Se suma un nuevo capítulo de la tumultuosa travesía judicial del expresidente Martín Vizcarra, luego de que el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictaminó el pasado jueves 12 meses de impedimento de salida del país, una decisión que agita las aguas políticas y judiciales del panorama peruano. Este golpe legal se suma a las acusaciones que pesan sobre Vizcarra por el presunto delito de cohecho pasivo propio, un asunto que involucra el manejo de millonarios sobornos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.
Las razones del juzgado
La medida, solicitada por el Ministerio Público que pretendía 18 meses, ha encendido la polémica y desencadenado debates sobre la necesidad de esta restricción. La jueza Margarita Salcedo, al fundamentar su decisión, señaló que existen elementos de convicción suficientes para sostener el presunto delito de cohecho pasivo propio. Destacó el aumento progresivo de estos elementos durante el proceso y enfatizó que el pedido de impedimento de salida tiene como propósito asegurar la presencia de Vizcarra en la etapa de juzgamiento.
Según el diario El Comercio, la jueza Salcedo, ponderando el derecho constitucional a la averiguación de la verdad y el derecho a la libertad ambulatoria, concluyó que, en este caso, se prefiere el primero. Según sus palabras, la medida coercitiva de impedimento de salida del país es proporcional para garantizar el proceso y evitar la posibilidad de fuga del acusado.
La jueza argumenta que la medida dictada evitará la fuga de Vizcarra
La acusación
Las acusaciones contra Martín Vizcarra, que lo enfrentan a un pedido de 15 años de prisión efectiva, se centran en presuntos sobornos por un total de S/ 2.3 millones. La Fiscalía sostiene que, durante su mandato como gobernador regional de Moquegua (2011-2014), Vizcarra habría recibido pagos indebidos para favorecer a empresas en licitaciones públicas.
La trama, según la investigación, involucra ofertas de ayuda para que la empresa Obrainsa ganara una licitación a cambio de más de un millón de soles y condicionar la suscripción de una licitación para la mejora de un hospital a la entrega de un "donativo indebido" de 1.3 millones de soles. Elementos como la renta de una avioneta y testimonios de colaboradores eficaces han tejido una narrativa que ha llevado a la imposición del impedimento de salida.
La defensa
Fernando Ugaz, encargado de la defensa de Vizcarra, ha cuestionado la decisión, argumentando ante RPPque no existen elementos nuevos para justificar la restricción. Señalan que, en el 2020, ya se le impuso una medida similar que venció en el 2022, sin solicitudes de ampliación por parte de la Fiscalía. Sin embargo, la jueza Salcedo y la Fiscalía sostienen que el nuevo pedido es una medida distinta y necesaria.
Ugaz también ha subrayado que las declaraciones de los colaboradores eficaces no están suficientemente corroboradas, mientras que la Fiscalía afirma contar con 158 elementos de convicción, incluyendo testimonios y documentos como el acta de declaración de Carlos Aranda Huamán, ex trabajador del exministro José Hernández Calderón, que apunta a la entrega de dinero ilícito al departamento de Vizcarra.
Ugaz no encuentra justificación a lo ordenado por la jueza.
El futuro de Vizcarra
Mientras enfrenta este nuevo revés judicial, Martín Vizcarra, alejado de la esfera política formal por su inhabilitación de 10 años, sigue siendo una figura que no se desvanece. A pesar de los 12 meses de impedimento de salida del país, continúa participando en actividades políticas a través de Perú Primero, partido que logró inscribir el año pasado. Esto sin mencionar el ridículo que hace en las redes sociales tratando de mostrarse, sin éxito, como una figura cercana a la juventud.
El camino de Vizcarra está marcado por una danza judicial que busca esclarecer las acusaciones en su contra, mientras su presencia en la arena política sigue generando controversia. Este acontecimiento reciente podría ser el inicio de su fin.