El informe de OptionsLab sobre el escenario político peruano muestra una pugna tripartita entre el Ejecutivo, Legislativo e Instituciones Judiciales con altos niveles de complejidad e incertidumbre. Factores económicos, inseguridad y una dinámica política con partidos emergentes demuestran la inestabilidad del país.
Los desafíos globales y regionales, recesión mundial de la democracia, tensiones geopolíticas y desaceleración afectan la continuidad política y económica en nuestro país. La desconexión ciudadana y la debilidad institucional interna agravan esta coyuntura.
En la dinámica de poderes, Dina Boluarte muestra la menor aprobación de los últimos períodos, gobierno caracterizado por la ausencia de voluntad –o capacidad– para resolver urgentes problemas generando un retroceso de 0.5% del PBI, menos inversión, pobreza, inseguridad, sumadas a la desconfianza en las instituciones públicas.
Pero el gobierno se concentra en su política ofensiva para mantenerse en el poder hasta 2026, evitando conflictos directos con el Congreso, direccionándolos hacia las Instituciones Judiciales. Las recientes pugnas indican un cambio en la dinámica que puede poner en riesgo la permanencia del gobierno.
La Coalición de Boluarte con el ex primer ministro Alberto Otárola buscaba equilibrar su poder con el Legislativo –acumulando capital político–, situación alterada con la renuncia de Otárola; sin conocer las estrategias del nuevo Premier.
Los cambios en las formaciones del Congreso, liderado por la coalición conservadora muestra resquebrajamientos. La cohesión parlamentaria se vuelve un factor crítico ante la división ideológica y votaciones con tensiones internas –y signos de favoritismos– que afectan la estabilidad.
La lucha entre la coalición conservadora y la facción progresista/caviar representa el centro del conflicto. La creatividad jurídica como protagonista genera escenarios y herramientas poco claras. Actores visibles como IDL, con Gustavo Gorriti en la mira, demuestran la lucha del sector caviar para conservar la hegemonía en el poder judicial. Para mantener el statu quo y poder, centran el conflicto en la JNJ y Patricia Benavides, judicializando la política.
La Coalición Conservadora y la progresista necesitan consolidar las instituciones que controlan, evitando nuevos partidos en el panorama electoral, asegurando su reelección con Iniciativas legislativas que limiten los ingresos. Pero la aparición acelerada de nuevos partidos con 24 contendores registrados hasta la fecha preocupa a la población por la dispersión de votos y estabilidad del sistema político.
A ello sumamos la mala gestión gubernamental que sigue deteriorando la confianza empresarial, propiciando una recesión económica que afecta la estabilidad política y la capacidad de Boluarte para lograr apoyo. Esta ineficiencia estatal y falta de medidas contra la criminalidad genera el aumento en la inseguridad, situación que afecta la percepción pública y estabilidad social. El aumento de la inseguridad contribuye al crecimiento del “Perú Informal”, capitalismo de las mafias en diversos sectores, disminuyendo la recaudación, con mayor presencia de esa delincuencia que impiden la gobernabilidad.
La pugna tripartita entre poderes, caracterizado por la corrupción, falta de preparación y egoísmo de los representantes, socava la separación de poderes, amenazando la estabilidad del país. Este panorama, marcado por la indiferencia hacia los sectores más necesitados, fomenta la informalidad, delincuencia e inseguridad. La desconfianza en las instituciones democráticas crea un círculo vicioso.
La interacción entre coaliciones, incertidumbre procedimental y falta de herramientas claras plantea escenarios difíciles de prever, afectando sectores que siguen marginados. A medida que la crisis política institucional se acrecienta, la economía enfrenta retrocesos y la estabilidad del país pende de un hilo. Perú enfrenta un momento crítico donde solo decisiones acertadas, evitando enfrentamientos entre actores clave harán posible mejorar el rumbo futuro.