Ex viceministro del Interior. Invitado del CIPP.

Dardo López-Dolz

“Menos mal que acá en Sudamérica estamos lejos”

“Que lindo es mi ombligo, más bonito aún dentro de mi burbuja (imaginaria)”

Las dos primeras frases son parte cotidiana del vocabulario limeño, ante las cuales he optado ya por solo sonreír; la tercera es de mi autoría.

Resulta difícil de asimilar, intelectualmente, que no solo el vulgo, sino también personas presumiblemente leídas y hasta cultas (que no es lo mismo, ya que lo segundo implica procesamiento neuronal deliberado), capaces de crear y/o conducir exitosos negocios, conglomerados empresariales o incluso experimentadas en política, pese a ser plenamente conscientes de la globalización comercial y tecnológica, sigan permaneciendo deliberadamente ciegas ante las implicancias de la globalización política, la cual abarca, sin duda, la guerra, herramienta extrema de la política.

A lo sumo, se escuchan o leen preocupaciones sobre supuestas barreras arancelarias futuras o variaciones en los precios de los commodities que exporta el Perú. Claro, todo eso cae dentro de la esfera de lo comercial.

Nadie parece querer ser consciente de que, a diferencia de las dos guerras mundiales anteriores, esta tercera, que ya lleva buen tiempo peleándose a través de "proxys", nos alcanzará muy rápido si, como todo parece indicar hasta ahora, se transforma en un enfrentamiento abierto entre las potencias. Este conflicto no solo se desarrolla en el teatro de operaciones europeo, sino que abarca también el área marítima de influencia de Japón, India, Medio Oriente, el Caribe iberoamericano y el altiplano andino.

No es un secreto que las fuerzas armadas de Rusia, China e Irán no solo coinciden en sus acciones encubiertas en Venezuela y Bolivia, sino que, desde hace un tiempo, vienen realizando ejercicios bélicos conjuntos, típicos de una fuerza compuesta por aliados con un objetivo territorial común.

Hasta ahora no he leído un solo comentario de algún profesional de la defensa, activo o retirado, que se haya animado a escribir al respecto. Entiendo que quienes están en la planilla de Cosco Shipping Company tienen ahora prioridades distintas a aquellas por las que una vez prestaron juramento. Pero, ¿y los demás?

Lo que sucede en Ucrania es una prueba clara de cómo puede reaccionar una potencia cuando percibe la cercanía de una amenaza a su seguridad militar o económica.

Pienso que ha llegado la hora de abrir los ojos y evaluar los escenarios probables en la región si el conflicto ucraniano sigue el rumbo trazado por la retórica.

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Ucrania vista desde la burbuja imaginaria, por Dardo López-Dolz

El intento de asesinato de Donald Trump durante un mitin de campaña debe ser analizado desde varios ángulos.


Las múltiples fallas de seguridad son imposibles de ocultar, algunas de ellas propias de principiantes inexpertos, como no haber asegurado previamente todos los puntos desde los que podía realizarse un tiro franco o la lentitud para retirar a Trump de la “X” o zona de muerte. Otras incomprensibles para quien conoce los protocolos de seguridad como la aparente ausencia de drones vigilando las azoteas, la lentitud de reacción policial tras la alerta previa de los asistentes, la hasta hora inexplicable demora de los francotiradores policiales para eliminar la amenaza, el peso transferido a la policía local (por muy profesional que sea, no es su tarea ni su campo de especialidad), la reducida escolta comparada con eventos previos en los que Trump fue el orador principal, como el reciente CPAC en Maryland, son todas interrogantes que todo especialista se plantea y aún nadie ha intentado explicar oficialmente.

La reacción posterior de diversos niveles de gobierno tras el atentado, son una secuencia de las cosas que no se deben hacer desde el punto de vista de la comunicación política, paso a enumerarlas:

La expresión gestual en la reacción inicial del Presidente Biden resta credibilidad a su discurso y su mención reiterada, invocando a evitar conjeturas sobre la autoría y motivos tras una campaña (que el mismo se ha encargado de crispar) no lo dejan muy bien parado. Recién con su discurso, 24 horas después (bastante bueno, por cierto), el Presidente Biden se sitúa a la altura de las circunstancias, pero en comunicación el timing es oro.

La inusual premura del FBI por emitir comunicados concluyentes sin pruebas que los sustenten aún, merma su imagen de profesionalismo, en medio de un ambiente en el cual ya los seguidores de Trump desconfiaban de esa agencia por percibir una práctica diferenciada en sus procedimientos según la filiación política del investigado.

La tardía conferencia de prensa de la Jefa del Servicio Secreto en la que se niega a reforzar la seguridad de la convención del Partido Republicano, amparándose en la excusa burocrática de haber trabajado 18 meses en el diseño del dispositivo. Todo profesional de la seguridad le dirá que los planes deben ajustarse continuamente en función a la variación en el nivel de amenaza y así se lo han hecho saber ya en la prensa. Ella no ha hecho, sino confirmar las preocupaciones previas sobre su foco prioritario en cuestiones de género antes del cumplimiento de su función.

Acerca de los efectos del atentado fallido, la valentía y reflejos exhibidos por Donald Trump para sobreponerse y realizar ese gesto (que ya se grabó en los anales de la historia) incluso antes de abandonar la zona de riesgo tendrá un peso innegable en los indecisos dentro y fuera de su partido y quizá incluso entre simpatizantes del Partido Demócrata. La temprana reacción mezquina de algunos, procurando minimizar la gravedad o incluso poner en duda su veracidad del hecho, puede pasarles una factura muy cara a sus adversarios.

Los peruanos conocemos los efectos de la crispación deliberada de ánimos durante una campaña electoral, aunque fieles a la cultura cortesana castellana, aquí se prefiere destruir la imagen y encarcelar sin pruebas ni acusación.

Me temo que la herida causada por el atentado pueden agudizar la división, pese a los llamados a regresar al cauce usual de la política estadounidense.

La difamación en campaña es como una bala, una ve disparada, no se puede detener. Puede fallar o acertar en su objetivo, pero el daño y la reacción son difíciles de evitar.

Análisis de un magnicidio frustrado, por Dardo López-Dolz

Los viejos embajadores peruanos, por formación de Torre Tagle, eran maestros en el arte diplomático de interpretar los gestos por encima de las palabras, arte perdido que antaño dominaban también algunos viejos políticos y pocos de los viejos militares y capitanes de empresa, arte cuya ausencia no permite a la derecha política peruana entender con mayor claridad qué es lo que realmente está sucediendo, ocasionando una peligrosa ceguera política.


Coinciden y no por casualidad, el viaje presidencial a China vísperas de la inauguración del puerto de Chancay, el envío del portaaviones George Washington al Callao y las poco diplomáticas declaraciones de la flamante embajadora norteamericana Stephany Syptak-Ramath respecto a la nueva legislación que permite la supervisión del fondeo de las ONGs.


El Departamento de Estado sabe perfectamente que la norma en cuestión se inspira en la legislación norteamericana sobre la misma materia, por lo que resulta evidente que el contenido de la misma no es la causa última del discurso. El inusual tono intervencionista cuando Presidente y Canciller viajan a China, evidencian un nivel de preocupación y enojo suficientemente grandes para abandonar las formas.

No estamos en tiempos de paz y las cosas van a peor. El análisis y las decisiones sólo son útiles cuando se basan en la realidad contemporánea y futura. A nadie medianamente informado se le puede escapar la escalada bélica que enfrenta con cada vez mayor fiereza a EE. UU. y sus principales aliados occidentales (cuyos embajadores son coincidentemente firmantes de la carta por las ONGs) frente a China, Rusia e Irán. En tiempos como los que hoy corren, es prioritario analizar cuidadosamente la elección de aliados, entre otras cosas, en función a su fortaleza en la región en la que cada país se encuentra.

Dos portaviones en la rada del Callao, por Dardo López-Dolz

¿En qué momento la voluntad de billeteras grandes de extranjeros se volvió más importante que el voto de los ciudadanos?

¿Por qué seguir eximiendo a las ONG 's del control de los fondos que reciben para acción política? ¿Acaso no controlamos ya el flujo que reciben los partidos para realizar acción política?

La democracia es la mejor forma de gobierno conocida para evitar que unos pocos poderosos utilicen su dinero para hacerse del poder, mantenerse en él y orientar la normativa en respaldo de sus intereses.

El voto universal es siempre mejor que la mera imposición de una posición económicamente dominante. Ningún demócrata que se respete se atrevería a afirmar lo contrario.

Los antiguos apellidos rimbombantes que otorgaban autoridad y representatividad que debía ser respetada por el vulgo han sido reemplazados por el apellido ONG que se esconde tras la vacía entelequia denominada sociedad civil.

Considero loable el papel que algunas ONG vienen realizando en defensa de los menos favorecidos o del medio ambiente. Sin embargo, ¿aceptaría usted que el grupo económico “X” se arrogue más representatividad que las autoridades electas porque tiene mucho dinero y está dispuesto a invertirlo para que las cosas funcionen como ellos quieran?

En democracia la representatividad se obtiene por el voto del pueblo. Es inmoral pretender legitimar el poder de las billeteras sobre la marcha del país o afirmar que la representatividad se mide por el tamaño de la cuenta bancaria.

Ahora pongámosle el apellido ONG y cual espíritu santo descenderá sobre dicha organización una representatividad que no fue sometida a conocimiento popular ni al voto, no recibieron el encargo de la población. Lo que recibieron fue dinero y punto.

¿Toda esa historia de la democracia representativa, el voto popular, la elección de los representantes del pueblo y todo eso que aprendimos en la escuela no es más que distracción?

¿Acaso el real poder no viene del pueblo si no de la billetera, además cuando más grande más representatividad me otorga y mejor si es extranjera?

Había que ponerle a esta seudo representatividad, entonces algún iluminado acuñó el título de “sociedad civil” y asunto resuelto. El resto, es decir la mayoría no consultada, aquellos que elegimos a quienes queremos que nos representan, ¿somos no civiles?

Destinar dinero para desarrollar lo que consideramos saludable para una sociedad, siempre que no respalde o defienda acciones violentas es absolutamente lícito. Pretender a partir de esto arrogarse representatividad que nadie les otorgó (salvo dueño del dinero) cuál iluminación divina es absolutamente inaceptable. Si desean preséntense en elecciones y obtengan el voto popular.

ONGs, democracia y representatividad, por Dardo López-Dolz

Durante los dos siglos pasados la libertad de culto adquirió carácter de principio universal, durante la segunda mitad del siglo XX la absoluta libertad ideológica fue adquiriendo carta de naturalidad, con pocas excepciones como la proscripción del nazismo en Alemania.

La saludable expansión del estado laico liberal (o libertario si usamos la terminología política estadounidense), abrió ingenuamente las puertas a propuestas religiosas que buscan precisamente su abolición

En las postrimerías del siglo XX y en este casi cuarto de siglo transcurrido, la tolerancia irrestricta a las diferencias culturales, seguida de la inclusión se instalaron en occidente como valores absolutos incuestionables.

Las sombras que hoy oscurecen el futuro de occidente obligan a revisitar el carácter absoluto otorgado a estos cuatro conceptos, que en teoría parecían perfectamente coherentes con el ideal de democracia, pero han abierto las puertas a las más graves amenazas para la libertad y la justicia, objetivo y razón de ser de ser de sistema democrático

Nunca debemos perder de vista que la democracia no es un fin en sí mismo, es la mejor herramienta conocida hasta hoy para preservar la libertad y la justicia. Es entonces imprescindible y urgente fortalecer los flancos débiles de la democracia que vienen siendo aprovechados por los enemigos de la libertad. Sin seguridad no hay justicia y sin ellas no hay libertad.

La historia de la humanidad está llena de ejemplos que confirman que ninguna sociedad puede sobrevivir si permite que en su seno actúen libre y legalmente organizaciones políticas o religiosas que procuren la destrucción de sus pilares estructurales. Coincidirá el lector racional que si ve coherencia en la proscripción del nazismo en Alemania, es racional extender el principio tras esa restricción a propuestas religiosas u otras propuestas políticas que propugnen la desaparición o destrucción de las bases culturales e institucionales de una sociedad. Democracia no es sinónimo de debilidad ni de ingenuidad ni mucho menos de cobardía ni blandura.

La tolerancia deja de ser racional cuando las toleradas minorías discrepantes por razones políticas, religiosas o afectivas se apalancan en esta tolerancia para trabajar en la destrucción o proscripción de los valores de la mayoría. Lo mismo ocurre cuando la tolerancia es aplicada a comportamientos propios de estadíos culturales (erróneamente calificados de culturas) cuyo abandono por nuestros ancestros siglos atrás, permitió la evolución de valores y libertades en la sociedad de la que hoy gozamos.

La inclusión de quien migra o emerge es deseable, pero la inclusión pierde racionalidad y sostenibilidad, cuando el emergente o migrante se niega a abandonar las prácticas nocivas del estadío cultural del que huyen buscando ser aceptados e incluídos sin cambiar un ápice, insistiendo se respete su “derecho” a prácticas y costumbres, cuyos efectos nocivos lo hicieron huir de su lugar de origen. Entonces deja de merecer la calificación de migrante para convertirse en invasor o más que un emergente pasa a ser “sumergente” de la sociedad que gentilmente lo acoge.

Una sociedad tiene no solo absoluto derecho, sino obligación de defenderse de todo intento de imponer prácticas y costumbre abandonadas por sus antepasados para evolucionar. Cuando una sociedad no lo hace, toda ella cae indefectiblemente en el infierno del que precisamente huyó aquel que hoy acoge.

El tema aquí tratado requiere sin duda un desarrollo más extenso, citando data, el cual prometo hacer en otro formato más adecuado que los límites de un artículo, pero aún así he querido llamar la atención sobre el mismo para invitar a la reflexión y la decisión.

Tolerando a los intolerantes: suicidio cultural, por Dardo López-Dolz

El Congreso peruano acaba de convertir en Ley aplicable a los casos de legítima defensa la “doctrina del castillo”, que respalda el derecho natural de toda persona a usar la fuerza, inclusive la fuerza letal, para proteger la vida o la integridad propia o de terceros, ante una agresión, irrupción, ingreso violento o subrepticio ilegítimo dentro del inmueble, vehículo u otro media de transporte en el que se encuentre legítimamente. Dentro de su negocio, empresa, club o lugar de trabajo, o dentro de un inmueble sobre el cual ejerza la legítima propiedad o la legítima posesión con título él o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o tercer grado de afinidad.


Si bien a redacción original del proyecto presentado por la congresista Patricia Chirinos tenía una redacción más clara y más completa en la protección del derecho, resulta irreal esperar perfección legislativa en la producción congresal contemporánea, pero felizmente la esencia se ha rescatado tras el allanamiento congresal a la observación del ejecutivo, que produjo un largo encarpetamiento auspiciado por la izquierda congresal que, por dogmas ideológicos incurables, se siente siempre más inclinada a la protección de la delincuencia que a la protección de la gente honesta.


En todos los estados de Europa y Estados Unidos donde se implementó la doctrina del castillo, las cifras del crimen disminuyeron notablemente, lo que es natural y previsible. Cuando los habitantes honestos de un Estado son respaldados en su derecho a defenderse usando incluso la fuerza letal, suelen bastar algunos casos de ejercicio de ese derecho para que se reduzca el número de delincuentes que se animan a correr el riesgo. Generalmente, muchos delincuentes acaban abandonando la plaza ahora hostil a su accionar delictivo para mudarse hacia Estados donde la legislación es más permisiva con su oficio.


Una ventaja adicional inmediata suele ser que al disminuir la necesidad de accionar policial contra el crimen dentro de los confines de la propiedad privada, por la disminución de incidencia mencionada, la policía puede volverse más eficiente en la protección ciudadana en los espacios públicos.


La doctrina del castillo ya es ley, por Dardo López-Dolz

Imagino que más de un lector preocupado por el deterioro patrio ha leído en más de un chat la pregunta “¿Qué hacemos?” O “¿Qué sugieres?”. O, peor aún, la invitación “Alguien de esa chat lanzase y postule”, con la desvergonzada exclusión del autor en el contenido del universo “alguien”.


Cae de madura la pregunta, ¿Por qué muy pocas entre las personas capacitadas de comportamiento decente se animan a saltar al ruedo de una campaña política?


Es necesario entender que en política nada es casual ni espontáneo, tampoco lo es la pérdida de atractividad de la función pública.


La democracia representativa surge como una forma de contrapesar el poder del dinero en el gobierno en la toma de decisiones.


Históricamente, toda forma de gobierno ha predominado sólo hasta que aquellos a cuyos intereses no les conviene encuentran la forma de destruirla. Son notorios los casos de destrucción por invasión violenta, pero son más numerosos los casos de destrucción desde dentro.


Por ejemplo, nos han vendido el simpático concepto “sociedad civil” cuando en realidad se trata de un conglomerado de organizaciones no gubernamentales (ONG o NGO según el idioma) al servicio de los intereses de sus principales donantes. Es decir, el poder del dinero, no pocas veces foráneo, con ropaje de oveja le viene arrebatando tramposamente la decisión al votante. Las ONG para adquirir renombre se premian entre ellas, “capacitan” funcionarios afines para facilitar su ascenso y copamiento, y deciden a quien calificar como renombrado (aunque de la materia no sepa un carajo) y a quien denominar cuestionado (aunque el único motivo sea que ellos mismos lo acusen y difamen sin fundamento).


Desde hace unos años, buena parte de los dueños de la prensa, hartos de ser el encomiable cuarto poder, decidieron convertirse en “el poder”, para lo cual difaman por anticipado a quien no se alinee y ensalzan a quien acate.


Pese a que aún hay jueces y fiscales honorables, cada vez se acercan más a una especie en extinción, tanto dentro de nuestros países como a nivel de organismos internacionales y multilaterales. El bolsillo y/o la consigna política vienen reemplazando al derecho y la justicia a tal punto que cada vez más resulta imposible defenderse con éxito de las ofensivas descritas en los dos párrafos precedentes de este artículo.


Mención aparte merece la evidente mala intención de la campaña permanente por pagar menos al funcionario, al que por otro lado se exige dedicación exclusiva.


Por si lo descrito no bastase, los interesados en ejercer el poder sin tener los votos, han hecho universal la calificación PEP (Persona expuesta políticamente) que transforma en paria financiero a todo aquel que se candidato, sea o no elegido, acepte un puesto público o simplemente se atreva a postular o tan solo opinar significativamente en el escenario político.


La mal llamada élite empresarial también pone lo suyo. La cultura cortesana imperante hace que no tarden en alejar al profesional o proveedor que, al cambiar de gobierno, pueda parecer incómodo al poder de turno, buscándolo con desfachatez sólo si cambia o rebota el balance del poder.


A todo esto se añaden castigos al atrevido, al que tras acusarlo de intereses oscuros por haber trabajado antes en el sector que se le encarga, persiguen luego, cuando ya en el mundo del que hacer privado osa intentar desplegar su conocimiento trabajando en el mismo sector.


No contento con esto, se castiga a toda la parentela del atrevido, impidiéndoles contratar con el Estado o se les acusa por mantener un puesto público, así cualquiera de las dos situaciones haya precedido la insolencia del desdichado que ingenuamente aceptó postular o ser designado


Como si fuera poco, la prensa hurga en la vida personal y el árbol genealógico del ingenuo impertinente haciendo al político o funcionario responsable hasta de los pedos del pariente más lejano y desconocido.


Si todo lo descrito no se revierte, la calidad moral e intelectual predominante en la gestión pública seguirá llevándonos indefectiblemente hacia un estado fallido.


¿Quién se anima a postular a la Presidencia o al Congreso o aceptar un ministerio?

¿Por qué no surge un candidato?, por Dardo López-Dolz

A priori, parece razonable priorizar la acreditación de grados académicos y certificaciones para acceder a funciones públicas relevantes, pero se olvidan dos cosas: 1) La función pública no es una tarea universitaria, requiere capacidad y experiencia de gestión y 2) Los títulos y diplomas de las distintas universidades no son, en la práctica, equivalentes en calidad formativa recibida.

Ciertamente la exigencia del grado de bachiller es una herramienta de selección básica de personal, pero es un error creer que una acumulación de maestrías, postgrados y/o certificaciones producirán mejor gestión. Si alguien lo duda, lo invito a evaluar la calidad de la gestión pública de cualquier funcionario con nutrida colección de diplomas, rara vez tiene la experiencia suficiente para gestionar, tanto así que muchos de ellos no sobrevivirían más de 30 días en una posición en la actividad privada.

El burócrata debe gestionar presupuesto y/o personal y debe ser capaz de entender la racionalidad del área de la actividad ciudadana cuya administración/supervisión está a su cargo, de lo contrario será incapaz de cumplir con la función encomendada, por la cual cobra puntualmente un sueldo. Se hace por tanto imprescindible incorporar la experiencia de gestión en la selección y calificación para puestos de responsabilidad en el Poder Ejecutivo.

Para nadie es un secreto que la proliferación de universidades ha generado en muchos casos una inmensa cantidad de títulos vacíos del imprescindible conocimiento que los justifique. En otros países es común y aceptado que una o más entidades privadas evalúen la calidad formativa y establezcan un ranking de universidades, algo así sería sin duda muy provechoso para mejorar el proceso de selección, aunque como explico en el punto anterior, no es suficiente.

Un método saludable de reclutamiento podría ser la contratación de genuinamente prestigiosas escuelas de negocios para evaluar mediante pruebas de conocimiento combinada con el método del caso, si es que hay correlato funcional entre los diplomas exhibidos y la capacidad real del futuro ocupante de una plaza burocrática.

Mientras la burocracia sea percibida (con razón) como un estorbo para la actividad productiva legítima, va a ser imposible reducir los niveles de informalidad económica y dado que no existe país alguno en que todos sus ciudadanos tengan formación jurídica, la ilegalidad crecerá inexorablemente, ya que los limites entre ilegalidad e informalidad no suelen ser claros para la mayoría de la población.

Gestión pública, errado enfoque académico, por Dardo López-Dolz

Todo peruano de bien tiene perfectamente claro que el mayor enemigo de nuestra tranquilidad son los delincuentes violentos.

A ninguna persona honesta le hace gracia que ciertos fiscales y jueces actúen protegiendo claramente al enemigo. Sea que lo hagan por razones pecuniarias inconfesables, por identificación ideológica o por temor a represalias, esa conducta es inadmisible y está reñida con la principal razón por la que nacieron y existen los Estados: brindar seguridad a sus ciudadanos honestos.

Como he mencionado en otro artículo, la innegable presencia de individuos corruptos y cómplices del crimen, infiltrados en el sistema de justicia peruano, hacen inaplicable la receta de los jueces sin rostro para proteger a aquellos jueces que no actúen por temor.

Para todos está claro que es indispensable una cirugía extractiva en gran escala en el PJ y el MP, pero esta, en democracia, es necesariamente una tarea larga y compleja.

La situación descrita hace imprescindible generar pronto un marco legislativo que no deje dudas acerca de la obligación de los jueces y fiscales de protegernos a nosotros y no a los delincuentes. Por lo tanto, urge el Congreso promulgue, por insistencia, de una buena vez, el proyecto de Ley que recoge el derecho universal a no ser denunciado por el uso de la fuerza (incluida la fuerza letal) en la defensa propia ejercida dentro del hogar, el vehículo, o el bien inmueble sobre el que se tenga legitima propiedad o posesión. Ese proyecto duerme escandalosamente encarpetado en la Comisión de Justicia tras ser observado por el Poder Ejecutivo en tiempos de Otárola, en inaceptable complacencia (o complicidad) con los criminales que nos atacan, mientras los peruanos nos desangramos a diario por la ofensiva criminal.

Dado que se ha hecho común que la familia de los delincuentes abatidos legítimamente demande además indemnizaciones en el fuero civil a policías y ciudadanos, se hace razonable aprovechar la inconducta del Ejecutivo y añadir al proyecto la ausencia de responsabilidad civil extracontractual por el uso de la fuerza en la legitima defensa.

Cuando el crimen amenaza, toda neutralidad por consignas ideológicas de convierte en complicidad con el enemigo patrio.

El enemigo es ellos, por Dardo López-Dolz 

La captura en Lima del iraní Majid Azizi, sindicado como miembro de la fuerza Quds

, este jueves 7 de marzo de 2024 puede ser más importante de lo que pudiera aparecer a ojos de observador no especializado y debiera hacer tomar conciencia de la gravedad de la amenaza a los hasta hoy incrédulos que parecen seguir creyendo que la globalización es solo un fenómeno financiero, tecnológico y comercial, sin atender a las múltiples pruebas que evidencian la globalización criminal.

Su llegada temprana al Perú (1997, es decir hace 27 años) combinada con su área de operaciones (Perú y Bolivia, país donde el régimen iraní tiene gran influencia en el gobierno) bastan para disparar alertas de pez gordo que ha tenido tiempo de sobra bajo el radar para armar una organización capaz de amenazar la seguridad del Perú y de sus ciudadanos. Si a eso sumamos que tan arriba en la organización reportaba directamente el tono de las alarmas se enciende aún más.

No precisamente por coincidencia, la fuerza Quds ha venido utilizandopara sus atentados en la región el mismo método que la dictadura socialista venezolana, así como Maduro viene utilizando el Tren de Aragua para sus operaciones encubiertas

, la fuerza Quds viene aplicando el reclutamiento pagado de delincuentes prontuariados locales, a los que prueban en golpes pequeños, para ir ensamblando en pocos meses células capaces de atentados más relevantes como el que según Dincote venía planeando contra APEC.

La primera acción para “testar” los reclutados era asesinar en Cusco a un ciudadano israelí, al que presumiblemente (con o sin razón) Irán había catalogado como agente del Mossad.

Que un país con el que el Perú tiene relaciones diplomáticas destaque en nuestro territorio operativos de sus fuerzas especiales para cometer asesinatos y atentados terroristas debiera bastar para el cese inmediato de relaciones diplomáticas con Irán y por lo menos elevar los niveles de alerta en controles fronterizos a iraníes y personas que hayan visitado Irán. Cualquier demora en ambas medidas es muy mala señal.

Se hace imprescindible el respaldo político del Ejecutivo a la labor de Dincote, para evitar que malos fiscales o malos jueces lo liberen, como ocurrió en el caso Hamdar y con el peruano con acento cruceño Edwar Quiroga Vargas durante el gobierno de Pedro Castillo, con un camión procedente de Bolivia repleto de dinamita ilegal, quien pese a haber caído el golpista, continúa sin sanción.

Toca además a la prensa no perder de vista el caso y ponerle reflectores para evitar que pase desapercibido.

La amenaza es real y seria, si en medio de la actual fuga de capitales y talentos, el terrorismo iraní logra cometer un atentado notorio intencionalmente (por ejemplo, contra APEC), va a tornarse muy difícil atraer nuevamente los capitales necesarios para generar puestos de trabajo y retener talento.

 La fuerza Quds es una unidad de élite de la guardia revolucionaria islámica del gobierno de Irán creada oficialmente en 1990 para realizar operaciones encubiertas en el extranjero, incluyendo espionaje, asesinatos, sabotaje y acciones terroristas.

 “El Aissami, el millonario venezolano vinculado al Tren de Aragua) www.lasegunda.com Jueves 7 de Marzo del 2024, P 5