La provincia de Atalaya, en la región Ucayali, ha sido testigo de una jornada que cierra el año retratando la expresión desesperada de una comunidad ante la creciente ola de violencia que azota la zona. Indignados por la impunidad y la inseguridad, los habitantes decidieron tomar la justicia en sus propias manos, lo cual se tradujo en la toma de la comisaría local.
Antecedentes
El detonante de esta situación crítica se dio el pasado miércoles, cuando cinco delincuentes irrumpieron en un conocido centro comercial de la zona. Según un ciudadano que contactó aRPP, los ciudadanos que estaban cerca intentaron contactar con la policía para capturar a los delincuentes, pero llegaron tarde. Asimismo, señaló que se avisó a los efectivos policiales que los sujetos fugaron en una camioneta negra con lunas polarizadas, pero estos no realizaron mayor indagación.
El saldo fue desolador: un empresario y una trabajadora municipal perdieron la vida en medio del asalto. Este trágico suceso encendió la chispa de la indignación entre los pobladores, quienes, al sentirse desprotegidos, convocaron a una marcha pacífica contra la inseguridad.
La movilización, que inició a las 8:00 a.m. en la Plaza de Armas del distrito de Raymondi, pronto derivó en un clamor de justicia que no pudo ser contenido. Los habitantes, cansados de la delincuencia impune, tomaron la decisión de dirigirse hacia la comisaría y la Fiscalía como símbolos de una autoridad que perciben como ineficaz.
Reclaman un mejor trabajo por parte de la PNP.
Descontrol
La manifestación, que en un principio buscaba ser un grito de auxilio ante la escalada del crimen en la región, se tornó violenta con el paso de las horas. Vecinos enardecidos prendieron fuego en los exteriores de la Fiscalía, expresando su descontento con la actuación de los fiscales, a quienes acusan de liberar a los criminales de manera frecuente.
La comisaría de Atalaya no fue la excepción. Grupos de vecinos, envueltos en una justificada desesperación, ingresaron a la fuerza, retiraron a empujones a los efectivos policiales y les propinaron golpes. Durante las movilizaciones violentas, la turba responsabilizó a la policía local de no combatir eficazmente la delincuencia que ha asolado la provincia en repetidas ocasiones.
El relato de los acontecimientos, obtenido de diversas fuentes, coincide en señalar que la población expresó su malestar de forma contundente. Incluso, en medio de la confusión y la furia, quemaron llantas en las inmediaciones de la sede del Ministerio Público.
La sensación de desprotección y la falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades encendieron la mecha de la protesta.
Efectivos de la PNP fueron expulsados de la comisaría.
Demandas
En este contexto, los pobladores exigen al Gobierno Regional de Ucayali tomar medidas concretas para enfrentar la delincuencia. Señalan que las acciones de las autoridades y de la fuerza policial son insuficientes, y perciben que la inseguridad ciudadana ha llegado a niveles inaceptables. Algunos manifestantes piden el cambio total de los efectivos..
La toma de la comisaría en Atalaya es un episodio que refleja la desesperación de una comunidad que, cansada de la violencia desatada en sus calles, escala en sus protestas. Es cierto que los métodos son desmedidos. No obstante, las autoridades, ante esta expresión masiva de rechazo, tienen el desafío de restablecer la confianza perdida y adoptar medidas efectivas para frenar la escalada delictiva que amenaza la paz en Ucayali.
¿Hará algo el ministro del Interior? Porque tiempo después de haber asumido el puesto parece que poco le importa optimizar el trabajo de la PNP, especialmente en un contexto tan complejo como el que se vive hoy en día. La pregunta que queda en el aire es si esta dramática jornada servirá como catalizador para un cambio significativo en la lucha contra la delincuencia en la región.