El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, vuelve a ser tendencia en otra controversia legal y mediática. El enigmático fundador, editor y portavoz de WikiLeaks –australiano de 52 años–, ha sido una figura polémica, admirado por algunos como defensor de la libertad de prensa y criticado por otros como intruso cibernético. El 20 de febrero, Assange enfrentará a la Justicia en el Reino Unido por el pedido de extradición a Estados Unidos, con una posible condena de hasta 175 años de prisión por diferentes cargos.
El recorrido legal de Assange tiene raíces en sus actividades como programador y activista en Australia, donde en 1991 fue detenido y condenado por acceder ilegalmente a varios sistemas de cómputo. En el tiempo ha enfrentado demandas legales, incluida la solicitud de asilo político en Suecia en 2010, donde fue acusado por delitos sexuales.
El 2012 marcó un hito cuando Assange buscó refugio en la Embajada de Ecuador en Londres, buscando evitar su extradición a Suecia y los pedidos de los Estados Unidos donde enfrentaría cargos relacionados con la filtración masiva de documentos clasificados a través de WikiLeaks. Ecuador le otorgó asilo político, aduciendo que la vida de Assange podría estar en peligro.
Pero, el escenario cambió en 2019 cuando Lenín Moreno, presidente ecuatoriano, retiró el asilo de Assange, siendo inmediatamente arrestado por las autoridades británicas. Desde entonces, Assange enfrenta problemas legales, incluida una sentencia de 50 semanas en una de las más severas cárceles del Reino Unido por violar los términos de su libertad condicional.
El punto de inflexión llegó con la amenaza de extradición a los Estados Unidos, donde Assange enfrenta cargos de espionaje que podrían resultar en una condena de hasta 175 años. El Pentágono y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos acusa a Assange por las filtraciones de WikiLeaks vinculando la difusión de la información como un acto que contribuyó al ataque aéreo en Bagdad del 12 de julio de 2007 y otros documentos denunciando infracciones en la lucha contra el terrorismo.
La situación se complica con las ofertas de asilo político de México en 2021 y 2022. Pero la comunidad internacional expresa preocupación por la salud de Assange, con informes médicos que revelan su crítica situación, agravada por el confinamiento en la Embajada de Ecuador y en la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres, conocida como 'la Guantánamo británica'. En enero de 2022, la jueza Vanessa Baraitser rechazó la extradición a Estados Unidos, por preocupaciones sobre su salud mental y riesgo de suicidio.
El proceso legal en el Reino Unido ha sido complejo por las condiciones de confinamiento. Pero Washington apeló y el Tribunal Superior de Reino Unido falló a favor de la extradición, aumentando la incertidumbre por el destino de Assange.
Las reacciones ante este caso son diversas y polarizadas. Sus defensores dicen que su persecución amenaza la libertad de prensa y rendición de cuentas del Estado, destacando la importante labor de WikiLeaks al exponer crímenes de guerra y corrupción. Pero, sus críticos lo ven como un hacker irresponsable que puso en peligro la seguridad nacional.
En medio de las audiencias del 20 y 21 de febrero en los Tribunales del Reino Unido, el destino de Assange es incierto. Mientras algunos consideran que su eventual extradición sería un golpe devastador a la libertad de prensa, otros lo ven como un riesgo para la seguridad nacional. La balanza entre la transparencia y la seguridad se mantiene en un delicado equilibrio; pero la resolución de este emblemático caso podría tener repercusiones para el futuro de la libertad de prensa a nivel mundial.