El caviarizado sistema judicial no descansa un instante en el acoso a las fuerzas del orden. Ahora, la fiscalía ha formalizado 18 investigaciones acusando a 154 policías y militares, que se enfrentaron a las turbas incitadas por terroristas de Sendero Luminoso y financiadas por el crimen organizado, que intentaron reponer en el gobierno, por la violencia, al golpista Pedro Castillo a fines de 2022 y comienzos de 2023.
Como se recuerda, las FFAA y la PNP intervinieron para impedir que las hordas violentas destruyeran aeropuertos, instalaciones públicas y privadas, paralizaran el país bloqueando carreteras, etc. Entre los locales vandalizados estuvieron oficinas fiscales y judiciales, además de comisarías.
Cuando las fuerzas del orden no hicieron uso de sus armas, fueron asesinados o heridos, como en Ilave, donde murieron 6 soldados, o en Juliaca, donde el policía José Luis Soncco fue bárbaramente masacrado.
No obstante, ahora los fiscales pretenden enviar a prisión a militares y policías que salvaron al Perú de caer en manos del terrorismo y el crimen organizado que financiaba los disturbios, enviando un mensaje a las fuerzas del orden: la próxima vez no actúen, dejen que los violentos asalten el gobierno.
Por supuesto, no es novedad este desempeño canallesco del sistema judicial. La semana pasada me reuní con policías, abogados y familiares de miembros de la PNP investigados, procesados y sentenciados injustamente por haberse enfrentado a delincuentes comunes y terroristas.
Varios son parte de los 60 policías involucrados falsamente en un supuesto escuadrón de la muerte, patraña inventada por el coronel PNP Franco Moreno -cuyo hermano, un teniente PNP, fue abatido cuando intentaba secuestrar a un empresario en Puente Piedra con delincuentes comunes-, hoy día premiado como jefe de la policía política, Diviac.
Todos los malhechores abatidos en enfrentamientos por miembros de la unidad especializada SUAT eran facinerosos prontuariados. Sin embargo, el fiscal Álvaro Rodas se ha ensañado con los policías, algunos de los cuales han recibido condenas de 35 años, actualmente en apelación. (Ver en esta página, “Policías perseguidos”, 13/11/23).
Otro caso indignante es el del coronel PNP (r) Augusto López y otros policías, que ahora están procesados por la fiscalía. El 12 de junio de 1993, perseguían en Comas a un terrorista que, en su huida, asesinó a un civil y disparó a un policía que sobrevivió porque tenía chaleco antibalas. Poco después lo capturaron y Juan Aranda fue sentenciado a 30 años de prisión.
En 2015, el terrorista se quejó ante la CIDH aduciendo que cuando lo detuvieron, los entonces efectivos de la Dircote lo torturaron. Ahora los policías están procesados.
Hoy día, la Defensoría del Policía (oficina que creé en 2002), dirigida por el general (r) Máximo Ramírez, está cumpliendo su función de proteger a los policías, al igual que el ministro del Interior. Eso está muy bien, es un avance. Pero no basta.
Se requieren soluciones radicales para limpiar el sistema judicial de magistrados prevaricadores, obsesionados con acosar a las fuerzas del orden y proteger a delincuentes.