Durante los últimos años la Contraloría General de la República – CGR ha presentado varios proyectos de ley, algunos de los cuales han sido favorecidos con su promulgación, por los cuales se incrementan las facultades, se ajustan los regímenes sancionatorios, se califican infracciones administrativas, entre muchos otros temas.
La motivación ha sido, usualmente, la misma, la persecución a la corrupción, el castigo a funcionarios públicos y la represión a las denominadas desviaciones.
Tales temas tienen enormes aceptaciones en la población y en las autoridades, a nadie se le ocurriría, en nuestro país, discutir que la corrupción es uno de los grandes males de nuestra administración pública.
La CGR, por otro lado, publica sesudos análisis sobre obras públicas paralizadas, contratos que no llegaron a su fin, modificaciones contractuales que no se suscribieron gracias a su operación eficaz entre otras variables que destacan.
Sin embargo, los análisis costo-beneficio de cada una de esas normas no nos enseñan, la enorme cantidad de profesionales que le huyen a la administración pública, que no la ven como opción porque saben que se trata de una actividad a la vez arriesgada y anquilosante.
Sucede lo mismo con las empresas, recientes análisis realizados por el Congreso de la República, a propósito de la fundamentación de la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado, han mostrado que en el año 2022 del 100% de los proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores del OSCE sólo el 2.2% ha realizado una transacción con el Estado.
Solo ese número nos da cuenta de un hecho objetivo, contratar con el Estado no le resulta atractivo al sector privado, las razones son múltiples, pero el lugar común para ello es el conjunto inconmensurable de reglas y controles a los que está sometida la decisión pública.
El funcionario público se ha convertido en un ente temeroso de decidir, de ejecutar y, como resultado de ello los contratos no se ejecutan, los servicios no se prestan, las licitaciones no se publican.
La CGR debería hacer su responsabilidad en este punto, jamás he leído, puedo estarme equivocando, un ranking de buenas prácticas publicado por el sistema nacional de control, una premiación a entidades que lograron sortear las vallas de burocracia y que prestan sus servicios a pesar de ellas.
La CGR no ha hecho los estudios de cuánto nos cuesta a los peruanos el detenimiento en la ejecución de las funciones y servicios públicos por el temor de sus servidores. Hace falta un análisis del perjuicio de la sobre regulación sancionatoria.
Es imprescindible detener las nuevas intenciones para involucrar también a las empresas privadas en las responsabilidades administrativas, salvo que se desee que el 2.2 % del año 2022 se reduzca a cero; confiemos que alguna autoridad conociendo el impacto podrá evitarlo.