La semana pasada la Comisión de Justicia del Congreso aprobó por amplia mayoría (16 a 3) el dictamen del proyecto de ley que devuelve la investigación preliminar a la policía. Es urgente que el pleno del Parlamento lo apruebe, porque una de las razones principales que explican el crecimiento imparable de la delincuencia en los últimos años es el haber trasladado esa prerrogativa a la fiscalía.
Como ha quedado demostrado, el nuevo Código Procesal Penal (CPP) que introdujo esos cambios, ha resultado un fracaso completo. Los hechos lo demuestran, sin lugar a dudas. Otro supuesto beneficio que iba a traer, como la rapidez de los procesos, tampoco ha resultado cierto.
Los caviares que defienden el fracasado CPP mienten cuando dicen que se priva al Ministerio Público (MP) de sus atribuciones constitucionales. El proyecto en el Congreso señala claramente:
“La investigación preparatoria se divide en dos sub etapas: la investigación preliminar realizada por la Policía Nacional con la conducción jurídica del Ministerio Publico; y la investigación preparatoria formalizada, dirigida por el Ministerio Público y con apoyo en la realización de diligencias de investigación de la Policía Nacional.”
Es decir, se establece una relación entre la policía y el MP como la que había antes en el Perú y como la que existe en todos los países civilizados del mundo.
Y luego se precisa:
“El Fiscal conduce jurídicamente la investigación preparatoria. La Policía en cumplimiento de su finalidad constitucional, practica la investigación material del delito en la etapa preliminar por propia iniciativa o a solicitud de parte, siempre que no requiera autorización judicial ni tenga contenido jurisdiccional, conducente al esclarecimiento de los hechos. Una vez formalizada la investigación preparatoria, el Ministerio Público podrá requerir a la Policía Nacional para que en su apoyo actúe investigaciones complementarias.”
Está claro, pues, que la fiscalía mantiene su rol conductor de la investigación preparatoria.
Este proyecto, además, servirá para mejorar las relaciones entre el MP y la PNP, muy deterioradas actualmente, precisamente por la aplicación del CPP. Por un lado, fiscales arrogantes, pretenden subordinar a la policía y de otro lado, los policías denuncian públicamente, cada vez con más frecuencia, a los fiscales que liberan a delincuentes, capturados por la PNP con esfuerzo y peligro.
Por ejemplo, el general PNP Walter Calla (Cajamarca) manifestó que capturaron a una banda que fue “detenida en flagrancia delictiva”, y a la que incautaron el vehículo que habían robado y otras evidencias. “Pese a eso el fiscal le ha otorgado libertad a esta banda” de malhechores, declaró. El general agregó que se han usado ingentes recursos para detenerlos en flagrancia, y han sido puestos en libertad para que sigan delinquiendo.
Casos como este se repiten constantemente.
Por último, la crisis demoledora del Ministerio Público, politizado y desgarrado por feroces y públicos enfrentamientos, lo han convertido en una organización endeble, poco confiable e impredecible. Razón adicional para no otorgarle poderes omnímodos a una organización tan cuestionada.