Las apariencias pueden ser engañosas, como reza el dicho. La prensa del establishment peruano, a menudo, engaña al público, a pesar de su intento por aparentar objetividad informativa. Sin embargo, no solo la prensa, sino varias instituciones encargadas de la justicia en el país también perpetúan engaños, operando de manera coordinada para socavar la ya menguada institucionalidad.
Esto es lo que hemos presenciado en las últimas semanas: un proceso de índole medieval dirigido contra la ahora ex fiscal de la nación. ¿Cuál es el trasfondo? Una fiscal que, incapaz de investigar a su superior, filtra de manera ilegal presuntos mensajes que mencionan a Patricia Benavides. Estos no son mensajes de la ex Fiscal de la Nación, ni se hace referencia directa a ninguna acción suya. Son afirmaciones de terceros sin las debidas corroboraciones legales. Sin embargo, esto es suficiente para gran parte de la prensa y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para linchar, al estilo medieval, a la ex Fiscal de la Nación, sin otorgarle el debido proceso ni algo que se le parezca. No se le permitió defenderse. La JNJ tampoco se pronunció sobre los recursos presentados. Todo fue muy rápido. Decidido, por supuesto, de antemano.
La técnica es bastante simple. Una investigación fiscal ilegal y sin sustento real se filtra ilegalmente a la prensa, que se encarga de realizar un escarnio público para conferir legitimidad ficticia al proceso ilegal que luego lleva a cabo la JNJ para suspender a Benavides. ¿Quién comete más actos al margen de la ley en esta operación política? ¿Patricia Benavides o la coalición Barreto-prensa-JNJ que la suspendió en tan solo 10 días?
En resumen, una investigación ilegal seguida de una filtración ilegal conduce a un proceso de suspensión ilegal, tres actos ilegales consecutivos.
Lo ocurrido con Patricia Benavides es verdaderamente preocupante. Es la victoria de la posverdad con fines políticos, respaldada por investigaciones fiscales ficticias que desembocan en informes periodísticos sesgados. Lo que observamos es que una coalición política se apodera de la fiscalía de manera indebida, manipulando los mecanismos democráticos con objetivos autoritarios. Y la prensa contribuye, aliándose y siendo cómplice del autoritarismo y la vulneración de derechos, lo cual resulta vergonzoso.
Existe una primera salida a este caos. Para salvar la institucionalidad del golpe que esta coalición ha propinado a la Fiscalía de la Nación, el Congreso debe desactivar, de manera expedita, a la Junta Nacional de Justicia. Renovación Popular ha presentado una moción para tal efecto. Según el artículo 157 de la Constitución, los miembros de la JNJ pueden ser removidos en caso de incurrir en "la flagrante comisión de actos contrarios a la ley". Lo sucedido esta semana es, como mínimo, una flagrante comisión de ilegalidades.
Esta opinión no solo la comparte este diario, sino también diversas personalidades destacadas en el ámbito del derecho, entre ellas el decano del Colegio de Abogados de Lima, César Bazán, quien ha afirmado que la JNJ ha actuado de "forma precipitada, sin realizar la investigación preliminar pertinente para determinar una sanción de manera efectiva".
El Congreso debe remover a todos los miembros de la JNJ a como dé lugar. Ya no hay excusas para evadirlo y la causal de remoción no tiene lugar a interpretaciones. Es explícita. Pero hacen falta más acciones. Patricia Benavides debe ser restituida en el cargo por la vía del amparo, para así reparar el círculo de la conspiración ilegal y autoritaria. Si queda algún resquicio limpio en el Poder Judicial, se decidiría en ese sentido.
Esta es, por el momento, la vía para detener la conspiración de la coalición siniestra, pero debemos esperar nuevos ataques a la institucionalidad. Los autoritarios nunca descansan.
El Congreso se enfrenta a una votación histórica, que marcará el derrotero de su legado. La Junta Nacional de Justicia ha incurrido en actos contrarios a la ley. Esperemos que el parlamento no falle una vez más.
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