Nancy Tolentino, la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, inició el año celebrando la creación de un nuevo cargo para todas las instituciones públicas del Estado, titulado oficial para la igualdad, que fue aprobado recientemente por el Decreto Supremo N.° 013-2023-Mimp.
La función principal de estos oficiales por la igualdad es supervisar que cada institución del Estado al que hayan sido asignados cumpla con la Ley N.° 28983, ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que incluye eliminar la discriminación de género, con un énfasis en las barreras de acceso a puestos de trabajo, promover políticas de acción positiva de manera temporal y fomentar la utilización del lenguaje inclusivo en los documentos oficiales.
Como podemos ver, esta medida podría traer diversas críticas y observaciones. Para comenzar, pareciera que el título del cargo fue sacado de un libro de George Orwell, reivindicando simbólicamente a los comisarios de la Unión Soviética o a la policía moral empleada por los ayatola en Irán.
El mensaje tiene una clara connotación recargada de ideología neo marxista, colocando a un funcionario público cuya primordial función será la de impulsar la ideología de género.
Esta iniciativa también va a resultar costosa para el Estado, dado que cada institución pública va a tener que contratar a una nueva persona para que lleve a cabo este trabajo. Este tipo de medidas sin duda contribuyen a un Estado sobre inflado que perjudica a la economía, lo que es especialmente grave tomando en cuenta que actualmente el país estaría atravesando una recesión.
El gobierno de Javier Milei nos estaría demostrando cómo la eliminación de este tipo de programas podría ser un elemento esencial para que se logre la reactivación de la economía.
También cabe preguntarnos de dónde el Estado peruano va a sacar tantos expertos en temas de género en nuestro país. Pareciera que las verdaderas intenciones del gobierno serían la de beneficiar con una chamba fija a todos los expertos en temas de género, dado que el sector privado no premia este tipo de profesiones.
Sin embargo, la principal crítica es que en el fondo todos sabemos que este tipo de roles terminan siendo completamente simbólicos y en la actualidad ya existen otros mecanismos para garantizar que no haya verdaderas vulneraciones por temas de discriminación de género. No es necesario que haya un comisario de la ideología de género para que los organismos del Estado puedan sancionar y despedir a cualquier funcionario por realizar actos discriminatorios.
Además, temas como el lenguaje inclusivo y las políticas de acción positivas son constantemente debatidos y cuestionados en todo el mundo. Querer imponer agendas políticas abiertamente de izquierda en todas las instituciones del Estado mediante un Decreto Supremo podría atentar directamente contra el principio de representación democrática.
Es completamente falaz determinar si alguien es sexista o no solo porque usa o no usa el lenguaje inclusivo. La integridad se mide por las acciones y no en base a qué lenguaje se utilice.
Consideramos pertinente analizar cómo diversas empresas de tecnología como Google, Meta (Facebook) y X (Twitter), que antes eran pioneros en los programas de inclusión social, que se asemejaban bastante a estos oficiales por la igualdad, se habrían dado cuenta de que este tipo de cargos no tenían una verdadera incidencia positiva para sus empresas y solo servían para inflar gastos.
De acuerdo con un artículo en Forbes, en el portal Indeed data se ha registrado una caída de 44% de búsqueda de contratación por cargos de diversidad en las grandes empresas de tecnología este año 2023.
Haría muy bien que el gobierno peruano aprenda de las políticas económicas de Javier Milei y de los recortes que las grandes empresas de tecnología estarían impulsando para evitar la creación de un cargo caro, inútil y sospechosamente conveniente para los amigos de la ministra de la Mujer.