Las declaraciones de Jaime Villanueva han erosionado la integridad del Ministerio Público , pero se estarían dejando de lado ciertos actos cuestionables del Poder Judicial, ya que durante el gobierno de Martín Vizcarra permitieron que algunos fiscales cometieran excesos, como el operativo contra Alan García o las tantas prisiones preventivas para determinados políticos. Para analizar esta situación, El Reporte conversó con el prestigioso abogado constitucionalista y penalista Humberto Abanto.
¿El informe final sobre la destitución de los magistrados de la JNJ ha sido aprobado por la Comisión Permanente, usted cree que el Congreso los sacará?
Los números indican que es probable, pues los votos a favor y en contra de la Comisión Permanente representan casi a escala al pleno. Y han sido más de las dos terceras partes de los miembros de la Comisión Permanente que han votado a favor del informe acusatorio.
¿Cómo ve la situación de la JNJ después de la renuncia de Ávila?
Agravó la crisis que ya había comenzado con el procesamiento fulminante y arbitrario a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La revelación de que Ávila estuvo en un trasiego de influencias para favorecer a sus clientes, siendo miembro de la Junta Nacional de Justicia, con el ministro Chero, puso en evidencia que la leyenda creada por un sector ideológico en el país, de que todo esto se hacía para reformar el Poder Judicial y el Ministerio Público, no fue más que un pretexto.
Algunos accesitarios habrían superado la edad de los 75 años, igual que Inés Tello. ¿Qué sucedería en esa situación?
No hay problema. La ley en ese aspecto es previsora. Los accesitarios tienen candidatos en reserva. Si no pueden acceder, se habilita a los que están en reserva para que ocupen su lugar. El cuento que creó el señor Vázquez de que la remoción de los miembros de la JNJ va a significar la paralización de los trabajos de este órgano constitucionalmente autónomo, no es nada más que una exageración, un intento de crear pánico.
Jurista Humberto Abanto niega paralización de la JNJ tras una posible remoción de sus miembros.
De confirmarse las declaraciones de Villanueva, ¿qué cree que le podría esperar a Gorriti?
Para que se confirmen primero tendría que haber una investigación. Para que esta exista tendría que haber un órgano confiable, y para mí no lo existe. El fiscal de la Nación ha demostrado que Villanueva no estaba mintiendo cuando dijo que Gorriti era capaz de extorsionarlo y decirle que nunca iba a ser fiscal de la Nación sin su autorización. Nos dijo que no se ha abierto una investigación contra Gorriti y Pérez porque son no aforados y los no aforados deben ir a otro cuaderno y a otra fiscalía. Sin embargo, en la investigación que abrió lo contradice, ya que está Miguel Girao, asesor fiscal de la Nación, que no es aforado y el fiscal superior Marco Huamán, quien tampoco es aforado. Para que esto salga adelante se debe cambiar a la Junta Nacional de Justicia y se deben reformar el Ministerio Público y el Poder Judicial. Necesitamos reformar al órgano encargado de perseguir el delito en el Perú y en la Constitución. Esta reforma debe ser una reorganización total que provoque la elección de gente que esté dispuesta a cumplir esta tarea con la neutralidad política que exige y que no existe hoy en día.
¿Y cómo reformamos este sistema de justicia?
El Ministerio Público tiene que reconfigurarse porque en su nacimiento cobró un espíritu fascista que entendió la legalidad de una manera equivocada, separada al respeto de los derechos fundamentales de las personas que son investigadas. Y, en cuanto al poder judicial, tuvimos que crear al Tribunal Constitucional porque vimos que la Corte Suprema no se adhería a los valores de la Constitución, y sigue no haciéndolo, por lo que tenemos que llevar adelante una refundación de estos órganos, para que la Corte Suprema de Justicia de la República sea reemplazada por el Supremo Tribunal Nacional de Justicia. El Congreso de la República, a propuesta del presidente de la República, debe elegir a los jueces y fiscales supremos. En segundo lugar, que se mezcle esto con la propuesta de la doctora Gladys Echaíz, pero con una pequeña modificación, que haya una escuela de magistratura, con dos facultades: formar jueces y formar fiscales, sin que se mezclen.
La posible relación entre los fiscales y Gorriti pondría en duda la integridad de los procesos de estos, sobre todo de Pérez, quien se encargó de procesos mediáticos. ¿Cree que entre Pérez y el juez Carhuancho puede haber habido una persecución política contra Keiko?
Tengo la impresión de que hubo un absoluto desborde manifiestamente politizado. Hoy los medios de comunicación, que no son ese coro unánime que existió entre el 2018 y 2020, comienzan a revisar las aseveraciones del Ministerio Público. En el caso de Hernán Garrido Lecca, imputado por Villanueva, Barreto y Colchado, por haber controlado a la Junta Nacional de Justicia para elegir a la señora Benavides, luego a la Junta de Fiscales Supremos para hacerla fiscal de la Nación y, finalmente, a la Junta Nacional de Justicia nuevamente para elegir al señor Fernández Gerí. Todo esto con una sola finalidad: sacar al señor Vela Barba, lo que me parece un nivel delirante de paranoia. O el caso de Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama por haber recibido, supuestamente, lavado dinero de un hombre como Juan Rasmus, quien, según la teoría, se robó a sí mismo y el fruto de ese robo se lo dio a Jaime Yoshiyama para que lo lave en la campaña electoral de Keiko Fujimori. Por eso van a ir a juicio. Lo mismo dicen del señor Dioniso Romero. Cuando uno descubre, en las declaraciones de Villanueva, que había un equipo fiscal que estaba tratando de afectar el proceso electoral usando recursos penales, como cuando el fiscal Pérez presentó la acusación contra Keiko Fujimori el 11 de marzo del 2021, en plena campaña electoral, para presentarla como la jefa de una organización criminal dedicada al lavado de activos y a la corrupción cuando no había sido gobierno. Es muy difícil no creer que ha habido una intromisión fiscal en la política. Que también tiene unos responsables escondidos, que son los jueces. Nada de lo que la fiscalía se propuso hacer podría haberse hecho sin los jueces. Las órdenes de allanamiento, de impedimento de salida, de detención preliminar y de detención preventiva las dicta el Poder Judicial. La mayor parte de jueces, cuando uno mira las resoluciones de allanamiento, consideran que romper la puerta de una casa es una cosa simple. Eso nos demuestra la existencia de una judicatura antidemocrática.
La prisión preventiva fue un arma muy usada en los casos contra políticos durante el gobierno de Vizcarra, ¿Cree que hubo un abuso de poder con el fin de detener a toda costa a ciertos personajes como PPK, Keiko o Alan García?
El caso de Alan García es emblemático, porque se le dicta una detención preliminar porque supuestamente Odebrecht le pagó por una conferencia que dictó para la Federación de Industrias y Empresas de São Paulo, en Brasil, cuando no era presidente, por la suma de $100 000. Dijeron que el delito era lavado de activos. Alan no tenía porqué saber que quien le pagaba eran los fondos que Espino le entregaba por Odebrecht. Nadie explicó eso. Pero el juez hizo una resolución rocambolesca, el doctor Sánchez Balbuena, pues declaró que Alan García había huido de la acción de la justicia en 1991. Parece que Sánchez Balbuena no supo jamás que asaltaron la casa de Alan García el 5 de abril de 1992 y que se le dio el estatus de asilado. Para él eso era fuga. Cuando eso significa, en verdad, que la persona es víctima de una persecución penal ilegítima. Dijo que olvidó además que Alan García había sido procesado en el Senado, y que fue a la justicia ordinaria, la cual en tres resoluciones sucesivas lo liberó de los cargos. No reconoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó un informe defendiendo los derechos de García a la cosa juzgada. Además, nos dijo que García, al pedir asilo a la embajada de Uruguay, presentaba peligro de fuga, lo que expresa un volumen de ignorancia constitucional enorme. Porque el derecho al asilo es un derecho humano. Nosotros firmamos un tratado sobre el derecho de asilo y no hay posibilidad de fuga. Si uno va a la delegación diplomática y queda bajo su custodia, no sale del país. Pero si no amerita el asilo, saldrá de la residencia y se quedará en el territorio peruano. Si se lo dan, quiere decir que hay razones válidas de derecho internacional humanitario para protegerlo de una persecución penal arbitraria ¿Cómo va a ser fuga eso? Este es el problema de tener jueces con un profundo déficit de formación jurídica y de valores democráticos. Nada de lo que ha ocurrido en el Perú habría sido posible sin la complicidad del Poder Judicial.
¿Cómo se fiscaliza a un juez que es mal motivado? ¿Cómo se le sanciona si este actúa fuera del marco de la ley?
En la próxima reforma, tiene que incorporarse un elemento crucial: que el juez y el fiscal se jueguen la piel, que respondan por sus decisiones. No como ahora, que un juez manda a la cárcel a alguien, absurdamente, la sala lo revoca y el juez sigue siendo juez y no le pasa nada. Los jueces deben tener miedo de atropellar los derechos de las personas. Porque el poder es una cosa que tiende al desborde. Por eso se crearon todas estas garantías en la modernidad, porque el poder público es inmenso y puede destruir a un ser humano.
Jueces no serían correctamente sancionados tras errores o excesos según especialista
¿Era indispensable un arresto contra el expresidente Alan García? Los fundamentos del juez Sánchez Balbuena dejan que desear. ¿No fue más un arresto político? Si encontraban que García podría ser un peligro de fuga, ¿por qué detenerlo solo 10 días?
La detención preliminar es una figura no convencional que está en nuestro Código Procesal Penal y que es absurda, porque los jueces fantasean de manera errónea, creyendo que para la detención preliminar se necesita menos que para la prisión preventiva. Pero, en realidad, tiene que pedirle exactamente lo mismo. García tenía un impedimento de salida del país. Pero alegan que hay peligro de fuga. Entonces el juez dictó órdenes inútiles como el impedimento de salida. Luego argumentaron que otras personas se han fugado, entonces es su policía la que no funciona. Además, ¿cuál era la urgencia? ¿Acaso era un caso en curso? La detención preliminar tiene que acomodarse para que solo pueda darse para delitos en curso de ejecución. Pero en el año 2019, tenían que detener a alguien por un acto, que ni siquiera era delito, que se había producido en el 2012. ¿Tenían alguna mínima posibilidad de encontrar algo que incrimine a esa persona de un hecho tan remoto? No, pero los jueces dan la autorización. ¿Por qué? Porque al final se formó una conspiración fiscal-judicial para adormecer a la sociedad con el desfile de presos que iban uno tras otro, creando la sensación de que se hacía justicia. Las prisiones preventivas tienen una relación muy lejana con la justicia.
¿Cuál es la jerarquía de poder, los grupos de poder dentro del Ministerio Público? ¿Un fiscal puede lograr presionar lo suficiente a un juez para que dicte algo a su conveniencia?
Sin duda, porque si cuenta con la complicidad de los medios de comunicación, estos arman esa barra brava y comienzan a gritar, como cuando el César está con el dedo en el aire y piden muerte; entonces el juez va a bajar el dedo, porque si no baja el dedo a él, le van a bajar el dedo a él. Estos espectáculos de populismo fiscal-judicial tienen que terminar.
¿Y usted cree que es factible que los jueces moldeen su voluntad por el miedo a los medios y a la opinión pública?
Todos tenemos miedo a los medios de comunicación y más en el Perú, que me van a disculpar, donde el número de jueces es muy bajo, porque la mayor parte de escritorios de los juzgados están ocupados por empleados del Poder Judicial y no por jueces. Una cosa es un juez que está dispuesto a hacer justicia a cualquier costo y otra cosa es un empleado del Poder Judicial que está cuidando su escritorio a cualquier costo, sea que haga o no justicia. (Franco Consoli).