La ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, fue captada nadando sin preocupaciones en una lujosa casa de playa en Lurín, mientras que la Fiscalía está abriendo constantes investigaciones a políticos y personajes públicos por presuntos actos de corrupción y allana casas de sus colaboradores, como ocurrió con Carlos Juscamaita la semana pasada por el presunto delito de lavado de activos y recepción de coimas.
Susana Villarán disfruta de la piscina con total impunidad en un supuesto “arresto domiciliario” (Captura Panorama).
Un reportaje difundido en el programa Panorama informó que la Fiscalía presume que Juscamaita fue uno de los colectores de dinero para la campaña del “No a la Revocatoria”, para la cual se habrían recibido coimas de las constructoras OAS y la brasileña Odebrecht.
Por esas razones, la ex burgomaestre de izquierda fue condenada en 2019 a una prisión preventiva, pero en mayo de 2020 la justicia peruana la pasó al arresto domiciliario debido a que era parte de la “población de riesgo” durante la pandemia por el COVID-19.
Entonces ¿qué sucede con las imágenes en la piscina?
Resulta que Panorama reveló que Villarán vive en un lujoso edificio de cinco pisos frente al mar que está a nombre de su hermano, ubicado en la calle Islas Ballenas, manzana 1-27, Lote 3, en Lurín. Por el registro del predio, no se le pueden aplicar intervenciones o allanamientos. Además, ella dió como dirección para su arresto domiciliario el departamento 302 y, como dato curioso, el edificio de su hermano fue multado en el año 2017 por haber construido cinco pisos en lugar de los tres permitidos.
El edificio de lujo donde Villarán disfruta viviendo con piscina frente al mar (Captura Panorama).
Sin duda esas razones no son impedimento para que la ex alcaldesa de Lima disfrute de una impunidad en una piscina frente al mar.
Preguntado por Panorama sobre el caso Villarán, el especialista en derecho penal, Luis Lamas Puccio, indicó que “es el símbolo de la impunidad. No le pasa nada. Es un caso emblemático que pone en evidencia cómo la justicia en el Perú no es igual para todos”.
También expresó su indignación por esta situación, ya que “mientras que a un sujeto por robar un celular lo meten por 25 o 30 años en una cárcel como Piedras Gordas y estos personajes emblemáticos de la impunidad y la corrupción están libres en su casa disfrutando de la vida”.
Pasado impune
La que se presentó como una candidata inmaculada y preocupada por los programas sociales, defensora de causas progresistas, representante de una izquierda moderna, abogada de la mejora del transporte y como la primera mujer que podría convertirse en la burgomaestre de la capital peruana, resultó ser una más de las políticas involucrada e investigada por presuntos delitos de corrupción vinculados a la controvertida empresa brasileña Odebrecht.
En enero del año 2013, en una reunión secreta, la Municipalidad de Lima habría firmado un contrato con Odebrecht para otorgarles durante 30 años la concesión de los peajes de Lima, proyecto que se conoce como “Rutas de Lima”, a cambio de una suma para financiar la campaña del “No a la Revocatoria”, con la que Villarán consiguió el 51.2% de los votos, según hipótesis fiscal. Respecto a OAS, la ex alcaldesa les otorgó la concesión de los peajes de la Línea Amarilla-Parque Rímac por 40 años.
Recordemos que durante ese vergonzoso teatro participaron personajes públicos como Mónica Sánchez, Jason Day, Kina Malpartida y Susana Baca, quienes aparecieron en carteles desplegados por la ciudad con frases alusivas a la justicia y a la exclusión, que en ese momento ignorábamos que eran cortesía de Odebrecht y OAS.
Las razones de los promotores de la revocatoria, liderada por el dueño del Instituto Peruano de Administración Municipal, Marco Tulio Gutiérrez, fueron la gestión ineficiente de la entonces alcaldesa, así como la falta de obras y la contratación de sus amigos para trabajar en la municipalidad.
A inicios de 2014, Villarán habría firmado una adenda al acuerdo inicial con la que se alzó la tarifa de los peajes concesionados a Odebrecht. Medida que sin duda afectó a TODOS (palabra que a la alcaldesa le encantaba incluir en sus lemas progresistas) los limeños y transportistas interprovinciales, pues deben pagar alrededor de S/.7.50 cada vez que atraviesan por uno de ellos. La coima por los peajes fue confirmada por el dueño de Rutas de Lima, Jorge Barata.
Tarifas de los peajes según el sitio web de Rutas de Lima.
Según expertos en el tema, se invirtió $259 millones en Rutas de Lima, mientras que los ingresos ascienden a $1245 millones. En el año 2017, ella confesó que lo hizo para impedir que la mafia política se apoderara de la Municipalidad de Lima”. Parece que la preocupación de Villarán por “la mafia” tenía millones de razones.
En el año 2019, la ex burgomaestre enfrentó las consecuencias (parciales) de sus actos pues el Poder Judicial dictó una sentencia de 18 meses de prisión preventiva en su contra por las coimas de más de $6 millones de OAS y Odebrecht para la campaña contra la revocatoria. Además, OAS le habría entregado otros 4 millones de dólares para su campaña de reelección en el año 2014, en la que perdió (felizmente).
Además de la prisión preventiva, que actualmente se ha convertido en un “arresto domiciliario” de lujo, la Fiscalía ha solicitado una pena de 29 años de cárcel, aunque el tema ha quedado sumergido en las profundas aguas de la impunidad y el doble rasero.
Si se hubiera tratado de un político como Alberto Fujimori, sin duda la izquierda y los caviares habrían desatado un escándalo y las piscinas frente al mar se convertirían en una vergüenza. Lamentablemente, quizás a la justicia peruana no le importa que una ex alcaldesa acusada de corrupción se bañe en una piscina de lujo mientras que los limeños tienen que pagar altas cifras por los peajes, algo que seguramente no les agrada.
¿Parece que no hay impunidad para TODOS verdad?