Aunque parezca increíble, el Perú sigue existiendo después que el Congreso sancionó a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La mafia caviar había pronosticado catástrofes de proporciones terroríficas si eso ocurría.
La democracia perecería, el Perú se convertiría en un paria internacional, el próximo proceso electoral sería amañado, etc. Esos eran algunos de los pronósticos menos apocalípticos de la prensa y los voceros caviares.
Todo era mentira, por supuesto. Los dos separados serán reemplazados por los suplentes que, como se sabe, fueron designados por la misma comisión que eligió a los titulares y tienen similar orientación.
El Congreso cumplió con su función sancionando una grosera violación de la legalidad cometida por Inés Tello y avalada por los otros miembros de la JNJ que, si se respetaba la Constitución, también deberían haber sido inhabilitados. (Ver mi artículo “Violar la Constitución no es una falta grave”, Expreso, 25/9/23). Pero no todos los parlamentarios estuvieron de acuerdo, por diversas razones.
De manera inaudita, Tello, la causante de todo el conflicto, se negó a aceptar la decisión del Congreso, pretendiendo de esta manera generar otra crisis y arrastrar nuevamente a las instituciones a un enfrentamiento desgastante.
Una muestra más del corrosivo comportamiento de la mafia caviar que, sobre todo desde 2018 cuando constituyó la coalición vizcarrista con el corrupto Lagarto, ha minado sistemáticamente la débil institucionalidad y utilizado ilegítimamente todos los puestos de poder que ocuparon para perseguir a sus adversarios y proteger a sus aliados y amigos.
El caso de Tello es paradigmático. Ellos la guarecieron porque era de su gavilla, a pesar de la manifiesta ilegalidad de su permanencia en la JNJ. En el caso de Marco Tulio Falconí, que no era de su panaca, actuaron a la inversa. Lo excluyeron ilícitamente de la JNJ, hasta que recientemente el Tribunal Constitucional le dio la razón y ordenó su incorporación.
Un dato interesante, es el que algunos congresistas del bloque democrático denunciamos el jueves pasado cuando se discutía la situación de la JNJ. Varios asesores de Palacio de Gobierno y de la Presidencia del Consejo de Ministros hacían lobby en una sala adjunta al hemiciclo a favor de la JNJ, ofreciendo quién sabe qué prebendas a cambio de votos.
Esta grosera intromisión del Gobierno deberá ser respondida por el nuevo PCM, Gustavo Adrianzén, cuando se presente ante el Congreso.
A propósito de su comparecencia, se ha instalado la falsa idea que el Congreso no puede, eventualmente, censurar un gabinete ministerial o rechazar una cuestión de confianza por temor a que, si eso ocurriera dos veces, el Gobierno disolvería el Congreso y convocaría a nuevas elecciones.
Eso es posible legalmente, pero políticamente inviable. Si Dina Boluarte hiciera eso, el nuevo Congreso sería elegido en una competencia feroz entre los que reclaman desaforadamente derrocar, encarcelar o fusilar a la presidente. Es decir, no duraría mucho con un nuevo Parlamento.
Por supuesto, eso no debe llevar al Congreso a actuar irresponsablemente.