Andrés Manuel López Obrador es un político de larga trayectoria con rasgos autoritarios, que desde el ejercicio de la presidencia de México se ha propuesto intervenir en asuntos internos de otros países de manera deliberada. López Obrador militó en el PRI, partido hegemónico forjado años después de la promulgación de la Constitución de Querétaro de 1917, que representó un hito constitucional en América Latina al incorporar en su texto los grandes logros sociales de la Revolución Mexicana, gestada contra la reelección indefinida de Porfirio Díaz y con un programa agrarista y antiimperialista.
El PRI, como heredero político de la Revolución Mexicana, se mantuvo en el poder desde 1929 hasta el 2000. "Sufragio efectivo y no reelección" fue el grito de 1910, que se ha cumplido en el tiempo. López Obrador se apartó del PRI, se incorporó al PRD y posteriormente formó MORENA, demostrando habilidades políticas reñidas con las lealtades partidarias y mostrándose siempre como un político ávido de poder. López Obrador, ya como presidente, lidera una política exterior con un claro sesgo ideológico, que no ha dudado en invocar la "Doctrina Estrada" para no intervenir en la crisis política venezolana durante el gobierno de Nicolás Maduro, señalando reiteradas veces que México debe abstenerse de emitir un voto en contra de un gobierno latinoamericano, sin importarle la abierta violación a los Derechos Humanos, el fraude electoral y la grave crisis humanitaria surgida como consecuencia de la quiebra económica de la otrora próspera Venezuela.
La cercanía política del presidente López Obrador al eje conformado por Cuba, Venezuela y Nicaragua ha sido evidente; sintiéndose un líder latinoamericano que da lecciones de ética y política. Andrés Manuel López Obrador, ante el cuestionado liderazgo de Lula en el Foro de Sao Paulo, en el contexto del escándalo derivado del caso Lava Jato y luego de la muerte de Hugo Chávez (2013) y de Fidel Castro (2016), impulsó la formación del llamado "Grupo de Puebla" como expresión política continental. Si Fidel Castro promovió las guerrillas en toda la región en el pasado, si Hugo Chávez utilizó los ingentes recursos de la industria petrolera en manos de la estatal PDVSA durante sus sucesivos gobiernos, es claro que AMLO pretende ejercer liderazgo continental poniendo en práctica un discurso en defensa de gobiernos autoritarios o supuestamente progresistas.
El gobierno de López Obrador no tiene como eje de su política exterior la no injerencia en asuntos internos de otros Estados; por el contrario, el presidente mexicano está logrando que su gobierno se convierta en un aliado de la impunidad, permitiendo que sus legaciones diplomáticas en el mundo sirvan de refugio para que sentenciados por la justicia ordinaria de Estados soberanos eludan el cumplimiento de mandatos judiciales.
México no ha condenado ninguna tiranía latinoamericana, no se ha pronunciado contra las violaciones de derechos humanos en Cuba o contra el impedimento para que María Corina Machado postule a la presidencia de Venezuela. López Obrador concedió asilo a Evo Morales en el 2019, permitiendo que el ex presidente boliviano viole todas las reglas del asilo, aprovechando la protección del gobierno mexicano para realizar proselitismo político con el propósito de retomar el poder. Evo Morales estuvo en México, luego en Buenos Aires protegido por Alberto Fernández y desde ese punto dirigió la campaña electoral del MAS en el 2020. Durante el gobierno de Pedro Castillo en el Perú, desde sus largas y tediosas conferencias de prensa matutinas, más de una vez se permitió intervenir en asuntos internos del Perú, señalando que el presidente peruano era víctima de racismo y exclusión por parte de los grupos de poder. López Obrador no dudó en otorgarle asilo político al golpista Pedro Castillo, la mañana del 7 de diciembre de 2022, propósito que no se consumó porque oportunamente el Congreso peruano aprobó la vacancia presidencial, la Fiscalía de la Nación solicitó y el Poder Judicial ordenó la detención de Pedro Castillo.
Si López Obrador avaló el fraude electoral en Bolivia perpetrado por el gobierno de Evo Morales en el 2019, tiempo después de inmediato concedió asilo al golpista Pedro Castillo.
López Obrador no es un demócrata. En la OEA, su representante ha preferido abstenerse en votaciones decisivas que pudieron cambiar la suerte de Venezuela, cuando Juan Guaidó fue reconocido como Jefe de Estado por más de 50 gobiernos del mundo. Hoy, López Obrador levanta su voz de protesta ante la comunidad internacional, anunciando que demandará al gobierno de Ecuador ante tribunales internacionales por haber violado el gobierno del presidente Noboa la soberanía territorial mexicana.
Es verdad que el mundo ha sido testigo como tropas especiales del Ecuador irrumpieron en la sede de la embajada mexicana en Quito, para detener a Jorge Glas ex vicepresidente del Ecuador. Las imágenes son elocuentes, sin embargo, hay que precisar que Jorge Glas no es un perseguido político, fue oportunamente sentenciado por tribunales ordinarios del Ecuador como parte de un proceso judicial incurso en el caso Lava Jato, que ha marcado la política latinoamericana en la última década.
El gobierno del Ecuador y el de México, desde hace varios meses, sostenían conversaciones para dar solución a un impasse surgido luego de que el sentenciado Glas ingresara a la sede diplomática y fuera admitido con cargo a que el gobierno de México evaluara la solicitud de asilo. La decisión del gobierno del presidente Noboa se dio cuando las relaciones entre ambos países se encontraban en una fase crítica, luego de que el presidente López Obrador tuviera expresiones inapropiadas en relación al asesinato del ex candidato Villavicencio ocurrido en agosto de 2023 (a pocos días de las elecciones).
La derrota de la candidata del correísmo frente a Noboa parecía dar inicio a un breve gobierno que culminaría el período presidencial iniciado en el 2021; sin embargo, ha sido todo lo contrario. Ecuador hoy se ve envuelto en una grave crisis de seguridad, agravada por la presencia de bandas del crimen organizado, con presencia en ciudades como Guayaquil y Quito. El narcotráfico internacional y los cárteles de la droga han convertido a Ecuador en un territorio de paso para el acopio y embarque de la droga con destino al norte.
La crisis diplomática entre Ecuador y México va más allá del caso surgido por el arresto del ex vicepresidente correísta; en mi concepto, es un suceso que debe ser observado no solo como un grave incidente diplomático, sino como la reacción de un gobierno liderado por un joven presidente como Noboa, que opta por la "supuesta violación de los tratados y convenciones internacionales", para preservar el cumplimiento de los mandatos judiciales en su país. El derecho de asilo siempre ha tenido excepciones, se ha concedido siempre a perseguidos políticos, a políticos incriminados por cargos judiciales alentados por gobiernos de facto o dictaduras militares o civiles. El gobierno del Ecuador no es una dictadura, ni una tiranía latinoamericana; por el contrario, tribunales ordinarios lo han investigado, procesado y sentenciado siguiendo el debido proceso; más aún, la sentencia judicial se encuentra consentida y ejecutoriada. Todos estos antecedentes debieron ser suficientes para que el gobierno de López Obrador no concediera asilo al ex vicepresidente Glas.
Ante un hecho de esta naturaleza (que sí tiene precedentes) si recordamos la irrupción de la policía cubana en la sede de la embajada ecuatoriana en Cuba (1981) para detener a ciudadanos cubanos solicitantes de asilo. Creo que es válido preguntarnos a cuántos ciudadanos cubanos, venezolanos y nicaragüenses ha concedido asilo el gobierno de México durante el gobierno de López Obrador.
Es evidente que el presidente mexicano dirige la política exterior de su país mostrando inconsistencias y un doble discurso ideologizado. El gobierno del Ecuador está amenazado por el crimen organizado, financiado por el narcotráfico internacional y parece que cada vez más se acerca a poner en práctica "soluciones radicales" para resolver las sucesivas crisis que tiene que afrontar. Ecuador tiene una economía dolarizada, apoyada en la exportación del petróleo y una población menor incluso que la de Chile.
Durante los gobiernos que presidió Rafael Correa, la alianza política entre Ecuador y Venezuela se enmarcó como parte del accionar de los gobiernos adscritos al "socialismo del siglo XXI". Hoy, Rafael Correa reside en Bélgica, no puede regresar a Ecuador y desde la tribuna del Parlamento Europeo no duda en condenar al gobierno del presidente Noboa. Por su parte, López Obrador está utilizando el "caso Glas" como arma de propaganda política en plena campaña electoral en México. El próximo 2 de junio se realizarán elecciones generales en México, en un contexto de cada vez mayor polarización política. López Obrador espera que la candidata de MORENA logre imponerse ante la candidata de la oposición respaldada por el PAN, el PRI y el PRD.
López Obrador es un activista político por vocación, con rasgos autoritarios, que ha convertido a MORENA no en un movimiento o partido institucionalizado, sino en un partido al servicio de su proyecto personal. Si el PRI se mantuvo en el poder por más de setenta años, nunca respondió a una sola persona; hoy, por el contrario, MORENA está en manos de un caudillo personalista.
México comparte una enorme frontera con Estados Unidos y sus lazos comerciales con América Latina han aumentado en los últimos lustros. No se puede soslayar que el narcotráfico y los cárteles de la droga han erosionado la política mexicana y que el propio López Obrador incluso llegó a interesarse por la "condición carcelaria" del "Chapo" Guzmán. América Latina tiene que insertarse mejor en la economía internacional, poner fin a las tiranías y el derecho de asilo debe ser preservado, sin convertirlo en un instrumento al servicio de la impunidad.