Este jueves se presenció un espectáculo de muy mal gusto. Los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) finalmente se apersonaron al Congreso tras haber sido convocados por la Comisión de Justicia del Parlamento para responder por una serie de acusaciones que incluían el respaldo a Zoraida Ávalos, la supuesta presión ejercida al Poder Judicial para el fin previamente mencionado, la interpretación dudosa de los requisitos de edad en el caso de la magistrada Inés Tello, la falta de presentación de informes anuales y también la misteriosa filtración de documentos disciplinarios.
Sin embargo, en lugar de ofrecer respuestas directas y claras, optaron por delegar su defensa a su abogado, Samuel Abad, quien parecía más interesado en obstaculizar la investigación que en aclarar las numerosas dudas del Legislativo.
El abogado Samuel Abad se presentó como defensa de los miembros de la JNJ.
La intención principal de esta comisión era recoger las versiones personales de la JNJ para consignarlas en el informe que en las siguientes semanas deberá enviar al pleno. Por lo que el recurso empleado por dicha entidad resulta ser un sinsentido.
“Nada justifica que se le falte el respeto a la institución. La JNJ ha hecho mal en pretender ofrecer una defensa corporativa, cuando en realidad de lo que se trata en la Comisión de Justicia es investigar ciertos hechos que podrían constituir faltas graves, infracciones constitucionales o simplemente faltas que no revistan mayor consideración. Pero obviamente el nivel o el grado de responsabilidad de cada persona es diferente. La actitud de los miembros de la junta limita con la rebeldía al haber presentado a su abogado de manera colectiva y haber evitado responder directamente”, declaró Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional, a El Reporte.
Los hechos
La sesión comenzó con María Zavala, quien, en lugar de responder a las preguntas, anunció que su abogado sería quien contestaría. Esto representó una antesala desalentadora para lo que vendría a continuación.
El abogado Abad, en lugar de abordar las acusaciones de manera franca, optó por sumirse en un mar de tecnicismos legales. Afirmó que la noción de "causa grave" que justificaría la remoción de los miembros de la JNJ no está respaldada por ninguna ley o la Constitución. ¿Cómo es posible que una institución encargada de la justicia no entienda la gravedad de sus propias acciones?
Abad también trató de restar importancia al comunicado en apoyo a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, argumentando que solo cinco miembros de la JNJ lo habían firmado, mientras que Guillermo Thornberry estaba con licencia por razones de salud y la doctora María Zavala optó por la abstención.
El tema del límite de edad por el caso de Inés Tello también fue esquivado por el abogado, quien argumentó que este se refería solo a la postulación al cargo y no a la permanencia en la JNJ.
Declaraciones confusas
La situación alcanzó su punto más crítico cuando Imelda Tumialán, la presidenta de la JNJ, intentó responder a las preguntas de manera breve. Respecto al caso de la presión al Poder Judicial, se limitó a desvincularse de los acontecimientos.
“Categóricamente, lo desmiento por ser totalmente falso, al no haber realizado llamada alguna o participado de ninguna reunión con el señor presidente, vocales, menos haber ejercido presión sobre el tema”, declaró.
No obstante, al enfrentar la insistencia de los congresistas, decidió ceder la palabra a Abad.
“La defensa técnica y lo que les corresponde a los miembros de la JNJ es asumir su defensa material. Esto significa que hay componentes fácticos que sólo ellos deben absolver como respuestas. Puede estar allí el abogado defensor para que pueda intervenir por si hubiera alguna pregunta impertinente; ambigua o que no viene al caso; pero las respuestas debieron ser absueltas por cada persona”, comentó el abogado constitucionalista Gerardo Eto Cruz a este medio.
Posteriormente, se le consultó a Tumialán sobre el informe anual que la JNJ estaba obligada a presentar al Congreso, a lo que contestó que los informes correspondientes a los años 2021 y 2022 fueron entregados el 14 de julio de este año.
Cuando se le cuestionó acerca de las razones detrás de la tardanza en la presentación de dichos informes, su respuesta resultó ser desconcertante, ya que expresó que se trataba de "varios documentos" que la JNJ enviaba.
El abogado Abad también pidió el archivamiento de la investigación, alegando que no existía una definición clara de "causa grave". Esta solicitud es, en sí misma, una paradoja, ya que si no hay una definición clara, ¿cómo pueden estar seguros de que no han cometido una "causa grave"?
Por otro lado, se debe mencionar la inconsistencia de la petición. José Urquizo, abogado penalista, señaló en una entrevista en “Combutters” que en este caso, al ser un procedimiento político y no judicial, las formas son distintas.
Finalmente, Abad intentó desviar la atención al afirmar que el comunicado en apoyo a Zoraida Ávalos se trataba de un ejercicio de libertad de expresión destinado a garantizar la independencia de las instituciones del sistema de justicia.
Más evasiones
Al ver que los otros magistrados repetían la misma estrategia, Patricia Juárez expresó su desacuerdo. Se quejó de que en todos los casos los miembros de la JNJ se hubieran negado a proporcionar respuestas directas. "Que quede registrado en el acta y que la opinión pública tome conocimiento de que se ha rechazado dar respuestas sobre los hechos", criticó enfáticamente.
Juárez cuestionó la estrategia de los miembros de la JNJ.
Argumentó, además, que el abogado Abad no estaba directamente involucrado en los acontecimientos y, por lo tanto, no debería responder en nombre de cada caso.
Este accionar por parte de los miembros de la JNJ muestra que, en lugar de enfrentar las acusaciones con honestidad, optó por esquivar las preguntas y escudarse detrás de su abogado. Esto denota claramente una falta de compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
“El problema es que no es una comisión investigadora cualquiera, es la comisión de Justicia, a la cual se le ha dado la facultad de investigar un caso en especial. No podemos detenernos a ver quiénes son las personas que componen esta comisión, porque lo que toda la ciudadanía espera es que haya una respuesta coherente de cada uno de los miembros de la Junta ante cualquier tipo de denuncia”, concluye Álvarez Miranda.
Si esta lamentable actuación es indicativa de su desempeño en sus roles, entonces la respuesta parece clara: la JNJ deberá afrontar las consecuencias de sus acciones.
Hoy, 22 de septiembre, continuarán las citaciones, contando con el presidente del Poder Judicial Javier Arévalo Vela y la fiscal de la nación Patricia Benavides. Además, también se contará con la participación de los jueces supremos César San Martín y Elvia Barrios y la periodista María Teresa García para declarar como testigos.