Para todo observador, es patente que el Perú vive un franco proceso de deterioro institucional y democrático. Algunos sectores sugieren que la vulneración permanente del Estado de Derecho implica que nos acercamos a un autoritarismo. Adornan estas presunciones calificando al Perú como un “régimen híbrido” entre la democracia y la dictadura. Sin embargo, desde este espacio, sugerimos lo contrario. La competencia y el canibalismo político-judicial, el desmanejo y la ineficacia generalizada en las políticas públicas, el apabullante crecimiento de la delincuencia y, ante todo, la reiterativa vulneración del Estado de Derecho, nos convierten en un “régimen híbrido” entre la democracia y la anarquía.
En el Perú, políticos y operadores judiciales —con pulsiones autoritarias, eso sí— han autodestruido el sistema, llevándonos a un estadio de hiperfragmentación del poder, más cercano a una anarquía que a una dictadura. No parece haber válvula de escape a esta situación. Las próximas elecciones avizoran un panorama de aún mayor fragmentación ante la posibilidad de que decenas de agrupaciones participen.
Tampoco parece haber un freno a la confrontación entre las diferentes partes del sistema de justicia. La batalla campal entre el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Poder Judicial, el Congreso y demás instituciones parece ser una en la que solo habrá perdedores.
A ello hay que sumarle que la base misma del sistema está en entredicho. Según Datum, un 63% de los peruanos no confía en los organismos electorales del país, mientras la JNJ usa todo su poder para mantener a las cabezas de dichas instituciones en sus cargos.
Esta confrontación de poderes ha desestabilizado completamente la ya baja capacidad del gobierno central para establecer políticas eficientes. Y si a ello le sumamos el mal diseñado sistema de autoridades subnacionales, no llega ninguna política o atisbo de mejora a una ciudadanía que, además de vivir con unos servicios básicos prácticamente inexistentes, soporta las secuelas de la pandemia, el desgaste económico nacional y la gigantesca ola delincuencial. Esta situación supone un descontento popular profundo, cataclísmico.
Para resolver la involución anárquica, se pueden desarrollar miles de propuestas de reforma. Algunos dirán, los más equivocados, que se necesita una nueva constitución, otros hablarán de reformas de partidos, también pedirán autoritarismo y un modelo Bukele, y no faltarán los que invocan soluciones “woke”. Seguramente los mil y un problemas del Perú necesitan de múltiples soluciones, pero por alguna tenemos que partir.
Empezamos este escrito explicando que existe un consenso sobre la gravedad del deterioro institucional y la necesidad de frenar las vulneraciones permanentes al Estado de Derecho. Para ello, creemos que lo esencial, el punto de partida, es una reforma en el sistema de justicia. En ese sector, la crisis es endémica y afecta todos los ecosistemas de vida de los peruanos.
Desde el policía de la calle hasta las máximas autoridades electorales están cuestionados. La validez de los procesos electorales es opaca y, al mismo tiempo, vemos noticias diarias sobre cómo el sistema no puede procesar a delincuentes comunes. Observamos, a su vez, cómo existen investigaciones abusivas sin fin, cómo hay autoridades judiciales completamente politizadas y también cómo los políticos infiltran el sistema judicial.
Si en los años ochenta y noventa el país involucionaba por culpa de la hiperinflación y el terrorismo, los males endémicos de la última década han sido la politización de la justicia y la judicialización de la política. Eso debe parar de una vez y cambiar, ya que al día de hoy es el mayor freno al desarrollo nacional, hundiéndonos en un sistema anárquico.
Hay propuestas ya encaminadas, como la creación de una Escuela de la Magistratura, que ayudaría a crear un servicio judicial autónomo y profesional, pero desde este espacio creemos que se necesita ir más allá. Es menester realizar una reforma integral del sistema judicial peruano. Así como en su momento se realizaron reformas profundas y dolorosas en la macroeconomía, se debe aspirar a una reforma total, integral del sistema judicial. Sin ello, seguiremos trazando el sendero hacia la anarquía y el subdesarrollo.
Seguiremos escribiendo sobre el tema en futuras entregas.