Hace cuatro años, en un fatídico día que la memoria no debe borrar, la democracia peruana sufrió un golpe devastador. El 30 de septiembre de 2019, Martín Vizcarra desató un golpe de Estado, envuelto en argumentos constitucionales falsos, pero revestidos de posverdad.
Ese día, Martín Vizcarra hizo pedazos la legalidad al implementar una ficción llamada "denegación fáctica". Esta artimaña, como bien sabemos, fue utilizada para socavar la separación de poderes y consolidar su proyecto autoritario, mientras su popularidad se disparaba gracias a su supuesta lucha contra la "dictadura parlamentaria fujimorista".
Vizcarra tergiversó el propósito de la cuestión de confianza, llevándola más allá de sus competencias y utilizando esta herramienta como un arma contra sus adversarios políticos. La elección de magistrados para el Tribunal Constitucional nunca debió convertirse en motivo de cuestión de confianza y, sin embargo, el expresidente la empleó para socavar el ejercicio de las políticas que eran de competencia de otro poder del Estado. Luego, el espectáculo protagonizado por Salvador del Solar en el pleno parlamentario culminó con el cierre del Congreso.
Así fue cómo se gestó el llamado "golpe progresista". ¿Por qué lo llamamos progresista? Porque este grupo de poder fue el principal respaldo político y discursivo de Vizcarra, promoviendo fervientemente el antifujimorismo, que fue el principal motor detrás del cierre del Congreso.
El golpe de Vizcarra reveló la verdadera naturaleza de la izquierda progresista peruana: es autoritaria y aplaude los golpes de Estado cuando estos les benefician. Además, utilizaron a sus operadores infiltrados en las instituciones y en los medios de comunicación para manipular la percepción pública de los hechos y consolidar su proyecto político.
En esa época, cualquier persona o institución que se atreviera a oponerse a Vizcarra o a su coalición progresista era perseguida, se les inventaban falsos “codinomes”, se les cancelaba en redes sociales controladas, se les sometía a inútiles referéndums o, en última instancia, se le cerraba a la fuerza, como ocurrió con el Congreso.
No podemos permitir que el 30 de septiembre caiga en el olvido. Esta fecha, que raramente se menciona, marcó el rumbo de cómo nuestro país fue gobernado cuando el sector progresista, conocido también como "caviar", tuvo el control del poder estatal. Durante esos años, se manipuló la justicia, la prensa, las artes, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y la única institución que no controlaban, el Congreso, fue cerrada.
Los puntos más álgidos del proyecto autoritario progresista fueron el cierre del Congreso y el control dictatorial que Vizcarra ejerció sobre la sociedad bajo la excusa de la pandemia. Afortunadamente, a pesar del inmenso sufrimiento causado por la pandemia, la prensa independiente y el Congreso, bajo el liderazgo de Manuel Merino, comenzaron a desmontar el andamiaje autoritario con la vacancia de Vizcarra, la cual fue respondida con ferocidad por los operadores progresistas.
Hoy en día, este proceso de desmontaje continúa. Un Congreso que representa una amplia gama de opiniones, tanto de izquierda como de derecha, está luchando contra la infiltración en el Ministerio Público, en la Junta Nacional de Justicia, en las artes, en la educación pública y en la legislación sobre seguridad ciudadana, entre otros aspectos. Desde El Reporte, felicitamos estos esfuerzos, pero también planteamos una pregunta crucial: ¿Qué viene después de la limpieza de las instituciones? ¿Existe un proyecto de regeneración para nuestro país? Creemos que no, y esta es la misión apremiante de los políticos democráticos en el corto plazo. El país no puede esperar mucho más, ni siquiera hasta el 2026.