantiene, ya en líneas generales, al país caminando por la cornisa.
Boluarte declaró estado de emergencia dos distritos de Lima.
Factor Castillo
El país que recibió Pedro Castillo había tenido una ligera mejoría en el frente de la seguridad ciudadana. Esto de acuerdo con un reporte del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI): "Entre enero y marzo 2021, se registraron 85 mil 622 denuncias por comisión de delitos a nivel nacional, comparado con similar trimestre del año 2020, se observó una disminución de -23,9% (26 mil 894)".
Sin embargo, cuando se esperaba que esta tendencia a la baja continuara, pasó todo lo contrario.
Primero fue la percepción de la ciudadanía, donde el 56%, según un sondeo de Ipsos en octubre de 2021, aseguraba que el crimen seguía ganando terreno.
Ese mismo mes el profesor chotano había indicado que una de sus políticas generales era erradicar al hampa y luego en diciembre del mismo año dijo que destinaría S/ 10.000 millones para este fin. Ambos terminaron siendo un saludo a la bandera.
Esto quedó evidenciado con el siguiente reporte del INEI, ya del año siguiente: "En el primer trimestre 2022, a nivel nacional, según información registrada en el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) de la Policía Nacional del Perú, se registraron 172 mil 636 denuncias por comisión de delitos; en comparación con el periodo similar del año 2021 se incrementó significativamente (101,5%)".
De error en error
La coordinación con la Policía era vital. Sin embargo, antes de llegar al trono, Castillo ya había evidenciado que no confiaba en esta institución. En el último debate que había tenido con su contrincante Keiko Fujimori no solo legitimó a la delincuencia diciendo que es "histórica" y "estructural", sino que indicó que iba a convocar a los ronderos para lo que planteó como un trabajo en conjunto con los agentes policiales cuando en realidad era solo quería sustituirlos a un paso atortugado, lo cual no pasó, hecho que produjo una ruptura con estos grupos.
Por otra parte, solo en su primer mensaje a la Nación ya había expuesto que no tenía una brújula. Una prueba tangible no solo era el querer convertir a Palacio en un museo, sino en no ser claro respecto a la estrategia que iba a emprender contra el crimen. Lo que más llamó la atención fue su voluntad para expulsar del país a los criminales extranjeros, pero jamás materializó esto. No le resultó un buen negocio aplicarlo sabiendo que le iba a generar anticuerpos ante ese sector progresista que veía en esta medida un acto de xenofobia. Nada más lejano de la realidad.
Luego, puso sobre la mesa otra supuesta táctica: prohibir que dos personas viajen a bordo de una motocicleta lineal. Esto, como lo vimos con el tiempo, solo fue populismo puro.
Golpista propuso medidas populistas que nunca concretó.
Irregularidad
El régimen chotano también nos llevó a este escenario por tener un Ministerio del Interior muy cambiante. Este portafolio llegó a tener siete titulares: Juan Carrasco Millones, Luis Barranzuela, Avelino Guillén, Alfonso Chávarry, Dimitri Senmache, Mariano González y Willy Huerta.
Fue tal el desorden que de paso se fugaron varios personajes vinculados al futuro golpista. Entre estos, el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y el sobrinísimo Fray Vásquez.
Ahora nuestro presente no es más que un desenlace previsto después de tener un régimen que desdibujó a la Policía Nacional, incluso humillándola como cuando un agente se vio obligado a amarrarle los zapatos al futuro golpista. Ya tenemos distritos en estado de emergencia, pero todo apunta a que esta medida será generalizada, que se encarrilará la categoría de “terrorismo urbano” y que el bukelismo a la peruana ganará más fuerza.