Desde inicios de siglo, Perú experimentó cambios políticos que marcaron el ascenso progresista, trascendiendo la presidencia de la república. Buscaron penetrar instituciones del sector educación y justicia para influir con funcionarios y organizaciones privadas.
El proceso se evidencia con la presidencia interina de Valentín Paniagua en el 2000, tras la salida de Alberto Fujimori; coincidiendo con el ascenso de Hugo Chávez en Venezuela, convertido en aliado financiero del Foro de Sao Paulo. El gabinete de Javier Pérez de Cuéllar, exsecretario general de Naciones Unidas, incluyó a miembros de "Izquierda Unida", como Diego García Sayán, Marcial Rubio Correa, Susana Villarán, entre otros, estableciendo bases progresistas en el país.
Diego García-Sayán, ministro de justicia con Paniagua y relaciones exteriores con Toledo, contribuye con esta tendencia. Sus gestiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos –de la que fue juez– y en la Comisión Andina de Juristas (CAJ), presidida por Enrique Bernales –del Partido Comunista Revolucionario (PCR)–, propician el soporte judicial a esta izquierda.
La izquierda “académica” formó organizaciones no gubernamentales como el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Consorcio Justicia Viva. En 2001 se forma la CAJ con Ronald Gamarra como director, miembro de la CVR, vinculada al IDL. Manuel Dammert Ego-Aguirre, Carlos Barnechea Lercari y Rudecindo Vega Zavaleta –luego ministro de Vivienda y Construcción de Toledo–, se enfocan en temas de descentralización.
El control del sistema judicial avanza con procuradores Ad Hoc, fiscales, jueces y colaboración internacional. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), liderada por Salomón Lerner y Enrique Bernales del PCR, propician la condena desproporcionada a miembros de las fuerzas armadas, difundiendo el "antifujimorismo".
Abraham Siles Vallejos, de IDL-Justicia Viva, exfuncionario en el PNUD, trabajó en la Modernización y Reforma del Poder Judicial (1997-1999). Javier Ciurlizza Contreras, jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Justicia en 2001, fue secretario en la CVR y secretario general de la CAJ.
Así, la crisis actual del sistema judicial peruano puede entenderse como consecuencia de la politización de la justicia desde al menos el año 2000. Principios fundamentales del derecho, como la no retroactividad de las leyes, presunción de inocencia y debido proceso, son muchas veces violados, configurando injusticias con acusaciones por corrupción o violación de derechos humanos.
La infiltración neomarxista en las instituciones peruanas, especialmente en el ámbito judicial, ha socavado la integridad del sistema. La manipulación política de la justicia genera una inestabilidad que persiste. Comprender sus raíces es el punto de partida para restaurar la confianza en estas instituciones.
La crisis judicial es también consecuencia de la disolución del Consejo Nacional de la Magistratura, con el referéndum de Martin Vizcarra que crea la Junta Nacional de Justicia convertida en lo mismo. Pero todo comienza con los audios de IDL en el caso de “los cuellos blancos”, presión mediática y apoyo de movimientos de Izquierda. El resultado fue destituir a Magistrados titulares, suplentes que no habían ejercido y 150 empleados despedidos. Se disuelve toda una institución por solo un magistrado acusado, pero Vizcarra sigue libre.
Acusaciones por corrupción hoy parecen ser persecuciones políticas a Keiko Fujimori y Alan García, develando la injerencia de Gustavo Gorriti, quien encabeza las acciones de IDL. secundados por IPYS, organización financiada por la Open Society de Soros y fondos de Odebrecht desde el gobierno de Lula Da Silva. IPYS lista entre sus asociados a Gustavo Gorriti y Diego García Sayán de IDL. Finalmente, todo es un circulo vicioso en el poder judicial que es necesario romper.