Una vez más el Poder Legislativo ha propuesto la aplicación de la pena de muerte en nuestro país, en este caso para los violadores de niños, sicarios y extorsionadores. Una medida que choca frontalmente con el controversial Pacto de San José y que parece más una maniobra de populismo barato por parte del Congreso que ve su aprobación disminuir día tras día.
Dado que la confianza en nuestros legisladores es prácticamente inexistente, nuestros congresistas buscan modificar el Código Penal e inclusive la Constitución, con la esperanza de reducir la crítica pública. Tendencia no sólo aplicada por Congreso, sino por también por el Ejecutivo. El gobierno de Dina Boluarte, con un razonamiento inaudito, utilizando sus funciones legislativas, ha aprobado la condena de 30 años de prisión por el robo de un celular.
Ambas medidas, más allá de lo controversiales, carecen de proporcionalidad. Este es un principio que determina que la gravedad de la sanción debe corresponder a la gravedad del delito cometido. Este principio es vital, dado que permite ponderar la afectación de los derechos tutelados. Es por eso por lo que un homicidio debería tener una pena mayor que un robo.
El derecho a la vida que, según la doctrina y la CIDH, es el derecho a que no nos maten arbitrariamente, es el derecho más importante. Sólo se puede disponer de una vida en caso de defensa propia. Es absurdo, por ende, que mientras por un homicidio simple (artículo 106 del Código Penal) la sanción más alta sea de 20 años, el robo de un teléfono pueda ser sancionado con 30 años.
¿Qué me está diciendo el gobierno? ¿Un teléfono vale más que una vida?
Es obvio que esta norma decretada por el Poder Ejecutivo no sólo no tiene sentido, sino que denota la falta de un análisis previo. Es indiscutible que los robos en el país son un problema inquietante, pero no se pueden promulgar decretos con medidas tan burdas. Es más que palpable que el gobierno de Dina no tiene idea de qué hacer para frenar la delincuencia, y para ocultar su inutilidad, crea normas ridículas como esta.
Populismo barato y nefasto.
En la misma línea se encuentra nuestro Congreso con su nueva propuesta: la implementación de la pena de muerte. Este tema es altamente sensible en nuestro país, y los congresistas lo saben. Gran parte de la población está a favor de dicha medida y están completamente dispuestos a dejar el Pacto de San José de lado.
Me considero un gran detractor de los organismos internacionales y de los tratados que condicionen la soberanía de un país, así como la voluntad de su pueblo. Lamentablemente, estar a favor de la pena de muerte en el Perú no es fácil. Pensar que su aplicación sería impecable, y que mejoraría el país como en Singapur durante el siglo pasado suena formidable. Sin embargo, con el Poder Judicial que tenemos, con una corrupción que desborda, y tanta falta de transparencia, ese tipo de realización es improbable.
Además, nos enfrentamos a un problema de proporcionalidad una vez más. Aplicar la pena capital a un violador de niños (a pesar de que todos lo queramos muerto) o a un extorsionador, afecta la proporcionalidad de la pena. El jurista español Santiago Mir Puig explicó muy bien este problema, estableciendo que las normas o derechos más importantes son los que deben estar apoyados con una mayor pena.
De igual manera, considerando que las penas tienen un fin de prevención, la aplicación de la pena de muerte en estos supuestos puede generar un efecto colateral más que grave. Mir Puig señaló que la función de las penas debe sincronizar la norma con la conducta para proteger a las personas. Así, las penas deben desincentivar al criminal a cometer el acto. Pero bajo la suposición de que la pena de muerte se apruebe, esta invita al violador, por ejemplo, a matar a su víctima. Si la matan, se quedan sin testigos del acto, lo que reduce las probabilidades de ser investigados y condenados. En otras palabras, le sale más a cuenta al criminal violar y matar a su víctima. Aunque suene improbable que un violador razone de esa manera, la legislación no puede ser tan negligente de abrirle la puerta a la opción. ¿Por qué no les dan unas clases de derecho penal a nuestros poderes del Estado?