Imagino que más de un lector preocupado por el deterioro patrio ha leído en más de un chat la pregunta “¿Qué hacemos?” O “¿Qué sugieres?”. O, peor aún, la invitación “Alguien de esa chat lanzase y postule”, con la desvergonzada exclusión del autor en el contenido del universo “alguien”.
Cae de madura la pregunta, ¿Por qué muy pocas entre las personas capacitadas de comportamiento decente se animan a saltar al ruedo de una campaña política?
Es necesario entender que en política nada es casual ni espontáneo, tampoco lo es la pérdida de atractividad de la función pública.
La democracia representativa surge como una forma de contrapesar el poder del dinero en el gobierno en la toma de decisiones.
Históricamente, toda forma de gobierno ha predominado sólo hasta que aquellos a cuyos intereses no les conviene encuentran la forma de destruirla. Son notorios los casos de destrucción por invasión violenta, pero son más numerosos los casos de destrucción desde dentro.
Por ejemplo, nos han vendido el simpático concepto “sociedad civil” cuando en realidad se trata de un conglomerado de organizaciones no gubernamentales (ONG o NGO según el idioma) al servicio de los intereses de sus principales donantes. Es decir, el poder del dinero, no pocas veces foráneo, con ropaje de oveja le viene arrebatando tramposamente la decisión al votante. Las ONG para adquirir renombre se premian entre ellas, “capacitan” funcionarios afines para facilitar su ascenso y copamiento, y deciden a quien calificar como renombrado (aunque de la materia no sepa un carajo) y a quien denominar cuestionado (aunque el único motivo sea que ellos mismos lo acusen y difamen sin fundamento).
Desde hace unos años, buena parte de los dueños de la prensa, hartos de ser el encomiable cuarto poder, decidieron convertirse en “el poder”, para lo cual difaman por anticipado a quien no se alinee y ensalzan a quien acate.
Pese a que aún hay jueces y fiscales honorables, cada vez se acercan más a una especie en extinción, tanto dentro de nuestros países como a nivel de organismos internacionales y multilaterales. El bolsillo y/o la consigna política vienen reemplazando al derecho y la justicia a tal punto que cada vez más resulta imposible defenderse con éxito de las ofensivas descritas en los dos párrafos precedentes de este artículo.
Mención aparte merece la evidente mala intención de la campaña permanente por pagar menos al funcionario, al que por otro lado se exige dedicación exclusiva.
Por si lo descrito no bastase, los interesados en ejercer el poder sin tener los votos, han hecho universal la calificación PEP (Persona expuesta políticamente) que transforma en paria financiero a todo aquel que se candidato, sea o no elegido, acepte un puesto público o simplemente se atreva a postular o tan solo opinar significativamente en el escenario político.
La mal llamada élite empresarial también pone lo suyo. La cultura cortesana imperante hace que no tarden en alejar al profesional o proveedor que, al cambiar de gobierno, pueda parecer incómodo al poder de turno, buscándolo con desfachatez sólo si cambia o rebota el balance del poder.
A todo esto se añaden castigos al atrevido, al que tras acusarlo de intereses oscuros por haber trabajado antes en el sector que se le encarga, persiguen luego, cuando ya en el mundo del que hacer privado osa intentar desplegar su conocimiento trabajando en el mismo sector.
No contento con esto, se castiga a toda la parentela del atrevido, impidiéndoles contratar con el Estado o se les acusa por mantener un puesto público, así cualquiera de las dos situaciones haya precedido la insolencia del desdichado que ingenuamente aceptó postular o ser designado
Como si fuera poco, la prensa hurga en la vida personal y el árbol genealógico del ingenuo impertinente haciendo al político o funcionario responsable hasta de los pedos del pariente más lejano y desconocido.
Si todo lo descrito no se revierte, la calidad moral e intelectual predominante en la gestión pública seguirá llevándonos indefectiblemente hacia un estado fallido.
¿Quién se anima a postular a la Presidencia o al Congreso o aceptar un ministerio?