La frustración en la población ha alcanzado niveles alarmantes. Frente a una criminalidad que crece día a día, el gobierno parece haber perdido el rumbo, incapaz de tomar acciones efectivas. No sorprende entonces que, según Datum, la presidenta Dina Boluarte enfrente una desaprobación récord del 92% a nivel nacional, una cifra sin precedentes. Pero más allá de la indignación ciudadana, asistimos a un deterioro institucional marcado por cambios constantes en el gabinete y enfrentamientos políticos con el Congreso, que desvían la atención de la misión fundamental de cualquier Estado de derecho: garantizar la seguridad y los derechos de sus ciudadanos.
En lugar de centrarse en resolver los problemas reales, la política peruana se ha convertido en un espectáculo mediático. Escándalos como los protagonizados por "Chibolín" y las absurdas declaraciones de figuras como el filósofo Villanueva, eclipsan la verdadera urgencia: un país cada vez más inseguro. El gobierno parece atrapado en un bucle de medidas ineficaces, como los estados de emergencia en zonas específicas, que no logran traer la paz que el pueblo exige.
Expertos como el ex-GEIN José Luis Gil y el congresista José Cueto han advertido la ineficacia de estas políticas, subrayando que aumentar la presencia policial en las calles no ataca el problema de fondo. ¿Dónde está la estrategia del Ministerio del Interior para desmantelar redes criminales, capturar cabecillas y cortar sus fuentes de financiamiento? ¿Qué política migratoria se está implementando para abordar la migración ilegal? La respuesta parece ser un vacío absoluto.
La desconfianza en las instituciones es comprensible. Un ejemplo claro es la falta de información respecto al paradero de Vladímir Cerrón, prófugo desde hace más de un año. Y mientras tanto, las estadísticas pintan un panorama sombrío: el 76% de los peruanos afirma no sentirse seguro en las calles, y en Lima, esta cifra sube a un 81%. Además, el 28% de los ciudadanos se siente inseguro incluso en sus propios hogares.
Los datos son escalofriantes. Durante el año pasado, alrededor de 3 millones de peruanos fueron víctimas de robos, y entre 2021 y 2023, el porcentaje de ciudadanos que experimentaron algún delito pasó del 18,2% al 27,1%. Esta alarmante tendencia no solo muestra un incremento en la delincuencia, sino una profunda desidia desde el gobierno por cambiar el curso de los acontecimientos. La presidenta Boluarte parece más preocupada por limpiar su imagen en relación con los escándalos de su hermano Nicanor que en establecer un plan efectivo de seguridad.
En el 2023, el presupuesto para seguridad pública y orden fue de 13,600 millones de soles, apenas el 6,1% del gasto público total. ¿Por qué no aumentar los montos asignados o, al menos, enfocarse en una mejor gestión de los recursos disponibles?
Este desprecio por la calidad de vida de los peruanos podría acarrear graves consecuencias en las próximas elecciones. La izquierda ha sabido capitalizar esta narrativa, desvinculándose de Boluarte y retratándola como una figura derechista, lo cual podría abrirle la puerta a otro líder populista y mesiánico, similar a Pedro Castillo, quien, paradójicamente, fue quien facilitó la llegada de Dina al poder.
Si el gobierno no toma en serio su papel en la protección de los ciudadanos, no solo estará perdiendo legitimidad, sino que se estará gestando el caldo de cultivo para un cambio aún más radical en el futuro.