La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha descencadenado un debate profundo sobre su influencia en el desarrollo político y legislativo de Perú. En medio de una investigación parlamentaria a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la organización internacional mencionada emitió un comunicado que ha encendido las llamas de la controversia y la reflexión sobre el equilibrio de poderes y el respeto a la Constitución. Este evento marca una continuación de su intromisión en asuntos nacionales que implican su rechazo a iniciativas congresales que están avaladas por la Constitución peruana de 1993.
La situación se desencadenó a raíz de una investigación parlamentaria en curso sobre la JNJ, una institución vital para la administración de justicia en el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado que exhortaba al Congreso de la República a "respetar los principios de independencia y autonomía de la JNJ". Si bien la defensa de la independencia de las instituciones es esencial, el comunicado ha suscitado interrogantes sobre el papel de la CIDH en asuntos internos de Perú y su capacidad para influir en la voluntad soberana de su Parlamento.
El congresista Hernando Guerra García, en su respuesta a la CIDH, recordó que el Legislativo, en casos de faltas graves, tiene la autoridad para remover a los miembros de la JNJ de acuerdo con la Constitución. Este recordatorio resalta el hecho de que, en la democracia peruana, son los poderes del Estado los que velan por el debido proceso y la separación de poderes, sin necesidad de intervenciones externas.
“La CIDH, supongo, debe conocer de derecho y si conocen de derecho constitucional, deben saber dos cosas: que en nuestro país hay separación de poderes y que la Constitución es la que señala claramente, que, en el caso de falta grave, puede remover a los miembros de la JNJ, entonces le podríamos regalar algunas ediciones de la Constitución para que antes de emitir un pronunciamiento lean bien la Constitución”, apuntó el legislador fujimorista.
Guerra arremetió contra la CIDH.
La congresista Patricia Chirinos, por su parte, ha instado al Canciller de la República, Ana Cecilia Gervasi, a pronunciarse sobre el comunicado de la CIDH. "Frente a este hecho condenable, la @CancilleriaPeru NO puede quedarse callada, tiene el deber de salvaguardar, de manera pública y notoria, el honor y la soberanía del Perú, y no permitir ningún tipo de vulneración contra lo consagrado en nuestra Constitución Política”.
Y así pasó. El embajador de Perú en la Organización de Estados Americanos (OEA) tomó la palabra.
“El Estado peruano actúa conforme a sus obligaciones internacionales derivadas de los tratados de los cuales es parte”, dijo. “Todos los poderes del Estado y organismos constitucionales autónomos deben actuar bajo esos parámetros y velar por que en el ejercicio de sus funciones se respeten las garantías del debido proceso, entre ellos, los principios del derecho a la defensa, razonabilidad, legalidad, entre otros”, agregó.
Asimismo, dijo lo siguiente: “La CIDH expresa preocupación por la apertura por parte del Congreso de una investigación sumaria contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), organismo autónomo clave para garantizar la independencia e idoneidad de personas operadoras de justicia y de autoridades electorales”.
CIDH nuevamente hace injerencia en asuntos del país.
El excanciller Luis Gonzales Posada también se pronunció al respecto. “La interpretación de la CIDH es una interpretación torcida, absolutamente de espaldas a las normas jurídicas que rigen en nuestro país y que además significan una interferencia en asuntos de competencia internas del Perú, que no le corresponde a la comisión”, dijo. Aseguró que están “cometiendo todo tipo de atroparía”. “Ha aprobado que se compense hasta por un volumen de 5 millones de dólares a terroristas, ha reabierto casos cerrados como el de Polay, eso es bárbaro”, indicó.
Este episodio también nos lleva a reflexionar sobre la representación de Perú en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la responsabilidad del Estado peruano en asegurar que los poderes del Estado actúen de manera independiente y en concordancia con la Constitución. La OEA es una entidad que promueve la democracia y el respeto a los derechos humanos en el continente americano, pero su intervención en asuntos internos debe ser cuidadosamente evaluada para evitar socavar la autonomía nacional.
Esta reciente intervención de la CIDH en la investigación parlamentaria a la JNJ ha desatado un debate crucial sobre la injerencia de organismos internacionales en asuntos legislativos y políticos de Perú. Si bien es innegable que la protección de los derechos humanos es una prioridad universal, la soberanía nacional y la autonomía de las instituciones deben mantenerse intactas. La Constitución peruana y los poderes del Estado tienen la responsabilidad de garantizar el debido proceso y la separación de poderes sin necesidad de intervenciones externas.