Las declaraciones de Jaime Villanueva, el mismo asesor que con sus dichos originó que suspendan a Patricia Benavides de manera sumaria, ha hecho explotar una bomba atómica en el debate público sobre el sistema de justicia en general, pero sobre el Ministerio Público en particular. Y es que lo de Villanueva es atendible puesto que, si muchos santificaron sus palabras para justificar operación extraña "Valkiria V" y que luego acabó con la sanción de la ex Fiscal de la Nación, entonces hoy merece la misma credibilidad alrededor de lo que ha revelado. Ya había trascendido una declaración acerca de que el actual Fiscal de la Nación Villena estaba bajo amenaza de Gustavo Gorriti, que a pesar de su gravedad no generó el revuelo que merecía en la prensa ni se adoptó ninguna decisión de investigación.
Villanueva ha declarado que existió una clara coordinación entre la Fiscalía y Gustavo Gorriti que significa una intromisión inaceptable por un tercero en el Equipo Especial LavaJato de Pérez y Vela. Todo esto obviamente con la protección de Pablo Sánchez. Además, respecto a Sánchez, el propio Villanueva ha dicho que fue operador fiscal para que el lagarto Martín Vizcarra esté habilitado para poder suceder a Kuczynski. Es decir, la mancuerna Gorriti/Sánchez jugaba en pared con el poder Ejecutivo representado por Martín Vizcarra, el ex presidente de las políticas genocidas COVID del "Doctor Muerte" Zamora, el protagonista de la vacuna anticipada, Chinchero, las empresas de construcción corruptas, el pitufeo Moqueguano, el golpe de Estado y otras muchas perlas más.
Es particularmente clamoroso lo narrado alrededor del caso Alan García en dónde se deja saber a través de la declaración de Villanueva de que el propio impedimento de salida del país del expresidente fue pensado como paso previo a una ilegal y arbitraria detención preliminar con un luctuoso desenlace. Esto revela persecución política de una mafia, de una organización criminal contra un político al que -les guste o no a algunos sectores- no se le encontraron pruebas de inconducta. Esto fue maquinado sin dudas junto a Vizcarra, pues recordemos que fue el entonces presidente sustituto quién en persona presionó al Uruguay del timorato Tabaré Vásquez para no concretar el asilo ya conversado al líder aprista.
Si a esto le sumamos el trato preferencial que le dio la Fiscalía a Odebrecht respecto a la venta de Chaclla, los temas tributarios condonados, el lesivo acuerdo de colaboración entre el Estado peruano y la constructora brasileña nos delata que esta organización criminal trabajaba con un fin de impunidad de un actor privado -los brasileños- y la consolidación en el poder de un aliado político -el gobierno de Vizcarra- ambas cuestiones suficientes para procesarlos penalmente.
Desde esta tribuna exigimos que se den procesos y sanciones ejemplares y severos contra Gorriti como cerebro externo de todas estas irregularidades y a Pablo Sánchez, Vela y Pérez, quienes no deben seguir un minuto más en el Ministerio Público. El daño a la patria y al aprismo ha sido terrible. No deben quedar impunes.