El Congreso plantea reformar el Ministerio Público, mientras se generan más y más dudas sobre si de verdad el sistema de justicia peruano funciona. Ante esta incertidumbre, El Reporte se comunicó con el ex presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, para analizar la viabilidad de una reforma del sistema de justicia, así como de algunas leyes que obstaculizan el desarrollo de la democracia en el país.
Usted señaló que el proyecto de ley de reformar del Ministerio Público sería inconstitucional. ¿Por qué?
No es tan así. El Congreso sí puede reformar la Constitución, pero el Congreso, ya con el antecedente de Vizcarra y de la destrucción del CNM, no debería destruir el Ministerio Público de plano porque es cierto que el Ministerio Público en general tiene una actuación negativa para el Estado de Derecho porque está infiltrado por diversos grupos políticos e ideológicos. Pero intervenir al Ministerio Público es seguir el camino empleado por Vizcarra, y ese camino no es institucional. Por lo tanto, podría ser catalogado como inconstitucional por el propio Tribunal si es que llegara una demanda. Lo ideal, a mi juicio, es ir honestamente a una reforma integral de la Administración de Justicia que no ataque los síntomas, que no sea coyuntural, sino que aprovechando esta crisis tremenda, esta politización de la Justicia, ir a una verdadera reforma que intente separar la Justicia de la Política.
¿Y cómo se podría realizar acá una reforma de ese tipo?
Siguiendo la estela del proyecto representado por Renovación Popular, por ejemplo, para la instauración de una verdadera Escuela de la Magistratura y elimine las ratificaciones por parte de la política de los jueces y fiscales; yo diría fortalecer esa nueva Escuela de la Magistratura y darle al Consejo de Coordinación que crea un nuevo nombre, y una atribución mayor, una especie de Consejo Superior de Magistratura al estilo europeo, en el cual la mayoría de miembros de ese Consejo, fuese elegida por sufragio universal y secreta por todos los jueces y fiscales del Perú, titulares. De esa manera separaríamos la carrera judicial de la influencia de la política, porque entre los integrantes de la judicatura, tendrían que solucionar sus problemas.
Eso sería también confiar en la lealtad de los propios jueces en un sufragio así.
Hemos intentado todo en el Perú, salvo eso. Hemos intentado elegir a través del sistema de ternas como en Estados Unidos, pero no fue del todo positivo. Hemos intentado el Consejo de la Magistratura, integrado por concurso público por ángeles, que estaba por encima del bien y del mal. Los concursos públicos en nuestro país son irrisorios y están diseñados para beneficiar a una persona o a una empresa. Por tanto, quien hizo las preguntas no es otra persona que un profesor que benefició a su ex decano dándole las preguntas, y ahora esa persona, ese profesor que hizo las preguntas, es el Secretario General de la Junta. Es obvio que el sistema de concursos públicos, de ratificar y de evaluar a los jueces y fiscales con un órgano separado de la Judicatura no funciona. La solución que propongo es una tercera vía, es entregarles la carrera judicial a los jueces, y eso sí ha resultado en el Perú. Hay evidencia tanto en la carrera diplomática como en las Fuerzas Armadas, donde se ha entregado la línea de carrera, los ascensos, los nombramientos y las sanciones, a los propios componentes de su carrera. Eso es lo poco prestigioso que hay en el Estado peruano.
¿Cree que el Ministerio Público y el Poder Judicial han perdido legitimidad?
Sí, es duro, pero recordemos que hace unos pocos años se supo que una ONG (IDL) había logrado que un fiscal solicitara a un juez incorporar los teléfonos privados de los jueces supremos titulares en una investigación falsa. Una investigación de una banda de narcotraficantes que no tenía nada que ver con la Corte Suprema. Todos los audios los tiene esa ONG. Por tanto, tiene la capacidad de amedrentar y de levantar cargos, muchas veces ficticios y sobredimensionados, sobre muchísimas personas. Si eso lo hizo con los jueces supremos titulares, ¿qué cosa no habrá hecho con los fiscales superiores, por entonces, fiscales supremos hoy en día? No podemos confiar, mientras exista un poder oculto en la Judicatura, en las instituciones que manejan la justicia en el Perú.
¿Cree que hubo una persecución política contra Keiko, PPK, Alan?
Desde el primer momento, una minoría de peruanos lo difundimos y al cabo de varios años se ha demostrado que nuestra sospecha era cierta. Hay evidencias, testimonios de personas que estuvieron dentro, que formaron parte de la persecución, diciendo de que ésta sí existió y dando detalles minuciosos sobre esta intención, esta estrategia de dominar a los adversarios políticos mediante una maquinaria demoledora donde el ministerio público y el poder judicial eran parte activa.
¿Cree entonces que se debe cambiar la normativa de la prisión preliminar?
No del todo. La presión preliminar es fundamental para todos los delitos con violencia. No se puede, como es ahora, aplicar a los adversarios políticos, pero a los asaltantes con armas, que amedrentan, secuestradores, extorsionadores, se les libera a los dos días. Entonces, para los delitos violentos, que son los que precisamente afligen a los ciudadanos, sí debe existir una detención preliminar y todas las garantías para que el ciudadano no encuentre al delincuente nuevamente en la calle.
Un 63% de los peruanos creen que la inseguridad ciudadana empeoró en los últimos meses. ¿Cómo podemos combatir esta situación? Nuestra Constitución no nos permitiría ejecutar un plan Bukele, pero ¿habría alguna vía en el medio?
El plan Bukele no es otra cosa que una reacción racional y proporcional de un Estado amenazado por los Maras o tribus violentas. No puede ser aplicado tal cual en el Perú. No hay ese nivel de organización criminal tan sofisticado y tan masivo que hubo en El Salvador. Sin embargo, esto no es únicamente un tema del Ministro del Interior. Desde el momento en que hay dos códigos, penal y procesal penal elaborados por los abogados de los delincuentes, es que estamos mal. Existen más de 40 tipos de audiencia hoy en día para evitar la sentencia a un delincuente, todos ideados por los mejores abogados litigantes que defienden a los delincuentes todos los días y que fueron los autores de los códigos. Hay que establecer una nueva normatividad que dentro del ámbito constitucional tenga como finalidad, proteger al ciudadano y no proteger al delincuente. Además tenemos que aligerar la carga que tiene la policía por establecer informes policiales impolutos. Prácticamente el policía tiene que ser un literato experto en criminología,que hace el informe. Sin mencionar que necesita la firma apresurada de un fiscal que va por mandato del Código Procesal firmando informes y que por supuesto comete errores y ante ello el abogado penalista va a evitar que se valide esa investigación y por tanto el delincuente queda libre. Este es el drama que a diario viven policías, fiscales y jueces. Ha llegado un momento en que en este país es prácticamente imposible sentenciar a un delincuente. Nuestra normativa procesal penal favorece a los criminales.
La Fiscalía iniciará diligencias contra Antauro Humala, por supuestas acciones antidemocráticas ¿Cómo ve esto? ¿Qué opina de que el JNE haya permitido la inscripción del partido de siglas Antauro?
Hay dos temas. Uno, Antauro nos puede producir temor porque su ideología es extremista y sumamente peligrosa para nuestro país. Pero tampoco podemos penalizar la agitación o el discurso político extremista. Por otro lado, permitir la inscripción de partidos políticos extremistas, es sumamente peligroso y allí sí era necesaria una interpretación, obviamente en materia electoral, del máximo órgano de justicia electoral. No es posible que nos digan como si fuese una ventanilla de reclamos de un Ministerio que simplemente estaban atados de manos porque debían cumplir la norma. Para eso justamente existe un jurado. Corresponde ahora al Congreso aprobar una ley por la cual toda persona que haya sido condenada por delitos violentos no pueda participar de ninguna candidatura, de ningún cargo público por elección y cualquier agrupación que reivindique la violencia.
Si Antauro dijo que lo mejor que ha hecho la izquierda en el país es Sendero Luminoso…
Eso ya es un indicio. Él fue condenado por la muerte de cuatro policías. Es un hecho de violencia política. Por tanto, esta persona no puede postular a un cargo público así, como un maestro de escuela que ha sido condenado por pederasta, no puede regresar al aula escolar, por más que haya cumplido una pena. No podemos ser tontos frente a un delincuente que no solamente proclama la creencia en la violencia política como un medio válido, legítimo para alcanzar el poder, sino ante organismos del Estado que, de manera insensible, aplican un texto legal sin interpretación alguna.
¿Qué más se puede necesitar, aparte de estas palabras, para calificar a alguien de antidemocrático e inhabilitar si no es una reivindicación a Sendero Luminoso?
Es como que en Alemania alguien hable bien de Hitler y presente su candidatura. O en Italia alguien hable a favor de Mussolini. Eso tendría que ser penalizado con la pérdida del derecho de la participación política. Los derechos no son absolutos. Si yo proclamo las ventajas de la violencia política y de matar a los adversarios para alcanzar el poder, pierdo el derecho a la participación política. La democracia, el Estado de Derecho, la patria misma, la vida nuestra propiedad, son sujetos de defensa. El Código Penal nos habilita a defender nuestra vida ejerciendo violencia como defensa propia. Por tanto, ante un hecho, ante una amenaza política, la democracia debe y tiene que defenderse.
¿Cree que las cárceles en el Perú permiten la resocialización?
El hecho de que la finalidad de la pena era exclusivamente la resocialización, es una verdad a medias. El objeto de la pena, hoy en día, es, por cierto, la rehabilitación del delincuente, pero también es el permitir que dentro de la sociedad, no vivan personas que atentan contra la vida, la salud y la propiedad de los miembros de la comunidad. Porque eso es lo lógico. En esa lógica, se necesita que la pena sea cumplida en lugares donde por lo menos en un 50% los internos sentenciados puedan tener la posibilidad de ser rehabilitados. Tenemos que repensar nuestro derecho penal en su integridad para alcanzar precisamente el valor principal: el ciudadano caminando con seguridad en la calle. Eso solamente lo vamos a lograr cuando tengamos granjas agrícolas donde el delincuente habitual pueda encontrarse a sí mismo con su humanidad trabajando la tierra, cultivando, desarrollando ganadería en beneficio de su propia comunidad penal.
Salas Arenas ha enviado un oficio a la sala de acusaciones constitucionales para que se inhiban de tramitar la denuncia presentada en su contra. ¿Cómo puede darse este intento de injerencia por parte de funcionarios públicos?
Es que hay personas que se sienten sumamente seguras y protegidas. Pero es lamentable que los asesores le hayan indicado eso. No hay que ser un PhD en Derecho para darse cuenta de que los procedimientos y los principios jurídicos varían de acuerdo a las situaciones y a los agentes. Una es el debido proceso en sede parlamentaria y otra es el debido proceso en sede judicial. Imagínense, según Salas Arenas, no podríamos votar por la acusación constitucional de un parlamentario si es que hemos hablado anteriormente en contra de la corrupción y en contra del funcionario. Por tanto, si se tratase de una personalidad notoriamente corrupta como un expresidente, más de la mitad de los parlamentarios no podrían participar en su acusación constitucional.
Solo el 43% de los peruanos cree que la democracia es la mejor forma de gobierno, según Ipsos. ¿Cree que la complejidad en las leyes penales y electorales han deteriorado la imagen de la democracia?
El Estado de Derecho es valorado en tanto yo lo comprenda como ciudadano y me sirva. Si el alcalde arbitrariamente cierra mi bodega y me puedo defender con una demanda de amparo y el juez me permite abrir mi bodega, yo voy a creer en el Estado de Derecho. Pero si la maraña judicial hace que mi caso dure años, yo no voy a creer en el Estado de Derecho. Si los delincuentes amenazan mi negocio, tengo que pagar cupos, asaltan a mis hijos y nadie hace nada ¿Por qué voy a creer en la democracia? ¿Para qué me sirve?