El gran conflicto en América no es una disputa ideológica, es una lucha entre formas de gobierno antagónicas. Las democracias buscan sobrevivir en un entorno hostil frente a regímenes autoritarios como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia que se resisten a abandonar el poder. Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro, es un flagrante ejemplo de esta dinámica, pero no están solos. Brasil, Colombia y México muestran actitudes ambivalentes frente a las dictaduras en el mundo, satélites que perpetúan la inestabilidad y crisis humanitaria. La ausencia de acciones contundentes en defensa de la democracia ha permitido la consolidación de estos regímenes.
La presión de once naciones americanas, rechazando la autoproclamación de Maduro representa un importante avance. Las violaciones a los derechos humanos en Venezuela han sido denunciadas por la CIDH, OEA, ONU y Comunidad Europea, instituciones que, si bien no siempre han apoyado un consenso con acciones definitivas, este esfuerzo podría ser el inicio de una corriente para liberar a América del autoritarismo.
En este contexto, el giro de Dina Boluarte genera serias preocupaciones. Lejos de fortalecer la estabilidad de un país fracturado por la crisis política y económica, sus decisiones parecen empujarlo hacia la incertidumbre. Un claro ejemplo es la destitución del canciller Javier González-Olaechea, quien mantenía una postura firme en defensa de la democracia, con iniciativas internacionales, aprobadas por los peruanos.
No es casualidad que su salida sea celebrada por figuras como Vladimir Cerrón, secretario general del partido de gobierno, prófugo de la justicia protegido por la dictadura cubana que fervientemente defiende. Su influencia sobre Boluarte, avalada por el premier Gustavo Adrianzén, compromete la credibilidad de instituciones como Cancillería en Torre Tagle, históricamente reconocida como bastión de profesionalismo y defensa de la democracia.
El nombramiento de Elmer Schialer, canciller en reemplazo de González-Olaechea llega en el peor momento. Schialer manifiesta que "los venezolanos deben resolver sus propios problemas", declaración que ignora la realidad del Perú que ha acogido a un millón y medio de venezolanos huyendo del régimen de Maduro. Ignora también que la migración masiva y crisis humanitaria de ocho millones de venezolanos es un problema regional, consecuencia directa del autoritarismo. Negarlo es un grave error diplomático.
El repentino cambio en la política exterior peruana refleja ausencia de dirección estratégica, poniendo en riesgo la imagen del país en momentos clave. Ad portas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), reunión de 20 economías que representan el 63% del PIB mundial, los peruanos como organizadores deberían proyectar estabilidad y seriedad. Pero las declaraciones del nuevo canciller ponen en entredicho la posición peruana con tono ligero y poca profundidad.
APEC 2024 es una oportunidad para el Perú, consolidando su rol en el escenario internacional. Las visitas de Estado a China y la participación de líderes como Xi Jinping y Joe Biden subrayan la importancia. Pero las decisiones del Ejecutivo y cambios en Cancillería demuestran falta de visión, arriesgando negociaciones que dependen de la confianza para atraer inversiones, con desastrosas consecuencias para el futuro del país.
Las decisiones de Dina Boluarte, peligrosas influencias y el nombramiento de un canciller que parece no comprender la crisis americana, muestra una desconexión entre el gobierno peruano y la realidad política y económica regional. La crisis venezolana no es un problema de Venezuela, es una lucha entre democracia y autoritarismo que refleja la polarización en toda América.